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La lujosa y ostentosa mansión desde donde opera el Instituto Casa Patria Grande en honor a Néstor Kirchner

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En un decreto que pasó inadvertido, Alberto Fernández le devolvió la lujosa residencia porteña a los militantes kirchneristas de la Casa Patria Grande, además de darles sueldos estatales y una estructura renovada.

En marzo del 2021 pasó prácticamente inadvertido el decreto presidencial 226/2021 de Alberto Fernández en el que aprobó darle estructura organizativa a la Casa Patria Grande dentro del Estado argentino.

Esto no se se trata de algo nuevo, pues ya el instituto “Casa Patria Presidente Néstor Carlos Kirchner” había sido creado por el decreto 195/2011 hace diez años durante el mandato de la entonces presidente Cristina Fernández bajo la excusa de dar operatividad a la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, el armado político internacional de la agenda izquierdista entre los entonces líderes de Sudamérica.

El objetivo, tal como reza en el decreto, es la “promoción de la integración de los pueblos latinoamericanos en términos culturales, políticos, económicos y sociales, y constituir un espacio especial para la juventud” (sic).  

En 2015, Macri, con la tibieza que caracterizó a su gobierno, no disolvió este organismo de militancia política, si no que lo transfirió del ámbito de la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Cultura, con el decreto 255/2015, y se lo trató de reformar, incluso rebautizándola como “Casa Creativa del Sur”.

Sin embargo, en los primeros días de la pandemia y cuando los medios estaban hablando del virus chino, bajo el decreto 335/2020Alberto Fernández volvió a transferir su estructura a la Secretaría General, y devolverle su nombre original.

Pero con el último decreto que se firmó este 31 de marzo, el gobierno kirchnerista dio un paso más y convirtió a la Casa Patria Grande en un organismo autónomo, con su propia estructura organizativa y un presupuesto propio para operar, financiado por la Secretaría General, o sea, por los contribuyentes argentinos.

En ese sentido, se creó la posición de Secretario General y tres coordinaciones, una de Formación y Capacitación para la Integración Regional, otra de Articulación para la Promoción de la Integración Regional y la última de Comunicación y Divulgación para la Promoción de la Integración Regional. Así figuran sus nombres en los anexos del decreto del PEN (ver Boletín Oficial)

El instituto quedó a cargo del ultra-kirchnerista Matías Capeluto, de 34 años de edad. La estructura además cuenta con más funcionarios, cadetes, contratistas, etc, y opera desde una de las más lujosas casas del centro porteño: la residencia Bercetche Atheguy.

Un poco de historia

El edificio donde se aloja la Casa Patria Grande es la mansión de la residencia Bercetche Atheguy y se encuentra en Pellegrini 1289 y su cruce con Juncal, en pleno barrio porteño de Retiro en diagonal a las Embajadas de Francia y Brasil y el famoso hotel exclusivo Four Seasons (ex Hyatt). 

La zona se caracteriza por albergar varias de las más distinguidas mansiones y palacios que se levantaron a finales del siglo XIX y comienzos del XX durante la mayor expansión económica de Argentina. 

La residencia fue planificada por el arquitecto Juan Antonio Buschiazzo, autor de varios edificios célebres en la ciudad de Buenos Aires. 

En 1942 fue adquirido por el Estado Argentino y, desde 1958 hasta 2011 fue utilizado como parte del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, hasta que Cristina lo tomó para su propia militancia.

Cuando Macri hizo cambios en la Casa Patria Grande, el establecimiento pasó a ser la sede de la Subsecretaría de Economía Creativa, bajo la supervisión del Ministerio de Cultura. Pero con este decreto, Alberto Fernández le devolvió a la militancia ultra-kirchnerista su lujosa mansión tomada.

Fuente: OPI Santa Cruz.
Interior de la residencia. Fuente: Ignacio Sánchez, La Nación.
En su interior, el edificio se caracteriza por su lujo. Fuente: Ignacio Sánchez, La Nación.

Ya sin pertenencia a la UNASUR, ya que el gobierno de Macri retiró al país de la misma, el Instituto Casa Patria Grande pasó a ser un organismo estatal de promoción de políticas para la integración regional latinoamericana.

Esto, desde ya, levanta una serie de preguntas: por un lado, por qué tiene que haber un instituto de promoción regional cuando ya hay una Cancillería (oficialmente Ministerio de Relaciones Exteriores) que se ocupa de los canales de diálogo e incentivo de políticas públicas referidos a su misión de enlazar con los países vecinos y de resto del mundo. 

Por otro lado, una cuestión operativa que es cuánto presupuesto tiene asignado la Casa Patria Grande: el decreto 226 habla de la organización burocrática y dice “que se asignen los fondos necesarios para su operatividad”, pero no especifica en ningún momento cuánto y con qué objetivos por lo que genera sospechas sobre la discrecionalidad de los mismos

Y, por último, también generó dudas en el arco opositor sobre la función política del instituto: mediante pedido de informes a Jefatura de Gabinete de la Nación, el diputado radical Álvaro de Lamadrid solicitó saber si los funcionarios están formados en el área y si son militantes de La Cámpora. 

La iniciativa contó con el apoyo de Gonzalo del CerroGerardo CipolliniLidia AscarateMónica FradeAlicia TeradaHéctor StefaniPablo TorelloJorge Enríquez Alberto Asseff

El gobierno está claramente financiando bajo el Convenio Colectivo de Trabajo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) un instituto de carácter ideológico para marcar agenda sin otro destino que favorecer a militantes amigos y promover aún más la grieta. 

Todo en medio de la falta de vacunas que el propio gobierno no quiso comprar por ahorrarse dólares, en palabras del propio jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Hay presupuesto para la militancia pero no lo hay para las vacunas.


Por Martín Yapur, para La Derecha Diario.

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Milagro Sala: la respuesta del Gobierno kirchnerista que tardó años en llegar

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A seis años de su condena, y tres años de que asumió Alberto Fernández, recién hoy conocimos la postura de los ministros del oficialismo sobre el caso de Milagro Sala.

El primer caso es el del ministro de Interior, Wado de Pedro, que pidió reconstruir una justicia que no persiga opositores con respecto al caso de Milagro Sala este martes, a 6 años de la condena a prisión domiciliaria de la líder de la Tupac Amaru en Jujuy.

Junto a quien fue su abogada en el pasado, Elizabeth Gómez Alcorta, hoy ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, el funcionario subió una foto a su cuenta de twitter celebrando la reunión y tomando una postura proactiva sobre el caso de Milagro, respuesta que no se había visto de parte de Alberto Fernández.

Milagro Sala fue detenida el 16 de enero del 2016 tras participar en una protesta contra el gobernador electo, Javier Gerardo Morales, frente a la casa de Gobierno de la provincia de Jujuy. Fue condenada por delitos cometidos sobre asociación ilícita en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de $60.000.000 que iban dirigidos a viviendas sociales.

La ex dirigente se considera a sí misma una presa política víctima de la gestión de Morales, y se manifestó en varias ocasiones contra el Presidente reclamando más atención a su actual situación judicial, ya que el kirchnerismo volvió a asumir el poder nacional.

Sin embargo, este no fue el único statement de Wado en esta ocasión, ya que previamente compartió en sus redes sociales una publicación del 2020 del diario Perfil, donde pueden escucharse los audios del extitular del Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, alegando que Milagro Sala fue condenada para “no volver al quilombo permanente, a los cortes y a la quema de gomas”.

El funcionario de puertas abiertas hacia CFK, apoyó la denuncia alegando que “hace unos días vimos cómo se articulaban los servicios de inteligencia y la Justicia para armar causas en la provincia de Buenos Aires. En 2020 se filtró un audio de Baca, expresidente del TSJ de Jujuy, donde admitía que Milagro estaba presa sólo porque lo necesitaba el Gobierno.

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Nisman: A 7 años del magnicidio, hay un solo procesado y mucha incertidumbre

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Este 18 de enero se cumplen 7 años del magnicidio de quien supo ser fiscal de la nación, hasta ahora son más las dudas que las certezas las que rodean al crimen. La causa solo tiene un procesado: Diego Lagomarsino. 

Realmente poco se conoce sobre el tema en su séptimo aniversario. Este escandaloso episodio solo cuenta con un procesado en la causa que lleva adelante el Juez Julián Ercolini: Diego Lagomarsino. La Justicia considera al técnico informático como partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por armas

En la investigación se tomaron en cuenta los testimonios de más de treinta agentes de la ex-SIDE que estaban operativos cuando el Fiscal de la UFI-AMIA apareció sin vida en su departamento.

Diego Lagomarsino fue procesado el 26 de diciembre de 2017, sin embargo Ercolini no dispuso su prisión preventiva. El juez dictó el uso de una tobillera electrónica, la cual en octubre pasado ordenó que fuera retirada. Todos los meses, el asistente informático de Nisman, debe reportarse ante el juzgado para confirmar que sigue a derecho.

El nombre del Técnico hizo eco por todos los medios desde el primer día, ya que trabajaba desde 2007 en la fiscalía de Nisman y además fue quien le entregaría la Bersa 22 que disparó la bala homicida. 

La excusa presentada por el procesado expuesta ante la fiscal Viviana Fein, fue que Alberto Nisman lo había llamado un día antes de su muerte expresando que corría peligro y necesitaba defensa extra, ya que según Lagomarsino: Lo había llamado (el espía) Stiusso y le dijo que se cuidara de la custodia y que, además, tuviera precaución con la seguridad de su hija.

Entrevista a Diego Lagomarsino en Crónica donde cuenta la supuesta última conversación con Nisman

En el expediente todavía no se determina quiénes son los autores materiales del magnicidio. Cabe recordar, que en los días previos, Nisman presentó la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno, por encubrimiento de los acusados iraníes por la voladura a la AMIA en 1994. 

Poco tiempo después de su muerte, el magistrado Daniel Rafecas desestimaría denuncia alegando que no estaban dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación. Hoy Rafecas es el Procurador General de la Nación, designado por el kirchnerismo en 2020.

La primera junta médica que analizó el caso conformada por diez peritos del Cuerpo Médico Forense, dos de la Policía Federal, uno de la defensa de Lagomarsino y dos por la querella, concluyó que no había indicios para sostener la hipótesis del homicidio. 

No obstante, la investigación pegó un volantazo en 2016, cuando la causa pasa a Comodoro Py y por sorteo recae en el juez federal Ercolini y el fiscal federal Eduado Taiano, quien se ocupó de continuar la investigación. En el nuevo peritaje, realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, contradijo a la junta médica anterior y sostiene que Nisman fue asesinado. 

Todavía queda un camino largo que recorrer para saber quienes fueron los responsables de pensar y ejecutar el crimen. Como también lo tienen los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).

Juez Federal Julián Ercolini

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Moyano presiona a la CGT para que se sumen a las protestas en contra de la Corte Suprema

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El dirigente camionero y su clan agitan la interna sindical. Acuña no cede ante la presión. 

Hugo Moyano, junto con su hijo Pablo, presionan a la CGT para que se movilicen en contra de La Suprema Corte. Camioneros adhiere y convoca a la protesta.

Si es algo para reclamar justicia los Camioneros seguramente vamos a participar, dijo el patriarca de la familia sindical. Son tantas las denuncias contra la Corte que se han hecho que hay que corregir esto, agregó.

Por su parte, Pablo, que forma parte del triunvirato conductor CGT, dijo que solo, con un camión o con miles, pero acompañando a los trabajadores. Voy a marchar para exigir de una vez por todas que en la Corte Suprema se haga justicia, agregó el hijo de Hugo.

Hugo Moyano fue a la yugular del movimiento sindical, alegando que la Central debe participar y que si no lo hace es porque algunos de sus integrantes son sumisos a los poderes mandantes, en referencia al macrismo.

Históricamente, la CGT se muestra reacia a manifestarse en marchas organizadas por el kirchnerismo, más aún teniendo en cuenta que de la misma participarán la CTA y la CFT, pero esta podría ser una rara excepción.

Carlos Acuña, otro de los peces gordos, fue a contramano de los Moyano y dijo que la CGT no participó de ninguna reunión vinculada a esa manifestación. A la fecha se desconocen los objetivos de esa concentración, agregó dirigente.

Héctor Dáer, el otro dirigente del triunvirato, no se refirió al tema pero se descuenta que se alineara con Acuña, a menos que Alberto Fernández se pronuncie a favor de la misma. 

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