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Larreta y Moyano llegan a un acuerdo para mantener el acarreo porteño en manos del Estado

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El Gobierno de la Ciudad le pagará $4 millones de pesos a los 500 trabajadores de acarreos de Dakota y BRD, que pasarán a la órbita de la estatal SBASE.

Después de que la oposición en la Ciudad de Buenos Aires encontrara un posible caso de corrupción en el acarreo de grúas y elevara una ley para cambiar el régimen de acarreo, que tenía los precios de la concesión atrasados más de una década y se estaba pagando una suma insignificante para uno de los servicios más rentables de la vía pública, Larreta decidió "solucionar" el conflicto estatizando el sistema.

Desde el 1° de octubre, los 500 trabajadores que realizaban los trabajos de grúas para las empresas Dakota y BRD pasarán a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño que administra los subtes y que está en convenio con Camioneros.

El pase a las manos del Estado generó un choque con Hugo Moyano, quien exigió la aplicación de la "Ley Moyano", que requiere que todos los afiliados al Sindicato de Camioneros reciban una indemnización cuando su empresa cambia de dueños, aunque no existe una normativa que lo requiera.

El sindicato amagó con declararle la guerra al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por “querer precarizar el salario de 500 trabajadores que realizan los trabajos de grúas y remolques y sacarlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89″, según explicó Pablo Moyano, pero, como siempre, finalmente terminaron llegando a un acuerdo.

Larreta asegura que "pronto se llamará a una licitación", pero ya pasaron varios meses y no hay novedades. Este acuerdo con Moyano, negociado personalmente por la secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Manuela López Menéndez, y el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Jarvis, indica que el acarreo estatal durará un tiempo largo.

Para lograr esto sin problemas con Moyano, Larreta accedió a pagarle a cada uno de los 500 empleados una indemnización de $4 millones de pesos, con un costo toal de $2.000 millones que saldrán del bolsillo de los contribuyentes porteños.

La llamada “Ley Moyano” es una exigencia que no está contemplada en la legislación, pero que el Sindicato de Camioneros viene consiguiendo desde 1998. Básicamente, implica que una empresa que ganó una concesión de servicios despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar para poder acceder a esa concesión, lo cual incluye al Estado cuando un servicio se estatiza.

Una investigación publicada en julio pasado en el medio Infobae, realizada por Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, reveló que Dakota y BRD tenían la concesión vencida hacía 20 años y sólo pagaban $55.000 de canon mensual, aunque recaudaban millones de pesos todos los días.

Los liberales, los kirchneristas y la Coalición Cívica en la Legislatura porteña se unieron en lo que fue llamado coloquialmente como el "frente antigrúas", que impulsaban una sesión especial para suspender el sistema de acarreo.

Sin embargo, Larreta convenció a los cívicos de evitar esa votación con la estatización del sistema, que apoyaron en un primer momento, aunque ahora luego Lilita Carrió criticó duramente por este acuerdo con Moyano.

Por el momento, la operación del servicio de grúas será de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) y los empleados dependerán de SBASE con el mismo salario, adicionales y condiciones de trabajo, además de esta insólita "indemnización".

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17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Güemes, patriota de la Independencia y Prócer para el gobierno de Milei

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En el aniversario 203 de la muerte del General Güemes, el Gobierno Nacional por fin lo recuerda como un patriota y un prócer de nuestra independencia que luchó, juntos a sus Infernales, para y detener el avance de los realistas en el actual territorio argentino.

Este 17 de junio, los argentinos conmemoran el 203 aniversario de la muerte de Martin Miguel Juan de  la Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte, mejor conocido como el General Güemes, caudillo del norte y héroe de Salta y de la Independencia Argentina.

El líder de Los Infernales, pieza clave en defender la independencia argentina durante diez invasiones realistas en el marco de la Guerra Gaucha, fue introducido al Salón de los Próceres por el gobierno de Javier Milei el pasado 8 de marzo, junto a otras destacadas figuras de la historia argentina.

Este año, además, fue conmemorado con un video subido a las redes oficiales de la Casa Rosada, donde con imágenes de un documental en su honor, se relató su heroica historia. "¡Gloria y honor a Martín Miguel de Güemes!", reza el video.

La historia de un verdadero Prócer argentino

Güemes nació el 8 de febrero de 1785 en Salta, siendo de familia ilustre: su padre era funcionario de la Real Hacienda del Virreinato del Río de la Plata, mientras que su madre era descendiente del fundador de Jujuy.

Fue a estudiar al Colegio Nacional Buenos Aires y a los 14 años se incorporó al Ejército, más precisamente como cadete en la Compañía del Tercer Batallón del Regimiento Fijo de Buenos Aires, que en ese momento estaba asentado en Salta debido a las rebeliones de Túpac Amaru que habían sucedido en el Alto Perú (hoy Bolivia).

Con 21 años, fue convocado a Buenos Aires por motivo de las Invasiones Inglesas de 1806. En este acontecimiento histórico, Güemes protagonizaría un hito militar ya que, con un batallón de jinetes Húsares y en desventaja numérica, tomaría y haría rendir el buque inglés Justina, que había quedado varado en Buenos Aires.

En 1810 y con la Revolución de Mayo extendiéndose por todas las provincias, se uniría al 1° Ejército del Norte, llamado oficialmente Ejército Auxiliar del Perú, en donde tendría un rol protagonista en la Batalla de Suipacha, cerca de Tajira, Bolivia, aunque, por peleas con los comandantes del cuerpo militar, no sería nombrado en el parte oficial mandado a Buenos Aires.

Güemes estaría a las órdenes de Belgrano cuando el creador de la Bandera Nacional tomaría el mando del Ejército del Norte tras el Desastre de Huaqui. Pero esta jerarquía no duró por mucho tiempo, ya que el General Belgrano lo echaría del Ejército por comportamiento inapropiado. Al parecer, estaba en convivencia con una mujer casada y habría amenazado al esposo de no comentar la situación.

Güemes fue enviado a Buenos Aires con mucha penumbria, pero todo cambiaría cuando conoce a Don José de San Martín, con quién tuvieron una gran relación, como, por ejemplo, mandándole recursos cuando San Martín preparaba al Ejército de los Andes. Poco después, San Martín lo reincorporará al Ejército del Norte y a partir de aquí, Güemes y sus gauchos combatirían de manera infatigable a los realistas.

Debido a la guerra “Gaucha”, una suerte de guerra de guerrillas moderna, Güemes lograría expulsar a los realistas comandados por Joaquín de la Pezuela de Salta y Jujuy. Debido a estás acciones en defensa del territorio de las Provincias Unidas, en 1815, el Cabildo de Salta lo nombra Gobernador de la provincia de Salta, que combinaba los actuales territorios de Jujuy, Salta y el sur de Bolivia.

Desde este momento, Güemes sería el protagonista principal de la defensa de la frontera norte de las Provincias Unidas contra el Ejército realista, que pretendía recuperar el territorio para el Reino de España. Güemes tendría la compañía de su hermana, “Macacha” Güemes, quien sería su compañera y principal aliada, además de su esposa e hijos.

Ya ascendido a General, Güemes tendría que soportar más de 7 incursiones realistas durante estos años, donde, conocedores del terreno de batalla, de sus caminos, ventajas y desventajas de la zona, le ganarían sucesivamente al Ejército Español, mejor preparado y armado pero sin conocimiento del terreno.

Además, en 1816, presionaría al Congreso de Tucumán para que declarara la Independencia, lográndolo para el 9 de julio, y ayudaría a San Martín tanto en Mendoza como en Chile, siendo el responsable de que la amenaza de reconquista española no pasara de Salta, alejando el peligro de las demás ciudades.

Pero Güemes no la tendría fácil porque, además de sus pocos recursos en general y la amenaza constante proveniente del Alto Perú, también se vería atrapado en conflictos internos, primero con José Rondeau entre 1815 y 1816, disputa que sería resuelta con el Pacto de los Cerrilos, pero con un gran daño a su liderazgo, y con Bernabé Aráoz, Gobernador de Tucumán, en 1820.

Finalmente, el General Martín Miguel de Güemes fue emboscado por una partida española el 7 de junio de 1821 y herido de muerte, muchos dicen que por una traición de su propia tropa. Finalmente fallecería el 17 de junio de 1821, a los 36 años de edad, siendo el único general argentino caído en acción de guerra exterior.

Martin Miguel de Güemes fue un hombre que dio todo por la libertad e independencia de nuestro país, uno que había sido olvidado por la Nación y recordado únicamente en Salta. Es positivo que el país recuerde y reivindique las acciones del General Güemes, sepamos quien fue él, lo que logró, como lo hizo; así, los habitantes de Argentina conocerán a profundidad a sus héroes patrios.


Por Franco Gómez, para La Derecha Diario.

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Belliboni contra las cuerdas: Investigan el desvío de otros $10 millones del Potenciar Trabajo que terminaron en la imprenta del Polo Obrero

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El juez Casanello descubrió que la organización justificó gastos utilizando dos empresas, las cuales luego emitían cheques truchos. Hay muchas sospechas de que el Polo Obrero se financiaba a sí mismo con fondos del Estado.

La Justicia está investigando nuevas maniobras en las cuales el Polo Obrero habría desviado millones de pesos del programa Potenciar Trabajo hacia una red de empresas que emitían facturas falsas para respaldar gastos ficticios y ocultar el destino final del dinero.

Hasta ahora, los investigadores habían corroborado que el Polo Obrero utilizaba facturas presuntamente falsas de dos empresas, Coxtex (considerada apócrifa por la AFIP) y la imprenta Rumbos, para justificar parte de los fondos recibidos del ex Ministerio de Desarrollo Social kirchnerista como unidad de gestión del Potenciar Trabajo. Esta práctica resultó en un desvío de $25 millones hacia estas empresas.

Recientemente, el juez federal Sebastián Casanello descubrió que la Asociación Civil Polo Obrero también presentó rendiciones con facturas falsas ante el ex Ministerio de Desarrollo Social, esta vez por otros $10 millones. Estas facturas fueron emitidas por dos nuevas empresas relacionadas con el sector gráfico e impresión, las cuales luego transferían fondos a la imprenta Rumbos, por lo que el dinero del Estado terminaba depositado en la cuenta de una empresa vinculada al Polo Obrero.

En este caso, el Partido Obrero está siendo investigado por presunta defraudación al Estado, acusado de haber desviado dinero destinado originalmente para la compra de herramientas, vestimenta y otros elementos de trabajo para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

La situación se complica aún más para Rumbos, una imprenta fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath, un fallecido exdirigente histórico del partido, y Roberto Adrián Albornoz, quien está citado a indagatoria para el próximo 25 de junio. Según información recabada por el juez Casanello de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Rumbos realizó aportes al Partido Obrero por un total de $18 millones entre 2020 y 2023. Este dato refuerza la sospecha de que el partido se estaría autofinanciando con fondos del Estado.

La Justicia continúa avanzando con la investigación de lo que ha sido denominado como la Ruta del Dinero “P”. Se ha determinado que al menos $35 millones fueron desviados hacia empresas investigadas por emitir facturas falsas o por ocultar el destino final del dinero. Una de estas empresas es Coxtex, como se ha mencionado anteriormente.

En las últimas semanas, la Justicia ha revelado un detalle inquietante sobre la compañía Coxtex, fundada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega. El escribano que firmó la escritura de constitución de esta empresa es Juan Bautista Darrasaga, quien previamente fue investigado en los casos de Ricardo Jaime y Lázaro Báez.

Juan Bautista Darrasaga también estuvo involucrado en la constitución de Clamarán S.A., utilizada por el exsecretario de Transporte para adquirir un departamento de 250 metros cuadrados en Figueroa Alcorta, Capital Federal. Además, participó en la creación de las empresas "pantalla" Xhoris, Karnika y Karnix, las cuales Lázaro Báez habría utilizado para el lavado de activos por más de $200 millones.

La Justicia sospecha que Pichuaga y Vega no son los verdaderos propietarios de Coxtex, sino que podrían ser testaferros pagados por otra persona para establecer la empresa. La hermana de Pichuaga admitió que a él le habían entregado $40,000 para que figurara como dueño de la compañía, y aseguró que no tenía ningún involucramiento en la gestión de la sociedad.

Con esta nueva causa, el Polo Obrero y Eduardo Belliboni siguen complicados judicialmente. Con la llegada de Milei al poder, la corrupción de las organizaciones sociales y de los lideres piqueteros no va a quedar impune. Robarle el dinero y la comida a los pobres mediante la "intermediación" les va a terminar saliendo muy caro.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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La diputada libertaria Silvia Malfesi busca derogar el SIRCREB, el sistema de cobro del impuesto a los ingresos brutos

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Oriunda de la ciudad de Rosario, Malfesi es la presidente del Partido Libertario Santa Fe y legisladora provincial desde el 2023. Es la única defensora del Gobierno Nacional en la Legislatura santafesina.

Esta semana los libertarios dieron un fuerte paso en su agenda con la presentación formal de la diputada Silvia Malfesi, la única miembro de La Libertad Avanza en la Legislatura santafesina, para derogar el SIRCREB en la provincia.

La presidente del Partido Libertario presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Fe que busca que la provincia se baje del sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias al que adhiere para unificar el cobro de impuestos a los Ingresos Brutos.

SIRCREB: Historia de un robo institucionalizado

Uno de sus puntos más polémicos es, sin lugar a dudas, el hecho de que dicho acuerdo permite al Poder Ejecutivo Provincial ejecutar las deudas que el contribuyente mantiene mediante el cobro de las mismas de forma automática a través de detracciones de su cuenta bancaria, sin previa intervención judicial. Este cuestionable método de cobros es lo que Malfesi considera que convierte al SIRCREB en una “regulación perversa e inconstitucional”.

Es debido a esto, a través de un proyecto presentado el pasado jueves 13 de junio, se busca derogar el decreto provincial 1148/2008, que establece un sistema de recaudación de Ingresos Brutos y le permite a la administración pública provincial saquear los depósitos de los ahorristas sin autorización judicial, y deja sin efecto la adhesión provincial al SIRCREB.

Según Malfesi: “La Administración Pública Provincial carece de facultades a los efectos de proceder en forma unilateral y por su sola voluntad, a extraer fondos depositados por particulares en bancos o entidades financieras.”. Para ella, esto incurre en una violación de los Artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, correspondientes a la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada y el derecho a la defensa.

De existir una deuda tributaria, para proceder a su cobro se requiere del dictado de un acto administrativo (que, como tal, cumpla con todos sus elementos esenciales previstos en los Artículos 7 y 8 de la Ley Nacional 19549), el cual goza de la llamada ejecutoriedad impropia: es imprescindible que el Poder Judicial sea quien se expida al respecto y dote a la administración pública provincial de los elementos necesarias para proceder con el cobro del monto adeuda.

Una solitaria lucha por la libertad

Este proyecto no es el primero presentado por Silvia Malfesi, sino que es el más reciente de una batería legislativa de carácter libertario que busca eliminar impuestos y regulaciones provinciales.

Desde hace seis meses que viene presentando proyectos de esta índole, como una importante desregulación del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) y de la obra social de los médicos (Arte de Curar), modificando la afiliación obligatoria por una voluntaria; la eliminación de los impuestos provinciales de la boleta de la luz y la prohibición del cobro de tasas municipales sobre la venta de combustible.

Se trata de una verdadera cruzada libertaria en una Legislatura santafesina controlada por Unidos para Cambiar Santa Fe, el frankestein electoral que llevó a Maximiliano Pullaro como gobernador y que reúne gente del PRO, radicales, socialistas y hasta peronistas. En Diputados, el control absoluto lo detenta el Partido Socialista, dirigido por Clara Garcia y Antonio Bonfatti, ex gobernador de Santa Fe.

En un contexto donde el oficialismo pullarista goza de una mayoría automática, la banca ocupada por Malfesi ha sido la encargada de defender a capa y espada al gobierno nacional, hostigado constantemente por declaraciones conjuntas de los legisladores socialistas, peronistas y de izquierdas;.

El Partido Libertario de Santa Fe se ha dedicado a plantear soluciones liberales a los problemas que sacuden a la provincia, como la crisis de la obra social de los empleados estatales, el aumento del costo de la energía eléctrica (los santafesinos pagan la segunda luz más cara del país), el abuso de los intendentes en el cobro de tasas inconstitucionales a la nafta, investigaciones en torno a la opacidad en el manejo de la Empresa Provincial de la Energía y la eliminación de los costos extras en las contrataciones públicas mediante la eliminación de la nefasta ley denominada “Compre Santafesino”.

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