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Argentina

La última declaración de patriomonio de Cristina Kirchner la posiciona como la mejor inversora de Wall Street del mundo

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La líder kirchnerista en retiro llamó la atención con su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, declarando un crecimiento real de su patrimonio que deja eclipsado hasta a Warren Buffet.

La dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner, declaró hacia el final de 2023 tener un patrimonio de casi $250 millones de pesos. A tipo de cambio oficial ($850) estamos hablando de casi 300.000 dólares americanos.

Lo sorprendente de este número no es en sí el patrimonio actual, ya que se cree y se está investigando en múltiples causas que gran parte de su fortuna se ubica en las cuentas de testaferros, sino el crecimiento que tuvo desde el año 2019 hasta el 2023, tiempo en el cuál ella ejerció como vicepresidente.

Al comienzo de la gestión anterior, Cristina había declarado un patrimonio de $9.761.186, y ahora declara tener exactamente $249.421.220, lo cual significa un aumento del 2.455%. Un número inconcebible que superó por más del doble a la inflación acumulada durante el período, que fue del 1.146%. En términos reales, consiguió un incremento del 116,25% sobre su patrimonio en 4 años, algo que en el mundo financiero fue pocas veces visto.

Para dar una magnitud del hecho, veamos cómo fue el rendimiento real de diversos índices o fondos de inversión internacionales. Por ejemplo, el S&P500 (Standard & Poor’s), probablemente el índice más conocido del mundo, que mide el rendimiento ponderado de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, presentó un crecimiento nominal en pesos del 1.804% y en términos reales en pesos del 58%. Esto quiere decir que la vicepresidente logró un rendimiento exactamente el doble que el rendimiento del CEDEAR del SPY.

Pero salgamos de la norma. Comparemos entonces a Cristina con lo mejor que tiene el mundo financiero, Berkshire Hathaway, la billonaria sociedad tenedora de acciones liderada por Warren Buffet, quien para muchos es considerado el mejor inversor de la época.

El CEDEAR de Berkshire Hathaway cotizaba cerca de los $760 al inicio del mandato de Alberto Fernández. Pasados los 4 años, las acciones de esta sociedad llegaron a cotizar alrededor de los $15.780. Para sorpresa de pocos, las acciones de la empresa dirigida por el famoso inversor norteamericano reportaron un crecimiento nominal cerca del 1.970% y del 72,80% en términos reales.

Son números realmente impresionantes, pero que parecen amateur en comparación al crecimiento real del patrimonio de la trader experta Cristina Kirchner, quien tuvo un crecimiento real 44 puntos porcentuales por encima del inversor más famoso del mundo. Si manejara el país como maneja su portafolio, seguramente el FMI le estaría debiendo plata a la Argentina.

El portfolio de Cristina

La millonaria dirigente peronista es una hábil inversora en terrenos. Al cierre de este año, declaró un total de 25 inmuebles, que incluían 18 casas (una en El Calafate y las restantes en Río Gallegos), 2 locales en Río Gallegos, 4 departamentos (dos en la capital santacruceña y dos en el barrio porteño de Recoleta), y 1 terreno en El Calafate. 

La gran mayoría de las propiedades fueron compradas durante la dictadura militar, entre 1977 y 1982, cuando el matrimonio tenía un estudio de abogados y, como representantes de bancos y financieras, se dedicaban a las cobranzas y ejecuciones extrajudiciales. Esos inmuebles con los que se quedaron a muy bajo precio por las deudas contraídas por sus dueños, les permitieron incrementar su fortuna por el negocio de los alquileres.

Sin embargo, también tuvo una explosión de ganancias a través de un portfolio envidiable, con empresas tanto nacionales como internacionales. En total compró 9421 acciones de empresas como Mercado Libre, Coca Cola, Visa, Apple, Microsoft y hasta de Vista Oil.

En la reciente declaración patrimonial declaró exactamente acciones correspondiente a los siguientes empresas: Apple, Vista Energy, Microsoft, Visa, Coca Cola y Berkshire Hathaway (americanas), Donat Investments (India) y Bioceres Crop Solutions Corp y Mercado Libre (argentinas).

Lo más curioso de esta situación es la denigración y agravios que han recibido este estilo de corporaciones por parte del gobierno kirchnerista. Particularmente, Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, se tuvo que recluir en Uruguay desde el triunfo de Alberto Fernández en 2019, perseguido por el gobierno que lideraba desde la vicepresidencia la hábil compradora de acciones de $MELI.

También, para cerrar con broche de oro, declaró, junto a sus dos hijos, Máximo y Florencia con los cuales comparten otro tipo de propiedades y acciones, US$ 3 millones de dólares americanos en efectivo, después de haberles donado, en 2016, más de $72 millones de pesos.

El crecimiento patrimonial de Cristina Kirchner tiene solo dos explicaciones: o la ex mandataria es la mejor inversora del mundo, ganándole a todos los grandes financistas del mundo, o ha sido partícipe de inmensos casos de corrupción para enriquecerse a costa del pueblo argentino.


Por Santiago Vieites, para La Derecha Diario.

Argentina

Se acabó el curro del INADI: Milei tomó la motosierra y recortó un presupuesto de $3600 millones y 400 empleados

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Por motivos económicos, ideológicos y morales, el presidente Javier Milei resolvió el cierre del INADI, eliminado todo su presupuesto y echando a una buena parte de la planta.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves a la noche en una entrevista en exclusiva con Jony Viale, el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio se dio primero en la habitual conferencia de prensa del vocero, y luego fue confirmada por la Oficina del Presidente.

El INADI fue creado por un pedido de la UCR luego del pacto que llevó a la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Posteriormente, el ex presidente Carlos Menem en el año 1995, pasó la Ley Antidiscriminación (Ley 24.515), que obliga al Estado a tener un organismo que cumpla las funciones del INADI, aunque el instituto se puso recién funcionamiento en el año 1997.

En sus casi 30 años de historia, sufrió varias intervenciones por "mal funcionamiento". La primera ocurrió en el año 2000 y la última, que duró hasta la actualidad, en el 2011, cuando Cristina Kirchner puso a Pedro Mouratian a cargo y lo convirtió en una agencia de persecución a la oposición. Ahora el Gobierno de Milei vuelve a intervenirlo y dispone como interventora a Maria de los Angeles Quiroga, pero ahora con el objetivo de cerrarlo definitivamente.

Las razones del cierre del INADI

Su cierre encuentra motivos ideológicos, económicos y morales. En cuanto a lo ideológico, el cese de sus actividades es una gran victoria para las ideas liberales y una declaración de no interferencia del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión.

Al ser el INADI dependiente del Ejecutivo, su mera existencia implicaba que el Gobierno Nacional contaba con las herramientas para entrometerse arbitrariamente en la libertad de expresión de los ciudadanos. Así, el Presidente podía decidir de manera sesgada qué se podía decir y qué no, y qué tipos de expresiones debían ser penadas.

Se abría la posibilidad de perseguir a quien piense distinto, manchando su imagen y acusándolo de discriminatorio. Un caso muy conocido fue el de Ramiro Marra, quien denunció que el INADI lo persiguió simplemente por oponerse a los piqueteros que cortaban la calle ilegalmente.

Cabe aclarar que la discriminacion está penada en la Argentina por la Ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”, pero esto es competencia específica del Poder Judicial, lo cual está en línea con el resto de las democracias liberales del mundo. Es la Justicia quien debe dictaminar si se cometió un hecho ilícito de disicriminacion, respetando todas las garantías procesales del acusado, no un organismo del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo económico, está claro que es inaceptable que los contribuyentes carguen sobre sus espaldas este tipo de gastos superfluos. El país no está en un momento en el que se pueda dar el lujo de financiar un organismo persecutor.

Al día de hoy, el INADI se ha convertido en un verdadero aguantadero de personas, sin control alguno y con un despilfarro alucinante. Por ejemplo, el Gobierno informó que este instituto cuenta con 400 empleados y tiene 43 delegaciones a lo largo y ancho del país.

Solo en el Presupuesto 2023, manejó una caja de $1.150 millones de pesos. Esto con nula transparencia, ya que no cuenta con una nómina oficial de quienes trabajan en el organismo, siendo un claro ejemplo de falta de transparencia en el manejo de las contrataciones estatales.

En cuanto a lo moral, hay una discusión más profunda, y solo basta con ver el prontuario de quienes han pasado por el INADI para darse cuenta de que ha sido manejado por gente poco idónea y que incluso ha estado involucrada en escándalos totalmente ilícitos.

Quizás el ejemplo más resonante de los últimos tiempos es el de Victoria Donda, quien fue titular del instituto entre 2019 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernandez. La ex directora se vio envuelta en un escandaloso suceso, donde su empleada doméstica la acusaba de haberla tenido 10 años en “negro” y en el que Donda contestaba via chat ofreciéndole un cargo en el INADI o un plan social como compensación.

Además, la empleada contó en diversas entrevistas sentirse agobiada por la cantidad de tareas que la familia Donda le hacía realizar, sin recibir aumentos, ni aguinaldo, ni vacaciones. Increíblemente, la titular de un organismo que dice velar por un país más igualitario ni siquiera había empezado por su propia casa.

Con el cierre del INADI, se vuelve a confirmar que ya no hay más lugar para los curros y las avivadas de la política. El Gobierno se muestra una y otra vez, hasta el cansancio, decidido a desbaratar cada uno de los antros que se han formado bajo la tutela estatal.

Sin el INADI, será la Justicia quien vele por dictaminar quién es culpable de un delito de discriminacion. Ya no habrá un burócrata del Gobierno que apunte con el dedo y decida por sí mismo que está permitido decir y qué no. La libertad de expresión parece engrosar y convalidarse con esta decisión de mucho coraje del presidente Javier Milei.

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Argentina

Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

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Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos desde la salida de la Convertibilidad y que dejó de hacer este gobierno.

Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? por TN, que se grabó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se transmite esta noche desde las 21 horas. El objetivo del Presidente con esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo y bajar la inflación.

El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

La emisión de dinero devalúa al peso y hace perder su valor frente a los bienes y servicios. Esto es percibido por la gente como una suba de todos los precios de la economía, lo cual recibe el nombre más conocido como inflación.

Pero de fondo, lo que ocurre es que la emisión sin respaldo genera que se necesiten más pesos para comprar los mismos productos, lo que lleva a una pérdida del poder adquisitivo si los sueldos tardan más en acomodarse.

Todo este proceso inflacionario y de caída real de salarios se evita sin emitir dinero para financiar el gasto público, limitando la emisión de pesos únicamente para pagar los gastos y las deudas propias del Banco Central.

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Chau INADI: El Presidente Javier Milei resolvió eliminar uno de los antros de corrupción y persecución más importantes del kirchnerismo

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Lo adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa y lo confirmó la Oficina del Presidente en redes.

El Gobierno de Javier Milei anunció que cerrará definitivamente el INADI, en su plan de desmantelar institutos que "no sirven para nada", según aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

"Estamos dando los primeros pasos para avanzan en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política. Empezamos con el primero: el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. Por supuesto, lleva un tiempo. Hay cuestiones burocráticas", explicó el funcionario.

Con respecto al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Adorni contó que contaba con 400 empleados y decenas de oficinas por todo el país. En estos 2 meses, la planta se redujo a 355, y se seguirá recortando a partir de esta decisión.

"No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde hayan decenas o cientos de puestos jerárquicos que no suman para nada", sentenció.

El Instituto, a su vez, tiene 45 oficinas en diferentes provincias y ciudades del conurbano bonaerense, catalogadas como delegaciones, subdelegaciones y enlaces. Muchas de ellas están ocupadas por las diferentes líneas internas del kirchnerismo. Ahora, se pondrán a la venta.

La Oficina del Presidente confirmó la noticia, y explicó las razones de la decisión. "Durante la campaña electoral, el Presidente Milei prometió al pueblo argentino terminar con la sobrepoblación de organismos, cargos y empresas públicas financiadas con el hambre de la gente. Esta medida se suma a la reducción de ministerios, secretarías, direcciones y coordinaciones en todo el sector público nacional", aseguró.

Y agregó: "La República Argentina no necesita un organismo que oficie de policía del pensamiento persecutora de opositores, sostenido por $2.800.000.000 de presupuesto, $8.000.000 en gastos de alquiler y más de 400 empleados. La planta ya se redujo a 355 en los primeros 2 meses y continuará recortándose a partir de esta decisión".

"Los más de 7.000 expedientes sin tramitar y sin resolución son prueba de la inoperancia del INADI, y confirman que sus funciones eran persecutorias, ideológicas y duplicadas con aquellas que corresponden al Poder Judicial", concluyó.

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