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La fábrica de ñoquis más grande del país: Kicillof sumó al Gobierno provincial a 50 personas por día durante 4 años

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El gobernador creó más de 70.000 empleos públicos en su primera gestión, según la revisión de los presupuestos aprobados por la Legislatura bonaerense.

A contramano de la motosierra de Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof aplicó en su primer mandato al frente de la Provincia de Buenos Aires un "inflador" de empleo público: en cuatro años solicitó a la Legislatura bonaerense la creación de 70.804 cargos para diferentes sectores de la administración del Estado provincial.

Estas contrataciones, se traducen en un promedio de 48.3 agentes designados por cada uno de los 1.460 días que ocupó la Gobernación. En otras palabras, contrató 50 personas nuevas por día en uno y cada uno de sus 4 años como gobernador.

Los datos están registrados en las tres leyes de presupuesto aprobadas por el Parlamento bonaerense para definir gastos y recursos en los períodos 2021, 2022 y 2023. En el primer año de gobierno, Kicillof tuvo que readecuar la ley de 2019 debido a la falta de acuerdo para un nuevo proyecto en medio de la transición con María Eugenia Vidal (2015-2019). En este 2024 ocurrirá lo mismo: sin acuerdos con la oposición, no hay ley de Presupuesto.

El cálculo sobre los pedidos para designar personal figura en un informe elaborado por asesores del senador provincial Marcelo Daletto (Cambio Federal-UCR), quien integra la comisión de Presupuesto y de Reforma Política. Este informe revela que, al final del primer mandato de Kicillof, se desempeñan en diferentes áreas de la administración 709.974 empleados estatales.

Según explicaron los técnicos que confeccionaron el trabajo, “cada uno de esos puestos está fijado en las leyes de Presupuesto. En cada confección de la ley, los ministros solicitan los cupos necesarios para cubrir las necesidades de sus áreas, que luego deben ser aprobadas por la Legislatura”.

Ese registro no incluye los denominados “cargos políticos”, que se formalizan en la administración mediante otras normas o decretos. En ese rubro, Kicillof también expandió significativamente la creación de cargos: hasta octubre de 2023, había autorizado la incorporación de 1.852 funcionarios (ministros, secretarios, subsecretarios y directores provinciales). Estos formaban parte del esquema que hacía funcionar a los 20 ministerios y secretarías diseñados para la estructura gubernamental.

Este número representaba más del doble de los 769 funcionarios que finalizaron su mandato en diciembre de 2019 con Vidal. Tras el escándalo del viaje a Marbella del entonces Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, el gobernador decidió eliminar esa repartición. También redujo la Jefatura de Gabinete de Asesores, creada para ubicar a Carlos Bianco, quien fue reemplazado por el ex intendente de Lomas de Zamora en 2021 después de la derrota en las elecciones de medio término, y luego de una reunión en Calafate con Cristina Kirchner.

Actualmente, según un informe elaborado por el diputado provincial Claudio Frangul (UCR), siguen en funcionamiento poco más de 1.800 funcionarios en 19 reparticiones públicas. “Es que la jefatura de Asesores no se disolvió. Bianco abandonó el cargo y pasó al Ministerio de Gobierno, pero la estructura continúa tal como estaba”, explicó el diputado Frangul.

Es más, en ese espacio se crearon puestos para algunos ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Un caso específico es el de Marcela Cortiellas, quien era directora en el ex Ministerio de Mujeres de la Nación y ahora ocupa la dirección de Relaciones con las Empresas y las Organizaciones de los/las Trabajadores/as de la Jefatura de Asesores del Gobernador.

Tampoco se incluyen en el recuento de la ley de presupuesto los contratos, becas, locaciones de obra y otros formatos de empleo estatal que subsisten en las diferentes áreas. "Ese número es imposible de establecer porque las partidas salen de cada repartición y no hay control sobre eso". Tampoco se contabilizan los asesores y colaboradores de la Legislatura, donde hay otro sector con áreas grises, que se evidenciaron con fuerza en el denominado escándalo de "Chocolate" Rigau.

El pago de los sueldos estatales representa el gasto más relevante del presupuesto bonaerense. Al cierre del ejercicio 2023, el compromiso con los más de 709.900 trabajadores representó un 42,36% del total del presupuesto.

El presupuesto de Axel Kicillof siempre recibió una ayuda significativa de partidas "discrecionales" enviadas por el Tesoro Nacional, las cuales llegaron a representar más del 10% del total de recursos previstos para los años 2022 y 2023.

Esa ayuda política y despilfarro de dinero se cortó con la llegada de Javier Milei. El Presidente suspendió el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Transporte y otros programas. En menos de un cuatrimestre, Kicillof dejó de recibir casi $800 mil millones.

Sin embargo, en línea con su posicionamiento como firme populista y ultra peronista, Kicillof no piensa en reducir empleos públicos ni tiene previsto retrasar el salario de los estatales. Nada que lo pueda asociar a la "motosierra" o a la "licuadora" de Milei.

De forma totalmente contraria al ajuste del gasto y eliminación del déficit fiscal por parte del Gobierno nacional, en diciembre el gobernador consiguió la aprobación de una ley fiscal que contempló aumentos de hasta el 200% en los impuestos patrimoniales, tanto inmobiliario como automotor. Con la eliminación de descuentos que operaban, el incremento llega hasta el 270%.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Salta da el ejemplo: Tras empezar a cobrar la atención médica a extranjeros, bajaron las consultas y se normaliza el gasto público

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A dos meses de la implementación del cobro de la atención médica a extranjeros, en Salta bajaron las consultas y el estado provincial ahorró 28 millones de pesos, según lo confirmaron las autoridades sanitarias.

Meses atrás, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 129 para establecer el cobro por la atención sanitaria a personas extranjeras en categorías de residentes transitorios y precarios, medida que posteriormente se convirtió en Ley.

Esta normativa permite cobrarle una tarifa a los extranjeros que pretenden atenderse gratuitamente en los hospitales públicos, pero no afecta a quienes poseen residencia permanente o temporaria. En los 2 meses desde la implementación de esta medida, las autoridades han notado cambios significativos.

Durante un viaje a Buenos Aires, el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, reveló que hubo una notable reducción en la demanda de atención por parte de extranjeros. En particular, mencionó que en abril se registraron 3.300 atenciones en Orán, mientras que después de la legislación solo se atendieron 60 pacientes, resultando en un ahorro estimado de 28 millones de pesos.

En línea con esta política, el gobernador expresó a través de sus redes sociales: "He solicitado a legisladores nacionales la presentación de un proyecto de ley similar al que implementamos en Salta, para que los extranjeros que no acrediten residencia, trabajo registrado y pago de impuestos en el país, paguen por la atención en salud pública, como ocurre en cualquier parte del mundo."

"Hay que priorizar de una vez por todas a los argentinos más vulnerables que viven en nuestro país. Invito a todos a sumarse a esta iniciativa, que busca simplemente garantizar el derecho de millones de argentinos a una mejor calidad de vida", añadió el gobernador salteño.

El Decreto de Necesidad y Urgencia que inicialmente dispuso esta medida se convirtió posteriormente en la Ley Nº 8421. El ministro de Salud explicó que aproximadamente el 10% de los recursos destinados a la salud eran utilizados por extranjeros. Por ejemplo, mencionó que el año pasado en Salvador Mazza, ubicado en la frontera con Bolivia, se alcanzó un 85% de ocupación de camas por parte de extranjeros, dejando escasas camas disponibles para ciudadanos argentinos.

En una entrevista con Salta/12, el ministro compartió ejemplos específicos como el de un ciudadano que buscaba tratamiento oncológico y que había proporcionado tres domicilios en Salta, pero que finalmente fue encontrado en territorio boliviano. También mencionó el caso de una persona con ciudadanía venezolana privada de libertad que requirió atención médica después de ingerir drogas.

El ministro hizo referencia a los "tours sanitarios", donde personas llegaban a la provincia desde países vecinos y pagaban a intermediarios externos al sistema de salud local por recibir atención médica. "Anteriormente se atendían pacientes sin dejar registros. Había quienes se sometían a cirugías plásticas u otros tratamientos en el sector privado y luego eran derivados a hospitales públicos. Estas prácticas no estaban documentadas, pero ahora con la Historia Clínica Digital se puede llevar un registro adecuado", afirmó el ministro.

Debido al gran éxito de esta medida aplicada en Salta, la provincia de Santa Cruz se sumará en la iniciativa de cobrar por la atención en hospitales públicos a los extranjeros, mientras que en Neuquén, Mendoza y Córdoba se están considerando proyectos legislativos con el mismo propósito.

El ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Ariel Varela, anunció en una entrevista radial que están avanzando en esta medida. Además, mencionó la implementación de un nuevo carné hospitalario con requisitos específicos, enfocado en garantizar la cobertura a los residentes en situación de vulnerabilidad que realmente lo necesiten.

Varela especificó que la medida de cobrar por la atención en hospitales públicos se aplicará únicamente a turistas y visitantes que estén de paso por la provincia, excluyendo a los extranjeros que tienen residencia establecida en Santa Cruz. En una entrevista, también abordó la implementación de turnos Web para consultas médicas en el Hospital Regional de la capital provincial.

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El diputado Romo presentó un proyecto para forzar a Kicillof a adherir a la Provincia de Buenos Aires al RIGI

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Desde LLA y el bloque PRO-Libertad han solicitado al Poder Ejecutivo bonaerense que se adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, para no perder el proyecto de la planta GNL en Bahía Blanca.

En medio de un intenso debate político y económico por la adhesión de la Provincia de Buenos Aires al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) tras la aprobación de la Ley Bases, el diputado bonaerense Agustín Romo presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo Provincial adhiera al RIGI en temas relacionados a hidrocarburos, para no perder masivas oportunidades de desarrollo en el territorio.

El proyecto presentado por Romo lleva además las firmas del titular del bloque, Nahuel Sotelo, así como de sus colegas Alejandro Carrancio, Gastón Abonjo, Ramón Vera Chávez y Juan Esper, todos ellos pertenecientes a La Libertad Avanza en la Provincia.

También figuran los legisladores del bloque PRO-Libertad, incluyendo a Florencia Retamoso, Abigail Gómez, Fernando Compagnoni, Oriana Colugnati y Sofía Pompino. Todos apoyan la moción para forzar al gobernador Axel Kicillof a adherirse al régimen especial para atraer inversiones a Buenos Aires.

La propuesta surge en respuesta a las recientes advertencias del Presidente de YPF, Horacio Marin, quien señaló que la falta de adhesión al RIGI podría resultar en la pérdida de inversiones significativas en la provincia, como la construcción de la planta GNL, que podría ir a Río Negro, provincia que sí adherirá al RIGI sin obstáculos. "La negativa y/o demora generará la pérdida inevitable de inversiones en el rubro de hidrocarburos", expresaron los legisladores al presentar el proyecto.

En un contexto de severa crisis socioeconómica, con altos índices de pobreza, los impulsores del proyecto enfatizan la necesidad urgente de generar empleo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes bonaerenses.

Marin hizo una advertencia directa a Kicillof, señalando que la planta de Gas Natural Licuado (GNL) podría instalarse en la provincia de Río Negro si no se concreta la adhesión al RIGI. Esta situación ha aumentado la presión sobre el gobierno provincial, especialmente en un contexto donde estadísticas alarmantes revelan que seis de cada diez niños en la provincia no tienen garantizado un acceso diario a alimentos básicos.

"Es fundamental que el Gobernador no sea caprichoso y esté a la altura de las circunstancias", expresó Agustín Romo al referirse a la posición que debería adoptar Kicillof frente a esta iniciativa.

Sumado a esto, el bloque de Juntos en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aseguró que "ante la aprobación del RIGI, es clave el posicionamiento del Gobierno Provincial para garantizar la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a dicho régimen, como paso necesario para la radicación del proyecto de YPF y Petronas en nuestra ciudad".

"Solicitamos al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI); y al intendente Federico Susbielles, que una vez adherida la PBA disponga la adhesión del municipio de Bahía Blanca", expresaron desde el bloque.

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Sigue subiendo el apoyo a Milei y ahora es el presidente con mayor imagen positiva de Sudamérica

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El mandatario argentino se ubica en la primera posición en términos de imagen positiva con el 55,7%, desplazando al segundo lugar a su par ecuatoriano, Daniel Noboa. Por otro lado, quien ha sufrido la mayor pérdida de imagen positiva en el último mes es Gabriel Boric, de Chile.

El presidente argentino, Javier Milei, se ubicó en lo más alto del ranking de los 10 presidentes de Sudamérica, elaborado por la prestigiosa CB Consultora. El estudio identifica a los mandatarios con mejor imagen en la actualidad. Milei no solo mejoró su porcentaje de aceptación, sino que relegó a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, a la segunda posición de la lista.

El relevamiento, que tuvo un promedio de 1.250 encuestados (entre 1.032 y 1.469 por país), evalúa el nivel de aceptación de cada jefe de Estado en su territorio y, con base en estos resultados, se elaboró el ranking de imagen positiva.

Las encuestas se realizaron a personas mayores de 18 años entre el 11 y el 15 de este mes. A diferencia del mes anterior, pero siguiendo una tendencia de crecimiento, Javier Milei es ahora el número uno de la lista. En junio, el economista libertario obtuvo un 55,7% de imagen positiva, frente a un 41,9% de imagen negativa. Un 2,4% de los encuestados pertenece al grupo de No sabe/No contesta.

Cabe destacar que el mandatario argentino experimentó un crecimiento del 0,9% respecto al mes anterior, suficiente para llegar a lo más alto del ranking. Del porcentaje de imagen positiva, la mitad de los encuestados cree que su imagen es Buena, mientras que la otra mitad la considera Muy Buena. En cuanto al porcentaje de desaprobación, el 28,1% sostiene que su imagen es Muy Mala y el 13,8% asegura que es Mala.

En el segundo lugar del ranking se encuentra el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, con un 54,3% de aceptación y un 42,2% de rechazo. Aunque no es el jefe de Estado con la mayor caída respecto al mes de mayo, su imagen disminuyó un 3,8%. Completando el podio, Lula Da Silva de Brasil tiene un 51,3% de aprobación frente a un 45,6% de desaprobación.

El líder brasileño fue el presidente que más se recuperó en comparación con los resultados del mes anterior, incrementando su imagen positiva en un 2,1%. En el cuarto lugar de la encuesta se encuentra Luis Lacalle Pou de Uruguay, con un 50,8% de aprobación, descendiendo una posición en la tabla general. Este es el segundo mes consecutivo que el mandatario uruguayo pierde porcentaje en su imagen, ya que en abril estaba en lo más alto del ranking, con casi un 8% más de aceptación por parte de sus compatriotas.

Quinto figura el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con un 48,5% de aprobación, un porcentaje similar al de rechazo, que alcanzó el 48,3%. Para él, también es el segundo mes consecutivo que disminuye su imagen positiva. Estos son los cinco primeros mandatarios de la lista publicada que tienen un porcentaje mayor de aprobación por parte de la población de sus respectivos países.

Cabe aclarar que mandatarios muy populares en sus países como el salvadoreño Nayib Bukele no entran en el ranking ya que CB Consultora solamente midió los presidentes de Sudamérica, no de Latinoamérica, por lo que no hubo registros de jefes de Estado de Centroamérica ni México.

En la segunda mitad del ranking de presidentes de Sudamérica, Luis Arce de Bolivia se ubica en el sexto lugar con un 43,8% de aceptación y un 52,8% de imagen negativa. Nicolás Maduro, dictador de Venezuela está en el séptimo lugar con un 39,3% de apoyo y un 58,4% de rechazo.

En el octavo puesto se encuentra el ex guerrillero Gustavo Petro de Colombia, con un 38,9% de aceptación y un 57,4% de desaprobación. Petro subió una posición en comparación con el mes anterior.

Gabriel Boric de Chile ocupa el noveno lugar con un 37,5% de respuestas positivas y un 60% de negativas. Boric es el mandatario que más porcentaje cedió en este estudio por segundo mes consecutivo, con una caída del 4,3% en el último mes, sumando una pérdida total del 9% en los últimos 60 días.

Finalmente, en el décimo lugar del ranking elaborado por la consultora CB, aparece Dina Boluarte de Perú, con un 26,7% de aceptación. Aunque la mandataria peruana incrementó su imagen casi un 2%, el 68,5% de los encuestados en su país no la apoya.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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