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La fecha patria del 25 de mayo incita protestas en contra del gobierno en todo el país

Por el 25 de mayo miles de argentinos salieron en todo el país en protesta del gobierno, de la cuarentena más larga del mundo y de la inmensa crisis económica que Alberto Fernández está ignorando.

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Miles de personas autoconvocadas en Capital Federal se movilizaron hacia el Cabildo y la Plaza de Mayo esta particular fecha patria del 25 de Mayo que se festeja en Argentina como la fecha que marcó el fin del dominio de España sobre el territorio argentino.

En un primer momento, los cordones policiales impidieron la circulación, pero eventualmente la masa de personas fue tan grande que la policía se corrió y para las 17hs cientos de manifestantes estaban protestando frente al Cabildo contra el gobierno kirchnerista.
El descontento entre la gente ya no se puede tapar más. Mientras los medios tradicionales y mercenarios quieren hacerle creer al pueblo que Alberto Fernández tiene una imagen positiva del 90%, la gente está empezando a pasar hambre por una cuarentena poco inteligente que está condenando al país entero a la pobreza.
En la última conferencia, Alberto Fernández prorrogó la cuarentena hasta el 7 de junio, extendiéndola por lo menos hasta 80 días, haciéndola ya la más larga del mundo. Pero esta cuarentena es distinta a la que se impuso en Uruguay o Chile, la cuarentena de Argentina es bruta; prohíbe totalmente el comercio, inclusive clausurando negocios que toman todas las medidas sanitarias posibles, mientras que se permite a los medios de comunicación y entretenimiento operar con libertad.
El desempleo en Argentina está en niveles pocas veces vistos en el país y con un empleo informal totalmente colapsado que ni siquiera es alcanzado por las transferencias del gobierno. Esta difícil situación llevó a que hoy, vigorados por la fecha patria, salieran a las calles muchísimas personas a pesar de todas las restricciones.

Cortes y cordones policiales que el gobierno estableció previamente a la marcha para evitar la movilización de hoy.

Los argentinos pidiendo por la apertura económica bajo la consigna #ElPeorGobiernoDeLaHistoria.


La policía reduciendo espacios e impidiendo la movilidad, evitaron una marcha verdaderamente masiva.

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Las fotos que los manifestantes subieron a las redes revelaron que los oficiales en los balcones del Cabildo tenían importantes equipos de filmación que no pararon de apuntar a la gente un solo momento.

Se cree que esta grabación será utilizada luego para rastrear algunas personas que estuvieron manifestándose y poder imputarlas por el delito de romper la cuarentena obligatoria impuesta por Alberto Fernández unilateralmente y por decreto. 

Algo muy parecido ocurrió en Córdoba la semana pasada cuando comerciantes salieron a manifestarse y al día siguiente 3 personas aparecieron imputadas con la posibilidad de una condena de 6 mesas a 2 años de prisión por grabaciones que se hicieron en la vía pública.

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A pesar de que algunos medios que cobran pauta oficial y tratan de enmascarar esta noticia digan que fue un “grupo reducido de gente”, no fueron solo los porteños los que manifestaron su descontento con el gobierno.

En Córdoba también hubo manifestaciones, que se sumaron a la #CaravanaDeMedicos convocada el fin de semana para este 25 de mayo. La semana pasada fueron imputados 2 médicos del geriátrico Saldán, acusados por la Unidad Fiscal de Emergencias Sanitarias de no cumplir con el protocolo del Ministerio de Salud y propagar el coronavirus en el establecimiento. Esta afirmación es descabellada, el hecho ocurrió hace más de un mes, cuando el protocolo de salud todavía no había sido implementado.

El Consejo de Médicos y la institución denunciaron que la fiscalía está llevando a cabo una persecución política “con total imprudencia”, y que buscan crear discordia entre los médicos, en vez de ayudarlos en su heroica tarea de salvar vidas.

A raíz de este peligroso avance del Estado, y sumado a un descontento general por sueldos impagos al personal sanitario en toda la provincia, diversos grupos se organizaron y convocaron esta caravana, de miles de autos que colmaron la ciudad, a pesar de que, una vez más, la policía cortó puentes y puso cordones de seguridad.

El bocinazo y el pedido de la gente fue unificado. Basta de una cuarentena tan estricta, basta de ahogar al comercio y basta de persecución a los médicos.

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Otro importante foco de protestas fue la ciudad de Mar del Plata. La economía de la ciudad costera depende casi exclusivamente de los comercios y los negocios a la calle, y esta cuarentena bruta no ha permitido que los comerciantes puedan reanudar sus actividades de una manera segura.

Convocados con la ayuda de distintos dirigentes políticos, entre ellos el liberal Guillermo Castello, miles de autos con banderas de Argentina recorrieron las calles marplatenses, y un bocinazo impresionante se hizo sentir con un pedido unificado por todos los comerciantes, autónomos y todos los ciudadanos que esta cuarentena está condenando al desempleo y la pobreza.

Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata que llegó al poder de la mano de Cambiemos, desde hace varios días que está tratando de reabrir la economía del comercio minorista, aunque con poco éxito.

Hoy a las 2 de la tarde, Montenegro publicó en Twitter que a partir de mañana los comercios podrán volver a su actividad, tomando todos los recaudos sanitarios pero con un claro objetivo de flexibilizar la cuarentena.

Hay poca información al respecto y ampliaremos de ser necesario, pero Axel Kicillof habría amenazado al intendente de JxC con interceder desde la gobernación para evitar esta apertura.

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El kirchnerismo se suma a la discusión económica del Salario Básico Universal de Grabois

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Cerca de la vice la imaginan como un reemplazo de los planes sociales, pero está cajoneada. Massa tiene su propuesta.

El proyecto de ley para crear un salario básico universal capaz de sustituir los planes sociales promovido por el dirigente social Juan Grabois tiene respaldo del kirchnerismo, pero por ahora no está en agenda que se trate porque no hay consenso en el oficialismo. Se suma a otras iniciativas para convertir planes sociales a empleo de Juntos por el Cambio y a una de Sergio Massa, presentada el año pasado. 

Los legisladores cercanos a Cristina Kirchner no tienen un proyecto propio y apuestan al presentado hace un mes por el diputado Itaí Hagman, militante de Patria Grande, la agrupación liderada por Grabois, que permanece cajoneado. “Estamos buscando los consensos en el Frente de Todos para empezar a debatirlo”, reconocieron las fuentes cercanas al dirigente social. 

A la presentación de Hagman asistieron el jefe de su bloque Germán Martínez y la titular de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio. Y tras la crítica de Cristina por un incremento desmedido de los planes sociales, la iniciativa volvió a mencionarse en el Congreso como una salida a largo plazo de la intermediación en la ayuda social.

La ley no elimina los planes sociales pero traza un camino para diluirlos en el mediano plazo, porque asigna un salario universal de igual valor de la canasta básica alimentaria medida por el Indec (13 mil pesos) a adultos de entre 18 y 64 años que estén desocupados o registren bajos ingresos y no perciban ninguna asistencia del Estado.  

Se identifican como tales a los inscriptos en la categoría A del monotributo, asalariados que reciban ingresos similares, trabajadores agrarios o de casas particulares. 

Para sostener el salario básico, habrá que acreditar la finalización de estudios primarios y/o secundarios; talleres de formación profesional y capacitación laboral, de orientación laboral, de profesionalización del trabajo doméstico, o de desarrollo de actividades socio comunitarias. 

El ministro de Desarrollo Social de la provincia Andrés “Cuervo” Larroque ratificó el respaldo del kirchnerismo a la iniciativa, aunque pidió cambiarle el nombre para dejar claro que el ingreso es sólo para el sector más desguarnecido. 

Larroque ya había hecho explícito el respaldo a la ley en un acto con Grabois en la Cámara de Diputados de la provincia, en la que desafió al peronismo a “perforar el cerco mediático” y animase a tratarla.

Este martes, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, cercano al presidente, no descartó su apoyo si prospera. “Me gusta la iniciativa del Salario Básico Universal, como me gusta todo lo que suba el piso de dignidad de la población”, sostuvo en una entrevista con DTV. De todos modos, no sería una bajada de línea de la Casa Rosada. 

Pero por ahora la ley está cajoneada. Fue girada a las comisiones de Presupuesto, Previsión Social y Legislación del Trabajo. La primera la preside Carlos Heller y las otras dos diputadas kirchneristas: Marisa Uceda y Vanesa Siley. 

El problema, señalan cerca de Grabois, es que no todo el FdT esta de acuerdo con el salario básico universal y abrir el debate puede desangrar la interna.

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Escándalo de corrupción en Tigre por la subejecución del presupuesto educativo

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Jorge Lanata denunció en su programa un entramado de corrupción que sucede en Tigre con la subejecución del presupuesto de mantenimiento de la infraestructura escolar.

El periodista detalló que está el dinero necesario para las mejoras edilicias en las escuelas de Tigre pero que, por una decisión política, el intendente de Tigre, Julio Zamora, deja vencer las partidas presupuestarias a fin de año para poner ese dinero en inversiones en plazos fijos.

Lo cierto es que los intereses que gana son destinados a otra cosa, con la inflación de más del 60% anual parece una mala inversión que sufren los alumnos que tienen que ir a clase con edificios que están en terribles condiciones y en su mayoría, sin estufas ni ventiladores.

Lanata mostró documentación que demuestra que el 60% del presupuesto para infraestructura escolar del 2021 no fue ejecutado, el cual fue colocado en plazos fijos cuyos intereses se gastan a discreción del intendente ya que no rinde cuentas de lo que hace con ese dinero.

Este escándalo se suma a otros que tienen a Zamora en el centro de la polémica. Recordemos cuando gastó 15 millones de pesos en espumantes y turrones, con una compra de canastas de Navidad que hizo a discreción de toda licitación, comprándole los productos a un familiar de la municipalidad.

El año pasado, la justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenó el allanamiento en la Municipalidad de Tigre, la sede de la cooperativa Creando Conciencia y la empresa Recilit, de Juan Podavini, en el marco de la denuncia realizada por la ONG Proconsumer en la fiscalía de Rincón de Milberg. La denuncia apunta contra el presidente de la Cooperativa Creando Conciencia, Edgardo Jalil, quien también se desempeña como actual director de Reciclado y que este doble rol de “cooperativista” y funcionario le habría permitido realizar negocios a su favor.

Julio Zamora, abogado peronista y allegado a Sergio Massa, fue elegido intendente de Tigre por el Frente Renovador y ocupa ese cargo desde 2013, pertenece al núcleo interno de Massa en Tigre y es un exponente claro del Frente de Todos, con décadas viviendo de la política y numerosos escándalos de corrupción que parecen no afectarlo.

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El grupo asegurador Liderar, cerca de desaparecer por operar ilegalmente con la mesa directiva y accionistas de una empresa liquidada en 2018

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El Grupo Liderar Seguros, comandado por el empresario Franco Ortolano, atraviesa nuevamente denuncias por irregularidades que estarían a punto de culminar con la inhibición general de bienes y la prohibición de la emisión de pólizas de la empresa Liderar Seguros.

Según precisaron fuentes judiciales, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) hará cumplir, finalmente y tras demorarse tres años, la Ley 20.091 de Entidades de Seguros y su Control y el Reglamento General de la Actividad Aseguradora ante la situación irregular en la que se encuentran el directorio y los accionistas de la compañía Liderar Seguros desde que se dictó la liquidación forzosa de Liderar ART en el 2018.

Tras dicha liquidación, la mesa directiva y los accionistas de Liderar ART se reconvirtió y sigue funcionando al día de hoy en la compañía Liderar Seguros, a pesar de estar todos inhabilitados para dichas funciones al estar prohibido por ley. De esta manera, el Estado se encuentra en una situación comprometida ante el presunto incumplimiento de funcionario público de la SSN, a cargo de la superintendenta Adriana Guida, al ser aparente cómplice o responsable de los contratos que la empresa aseguradora Liderar Seguros celebró desde el 2019, cuando quedó firme la sentencia en contra de Liderar ART.

Después de casi tres años de estar en falta y no haber tomado cartas en el asunto, se prevé que de manera inminente la SSN aplique la Ley 20.091 y el Registro General de la Actividad Aseguradora para todo el grupo liderado por Ortolano y, en consecuencia, aplique las medidas cautelares correspondientes inhibiendo y prohibiéndole la emisión para operar a Liderar Seguros.

El caso Liderar ART

Liderar ART recibió casi 5000 denuncias que fueron radicadas en Comodoro Py, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la SSN por no aplicar el reglamento general de la actividad aseguradora. Entre las irregularidades constatadas se encuentran inconvenientes, demoras, suspensiones y omisiones de prestaciones de asistencia médica, equipamiento ortopédico, realización de cirugías, recalificación profesional, estudios, rehabilitación, entrega de medicamentos, falta de prestadores o cortes de servicio en algunas zonas del país, entre otras faltas.

Ante esta situación, la SSN falló en 2018 contra Liderar ART, revocó su autorización para operar y resolvió su disolución automática y liquidación forzosa.

En su momento, la compañía interpuso un recurso de apelación y solicitó la nulidad del proceso alegando que no hubo un trato objetivo de parte de la SSN. Sin embargo, la fiscal general Gabriela Boquín no dio lugar a la apelación, al afirmar que la prohibición de emitir contratos de seguros y la revocación de la autorización para operar son “una concatenación lógica de actos administrativos legítimos, cuyo origen radica en una deficitaria previsión de la compañía recurrente en perjuicio de sus asegurados, que no puede ser avalada de modo alguno”.

“Se encuentra en juego la cobertura de siniestros, técnicamente identificados como accidentes de trabajo, donde los perjuicios que se producen a partir de los hechos dañosos que ocurran afectan a derechos personalísimos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y a los tratados de Derechos Humanos incorporados a nuestro sistema jurídico. Es el derecho a la dignidad, que comprende a la integridad psicofísica, a la vida, a la salud y al trabajo”, detalló la fiscal Boquín.

En ese mismo sentido se expresó la Cámara de Apelaciones en lo Comercial en su fallo del 7 de junio de 2019: “Los fundamentos del dictamen fiscal que esta sala comparte son suficientes para rechazar las apelaciones y confirmar las resoluciones dictadas por la SSN. El régimen de las entidades de seguros y su control estatal se encuentra instituido en beneficio del interés público y la protección de los asegurados, y no en el de las empresas que operan en ese mercado”.

“En razón de lo anterior se rechazan los recursos y se confirman las resoluciones. En lo que respecta al pedido de intervención de la aseguradora que formuló el organismo controlador, requiérase a la SSN que manifieste si mantiene su pretensión de intervenir el ente”, indica el fallo.

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