Los salarios perdieron sistemáticamente contra el aumento de los precios a lo largo de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El INDEC registró una caída real del 2% desde diciembre de 2019.

El aumento promedio de los salarios sube por las escaleras mientras que los precios suben por el ascensor. El INDEC confirmó que el índice salarial promedio aumentó un 4,8% en el mes de junio, pero los precios minoristas tuvieron un incremento del 5,3%.

Los salarios del sector privado formal aumentaron un 5,1% en junio, en el sector público el aumento alcanzó el 4,6%, y por lo tanto las remuneraciones para la totalidad del sector formal de la economía promediaron un aumento del 4,9%. Por otra parte, las remuneraciones en la economía informal subieron un 4,6%, y de esta manera ningún sector logró superar la inflación.

El promedio salarial tuvo un aumento interanual del 67,7% en comparación a junio de 2021, mientras que entre enero y julio de este año se acumuló un aumento del 34,3%. Para el sector privado registrado el aumento acumulado en lo que va del año fue del 36%, en el sector público llegó al 35,2%, y en la economía informal alcanzó solamente el 27,9%.

La inflación acumulada en lo que va del 2022 fue del 46,2%, y logró superar con facilidad a cada uno de los segmentos salariales del mercado laboral. Las variaciones registradas en junio corresponden al último mes en el cuál Martín Guzmán ejerció funciones como ministro de Economía.

La recuperación prometida por Alberto Fernández no se materializó sobre el poder adquisitivo. Desde diciembre de 2019 los salarios perdieron constantemente contra el alza de los precios, y acumularon una pérdida real del 1,9% sobre el piso heredado de la gestión Macri.

En otras palabras, la remuneración promedio percibida por cualquier persona en cualquier momento de la administración de Alberto Fernández es inferior, en términos reales, a cualquier salario percibido durante el Gobierno anterior.

La mayor pérdida de poder adquisitivo se produjo entre marzo de 2020 y junio de 2021, para registrar un tenue repunte posterior. Sin embargo, desde diciembre del año pasado comenzó a producirse nuevamente una tendencia declinante que se acentúa cada vez más.

El poder adquisitivo de los salarios, en términos de bienes y servicios que pueden adquirirse con él, es el más bajo registrado desde diciembre de 2003 y es hasta un 15,9% inferior a la remuneración promedio que se percibía en diciembre del año 2001. Estas cifras relevadas por el INDEC permiten tomar dimensión acerca del verdadero deterioro de los salarios. 

¿El gobierno más cómplice de la historia? Cuatro iraquíes fueron detenidos el lunes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Provincia de Buenos Aires, mientras intentaban abordar un avión con rumbo a Holanda.

El lunes por la noche la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con pedido de la Dirección de Migraciones, apresó y dejó incomunicados a 4 jóvenes iraquíes de alrededor de 20 años, que pretendían viajar utilizando pasaportes falsos. El vuelo, KL702, era operado por la aerolínea holandesa KLM, y tenía como destino Ámsterdam, capital de los Países Bajos.

El juez Federico Villena es a quién recayó la causa por documentación apócrifa. Es el mismo juez que tiene otro polémico caso a su responsabilidad que también tiene como escenario Ezeiza, y es el vuelo venezolano-iraní de la empresa Emtrasur Cargo, que aterrizó en Argentina el 6 de junio y cuya tripulación está ligada al terrorismo islamista.

Los iraquíes son dos parejas de ascendencia kurda que ingresaron al país desde Brasil utilizando pasaportes franceses falsificados. Según reporta La Nación, investigadores del caso apuntan a que se trataría de un común caso de inmigrantes ilegales que buscaban llegar a Europa.

Según declararon las fuentes del medio argentino, compraron los pasaportes falsificados en Brasil esperando que en Argentina puedan pasar desapercibidos. Sus identidades reales serían Massod Faeedi, Ozan Edo, Salma Al Saleem y Saad Qolo.

En el pase fronterizo de Misiones lograron pasar con sus pasaportes falsos, tras lo que se desplazaron desde esa provincia norteña hasta PBA con rumbo a Ezeiza. Sin embargo, en Ezeiza no pudieron engañar a los funcionarios, quiénes apenas se dieron cuenta los separaron y elevaron el reporte.

Sus documentaciones están secuestradas y es el juez Villena, mismo que decidió este jueves 11 de agosto la incautación del avión venezolano-iraní tras el pedido de Estados Unidos, quién deberá decidir el futuro de los 4 jóvenes iraquíes, que despertaron incluso preocupaciones por la posibilidad de una conexión con el terrorismo, la cuál por el momento parece estar descartada por los investigadores.

Villena es el mismo juez que interviene en el caso del avión de Emtrasur retenido en Ezeiza desde el 8 de junio. En ese expediente, el juez autorizó la salida de 12 de los 19 tripulantes (11 venezolanos y 1 iraní), y hasta les devolvió sus pasaportes, pero la medida no se hizo efectiva porque fue apelada por la fiscal del caso, Cecilia Incardona.

Se desconoce la intenciones de los iraquíes y qué hacían en Argentina, pero el hecho de que hayan sido identificados poco tiempo después del caso del avión de Emtrasur, que tenía tripulantes iraníes vinculados al grupo militar-terrorista Fuerzas Quds, despiertan varias sospechas.

Muchos iraquíes chiítas, aunque pertenezcan a otro país, suelen apoyar la causa iraní en el plano internacional y trabajan codo a codo en operaciones terroristas en el mundo. No se debe descartar el vínculo y en caso de que exista, daría un nivel de magnitud de las células iraníes en Argentina.

Se dispuso que se realizara una investigación en las bases de datos de Interpol y del Registro Nacional de Reincidencia, para determinar si los detenidos tienen antecedentes penales o alguna orden internacional de detención o de información sobre el paradero.

El pacto firmado el año pasado entre Nación y 21 provincias fue apurado por los gobernadores tras el desembarco de Sergio Massa en Economía, quien logró el apoyo de 1/3 de los senadores opositores.

Juntos por el Cambio, como ya hizo en innumerables ocasiones durante los últimos tres años donde fueron la principal oposición, apoyó la nueva Ley de Consenso Fiscal que había sido acordado entre 21 gobernadores y el presidente Alberto Fernández.

Este proyecto, que Massa pidió destrabar en el Congreso para poder aumentar la recaudación, habilitará a las provincias a subir impuestos locales. Recibió media sanción en el Senado, con 45 votos a favor, 17 negativos y 1 abstención. Además, hubo 9 senadores ausentes.

El Frente de Todos prestó 32 votos de sus 35 votos, los 4 senadores provinciales de Río Negro, Misiones, La Rioja y Córdoba también apoyaron, y Juntos por el Cambio dio los 9 votos restantes para alcanzar la mayoría de 45 positivos.

Alfredo Cornejo (JxC) se abstuvo, y los senadores Carmen Crexell (JxC), Silvia Giacoppo (JxC), Cristina López Valverde (FdT), Stella Maris Olalla (JxC), Antonio Rodas (FdT), Adolfo Rodríguez Saá (FdT), Guillermo Snopek (FdT), y María Belen Tapia (JxC) estuvieron ausentes.

La ley pasa a Diputados, donde su aprobación parece que será incluso más fácil, ya que varios legisladores de Juntos por el Cambio anticiparon que apoyarán su aprobación. Los gobernadores podrán elevar impuestos provinciales a distintos sectores hasta cierta alícuota.

En 2017, Macri había aprobado un Consenso Fiscal donde ponía topes a los impuestos provinciales que se podían implementar a los distintos sectores. Esta ley, si bien no los libera, en muchos casos duplica las alícuotas que se pueden aplicar.

Por ejemplo, se podrán poner impuestos a la industria papelera del 6% (previamente del 3%). Lo mismo para las comunicaciones, del 5,5% (previamente del 3%), la telefonía celular verá un aumento de 5% a 6,5%, y servicios como el gas, el agua, la electricidad y el transporte pasarán de 0% impuestos provinciales a casi 4%.

Esto se suma a impuestos generales que se habilitan, como un aumento a Impuestos a los Ingresos Brutos, a la Herencia y a los Sellos. Se especula que este golpe de impuestos impactará en hasta un 25% de los ingresos de los argentinos en promedio a lo largo de las distintas provincias.

Las provincias de La Pampa, San Luis, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires prometieron que a pesar de la aprobación del nuevo Consenso Fiscal, ellos seguirán respetando los topes establecidos por la ley del 2017.

Jujuy y Corrientes, dos provincias controladas también por el radicalismo de Juntos por el Cambio, generaron la polémica apoyando la nueva ley del kirchnerismo. Si bien los gobernadores Gerardo Morales y Gustavo Valdés apoyaron la regla fiscal de Macri en 2017, ahora cambiaron de discurso y argumentan que necesitan aumentar la recaudación local.