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La Corte Suprema volvió a rechazar otro recurso en contra del DNU de Milei y fortalece su constitucionalidad

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Los cuatro jueces del tribunal supremo han rechazado un recurso de per saltum presentado por el abogado Andrés Gil Domínguez contra el decreto desregulador.

En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado inadmisible un «per saltum» presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra el DNU 70/23 firmado por el presidente Javier Milei en diciembre del año pasado.

De esta manera, el decreto desregulador toma cada vez más fuerza y se fortalece su constitucionalidad. La fundamentación principal del rechazo radica en la ausencia de un «caso concreto«, «causa» o «controversia» que justificara la derogación de las reformas.

El recurso presentado por Gil Domínguez buscaba promover un «proceso autosatisfactivo«, instando a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación a que abordaran de manera inmediata el tratamiento del DNU 70/23, con el fin de su aprobación o rechazo en un plazo máximo de 30 días, según lo establecido por la ley 26.122. La Corte dijo que el DNU no presenta inconstitucionalidades en este sentido, que su vigencia está acorde a la ley, y desestimó el pedido.

El reclamo llegó a los tribunales después de que fuera rechazado inicialmente por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°1, a cargo de Rodolfo Facio, quien desestimó el planteo por ausencia de legitimación activa y falta de «caso» o «controversia», pero Gil Domínguez procedió con la apelación y elevación a la Suprema Corte.

El fallo de la Corte, dado a conocer ayer, cuenta con las firmas de los cuatro integrantes del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En su decisión, los jueces argumentaron que la petición no presentaba una afectación concreta y particularizada, por lo que las razones esgrimidas por el demandante resultaban «insuficientes» para configurar un caso o controversia.

Esta decisión refleja un patrón similar al de casos anteriores relacionados con el DNU de Milei. La Justicia rechazó de manera unánime, hace unos días, dos planteos contra el DNU 70/23 de Javier Milei, argumentando que no existíam razons que justificaran su intervención.

Uno de los fallos corresponde al recurso extraordinario presentado por el abogado Jorge Rizzo, en representación de la Asociación Civil Gente de Derecho, en diciembre de 2023, poco después del anuncio del decreto en cadena nacional por parte del presidente, solicitando la anulación total del DNU.

Por otro lado, la misma pretensión tuvo la medida cautelar presentada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a través de sus representantes legales Raúl Ferreyra y Eugenio Zaffaroni, quienes en febrero de este año promovieron una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objetivo de poner fin al estado de incertidumbre derivado de la supuesta «inconstitucionalidad» del decreto.

El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, ha expresado en diversas ocasiones que es necesario darle tiempo a la política para resolver estos asuntos, aunque ha dejado claro que, si no se resuelven, lo hará la Justicia. Rosatti ha manifestado su preferencia por evitar la judicialización prematura de temas políticos.

Sin embargo, aún quedan pendientes otros reclamos relacionados con el DNU, siendo el más significativo el referido a la reforma laboral incluida en el Capítulo IV, que tiene como objetivo eliminar el trabajo en negro y modernizar el mercado laboral.

Además, según un relevamiento, la Corte tiene cerca de 30 reclamos de 16 provincias que reclaman por recortes de fondos, sumando un total de aproximadamente US$ 1.000 millones de dólares que el Gobierno Nacional dejó de enviar debido a la firma del decreto.

Por otro lado, Javier Milei anunció la semana pasada a través del Boletín Oficial su propuesta para que Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla integren la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo de la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco y el cupo que se abrirá debido a la jubilación de Juan Carlos Maqueda, respectivamente.

Este anuncio abre un período de quince días para que la ciudadanía y diversas organizaciones presenten sus posturas respecto a los candidatos propuestos, antes de que deban ser votados por el Senado.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Un heroico gendarme mató a dos delincuentes que intentaron robarle cuando iba a su trabajo en José C. Paz

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Los ladrones fueron asesinados por el sargento que estaba de franco. Un rato antes quisieron asaltar a un policía de la Ciudad que también se resistió a los tiros pero escaparon con vida.

Un sargento de la Gendarmería se enfrentó este viernes a un grupo de delincuentes que quisieron robarle cuando se dirigía a su trabajo. Sucedió en la localidad bonaerense de José C. Paz y como consecuencia dos de los ladrones resultaron muertos, uno de los cuales era menor de edad.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en la esquina de las calles Fray Butler y Niels Filsen, en las inmediaciones de la estación Sol y Verde del ferrocarril San Martín. Allí, el gendarme identificado como H.O.M. fue asaltado mientras estaba en la parada de colectivos vestido de civil.

Los asaltantes, de 16 y 24 años, amenazaron y le exigieron sus pertenencias a la víctima, que respondió a los tiros. En esa situación, dos de ellos fueron alcanzados por los balazos y cayeron al suelo: uno recibió al menos un disparo en el pecho y murió en el acto, el otro falleció en el hospital horas más tarde.

El resto de la banda huyó y permanece prófugo. La investigación del caso está en manos de la fiscal Alejandra Burges, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°22 de Malvinas Argentinas, y se esperaba la declaración del sargento.

Al iniciar las medidas para reconstruir la secuencia de los hechos, los investigadores descubrieron que los ladrones habían intentado robarle a un policía de la Ciudad un rato antes del ataque al gendarme, a solo unas pocas cuadras de distancia.

El efectivo de la fuerza porteña, quien iba de civil a tomar el tren camino a su puesto de trabajo, también se defendió del robo a los disparos. Una cámara de vigilancia registró ese momento. En las imágenes se ve al agente sacar su arma y abrir fuego.

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Milei le respondió a los «econochantas» que dicen que el dólar está atrasado y explicó su programa económico

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El Presidente publicó en Twitter que Argentina está en medio de un proceso de ordenamiento de precios relativos, donde se destaca por ser costosa en dólares debido a su estructura fiscal y regulatoria.

El presidente Javier Milei compartió una publicación en su cuenta oficial de X donde explicó sobre la discusión acerca de si el precio del dólar oficial se ha atrasado en términos reales después de la última devaluación. Comenzó su posteo con la pregunta «¿Atraso cambiario?».

“Si bien es imposible conocer los parámetros profundos (preferencias, tecnología y dotaciones) para toda la humanidad en el presente y el futuro, por lo que sólo de casualidad un ser humano podría determinar el vector de precios de equilibrio y con ello hablar del desvío, al menos de corto podríamos preguntarnos si un cierto marco de política implica un sendero en dicha dirección”, reflexionó Milei.

A continuación, el presidente enumeró cinco razones por las cuales considera que el tipo de cambio se mantiene en un nivel adecuado respecto a su programa económico:

  • Superávit financiero en el tesoro.
  • Base monetaria constante.
  • Brecha casi nula, con compra de reservas netas.
  • Saneamiento del balance del BC.
  • Levantamiento de restricciones en el mercado cambiario todos los días hasta que un día se termine de salir del cepo.

«Por lo tanto, ¿estamos frente a un caso de apreciación cambiaria o a un caso de reacomodamiento de precios relativos donde Argentina es cara en dólares dada su estructura fiscal y regulatoria?«, concluyó.

Posteriormente, Milei compartió una publicación del economista Federico Furiase, asesor del Ministerio de Economía. “Clave lo que marca el Presidente. La apreciación real es resultado del ancla fiscal, monetaria y el saneamiento del BCRA. El desplome en brecha, riesgo país e inflación reflejan esa consistencia. Sube tasa real bajando tasa nominal y se modera apreciación real con el crawling peg de 2%”, comentó Furiase.

Las declaraciones van en línea con las palabras que dio esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, en su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Allí afirmó que la apreciación del tipo de cambio “vino para quedarse” y que no hay que esperar “un cimbronazo” en materia del valor del dólar.

Si se hacen los deberes, el tipo de cambio real se aprecia. Vamos a convivir con un tipo de cambio más apreciado, tenemos equilibrio fiscal y superávit comercial. Si mantenemos eso, esa apreciación vino para quedarse”, señaló Caputo en un evento organizado por la Fundación Mediterránea. “No nos ponemos una meta de tipo de cambio real, no es una medida razonable”, dijo en conversación con Juan Ignacio Abuchdid, del Grupo IEB.

Comparar un año con otro puede ser parecido pero no es una comparación válida. No ignoramos que muchos miran eso. El tipo de cambio real promedio fue $880 a lo largo de los últimos 120 años. Y en momentos de confianza, el tipo de cambio a precios de hoy fue de $560, casi la mitad de hoy. Vamos a convivir con un tipo de cambio más apreciado», mencionó el jefe del Palacio de Hacienda.

«Tenemos equilibrio fiscal y superávit comercial. Esa apreciación vino para quedarse, no esperen el cimbronazo. Para los que todavía esperan un tipo de cambio real caro: no va a pasar eso”, agregó.

Por otro lado, Milei reposteó una publicación de Federico Sturzenegger, asesor presidencial y co-autor de la Ley Bases y el DNU 70/2023. El economista recordó el “Teorema de la imposibilidad de la empresa pública” que dice que “si el Estado tiene una empresa pública, la calidad regulatoria de un sector es inversamente proporcional a la relevancia de la empresa en el sector”.

Quiere decir que si tenés una empresa pública Y en un sector X, la regulación del sector X va a ser peor cuanto más grande sea Y. La imposibilidad reside en que es imposible tener la regulación correcta de un sector si tenés una empresa pública en ese sector”, explicó Sturzenegger.

Hay una extensa literatura de la captura regulatoria. Empresas que captan al regulador para generar regulaciones a su favor. Pero cuando hay una empresa pública el regulado es el regulador. Una situación imposible”, añadió.

El economista sostuvo que los ejemplos “abundan”. “Monopolios innecesarios que persisten para sostener la empresa pública. ¿O sino por qué tuvimos nuestros cielos cerrados 100 años? ¿Por qué tenemos una ley postal que da un monopolio a Correos Argentinos y que incluso le permite al Estado abrir la correspondencia?”, mencionó.

Por qué se llegó al absurdo de la ley 27.007 que transfirió una renta equivalente a un PBI a las empresas petroleras? (Ahí el verdadero costo de la nacionalización de YPF). Por qué se restringía la internet satelital que pronto permitirá una cobertura integral de nuestro país?”, concluyó Sturzenegger.

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Milei sigue cumpliendo promesas: Eliminará el 40% de los Registros del Automotor intervenidos por causas de corrupción

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Además, se eliminará la cédula azul, la CETA, las cédulas verdes no tendrán fecha de vencimiento, se digitalizarán todos los trámites, y se fiscalizarán los registros que quedan abiertos.

El gobierno de Javier Milei había prometido la eliminación de los registros automotores, y tras cumplirse el plazo establecido para avanzar con esta medida, se emitió un comunicado anunciando el cumplimiento de esa promesa.

El comunicado, basado en los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS (DNRPA), y con el propósito de reducir costos y simplificar trámites burocráticos, detalla las siguientes medidas a ejecutar:

Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

• Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.

• Se eliminará la “cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.

• Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.

• Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.

• Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.

Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

• Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.

• Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.

Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.

• Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

El 21 de diciembre del año pasado, apenas 11 días después de que el gobierno de Milei asumiera el cargo, se firmó un decreto que proponía la transformación del sistema registral de automotores en Argentina.

En su artículo 364, este decreto instaba a que los Registros de la Propiedad Automotor se convirtieran en un Registro Automotor digital de alcance nacional, con un plazo máximo de implementación hasta el 2 de mayo de 2024. Se destacaba que el servicio de inscripción sería remoto, abierto, accesible y estandarizado.

Con el objetivo de simplificar los trámites registrales, el pasado 25 de abril se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 5505/2024, mediante la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) derogó el trámite necesario para obtener el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA). Este certificado era requerido al momento de realizar la transferencia de titularidad de automotores y motovehículos usados radicados en el país, para aquellos vehículos que superaran los $4.500.000.

En Argentina, existen 1.554 registros del automotor, con aproximadamente 180.000 transferencias o inscripciones mensuales. Además, alrededor del 40% de estos registros están manejados por interventores. Una de las incógnitas que surgen en el sector es cómo afectará el cierre de los organismos intervenidos.

Según el comunicado del Ministerio de Justicia dirigido por Mariano Cúneo Libarona, «a partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y reducir significativamente los costos de transferencias y/o patentamientos«.

La auditoría se llevó a cabo en 41 registros que ya estaban intervenidos. Esta lista incluye 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.

Desde el Gobierno, se señaló que este control tenía como propósito descubrir gastos con sobreprecios, revisar las adjudicaciones sin concurso y examinar la escasa rendición de cuentas de los fondos que se recaudan, ya que muchas designaciones como titulares de los Registros se realizaron por favores políticos, especialmente en las últimas décadas, y por ello se busca transparentar los procesos.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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