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Leonardo Grosso y la Pachamama: el diputado kirchnerista presentó un proyecto de Protección de los Derechos de la Naturaleza

El proyecto reza como objeto convertir a la Naturaleza en sujeto de derecho asociando la misma al concepto cultural de Pachamama, propio de costumbres sociales indígenas antes que de hechos científicos comprobados.

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El diputado kirchnerista Leonardo Grosso presentó un ridículo proyecto en el Congreso que busca convertir a la Naturaleza en sujeto de derecho, asociando la misma al concepto cultural de Pachamama.

Explícitamente, Grosso en su proyecto habla de la “Naturaleza o Pachamama” igualando ambos términos, lo que conlleva un problema pues, el primero es de carácter científico ligado al universo material, es decir, a los fenómenos del mundo físico y el segundo concepto es propio de las sociedades incas y aimaras para uso de carácter estrictamente cultural

Se cree que la palabra Pachamama es de origen quechua y se la asocia a la idea de “Madre Tierra”, pero en todo momento tiene carácter de deidad antes que ser un término analítico para la ciencia en general. Sin ánimo alguno de inmiscuirnos en los asuntos culturales de cada sociedad en el país, es inadmisible asociar un concepto cultural con uno científico, en el Congreso de la Nación Argentina.

El principio rector del proyecto es que se provea de una autoridad para proteger el derecho al ciclo de la vida. En sus propias palabras, se trata del “ejercicio de Derechos de la Naturaleza”

A su vez, se basa sus antecedentes legales en los artículos 41, 43 y 75 inc. 17 de la Constitución Nacional referidos a derechos ambientales sanos, de amparo y de reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Queda preguntarse quién oficiaría de representación legal de la Naturaleza y cómo la misma sería capaz de tomar decisiones para reclamar por sus intereses y beneficios.

Es notable la utilización del concepto “derecho al ciclo de la vida”, un vago fundamento para una ley que parece sacada de un sketch de Les Luthiers, pero que viene de parte de los mismos que no reconocen el derecho a la vida y defienden el aborto irrestricto.

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En otros tramos el texto aborda la supuesta problemática vinculado al “modelo extractivo imperante” y la crisis ecológica global acuciante. De ahí que concluya que la Naturaleza deba convertirse en sujeto de derecho implicando necesariamente la desmercantilización: “así como el discurso normativo actual prohíbe tratar como mercancía al ser humano, al ser sujeto de derecho la naturaleza debería recibir el mismo trato”

Pero el discurso no acaba aquí, pues redobla la apuesta instando a que se cuente “con un nuevo campo en la Justicia, diferente a la cuestión ambiental cuyo objetivo de esta última se centra en resolver conflictos a través de compensaciones económicas: el nuevo ámbito legal sería el de la “Justicia Ecológica”

Para justificar este punto, Grosso intenta asociar Pachamama con Gaia (originario de la Grecia pre helénica) para vincularlo al pensamiento de los debates entre aymaras, quechuas, mayas, entre otros, sin tomar nota de las diferencias culturales, idiomáticas, geográficas e históricas entre todos estos pueblos de América y Europa.

En línea con esto el proyecto invita a que se aparte del sistema jurídico tradicional: “Lo importante es apartarse del convencionalismo jurídico y plantear con rigor estas nuevas concepciones que hacen a una vida nueva y permiten construir un mundo sano y equilibrado, alejado del afán depredador de quienes solo tienen como objetivo el espíritu de lucro. En consecuencia, de lo que se trata es de expandir y completar el paradigma de los derechos humanos, incluyendo el de los derechos de la naturaleza. Así los Derechos Humanos se complementan con los Derechos de la Naturaleza, y viceversa”.

El proyecto de Grosso, presentado en nombre del Movimiento Evita bonaerense, no es nuevo: el mismo reconoce sus antecedentes en uno similar que presentó el recientemente fallecido embajador ante la UNESCO Fernado “Pino” Solanas (Expediente 2505-S-15) cuando era Senador por la Ciudad de Buenos Aires, y lo que hace es apropiarse del mismo para que sea tratado en Diputados. 

Leonardo Grosso, nacido en la localidad de Tres de Febrero, actualmente tiene domicilio en el partido vecino de San Martín y preside el interbloque de Libres del Sur y el Movimiento Evita en la Cámara de Diputados de la Nación, teniendo mandato desde 2019. A su vez, es el Vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de dicha cámara.

El diputado Leonardo Grosso. Fotografía: Laboulaye al instante.

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El proyecto se muestra ambiguo y simplista, lo que puede suponer que, de aprobarse tal cual el texto original, puede presentarse a múltiples interpretaciones peligrosas sin un claro denominador común. 

A esta propuesta se le suman medidas polémicas provenientes del oficialismo como el intento de expropiación de Vicentín y el apoyo discursivo al Proyecto Artigas de Grabois en las tomas de tierras de Entre Ríos, Buenos Aires y la Patagonia. Aunque muy distintos, todos apuntan al mismo objetivo, socializar la tierra y terminar con el concepto universal de propiedad privada.

Acá podes leer el proyecto completo:


Por Martín Yapur para La Derecha Diario.

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Aumentos en las tarifas: estiman que el incremento de la luz rondaran el 200% y el del gas un 80%

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Aún se desconoce de cuánto será el aumento, a partir de cuándo comenzará a regir y quién lo implementará.

 La aplicación de la segmentación para la quita de subsidios a la energía aún reviste mas incógnitas que certezas. Los cambios en la Secretaria de Energía engordaron la falta precisiones de la medida, como por ejemplo saber de cuánto será el incremento, cuándo comenzará a regir y quién lo implementará

Lo que aún no puede comunicar el gobierno, ya lo estimó la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo. Los incrementos finales serían del 85% para la tarifa de gas y en torno al 200% para la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires, según consta en el último informe presentado por la consultora.

“En general la mayor parte de los hogares, el 70% de los usuarios del AMBA, tiene un nivel de consumo por debajo de los 400 kv que puso de tope el gobierno para aplicar a partir del excedente el pago de tarifa plena” afirmó Arceo que aclara que se trata de un promedio anual porque el nivel de consumo varía según la estación del año.

Ahora bien, si la mayoría de los usuarios consume por debajo del tope, la pregunta es cual es el ahorro para el fisco en tanto eliminación de subsidios. Sobre esto Arceo explica que el 30% de los hogares donde se consume mas de 400 kv explican a su vez el 50% del consumo de energía total. “Son pocos hogares que consumen mucha energía, con lo cual sin subsidio, o se reduce, el nivel de ahorro fiscal es bastante significativo”.

Para Arceo la incorporación del criterio de tope de consumo es un premio al ahorro de energía muy eficaz en otros países. Sin embargo este consultor explica que los sectores populares, que no tienen acceso a la red de gas, consumen más energía, sobre todo en invierno. “Por eso es importante saber si el tope de consumo alcanza también a los beneficiarios de tarifa social” agrega Arceo, para quien este punto es nodal “para proteger a los que menos tienen”. Según el consultor esto todavía no está garantizado ya que queda “esperar la letra chica de la reglamentación de la medida”.

No obstante Arceo reivindica la medida: “Es correcto penalizar el consumo excesivo dado el incremento que tuvo la demanda de gas y energía eléctrica en los últimos años que llevo a la Argentina a que solo en el primer semestre de este año creció un 18% respecto al mismo período del 2019”.

En lo que respecta al servicio de gas por red y servicio de agua potable, Massa no dio precisiones.”En el caso del gas, la quita de subsidio seguirá la misma lógica, pero por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, así como también la estacionalidad”, dijo, sin más detalles.

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Senado: El kirchnerismo impulsa una ley para crear un ingreso fijo por indigencia

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La ley, elaborada por la senadora Di Tullio, alanzaría a 1.7 millón de personas, con un costo fiscal más bajo que el salario básico que pide Grabois.

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio presentó un proyecto para crear un ingreso por indigencia, que beneficiaría a 1.7 millones y fue elaborado después de una ronda de consultas con organizaciones sociales y funcionarios.

Es mucho más restrictivo que el salario básico universal que propone Juan Grabois, porque abarca a desocupados desde 25 años a uno menos que el límite de la jubilación (59 mujeres y 64 hombres), que no sean beneficiarios de planes sociales. 

Recibirían el equivalente a una canasta básica alimentaria por adulto, que según el Indec alcanza 15.057 pesos mensuales. Se actualizaría por trimestre. 

El proyecto de Itahí Hagman, diputado del Frente de Todos cercano a Grabois, también propone pagar una canasta por adulto, pero abarca a desocupados de entre 18 y 64 y a quienes registren bajos ingresos. 

Se definen como tales a trabajadores de casas particulares, monotributistas de categoría A o asalariados con haberes similares. El beneficio llegaría a entre 7 y 9 millones de personas y el costo fiscal podría ser entre 2 y 3 puntos del PIB.

Di Tullio trabajó en un diseño que redujera el impacto fiscal, que esperaba presentar la semana pasada, pero debió postergar hasta que el nuevo ministro de Economía Sergio Massa se pusiera al tanto. 

Calcula un costo fiscal de 0.09 del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente. El ingreso durará un año y para renovarlo el beneficiario deberá acreditar que continúa sin ingresos.

Y se promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica.

De esta manera, el Estado se encargaría de la reinserción laboral del beneficiario, que formará parte de un Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción, mediante un cruce de datos con Anses.

Todavía no tiene fecha de tratamiento, pero se estima que no podrá demorarse más allá del debate del presupuesto, que llegará el 15 de septiembre a Diputados. El último no se sancionó y el kirchnerismo lo cuestionó, justamente porque no contemplaba ayuda directa a los sectores vulnerables.  

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Cuarta audiencia del juicio por la Obra Pública a Cristina Kirchner: el fiscal apuntó a la “caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”

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Se trata de las obras por remediación de canteras por las que recibió 220 millones de dólares. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola iniciaron hoy la cuarta audiencia de sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. En esta oportunidad, la Fiscalía ahondó sobre lo que llamó la caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”.

Se trata de las obras públicas que las empresas de Báez recibieron para obras de remediación de canteras y movimiento de suelos.

Ante el Tribunal Oral Federal 2, y sin la presencia de Cristina Kirchner, autorizada a ausentarse, el fiscal Luciani señaló que Báez ganó todas las licitaciones para la remediación de canteras por un total de 220 millones de dólares y que la gran mayoría fueron cercanas a las elecciones presidenciales de 2007 que ganó el Frente de Todos.

En las licitaciones de remediación de canteras Lázaro Báez compitió contra Lázaro Báez”, dijo Luciani. El fiscal, con el aporte de filminas, mostró cada una de esas obras en las que expuso como en las licitaciones competían Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti y en algunas otras empresas, en su mayoría Petersen, que siempre quedaba descalificada. Se trata del mismo mecanismo que se utilizó para las licitaciones de las obras viales que la Fiscalía analizó en las audiencias anteriores.

A su turno, el fiscal Mola señaló que esas licitaciones se buscaron ocultar en su publicidad. Explicó que se debían publicar en los diarios de Santa Cruz para que las empresas que quisieran se presenten a competir. Pero Mola destacó que las licitaciones se publicaban en las secciones de belleza, de chistes o donde se publicaban avisos contra la eyaculación precoz. “La ley no especifica donde debe publicarse pero se hacía en lugares no relacionados con la obra publica”, señaló Mola.

La audiencia de hoy comenzó con una recusación que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, presentó contra el fiscal Luciani y uno de los jueces del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu. Las defensas de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y del ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, adelantaron que también presentaron medidas similares.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, acusó Luciani el primer día los alegatos, el pasado 1 de agosto.

La Fiscalía tiene nueve audiencias para alegar la acusación contra los 13 imputados en el juicio. Luciani adelantó que usará todas y que inclusive podrían necesitar algunas más. Luego será el turno de los alegatos de cada una de las defensas que tendrántres audiencias. La primera en alegar será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

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