Estos proyectos abarcan la instauración de una Ley Antimafias renovada, el ampliamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos, así como endurecimiento contra la reincidencia delictiva y ampliar la legítima defensa.

El martes, el Gobierno anunció la presentación de cuatro proyectos de ley en el Congreso Nacional dirigidos a enfrentar el crimen organizado en Argentina.

Estas iniciativas normativas abarcan una amplia gama de medidas, como una Ley Antimafias, la creación de un registro de datos genéticos actualizado, la inclusión del concepto de reincidencia delictiva y el derecho a la legítima defensa en cumplimiento del deber. Asimismo, proponen ajustes en aspectos relacionados con la unificación de penas y el concurso de delitos.

“El Gobierno Nacional considera estas medidas como fundamentales para erradicar el crimen en todas sus manifestaciones y dimensiones, y para impulsar un cambio profundo y duradero en la sociedad argentina“, resaltaron desde el Ejecutivo. Los proyectos cuentan con las firmas del presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; así como de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente.

La nueva Ley Antimafias tiene como objetivo combatir las organizaciones criminales y está diseñada para ser aplicada en una variedad de delitos. En palabras de Bullrich: “Cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”.

La importancia de la ley se basa en cuatro aspectos claves:

• Se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

• Crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

• La pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

• Extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional

Otra de las propuestas del Gobierno, a fin de reducir el porcentaje de delitos, es el de incorporar el concepto de reiterancia.

Conforme a la normativa actual, se considera reincidente a aquel individuo con dos o más condenas que resultaron en privación efectiva de libertad. Con la inclusión del concepto de reiterancia, ya no será necesario que las condenas hayan sido cumplidas para ser considerado reincidente. En caso de dos hechos delictivos independientes, las penas se sumarán aritméticamente, alcanzando un máximo de 50 años.

El proyecto propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos, que está relacionado con delitos sexuales y funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, mediante la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal“, que estaría bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad de la Nación.

De esta manera, el registro se ampliaría para incluir todos los delitos, no solo aquellos cometidos por agresores sexuales. Se destaca que esta medida sería una verdadera revolución en la identificación criminal, similar a la introducida en septiembre de 1891 con la identificación dactiloscópica desarrollada por el argentino Juan Vucetich.

El Gobierno planea utilizar las huellas genéticas obtenidas en la escena del crimen para compararlas con los perfiles genéticos de sospechosos e individuos condenados, agilizando así los procesos judiciales. Además, se contempla la posibilidad de que los familiares de personas desaparecidas contribuyan voluntariamente con sus perfiles genéticos para facilitar la identificación de cuerpos o personas no identificadas.

Otro aspecto destacado del proyecto es la actualización del Código Penal en relación con el accionar de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento del deber o en situaciones de legítima defensa. El objetivo es proporcionar un marco legal claro que permita a los agentes actuar con confianza y sin temor a represalias legales injustas, considerando que en ocasiones se han sentido cohibidos de actuar por temor a ser procesados por cualquier acción que realicen.

El proyecto busca garantizar que las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin poner en riesgo su carrera ni su libertad. Esto es crucial para que puedan proteger la vida y la libertad de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, se considera que la legítima defensa es un derecho fundamental que emana del derecho a la vida y a la integridad de las personas cuando se enfrentan a una situación que pone en peligro su seguridad.

Una de las propuestas del proyecto es contemplar la situación en la que una persona se defiende de un agresor que, aunque esté desarmado, pueda representar una amenaza debido a diferencias de edad, contextura física, experiencia en la pelea, o al número de agresores presentes que puedan causar daño a su integridad física o sexual.

El proyecto también amplía las disposiciones para proteger a quienes se defienden de intrusos en su hogar. Anteriormente, la legislación requería que esta situación ocurriera exclusivamente durante la noche, pero con la propuesta se extendería a cualquier momento del día. Además, no solo abarcaría la defensa contra intrusos en el hogar, sino también en cualquier lugar donde la persona tenga un derecho legítimo de permanencia, como una oficina, un comercio o un establecimiento.

Se incluyen también aclaraciones que reflejan precedentes judiciales, como el caso de alguien que se defiende de un agresor que utiliza un arma falsa con apariencia de real, o de alguien que sigue ejerciendo violencia, como disparos con un arma de fuego, mientras se aleja de la víctima.

De Kevin Frank para La Derecha Diario.

Dos tercios de los senadores sorprendieron tratando un proyecto que tenían escondido para casi triplicarse el sueldo en una sesión exprés donde solamente se iba a tratar la nominación de embajadores.

En medio de una sesión para aprobar los pliegos de los embajadores propuestos por el presidente Javier Milei, senadores de Unión por la Patria, la UCR y el peronismo provincial pidieron votar sin debate y a mano alzada, un aumento de sueldos.

Si bien algunos senadores radicales, el PRO y los 7 de La Libertad Avanza se opusieron e intentaron deslegitimar la votación, pasó sobre tablas con 2/3 de la Cámara, por lo que inmediatamente tuvo que ser convalidada por la vicepresidente Victoria Villarruel.

De esta manera, los sueldos de los senadores pasaron de $1,9 millones de pesos que cobran hoy en día a exactamente $7.208.000 bruto, lo que hará que les quede en mano poco más de $ 4,5 millones.

Según lo propuesto por los senadores, en el proyecto de resolución se habla de una dieta equivalente a los 2.500 módulos, lo que equivale a $4,505.000, más 1.000 módulos ($ 1.802.000) más por gastos de representación y otros 500 por desarraigo ($901.000). Estos valores se desprenden del reciente acuerdo de paritaria que la Asociación del Personal Legislativo (APL) que acordó con las autoridades del Congreso y que incrementó los salarios de los empleados en un 8%.

Los senadores de la oposición querían que ese aumento se trasladará también a los legisladores, pero Milei tuvo que intervenir a último momento para ordenarle a Villarruel que no convalidara ese aumento. “La política tiene que dar el ejemplo“, aseguró el Presidente, que dijo que los únicos salarios que pueden subir en el Estado son los de los trabajadores y no los funcionarios.

Sin embargo, este pedido del Poder Ejecutivo no fue considerado, y la propuesta de hoy, que fue firmada por los senadores Juan Carlos Romero, Lucila Crexell, Pablo Blanco, y el bloque de UxP, implica una suba salarial del 160%.

Si bien la vicepresidente había expresado públicamente que eran bajos los sueldos de los legisladores, fuentes legislativas confiaron que Villarruel manifestó su malestar con la medida. “Una cosa era el aumento de enero y febrero, pero con este aumentazo se fueron al carajo“, dijo Villarruel puertas adentro.

La maniobra de los senadores tiene un impacto adicional porque al establecerse en módulos, las dietas se aumentarán en forma automática a medida que se incrementen los módulos. En consecuencia, los senadores aprobaron una nueva versión de la “Ley Enganche”, el decreto de Cristina Kirchner de 2010 que había sido derogado por Milei tras el escándalo generado por la suba de los sueldos de los miembros del gabinete.

La medida contó con el respaldo de la mayoría de los senadores salvo los representantes del PRO, de La Libertad Avanza y los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri, que están alineados con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Ezequiel Atauche, jefe del bloque libertario, cargó contra los senadores que apoyaron la medida. “La casta se juntó para aumentarse los sueldos“, afirmó el representante por Jujuy, quien se mostró molesto por lo acordado en el recinto.

Desde los bloques provinciales repartieron chicanas a los que se opusieron al aumento, y se escucharon a senadores peronistas chicaneando a los libertarios en los pasillos del Senado mientras se vaciaba el recinto: “Si no les gusta donen el sueldo como hacía Milei”.

Claudio Vidal llamó a los demás gobernadores a empezar a hacer lo mismo para recaudar más y poder reinvertir en la salud pública para los argentinos. Salta lo hizo en febrero.

El gobernador de Santa Cruz, el peronista anti-K, Claudio Vidal, anunció que empezará a cobrar la atención en hospitales públicos a extranjeros a partir de la semana que viene. Así, la provincia del sur se une a Salta, en el norte, como la segunda en anunciar que el sistema de salud dejará de ser gratuito para las personas de otros países.

En ambos casos, la medida las urgencias seguirán atendiéndose en forma prioritaria, pero el Gobierno ha dispuesto que luego se le enviará una factura al individuo con los costos de esa atención. Lo mismo ocurrirá para consultorios externos, partos, cirugías programadas e internaciones en general.

Esta medida de sentido común pone a la provincia de Santa Cruz a tiro con lo que ocurre en otros países, como Bolivia, Chile, Paraguay o Uruguay, donde si bien existen sistemas de salud pública para los residentes, los extranjeros deberán abonar los costos de su atención.

Santa Cruz recibe todos los años más de 21.000 extranjeros que demandan atención en los hospitales públicos sin tener residencia en la provincia. El 70%, se estima, provienen de Chile, país que le cobra a los argentinos que quieran atenderse en sus hospitales públicos.

El ministro de Salud de la provincia, Ariel Varela, confirmó que la medida es en respuesta a los recortes presupuestarios que lanzó el presidente Javier Milei a nivel nacional, y que dada la reducción en subsidios del Estado Nacional, la provincia de Santa Cruz debe asignar mejor los recursos a partir de ahora.

Varela puso como ejemplo el costo que tendrán algunas de las prestaciones. “Una cama en clínica médica sale $110.000 a lo que se agregará el 50%, de manera que hablamos de entre $160.000 y $170.000 el día de cama de un paciente extranjero”, dijo el funcionario al portal La Opinión Austral, confirmado que el precio para extranjeros se calculará como costo de la prestación más un 50% de recargo.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacó cuando implementó la medida unos meses atrás en su provincia, que el 10% del presupuesto que su gestión destinaba a la salud pública correspondía a la demanda de atención médica de parte de extranjeros.

Sus funcionarios advirtieron, además, que se organizan tours desde países en donde la salud se cobra, para aprovechar la gratuidad del sistema argentino. Países limítrofes viajan a las provincias argentinas, donde se presentan sin DNI en los hospitales públicos y son atendidos sin pagar un solo peso.

En el caso de Santa Cruz, Varela confirmó que destinan actualmente el 15% del presupuesto en Salud en atender extranjeros. Si bien se espera una caída en la concurrencia dado el fin de la gratuidad, se espera liberar recursos (horas de médicos, disponibilidad de equipos y medicamentos) para los argentinos.