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Los 11 jugadores que controlan el mercado de combustibles en Argentina: ¿Libre competencia o competencia simulada?

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Los aumentos de los combustibles acumulan un 270% en el último año, muy por encima de la inflación estimada del 2023 que se ubicó alrededor de 219%. Qué hay detrás de un mercado hiper regulado y dominado por un puñado de familias y el Estado.

El desorden económico que dejó el Gobierno de Alberto Fernández sigue haciendo estragos en la economía. La devaluación del tipo de cambio que debió acomodarse a la realidad del mercado y la liberación de precios artificialmente atrasados, de alimentos, prepagas y combustibles, en diciembre, que dió un IPC cercano al 29%, dejaron a la Argentina con una inflación anual acumulada en 2023 de casi 219%, según datos de la Fundación Libertad y Progreso, la más alta desde 1990.

De este modo, y como en prácticamente todos los rubros, se comenzó el año 2024 con un fuerte aumento de las naftas. Las petroleras Axion, Shell y Puma, aumentaron el precio de los combustibles un 27% el martes 2 de enero a la medianoche. Por su parte, la petrolera estatal YPF lo hizo este miércoles a la mañana en la misma sintonía.

El anuncio lo hizo Raúl Castellanos, director de la Cámara Argentina de los Combustibles (CAC), quien confirmó que los valores en surtidor quedan en $750/litro para la nafta común y $950/litro para la premium, lo que se traduce a unos US$ 0.76 dólares por litro para la nafta y US$ 0.96/litro para premium al valor del dólar del mercado paralelo.

Estos números son similares a los de Estados Unidos, que tienen la nafta a US$ 0.91/litro, siendo el promedio de 2023 de US$ 0.83/litro, con mínimos de US$ 0.52/litro y máximos de US$ 1.37/litro. El precio promedio mundial es más alto, y ronda los US$ 1.82/litro.

El desfasaje de los precios en Argentina con el resto del mundo para un commodity se tornó insostenible ya en noviembre, cuando el entonces ministro Massa permitió una suba del 5% en octubre, lo que no fue suficiente y provocó el mayor desabastecimiento de nafta en décadas, que se resolvió luego de que se permitiera un nuevo aumento de 15%.

Luego, Massa permitió un 12% de aumento en noviembre tras perder las elecciones y finalmente un 30% más en la última semana de Alberto Fernández en la Casa Rosada. Tras el salto devaluatorio de Caputo, el precio aumentó un 33% en la primera semana de Milei en el Gobierno, y ahora, con este aumento del 27%, se acumula en los últimos cuatro meses casi un 247% de incremento.

De hecho, en 2023, los valores de los precios de los combustibles aumentaron todos los meses, excepto en el mes de septiembre, y la comparación de valores es aterradora. Por ejemplo, el litro de súper rondaba los $150,90 en enero de 2023 y finalizó el año en $553/litro, lo que representa un incremento del 266,22%, mientras que el litro de premium comenzó el año en $185,90/litro y terminó en $684/litro, siendo el incremento del 267,4%.

Esto demuestra que aumentaron en un promedio total de casi 270%, un valor muy superior al promedio de la suba de los demás precios de la economía, que estuvo en línea con la suba mencionada del 219%.

Hay dos perspectivas para analizar estos aumentos e intentar pronosticar que sucederá. Por un lado, algunos economistas sostienen que en enero y febrero los precios van a bajar, a causa de que los mismos se acomodaron fuerte a fines de 2023, ya reduciendo la brecha de mercado por congelamiento y atraso cambiario.

Otros afirman que los aumentos van a seguir ocurriendo mes a mes, basándose en las declaraciones del Secretario de Energía, Rodríguez Chirillo, quien dijo que los precios deben fluctuar libremente junto con la inflación y el tipo de cambio, de manera de evitar un desfinanciamiento y desabastecimiento del sector.

Se debe apuntar a una fluctuación libre, sin el control indirecto que hoy ejerce el gobierno en el mercado a través de YPF”, mencionó el funcionario de Milei en una entrevista al portal especializado Surtidores, quien también dijo que estaría bien que la nafta valga US$ 1/litro, como fue su precio histórico en Argentina. A partir de estas declaraciones, se pueden esperar aumentos para febrero y marzo.

Mercado de Combustibles Líquidos: Lo opuesto a un mercado libre

Todos los liberales están de acuerdo con que los precios los debe poner el mercado, en un contexto de libertad económica y de libre competencia. El dilema con el mercado de combustibles líquidos es que en Argentina, son sólo 11 mega-jugadores los que compiten, y tienen su negocio principalmente concentrado en Chubut, Neuquén y Buenos Aires:

  1. YPF, con el 51 % de las acciones en manos del Estado Nacional y de las provincias productoras pero con el otro 49 % cotizando en la Bolsa de Nueva York, siendo Black Rock la accionista privada mayoritaria con el 2,84% de las acciones, es la petrolera más grande del país. Cuenta con tres complejos industriales: La Plata, Luján de Cuyo y Plaza Huincul.
  2. RAIZEN, la brasilera licenciataria de la marca Shell, la cual mantiene el 50% de las acciones, cuenta con la refinería más grande del complejo Industrial Dock Sud.
  3. PAN AMERICAN ENERGY (PAE), de la familia Bulgheroni, propietaria de la empresa Bridas que había comprado antes a la firma ESSO, junto a la British Petroleum BP y la china CNOOC, cuenta con una Refinería en Campana y Cerro Dragón, entre Chubut y Santa Cruz.
  4. PUMA ENERGY, de la multinacional Suiza Trafigura, que se quedó con la ex Petrobras que le cedió tiempo atrás Pampa Energía, cuenta con una Refinería en Bahía Blanca, la terminal en la localidad de Campana y su planta de lubricantes en Avellaneda.
  5. DAPSA (Destilería Argentina de Petróleo SA), comprada por Oil Combustibles en condiciones supuestamente extrañas, y quedando en manos de la familia Noel que tiene Sociedad Comercial del Plata SCP y la española Moltta Consultadoria e Marketing, posee una refinería en el complejo Dock Sud.
  6. VOY CON ENERGÍA, del empresario César Castillo titular de Kalka Group y la provincia de la Pampa, con Pampetrol, cuenta con la Refinería RefiPampa en La Pampa.
  7. REFINOR, era una sociedad que integraban YPF (50%), Pampa Energía (28,5%), y Pluspetrol (21,5%) pero se independizó cuando José Luis Manzano se quedó con el 50% de Pluspetrol y Pampa. Cuenta con una refinería ubicada en Campo Durán, Salta, y una una red de 84 estaciones en Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, La Rioja y Catamarca.
  8. VISTA, de Miguel Galuccio, ex Presidente de YPF, produce petróleo y gas, (shale oil) y cuenta con cuatro pozos de extracción mediante la técnica de fracking en la región argentina de Vaca Muerta.
  9. NEW AMERICAN OIL, de los empresarios Eduardo Mónaco y Jorge Arias, que de tener una estación de servicio para camiones se convirtieron de un día para el otro en un gran jugador del midstream, con su refinería en el Polo Petroquímico de Plaza Hiuncul en Neuquén.
  10. PLUSPETROL, de Edith Rodríguez e hijos y Héctor Poli, con operación en El Corcovo, Mendoza.
  11. CGC, del empresario Eurnekian, a quien le dieron concesiones en 12 áreas en la cuenca Austral, 15 áreas en la cuenca del Golfo San Jorge, 5 áreas en la cuenca Cuyana, un área de la cuenca Noroeste.

En los mercados competitivos se habla de varias decenas o a veces cientos de empresas disputando segmentos del mercado. En Argentina no pasa eso, ya que en la cuenca neuquina, YPF monopoliza el mercado quedándose con casi el 50% de la producción total, seguida por PAN AMERICAN ENERGY (Bulgheroni) que produce casi el 17% del total, VISTA (Galuccio), con casi el 6,5% del total, PLUSPETROL (Edith Rodríguez), con 4,6% del total, SHELL (Brasileros) con 4,55% del total y completando la torta la petrolera de Eurnekian, CGC Energía, con casi 2,7% del total.

Por su lado, en Vaca Muerta se tiene mayor actividad en las áreas Loma Campana (el joint venture entre YPF y Chevron), Bajada del Palo Oeste (el proyecto de Vista que lidera Miguel Galuccio), Cruz de Lorena (Shell), Lindero Atravesado (PAE) y Bandurria Sur (YPF, Shell y Equinor). Por lo que YPF es la mayor productora, entre las principales 15 empresas del mundo que están operando allí.

No es nada menor llevar un poco más de atención y dedicación al tema petróleo, ya que Vaca Muerta representa la 2º reserva de gas y la 4º de petróleo no convencional del mundo. Entre EE.UU. y Argentina se tendría el 30% de la reserva mundial de gas y el 10% del crudo del mundo, según fuentes de la Secretaría de Energía de EE.UU.

La reserva del campo de esquisto que se extiende a través de siete millones y medio de acres y en las provincias de: Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa, era la tercera del planeta en orden de importancia.

De esta manera, en el mercado del petróleo, no ocurre lo que pasa por ejemplo en el sector alimenticio, donde, si en un supermercado subieron los precios o si una marca de gaseosa lo hizo, los compradores eligen otros supermercados u otras marcas de las muchas del mercado, sino que los clientes de todo el país son rehenes de 11 productoras, que en realidad si nos ponemos a mirar bien los nombres de los directorios, son unos pocos apellidos que se ponen de acuerdo para poner los precios y sus aumentos.

Por lo que habría que preguntarse ¿cuánto está influyendo la demanda en la relación oferta/demanda a la hora de establecerse el precio de mercado? ¿O el precio es completamente dominado por la oferta?

El Economista Gustavo "Lacha" Lazzari, en una reciente publicación en la plataforma X, mencionó este tema y alertó que las subas de los precios no siguen una lógica de oferta y demanda, si no que hay un fuerte poder de cartelización.

“Los enemigos de la reforma no son los nostálgicos del Muro que tiran piedras y hacen cánticos faltos de rima y métrica. Los enemigos reales de una reforma competitiva son los que sentados en una mesa siempre sobra una silla. La competencia es terreno de PYMES, no de estos muñecos”, en referencia a las 11 empresas que dominan el mercado.

Esta situación abre una incógnita muy particular, que en Estados Unidos llevó a la disolución de la Standard Oil de Rockefeller, en el año 1911. En Argentina, no sería ni siquiera necesario una aplicación de la ley antimonopólica tan feroz, ya que simplemente la privatización de YPF a una empresa que no sea parte de "los grandes 11″, permitiría que casi el 50% de la producción vaya a uno o varios nuevos competidores.

Si los oferentes hacen acuerdos para fijar precios o repartirse mercados ya que la estructura local es producto de numerosas fusiones y adquisiciones, ¿qué poder le queda al consumidor, si el bien en cuestión es un bien casi esencial, como lo es el combustible? ¿No usan autos, no usan camiones, no se suben a un tren o colectivo?

Quizás ahora sí se logra entender la importancia del desarrollo de nuevas soluciones energéticas tanto para suministro eléctrico como para la movilidad, como lo son los autos eléctricos. Si bien todavía tienen un largo camino por recorrer en la Argentina, la instalación de una productora como Tesla cerca de los yacimientos de litio favorecería también destrabar este oligopolio en el mercado de los combustibles líquidos.

Argentina

Los gobernadores le declaran la guerra a la Nación porque Milei se niega a pagarles su deuda: “Son amenazas chavistas"

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La Oficina del Presidente le respondió al gobernador Nacho Torres por sus amenazas subversivas: “Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, del PRO, lanzó un explosivo comunicado que fue acompañado por la firma de los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), el grupo conocido como "los patagónicos".

En dicho documento, titulado "las Provincias Unidas del Sur", los gobernadores de la Patagonia aseguran que expropiarán y retendrán todo el petróleo y el gas que extrae YPF y las empresas privadas, si el Gobierno Nacional no le vuelve a enviar el dinero de las transferencias discrecionales, que las provincias usan para pagar sus deudas.

Les damos tiempo hasta el miércoles. Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut a la Argentina… y ahí te quiero ver”, lanzó el gobernador de Chubut, que encabeza el "grupo subversivo" contra el Gobierno Nacional.

En concreto, Torres reclama unos $13.500 millones de pesos, más de un tercio de su coparticipación mensual, que la Nación le retuvo a Chubut porque la provincia no estaba pagando una deuda que se había tomado con el Estado Nacional.

El Gobierno de Javier Milei le había dicho desde el 10 de diciembre que Chubut tiene que recortar los gastos para reducir su déficit, ya que la Nación no les seguiría solventando su despilfarro, pero en ya casi 3 meses, Torres no ha tomado ni un solo paso en la dirección del saneamiento fiscal.

Lo mismo ocurre con muchas provincias. Si bien casi todos los gobernadores habían expresado sus intenciones de recortar el gasto público tras la asunción de Milei, con el tiempo se fueron dando cuenta que el ajuste que pedía el Presidente de la Nación era mucho mayor al que ellos tenían en mente.

A través de un fuerte comunicado, la Oficina del Presidente, que el presidente Javier Milei utiliza para expresar sus palabras oficiales, trató a Torres de "chavista" y le recomendó que se atenga a las respuestas judiciales de sus amenazas subversivas.

"En respuesta al comunicado emitido por el Gobernador de Chubut, la Oficina del Presidente informa que los $13.500 millones de descuento a los que hace alusión, corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación", aclaró el Presidente.

"Lo que sí responde a la verdad es el compromiso que mantiene el Gobierno Nacional con la reducción del gasto público en todo el territorio. De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional", agregó.

"La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza", impone.

"Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia", aseveró la vía de comunicación oficial del Presidente.

Y agrega: "Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el Jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos".

"Estamos en un momento histórico. En un punto de inflexión para nuestra Nación. Cada uno tendrá que elegir de qué lado quiere estar: si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual, o del lado de la mayoría de los argentinos, que eligieron vivir en Libertad", finaliza.

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Argentina

Se acabó el curro del INADI: Milei tomó la motosierra y recortó un presupuesto de $3600 millones y 400 empleados

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Por motivos económicos, ideológicos y morales, el presidente Javier Milei resolvió el cierre del INADI, eliminado todo su presupuesto y echando a una buena parte de la planta.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves a la noche en una entrevista en exclusiva con Jony Viale, el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio se dio primero en la habitual conferencia de prensa del vocero, y luego fue confirmada por la Oficina del Presidente.

El INADI fue creado por un pedido de la UCR luego del pacto que llevó a la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Posteriormente, el ex presidente Carlos Menem en el año 1995, pasó la Ley Antidiscriminación (Ley 24.515), que obliga al Estado a tener un organismo que cumpla las funciones del INADI, aunque el instituto se puso recién funcionamiento en el año 1997.

En sus casi 30 años de historia, sufrió varias intervenciones por "mal funcionamiento". La primera ocurrió en el año 2000 y la última, que duró hasta la actualidad, en el 2011, cuando Cristina Kirchner puso a Pedro Mouratian a cargo y lo convirtió en una agencia de persecución a la oposición. Ahora el Gobierno de Milei vuelve a intervenirlo y dispone como interventora a Maria de los Angeles Quiroga, pero ahora con el objetivo de cerrarlo definitivamente.

Las razones del cierre del INADI

Su cierre encuentra motivos ideológicos, económicos y morales. En cuanto a lo ideológico, el cese de sus actividades es una gran victoria para las ideas liberales y una declaración de no interferencia del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión.

Al ser el INADI dependiente del Ejecutivo, su mera existencia implicaba que el Gobierno Nacional contaba con las herramientas para entrometerse arbitrariamente en la libertad de expresión de los ciudadanos. Así, el Presidente podía decidir de manera sesgada qué se podía decir y qué no, y qué tipos de expresiones debían ser penadas.

Se abría la posibilidad de perseguir a quien piense distinto, manchando su imagen y acusándolo de discriminatorio. Un caso muy conocido fue el de Ramiro Marra, quien denunció que el INADI lo persiguió simplemente por oponerse a los piqueteros que cortaban la calle ilegalmente.

Cabe aclarar que la discriminacion está penada en la Argentina por la Ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”, pero esto es competencia específica del Poder Judicial, lo cual está en línea con el resto de las democracias liberales del mundo. Es la Justicia quien debe dictaminar si se cometió un hecho ilícito de disicriminacion, respetando todas las garantías procesales del acusado, no un organismo del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo económico, está claro que es inaceptable que los contribuyentes carguen sobre sus espaldas este tipo de gastos superfluos. El país no está en un momento en el que se pueda dar el lujo de financiar un organismo persecutor.

Al día de hoy, el INADI se ha convertido en un verdadero aguantadero de personas, sin control alguno y con un despilfarro alucinante. Por ejemplo, el Gobierno informó que este instituto cuenta con 400 empleados y tiene 43 delegaciones a lo largo y ancho del país.

Solo en el Presupuesto 2023, manejó una caja de $1.150 millones de pesos. Esto con nula transparencia, ya que no cuenta con una nómina oficial de quienes trabajan en el organismo, siendo un claro ejemplo de falta de transparencia en el manejo de las contrataciones estatales.

En cuanto a lo moral, hay una discusión más profunda, y solo basta con ver el prontuario de quienes han pasado por el INADI para darse cuenta de que ha sido manejado por gente poco idónea y que incluso ha estado involucrada en escándalos totalmente ilícitos.

Quizás el ejemplo más resonante de los últimos tiempos es el de Victoria Donda, quien fue titular del instituto entre 2019 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernandez. La ex directora se vio envuelta en un escandaloso suceso, donde su empleada doméstica la acusaba de haberla tenido 10 años en “negro” y en el que Donda contestaba via chat ofreciéndole un cargo en el INADI o un plan social como compensación.

Además, la empleada contó en diversas entrevistas sentirse agobiada por la cantidad de tareas que la familia Donda le hacía realizar, sin recibir aumentos, ni aguinaldo, ni vacaciones. Increíblemente, la titular de un organismo que dice velar por un país más igualitario ni siquiera había empezado por su propia casa.

Con el cierre del INADI, se vuelve a confirmar que ya no hay más lugar para los curros y las avivadas de la política. El Gobierno se muestra una y otra vez, hasta el cansancio, decidido a desbaratar cada uno de los antros que se han formado bajo la tutela estatal.

Sin el INADI, será la Justicia quien vele por dictaminar quién es culpable de un delito de discriminacion. Ya no habrá un burócrata del Gobierno que apunte con el dedo y decida por sí mismo que está permitido decir y qué no. La libertad de expresión parece engrosar y convalidarse con esta decisión de mucho coraje del presidente Javier Milei.

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Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

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Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos desde la salida de la Convertibilidad y que dejó de hacer este gobierno.

Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? por TN, que se grabó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se transmite esta noche desde las 21 horas. El objetivo del Presidente con esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo y bajar la inflación.

El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

La emisión de dinero devalúa al peso y hace perder su valor frente a los bienes y servicios. Esto es percibido por la gente como una suba de todos los precios de la economía, lo cual recibe el nombre más conocido como inflación.

Pero de fondo, lo que ocurre es que la emisión sin respaldo genera que se necesiten más pesos para comprar los mismos productos, lo que lleva a una pérdida del poder adquisitivo si los sueldos tardan más en acomodarse.

Todo este proceso inflacionario y de caída real de salarios se evita sin emitir dinero para financiar el gasto público, limitando la emisión de pesos únicamente para pagar los gastos y las deudas propias del Banco Central.

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