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Las alarmantes ideas del socialista Martín Lousteau para CABA: El día en que el radicalismo intentó estatizar los subtes

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El Bloque Evolución de la legislatura porteña presentó formalmente un proyecto para estatizar la red de subtes en 2019, pero finalmente se resolvió otorgar la gestión de los servicios a Emova. Así fueron los dramáticos resultados de los servicios cuando los administraba el Estado.

Las ideas extremistas presentes en el espacio político de Martín Lousteau demuestran una alineación más cercana al kirchnerismo porteño, en contraste con otras fuerzas políticas a nivel local.

A mediados del año 2019 la UCR porteña, y más específicamente el espacio Evolución, presentó formalmente un proyecto para estatizar nuevamente los servicios de subte en la Capital Federal. Se proponía el fin del proceso de concesiones iniciado por el presidente Menem en la década de 1990, y retornar a la vieja administración centralizada como la que hubo durante la segunda mitad del siglo XX.

El proyecto radical no prosperó, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvió otorgarle la concesión de los servicios a la empresa Emova, el sistema actualmente vigente.

Así funcionaron los servicios cuando el Estado se hizo cargo de los subtes

La propuesta del radicalismo no solo involucraba un costo aplastante para los contribuyentes de la Capital Federal, sino que además amenazaba con iniciar un nuevo proceso de deterioro como el que se vivió cuando los subtes fueron gestionados por el Estado.

La estatización de los servicios de subtes se consumó en el año 1952, luego de una administración “mixta” desde 1939. Los trenes subterráneos fueron centralizados bajo la órbita de la Administración General de Transportes de Buenos Aires (AGTBA), dependiente del Ministerio de Transporte.

El deterioro de los servicios no tardó en llegar. La cantidad de pasajeros transportados se desplomó un 27,6% entre 1952 y 1963, mientras que la cantidad de kilómetros recorridos por los viajes efectuados cayó más de un 13% en el mismo período.

Ese mismo año el Gobierno decidió crear una empresa estatal específica para la administración del subte, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), que aún sigue siendo propietaria legal de la red aunque delega su administración en concesiones.

Cuando la SBASE se hacía cargo de forma directa de los servicios, precisamente lo que pretendía el proyecto de la UCR, la cantidad de pasajeros transportados se derrumbó casi un 18% durante el período 1963-1993, y la cantidad de kilómetros recorridos retrocedió en un 11,9%.

Durante la dictadura militar la empresa estatal se reconvirtió en una sociedad anónima cuyo principal accionista era la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires desde 1979, pero una vez más la maniobra no derivó en mejores servicios.

La administración estatal fracasó en todas sus reconfiguraciones. Los subtes sufrieron un proceso de descapitalización y atraso, que impactó negativamente en la calidad de los servicios para los usuarios.

La concesión privada de los servicios

La ley de reforma del Estado firmada por Carlos Menem en 1989 permitió sentar las bases normativas para emprender un masivo proceso de privatizaciones, entre ellas los servicios de subtes.

A partir de 1992 se creó la Comisión de Trabajo para la Privatización (CNP), y desde el 1° de enero de 1994 el subte de Buenos Aires fue oficialmente concesionado a la administración privada

Solo en los primeros 8 años de administración privada, la cantidad de pasajeros transportados se disparó un 74,8% y los kilómetros recorridos subieron en un 83,3% hasta el año 2001. No se observaba un crecimiento tan acelerado desde la década de 1940, evidenciando una profunda mejora en la calidad y la eficiencia de los servicios.

El congelamiento en el precio de las tarifas de los servicios públicos fue establecido en el año 2000, pero comenzó a tener un impacto relevante en 2002 tras la abrupta devaluación. El precio real del boleto del subte se abarató sistemáticamente contra la inflación desde entonces, y esto abortó el proceso de crecimiento e inversión que se vislumbraba en los años 90s.

Aún así, y pese a la distorsión de precios relativos, el promedio de pasajeros transportados para el período 1994-2018 supera en un 34,8% al promedio que hubo entre 1952 y 1993. También se observa una diferencia sustancial con respecto a la cantidad de kilómetros recorridos, en favor de la gestión privada.

La población de la Ciudad de Buenos Aires permanece relativamente estable en torno a las 3 millones de personas desde mediados de la década de 1940, con lo cual no se trata de un incremento natural de pasajeros dado por un crecimiento demográfico, sino simple y llanamente por la mejora en la calidad de los servicios prestados.

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El Gobierno echó a Eduardo Piva, un funcionario de turismo que cobró millones de dólares "trabajando" en Miami con el kirchnerismo

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Por disposición de Daniel Scioli, el Gobierno de Milei echó a un funcionario que cobraba US$ 13.000 por vivir en Miami y opinar de la ciudad como destino turístico.

Dos meses después de que Manuel Adorni, el vocero presidencial, anunciara públicamente que, por orden de Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, se despediría a Eduardo Alberto Piva, delegado turístico en Estados Unidos, el gobierno de Milei hizo oficial la decisión.

El Decreto 429/2024, publicado en el Boletín Oficial, establece: "Dispónese, a partir del 30 de abril de 2024, el cese del señor Eduardo Alberto PIVA (D.N.I N° 11.527.649) como Agregado para Asuntos de Turismo a la EMBAJADA ARGENTINA en los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA."

Esta acción se enmarca en una política de reducción del gasto público y de disminución del personal duplicado empleado por el Estado nacional. Eduardo Piva, quien ocupó su cargo durante varios años, recibía salarios significativos en dólares, sumando varios millones de esta moneda.

En aquel momento, Adorni detalló que “el delegado de Miami tenía un salario mensual de 13 mil dólares desde hacía 31 años”, y “se les dio curso a estos despidos, parte del gran delirio que se encontró en la querida República Argentina”.

Tras conocer su despido, el exfuncionario Eduardo Piva envió su descargo al medio La Nación. En su mensaje, Piva afirmó que su salario "era el adecuado" y había sido establecido por la Cancillería. Añadió que su sueldo era el mismo que el de "cualquier funcionario del mismo escalafón que trabaja en ese destino".

Piva también señaló: "La mayoría de los países del mundo tienen oficinas de promoción turística en sus mercados prioritarios. De hecho, en Argentina hay numerosos países que cuentan con estas estructuras, y en Estados Unidos casi todos los países del mundo mantienen oficinas de promoción turística".

Además, explicó: "En el caso de Argentina, la ‘Argentina Tourism Office’ en Estados Unidos funciona como Agregaduría para Asuntos de Turismo en la Embajada Argentina en Washington. Está reconocida por el Departamento de Estado como representación extranjera y atiende los mercados de Estados Unidos, México y Canadá. Desde 2020, cuando se cerró la oficina en Miami, no cuenta con ningún tipo de estructura". Para Eduardo Piva, pareciera ser que le parece lógico cobrar 4 veces más que el Presidente de la Nación por no hacer nada.

En relación a esto, aquella semana Manuel Adorni anunció también que el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar serán eliminados.

"Después de una revisión de datos desastrosos y profundamente desalentadores, se determinó que este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se transformará en una dirección con solo 64 empleados. Se reducirán 900 puestos de trabajo innecesarios, lo que representará un ahorro de 9000 millones de pesos", declaró el funcionario nacional al inicio de su habitual conferencia de prensa.

La medida fue implementada por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y Adorni criticó "la fiesta del gasto público" que recibieron y detalló: "Tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados era delegado. Poseían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se destinaba a pagar sueldos, funcionando casi como una agencia de empleo político".


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Por primera vez en la historia, el Congreso no le aprobó ninguna ley al Presidente en los primeros 6 meses de su mandato

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"Kirchner 151, Milei 0″, fue la comparación del Vocero presidencial, para reclamar por la falta de acompañamiento de senadores y diputados.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, inició el jueves pasado su conferencia de prensa en la Casa Rosada con un dato sorprendente, comparando la cantidad de leyes aprobadas en el primer año de gestión de los últimos presidentes argentinos con el recorrido legislativo actual del presidente Javier Milei en el Congreso Nacional.

Adorni reveló que, en los últimos 40 años, el Congreso aprobó casi 5.000 leyes, un promedio de casi 122 por año. Luego, pasó a ejemplos concretos: en el primer año de Néstor Kirchner se aprobaron 151 leyes; en el de Cristina Fernández de Kirchner, 125; Mauricio Macri tuvo 101 leyes en su primer año de gobierno, y Alberto Fernández, 70, "incluyendo la delegación de poderes extraordinarios o la extensión de la cuarentena eterna", detalló.

"Sin embargo, a Javier Milei, el presidente más votado de la historia, la cantidad de aprobación de leyes en su primer año, que por supuesto no terminó, está siendo de cero leyes", completó.

El comentario se vincula con que el Senado nacional decidió postergar la firma del dictamen de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la "ley ómnibus" que no logró la aprobación en febrero, volvió a ser enviada por el Ejecutivo en una versión acotada, tuvo media sanción en Diputados, pero aún no se ha cerrado en la Cámara alta.

De hecho, la falta de sanción de la ley es la razón por la que el Pacto de Mayo, cuya firma se anunciaba para este sábado 25 en Córdoba, queda por ahora en suspenso. En "la Docta" habrá un acto, pero sin firma de pacto ni invitación a los gobernadores, como el propio Milei anunció el 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa.

"La Ley Bases se sigue trabajando, sigue el proceso legislativo para lograr el dictamen que se necesita para debatirla en el recinto", dijo Adorni.

En la misma línea se manifestó el ministro del Interior, Guillermo Francos, mediador y negociador entre el gobierno nacional, el Congreso y los gobernadores: "Es insólito que después de cinco meses el Congreso no le haya dado una ley al presidente", dijo el funcionario este jueves en declaraciones radiales. "No tiene ningún parangón con el resto de los presidentes. Nadie pide un cheque en blanco, pero todos han tenido leyes para que tuvieran facultades".

"Estamos cerca, pero siempre aparecen temas que complejizan la aprobación del dictamen en el Senado. Seguimos trabajando la semana que viene. Veremos si el plenario de comisiones resuelve hacer dictamen", sostuvo respecto al futuro del nuevo proyecto que envió el Poder Ejecutivo para desregular la economía.

Según precisó el ministro, "muchos gobiernos provinciales esperan" la sanción de la ley, y cuestionó a los sectores opositores dialoguistas que "quieren desguazar la ley" a través de distintas modificaciones.

Adorni, consultado sobre si el gobierno hacía alguna "autocrítica" respecto de la falta de leyes aprobadas, y si habría que señalar a los presidentes de ambas cámaras por este magro saldo, el propio Francos o Nicolás Posse, jefe de Gabinete, o si tal vez habrían contribuido "los insultos del Presidente a los gobernadores", el vocero fue categórico: "Los responsables son un sector de la política que no quiere que la Argentina avance, que no quiere que al gobierno le vaya bien y que hace lo posible para que no avancemos como lo tenemos que hacer, porque si nos dejan hacer lo que tenemos pensado, son ellos los que saben que la política argentina no va a tener espacio para ellos".

Mientras tanto, las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales pasaron a un cuarto intermedio para la semana que viene, entre martes o miércoles.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Enloqueció Pedro Sánchez: Reconocerá a Palestina y apoyará su ingreso a la ONU, en medio de la guerra con Israel

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El presidente español, Pedro Sánchez, hizo el anuncio desde Qatar, en el marco de una gira que hizo por Medio Oriente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que España reconocerá a Palestina el próximo 28 de mayo, en una nueva medida para interferir en el conflicto en Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

El reconocimiento no es el final. Es sólo el principio, y vamos a seguir presionando a la comunidad internacional”, expuso en su intervención durante la comparecencia en el Congreso de los Diputados, días después de que la vicepresidente Yolanda Díaz lo anunciara con un video en redes.

Momentos después del anuncio de Sánchez, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha ordenado retirar a la embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, y expulsará a la embajadora española en Tel Aviv, Ana Solomón. También aseguró que lo hará con todos los países que se unan a la declaración española.

Al cierre de una gira por Medio Oriente, Sánchez anunció que además de reconocer a Palestina como Estado también apoyarán la iniciativa para que ingrese con plenos derechos a las Naciones Unidas (ONU).

Es necesario celebrar una conferencia internacional de paz lo antes posible y reclamar la unificación de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén este bajo una autoridad palestina revitalizada”, sostuvo en conferencia de prensa. De ser aprobado, Palestina se convertiría así en el Estado 194° de la organización internacional, en el organismo en donde desde 2012 actúa como miembro observador.

España se convierte en el gobierno más importante del mundo en apoyar abiertamente la incorporación de Palestina como país, a pesar de que el Estado palestino no existe como tal, ya que el territorio está dividido en dos secciones, Cisjordania y la Franja de Gaza, y en cada uno gobiernan dos fuerzas distintas con dos líderes diferentes en conflicto entre sí.

De éstos, la agrupación terrorista Hamás, que controla el gobierno en Gaza, cometió el ataque genocida contra la población judía el pasado 7 de octubre, asesinando a más de 1.500 judíos, en la peor masacre de la colectividad desde el Holocausto.

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