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Argentina

La Justicia investiga a más de 80 dirigentes sociales por más de 40 causas de extorsión contra manifestantes para que marchen

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El juez federal de Quilmes, Luis Armella, inició 44 expedientes que mencionan a alrededor de 80 líderes sociales y piqueteros. Además de la organización encabezada por Emilio Pérsico, se hace referencia, entre otras, a Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur y el Movimiento Teresa Rodríguez.

La investigación judicial contra dirigentes sociales y piqueteros por "extorsión" y "facturas falsas", que comenzó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Sergio Pollicita, tiene una derivación de gran relevancia en el juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella.

Este último está investigando a más de 80 responsables y referentes de merenderos, comedores y cooperativas de trabajo a través de 44 expedientes. Estos líderes utilizaban la misma metodología para presionar a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, obligándolos a asistir a marchas, concentraciones, campañas políticas y actos en estadios y espacios públicos donde debían apoyar a los candidatos a gobernador y presidente de la nación de Unión por la Patria.

La mayoría de las organizaciones investigadas forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), destacándose el Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico; Barrios de Pie, encabezado por Daniel Menéndez; y la Corriente Clasista y Combativa, dirigida por Juan Carlos Alderete.

Pérsico estaba en una posición dual, siendo también el titular de la Secretaría de Economía Social, bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social, utilizado por el kirchnerismo para mantener los "curros" que hoy en día están saliendo a la luz. Menéndez, que ocupaba un cargo en la misma entidad, actualmente es Subsecretario de Economía Popular en el gobierno de Axel Kicillof.

Además, se están investigando organizaciones piqueteras de izquierda como el Polo Obrero, dirigido por Eduardo Belliboni; Libres del Sur, liderado por Silvia Saravia; el Frente de Trabajadores Combativos (FTC); y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTE).

En mayo, el juzgado de Armella recibió dos expedientes en los que Casanello se declaró incompetente, ya que las llamadas al 134, el número habilitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para denuncias sobre presiones a beneficiarios de planes sociales, provenían de domicilios en localidades bonaerenses como Berazategui, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda. Estas áreas correspondían a la jurisdicción del Juzgado Federal de Quilmes.

Por razones prácticas, el juez y su secretario, Diego Quiroga, dividieron los dos casos en 44 expedientes, agrupándolos según movimientos sociales, agrupaciones políticas, piqueteras, etc. Las diligencias judiciales y las investigaciones en el terreno son realizadas por la Prefectura Naval Argentina, una de las fuerzas federales que responden a la ministra Patricia Bullrich. Los agentes son responsables de verificar cada uno de los datos denunciados en las llamadas telefónicas al 134.

Según fuentes judiciales, "la mayoría de las declaraciones de las personas que denunciaron ser extorsionadas y presionadas fueron corroboradas de manera fehaciente".

Aunque la instrucción lleva poco más de un mes, la investigación "está muy avanzada". En estos momentos, se siguen verificando direcciones e identidades de los dirigentes sociales mencionados en las denuncias telefónicas.

Los lugares ya corroborados complican a las organizaciones que concentran gran parte de sus actividades en la zona sur del conurbano bonaerense, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC y el Polo Obrero, entre los movimientos más relevantes.

Las diligencias de Armella también determinaron que algunos comedores que recibían alimentos no existen, fueron cerrados o las direcciones eran falsas.

Las denuncias más destacadas incluyen amenazas como "te vamos a sacar el plan" por no asistir a las marchas o concentraciones; advertencias porque "estás llevando poca gente"; o acusaciones de que "hace mucho que no van" o "hace mucho que no se movilizan".

También se denunció que, en lugar de asistir a la cooperativa de trabajo o al comedor, lugares que funcionaban como Unidades de Gestión del Potenciar Trabajo, los beneficiarios debían asistir a una actividad partidaria o piquetera, donde se pasaba lista. A los tres ausentes se les tramitaba la baja del plan ante la Secretaría de Economía Social, a cargo de Pérsico. Otras víctimas directamente señalaron que los referentes sociales les quitaron el plan o los amenazaron con hacerlo.

"Me llamaron de mi organización y me dijeron que hace mucho que no movilizamos y que por eso me daban de baja al Potenciar", se lee en una de las transcripciones asentadas en el expediente. Otros recibían el lapidario mensaje de "te quedaste afuera" o "te vas a quedar afuera la próxima vez que faltes a la marcha". También hay referencias a exigencias como repartir volantes a favor de los candidatos kirchneristas de Unión por la Patria.

Los investigadores a cargo de Armella esperan terminar de reunir la información de campo para ordenar intervenciones telefónicas y, posteriormente, los allanamientos. Por esta razón, de momento se reservan los nombres de los dirigentes mencionados.

Así como en las causas que tramitan en el fuero federal porteño, donde una gran mayoría de dirigentes están vinculados al Polo Obrero, en el juzgado federal de Quilmes el mayor peso de las denuncias parece recaer en movimientos sociales peronistas como el Movimiento Evita.

La línea 134, habilitada por el Gobierno a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya ha reportado más de 170,000 llamadas realizadas contra organizaciones sociales y algunos sindicatos a lo largo del país. Las denuncias provienen de las personas más vulnerables que recibían un plan social por parte del Estado y que, según informaron, eran extorsionadas y amenazadas. Los juzgados que investigan estas maniobras delictivas están llenos de nombres y apellidos, afiliaciones a organizaciones, videos, capturas de pantalla y correos de voz.

En todos estos casos, la recopilación de datos, antes de ser aportados a los tribunales, fue realizada por funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Capital Humano. Este último está a cargo de Sandra Pettovello, quien ayer denunció un hecho de "intimidación" ya que intentaron ingresar por la fuerza a su propiedad, ubicada en un barrio cerrado de la zona oeste del conurbano bonaerense.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

Argentina

La Justicia le rechazó un reclamo de $556 millones al Estado por parte de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo

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El juez Pablo Cayssials tomó la decisión en respuesta a un reclamo presentado por la organización fundada por la fallecida defensora de terroristas, Hebe de Bonafini, contra la resolución del Ministerio de Capital Humano.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials rechazó una medida cautelar presentada por la Universidad Madres de Plaza de Mayo, que buscaba que el Gobierno transfiriera más de 550 millones de pesos para su financiamiento.

El reclamo surgió después de que el Ministerio de Capital Humano decidiera suspender la apertura de nuevas universidades que serían utilizadas para "currar" con sus millonarios presupuestos.

La universidad había solicitado una “cautelar autosatisfactiva” para que se ordenara el cese automático de la retención de fondos y se procediera a la transferencia de más de 556 millones de pesos. Según la información divulgada, el magistrado determinó que la solicitud de la organización “debe desestimarse porque no se aprecian las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo, ya que sus afirmaciones no son suficientes”.

Además, el juez confirmó que no se verificó la verosimilitud del derecho en forma patente ni se observó la supuesta arbitrariedad denunciada por la Administración Pública. Indicó que “este proceso aborda un reclamo patrimonial, que debe tramitarse por otra vía, ya que no se percibe un perjuicio irreparable”.

Por otro lado, el Estado Nacional cuestionó la validez de la representación de la UNMPM por parte de la rectora, Cristina Caamaño Iglesias Paiz. Argumentó que la designación efectuada por la resolución Nº 2534/23 del ex Ministerio de Educación fue anulada por la resolución Nº 45/24, emitida por el Ministerio de Capital Humano. El Estado alegó que el acta del 5 de marzo pasado, que documenta los comicios de asamblea para la designación, carece de validez al no contar con la aprobación requerida según el artículo 49 de la Ley de Educación Superior y el artículo 23 del Decreto Nº 176/96. Por lo tanto, el Gobierno considera que la Universidad de Madres de Plaza de Mayo no está autorizada para su funcionamiento.

En febrero pasado, el gobierno de Javier Milei decidió suspender la apertura y poner bajo revisión las cinco universidades que el Congreso Nacional había creado por ley durante la administración anterior. Entre las instituciones afectadas se encuentran la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la de Pilar, Río Tercero en Córdoba, la de Ezeiza y la Del Delta.

En los fundamentos de la resolución, se explicó que la medida se adoptó para “evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas” y para asegurar que la oferta educativa cumpla con los estándares de calidad y pertinencia. Por lo tanto, se consideró necesario tomar medidas para revisar el inicio de actividades académicas de las mencionadas Casas de Altos Estudios.

La resolución precisó que la suspensión se mantendrá hasta que se pueda “determinar si se cumplió con el procedimiento administrativo requerido por la Ley de Educación Superior para la creación de nuevas universidades, si se cumplieron las condiciones establecidas y si están debidamente documentadas, así como la pertinencia, oportunidad y previsión del crédito presupuestario correspondiente, basado en un estudio de factibilidad”.

Las universidades fueron aprobadas tras un extenso debate en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, con el respaldo mayoritario del kirchnerismo, los partidos provinciales aliados y el radicalismo.


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Gracias a las SAD que impulsa Milei, David Beckham busca comprar Newells como "regalo" para que Messi se retire en Argentina

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A raíz del intento de implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas en Argentina y, en este contexto, el presidente Milei realizó una notable publicación acerca de Newell’s y Messi.

El presidente Javier Milei sigue abogando por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas. El mandatario lidera una batalla cultural para demostrar que esta es la mejor alternativa para los clubes del país, y para ello, a veces utiliza a figuras destacadas como Lionel Messi como ejemplo.

En los últimos días trascendió que David Beckham está considerando adquirir Newells Old Boys para "regalárselo" a Messi y que éste pueda retirarse en Argentina en el club de sus amores que lo vio nacer e incluso llegó a jugar ahí en las inferiores.

Esta información proviene del medio español Relevo, que reporta que el empresario y exfutbolista tiene planes de llegar al club rosarino a través del Grupo Mas Tec, vinculado a Jorge Más, uno de los propietarios del Inter Miami, donde juega Messi. Este grupo es dueño del Inter Miami y también tuvo una participación en el Real Zaragoza en 2022.

Según el medio, en cuanto se facilite la entrada de capital privado a Newell’s, la intención es que los directivos del Inter Miami tomen el control del club para hacerle un obsequio muy especial a Messi: permitirle terminar sus últimos años de carrera en el equipo de su infancia.

La noticia de Relevo fue replicada por un conocido sitio argentino, y el presidente Milei decidió compartir el enlace en su perfil oficial de la red social X. La propuesta sería tomar el control de la institución deportiva de Rosario para que el capitán del seleccionado argentino pueda vestir los colores de Newell’s.

"En esta etapa final de su carrera, los propietarios del Inter Miami están considerando hacerle un regalo extraordinario: asumir el control de Newell’s Old Boys de Rosario para que el delantero tenga la oportunidad de jugar con esa camiseta antes de retirarse", informó el periodista Sebastián Frest.

El comprador del equipo argentino podría ser un grupo vinculado al propietario de Inter Miami, quien tuvo el 51% de las acciones del Real Zaragoza en España en 2022.

Para concretarse esta transacción, primero los socios de Newells deben votar para organizar al club como una SAD, lo que representaría un cambio significativo en la estructura de los clubes de fútbol nacional. Este cambio se enmarca dentro de una decisión del gobierno de Javier Milei que permite que los clubes se transformen en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) si así lo desean.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, detalló hace unos días las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y anunció la desregulación para sociedades, un paso más en el objetivo del Gobierno de implementar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino.

En una conferencia de prensa, el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) explicó que "con esta normativa se simplifican, flexibilizan y desregulan los trámites para la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de asociaciones civiles y fundaciones. Además, se facilita la constitución y funcionamiento de sociedades en el país para fomentar la inversión local".

Y añadió: "Esta nueva normativa representa un fuerte impulso para fortalecer las inversiones. Queremos establecer las bases que contribuirán a la reactivación de la economía y al desarrollo de las acciones de organizaciones de la sociedad civil".


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Cae la inflación y disminuye la pobreza: Luego del Massazo, Milei logró reducir la pobreza de un 57,4%, a un 48,5%

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Mientras que en enero se registró una pobreza del 57,4%, producto de la crítica herencia económica del kirchnerismo, Argentina cierra el primer semestre de 2024 con una caída al 48,5% de dicho índice, lo cual representa una disminución de casi 9%.

Antes de la publicación de los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) reveló que la pobreza en Argentina se redujo al 48,5% de la población durante el primer semestre de 2024, afectando a más de 23.175.000 personas en todo el país.

Este índice fue elaborado utilizando datos trimestrales de la Canasta Básica Total (CBT) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y refleja una significativa caída respecto a periodos anteriores.

La metodología de la UTDT se basa en la proyección de la estructura del mercado laboral y se actualiza mensualmente. Para calcular la tasa de pobreza, la universidad proyectó un incremento interanual del 214,8% en el ingreso total familiar (ITF) para el semestre.

Utilizando estos datos y simulaciones de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer y segundo trimestre de 2024, se determinó que la tasa de pobreza promedia fue del 52,6% para el período de enero a marzo y del 48,5% para abril a junio, resultando en un porcentaje semestral del 50,5% de la población total.

Estos resultados representan una notable disminución respecto a las cifras de pobreza reportadas por otras universidades, que indicaban un 57,4% en enero. La reducción de casi 9 puntos porcentuales es una gran mejora, teniendo en cuenta el contexto económico del país.

El informe de la UTDT también destaca que alrededor del 50% de las personas viven en hogares urbanos pobres. La EPH, que estima una población urbana de 29,3 millones de personas durante el semestre, sugiere que aproximadamente 14,8 millones de estos individuos residen en hogares clasificados como pobres.

En cuanto al costo de la Canasta Básica Total (CBT), que se utiliza como umbral para medir la pobreza, se observó un incremento del 2,6% en junio, la variación mensual más baja desde noviembre de 2021. Con este aumento, una familia tipo necesitó $873.169 para no ser considerada pobre. Por otro lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, subió solo un 1,6%, marcando el aumento más bajo desde junio de 2020.

De acuerdo con los datos oficiales del INDEC, publicados el viernes, el costo de no caer en la indigencia para una familia compuesta por un hombre de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, fue de $393.319.

La reducción en la tasa de pobreza reportada por la UTDT ofrece una perspectiva más optimista, sugiriendo una tendencia a la baja en comparación con los niveles de pobreza de principios de año. Durante los próximos meses, con la caída de la inflación y el aumento real de los salarios, es prácticamente un hecho que la pobreza continúe en descenso.


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