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Los campos de concentración de Gildo Insfrán en Formosa serán denunciados por las violaciones de Derechos Humanos

En Formosa, el peronismo gobernante ha legalizado que las autoridades extraigan a un ciudadano de su casa por estar enfermo y ubicarlo en “centros de aislamiento”, con pésimas condiciones sanitarias, hacinamiento y violencia.

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A pesar de que hubo varios gobernadores argentinos (y gobernadores en todo el mundo) que abusan de su poder bajo la excusa de la pandemia, no hay figura que represente más el autoritarismo y la impunidad que trajo la pandemia como el gobernador formoseño Gildo Insfrán.

En 10 meses de pandemia, Insfrán cerró indiscriminadamente las fronteras de su Provincia, dejando a miles de formoseños varados en otras regiones del país, separados de sus seres queridos. Hubo un caso paradigmático el pasado mes de octubre, cuando un joven de 23 años de nombre Mario Ledesma intentó cruzar a nado el río Bermejo para poder reencontrarse con su mujer y su hija de tres años que estaba mal de salud. Lamentablemente, Ledesma falleció en el río y se abrieron causas penales contra el Consejo de Atención a la Emergencia de Formosa por su manejo de la frontera.
Ahora, salió a la luz otro escándalo que viene aconteciendo hace ya algunos meses, cuando Insfrán ordenó confinar a todos los enfermos de coronavirus, incluso sospechosos y contactos estrechos, bajo condiciones inhumanas de hacinamiento extremo.
Desesperado por bajar la tasa de contagios, probablemente previendo que la distribución de la vacuna Sputnik V que organizó Alberto Fernández iba a ser más lenta que lo prometido en pleno año electoral, Insfrán reacondicionó escuelas, galpones y otros establecimientos que están sin uso para encerrar a las personas, enfermas y no enfermas.
Los “centros de aislamiento” se caen a pedazos, y los videos que trascendieron revelan que las personas son mantenidas en esos lugares en contra de su voluntad. Las enfermeras les toman la temperatura y les dan la comida a las personas a través de unas rejas cerradas con llave.

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La situación es tan preocupante que las figuras de la oposición local, lideradas por la concejala Gabriela Neme, presentarán una denuncia tanto en la justicia local como en la justicia federal, y hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde el Gobierno nacional decidieron salir a defender a una de las figuras más prominentes del peronismo. El mismo Alberto Fernández descartó públicamente la intervención federal a Formosa y salió a apoyar a Insfrán pese a las denuncias por violaciones de los DD.HH.

La semana pasada, tanto Neme como Claudia Ruiz (UCR) fueron arrestadas por las autoridades formoseñas por denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo con estos verdaderos campos de concentración. Por suerte, luego de que se involucrara Juntos por el Cambio, fueron liberadas.

Actualmente, se estima que en Formosa hay 100 centros de aislamiento que albergan a unas 3.000 personas: sólo 600 son casos activos de COVID. Después hay unas 1.300 personas aisladas “por contactos estrechos”, y entre 800 y 1.000 personas que fueron aisladas preventivamente, por ser “casos sospechosos”. El hacinamiento que hay en estos lugares seguramente esté causando muchos más contagios dentro de los mismos centros que si las personas no hubieran sido aisladas.

Van, los buscan y los meten a esos centros. Entran de madrugada a las casas, sin orden judicial y los llevan allí, de modo compulsivo, sin el consentimiento de la gente“, denunció el abogado Juan Sebastián Montoya, quien está representando gratuitamente a las miles de personas que estuvieron o están en estos campos de concentración.

La concejala Gabriela Neme fue arrestada en Formosa por denunciar al gobernador Gildo Insfrán.

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Ante la polémica, Alberto Fernández anunció que enviará al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el ultra-kirchnerista Horacio Pietragalla Corti, para que “corrobore que no se están violando los derechos de los confinados”.

Según denuncia Neme, “a la víspera de la visita de Pietragalla Corti a la provincia, el gobierno está desmantelando los tratos inhumanos del cincuentenario“. En el video que publica se ve cómo están, a las apuradas, limpiando los establecimientos y liberando a algunas personas que estaban hacinadas.

Un gobierno provincial que puede extraer a una persona de su casa por estar enfermo o sólo sospechar de que puede estar enfermo, y ubicarlo en un edifico con pésimas condiciones sanitarias, hacinamiento y violencia, y luego contar con el aval y la protección del Gobierno nacional, no es nada más ni nada menos que una dictadura.

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Argentina

La Cámpora, la JPRO y el FIT marchan juntos por el medio ambiente

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Todos marchan Juntos por el Cambio climático.

Como todos los 24 de septiembre, el movimiento ambientalista volvió a salir a las calles para pedirle al Congreso más medidas de protección del medio ambiente, como si toda la batería de leyes que prohíben la minería, la tala de árboles, las emisiones y la Ley Micaela no fueran suficientes.

Sin embargo, la movilización de este año tuvo un condimento especial, y es que por primera vez militantes de La Cámpora (Frente de Todos), la Juventud PRO (Juntos por el Cambio) y organizaciones sociales asociadas al Frente de Izquierda (FIT-U) marcharon codo a codo por una misma causa.

“Abrácense que tan distintos no son” dijo en el debate presidencial del 2019 el candidato José Luis Espert, y hoy se vio más que nunca. Tanto el kirchnerismo como el macrismo/larretismo comparten exactamente la misma agenda en términos de medio ambiente, pero por alguna razón ambos espacios marchan para quejarse contra un Congreso, irónicamente, dominado por el FdT y JxC.

“En este año de elecciones legislativas queremos votar a candidatos que estén realmente alineados con los objetivos del Acuerdo de París y que alcen su voz frente a: la erosión ambiental, el abuso de nuestros territorios y la violación de los derechos de las comunidades que los habitan, demandan desde Climate Save Movement, la principal organización de lobby en Argentina que convoca la marcha del #24S.

Y subrayan: “Queremos conocer sus propuestas y acciones concretas y que abran al debate popular las decisiones que involucren al ambiente como el Acuerdo porcino con China, ley de Hidrocarburos, megaminería, la exploración sísmica, los desmontes, el sistemático uso de agrotóxicos, entre tantas otras”.

Desde Jóvenes por el Clima, otro de los convocantes a las marchas del 24-S, también reclamaron en la previa de las primarias por un cupo social ambiental dentro de los debates públicos de los entonces pre candidatos. Se sumaron a una movida con otras organizaciones y referentes de la sociedad civil para reunir firmas en un petitorio digital que sigue abierto para exigir incluso a los periodistas que se informen al respecto para preguntar con precisión a los aspirantes a un cargo electoral.

“Queremos que todos los candidatos y candidatas de estas elecciones tengan que hablar de ambiente. Exigimos un #CupoSocioAmbiental en sus propuestas de campaña, exhortaron desde su cuenta en Twitter en agosto pasado.

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El voto por derecha surte efecto: El Gobierno eliminará las retenciones para empresas que exportan servicios

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Tras el fracaso electoral, el gobierno de Juan Manzur y Cristina Kirchner entiende que es hora de flexibilizar algunas de las medidas más maliciosas de Argentina.

El Gobierno confirmó hoy que eliminará completamente las retenciones para todas las empresas que exportan servicios, una de las trabas más importantes que existía hasta el momento para el sector terciario de la economía. 

Según Martín Guzmán, el objetivo de la medida es “fomentar la creación de empleo, generar divisas e impulsar la agregación de valor”, explicó en un comunicado.

La industria de los servicios abarca a todas las empresas de informática, software, programación, servicios profesionales y diseño, entre otros. Fue el segundo sector que más exportó en los últimos 4 años, sólo superado por el oleaginoso-cerealero. En 2020 se exportó un total de US$ 5.700 millones, y los principales destinos fueron Estados Unidos y la Unión Europea.

Hasta el momento, Guzmán había resistido bajar impuestos o aranceles, en busca del equilibrio fiscal durante la pandemia. Sin embargo, la derrota histórica del pasado 12 de septiembre puso a la política económica contra las cuerdas, y Cristina Kirchner salió a defenestrar al Ministro de Economía por querer reducir el déficit en plena pandemia.

La vicepresidente dio la orden, a través de Juan Manzur, de que es hora de flexibilizar algunas de las políticas más estrictas del kirchnerismo. En tan solo una semana, el gobierno levantó la cuarentena y empezó a sacar retenciones. Evidentemente, el voto por derecha surtió efecto.

La quita de retenciones, de todos modos, empezará a partir del 1ro de enero del 2022. “En 2022 el Gobierno eliminará por completo las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior. A partir del 1° de enero, tanto las empresas inscriptas en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento como las que aún no lo están, pagarán cero”, destacaron.

Tras la derrota electoral, Guzmán debió cambiar su libreto.

Hasta el momento, el sector adherido pagaba una alícuota del 5% que rigió durante todo el año 2020. Durante 2019 había sido entre 11% y 7 por ciento. El decreto reglamentario de la Ley de Economía del Conocimiento, de fines del 2020, había establecido que a partir de este año la empresas adheridas al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento no pagarían derechos de exportación. Ahora, asegura el Gobierno, tendrán alícuota cero todas las empresas del sector, estén o no adheridas al régimen de promoción.

Cabe aclarar que esta retención había sido instaurada por el macrismo, que en 2018 impuso un derecho a la exportación de $4 por dólar, que llegó a gravar hasta el 12% de las ventas al exterior.

Aplicar derechos de exportación a los servicios fue una política errada consecuencia de una mirada exclusivamente fiscalista sobre los derechos de exportación durante el período 2015-2019, cuando se resolvió aplicar alícuotas a todos los bienes y servicios (independientemente del nivel de valor agregado) y con poca diferenciación entre bienes primarios, industriales, servicios, etc.”, detallaron desde el Gobierno.

El arancel cero contribuirá a generar los 500.000 empleos y USD 10.000 millones de exportaciones proyectados al 2030, según cálculo de comienzos de año del presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), Sergio Candelo.

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El albertismo busca frenar a Manzur: creen que está preparando una candidatura para 2023

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Tanto el entorno como de Alberto Fernández como de Sergio Massa ven con malos ojos que Manzur utilice su buen desempeño como Jefe de Gabinete para candidatearse junto a Cristina en 2023.

Juan Manzur aterrizó en el gobierno nacional para sacar las papas del fuego después de la peor derrota de la historia del peronismo. Sólo un par de días le bastaron para modificar esa imagen, y las primeras encuestas empiezan a demostrar una leve suba en la imagen del gobierno, especialmente tras anunciar el levantamiento de las restricciones sanitarias.

“El gobernador”, como le dicen internamente en el Frente de Todos, no vino a ser un secretario del presidente, si no que fue ungido por Cristina Kirchner como una suerte de primer ministro preparado para tomar las riendas del gobierno y pasar a Alberto Fernández a un segundo plano.

Su llegada encendió las alarmas en las cercanías de Alberto Fernández, no solo por desplazarlo en el Ejecutivo nacional si no porque todavía está convencido que él va a ser candidato en 2023 para reelegir con el peronismo unido atrás suyo.

Juan es un turco pícaro y ambicioso, pero está corriendo un riesgo demasiado alto”, advirtió una persona cercana al presidente ante la consulta de cuál es el proyecto de Manzur como Jefe de Gabinete.

Y es que Manzur arrancó su gestión como jefe de Gabinete poniendo quinta. Prácticamente lo corrió de escena al jefe de Estado. Él hizo el anuncio del “fin de la cuarentena”, les dio las órdenes a los ministros que estaban acostumbrados a trabajar directamente con Alberto y anunció que va encabezar reuniones de gabinete todas las semanas, algo que Cafiero rara vez hacía.

Su agenda es inagotable. Este miércoles recibió a su par bonaerense, Martín Insaurralde, en la Casa de Gobierno, para ponerse en sintonía tras el desembarco de ambos en la administración. El encuentro fue para “ordenar y planificar el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y provincial con el objetivo de fortalecer las políticas de producción y creación de empleo”, consignó el parte oficial de la provincia.

En el entorno del presidente hay inquietud e incomodidad, porque en pocas horas Manzur le intervino el Gobierno y no desmiente sus pretensiones presidenciales. Tampoco les agrada la estrategia del jefe de Gabinete de excluir o reducir sustancialmente las apariciones públicas del presidente de la campaña electoral que reanudará en octubre.

“A Alberto podés descalificarlo o ridiculizarlo. Lo que no acepta es que le saquen el micrófono. Su adicción mediática es su talón de Aquiles, dijeron hace poco en un mitín del Frente de Todos.

Pero no solo al albertismo molesta el alto perfil que está adoptando Manzur. Sergio Massa, quien tiene unas muy públicas ganas de ser candidato en 2023 si Alberto no se presenta, entiende que Manzur le frustra sus intenciones políticas. Lo mismo le ocurre a Máximo Kirchner, quien no estaba de acuerdo con el pacto que hizo su madre y también ve a Manzur como un adversario que puede sacarle poder en el kirchnerismo.

No es secreto para nadie que todo el universo peronista siente mucha más empatía y confianza hacia Juan Manzur que hacia el volátil Alberto Fernández o la soberbia despectiva de Máximo Kirchner. Sin embargo, varios son los que temen que haya mostrado demasiado rápido su juego y termine eyectado.

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