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26/01/2021

Los campos de concentración de Gildo Insfrán en Formosa serán denunciados por las violaciones de Derechos Humanos

En Formosa, el peronismo gobernante ha legalizado que las autoridades extraigan a un ciudadano de su casa por estar enfermo y ubicarlo en "centros de aislamiento", con pésimas condiciones sanitarias, hacinamiento y violencia.

Portada
A pesar de que hubo varios gobernadores argentinos (y gobernadores en todo el mundo) que abusan de su poder bajo la excusa de la pandemia, no hay figura que represente más el autoritarismo y la impunidad que trajo la pandemia como el gobernador formoseño Gildo Insfrán.

En 10 meses de pandemia, Insfrán cerró indiscriminadamente las fronteras de su Provincia, dejando a miles de formoseños varados en otras regiones del país, separados de sus seres queridos. Hubo un caso paradigmático el pasado mes de octubre, cuando un joven de 23 años de nombre Mario Ledesma intentó cruzar a nado el río Bermejo para poder reencontrarse con su mujer y su hija de tres años que estaba mal de salud. Lamentablemente, Ledesma falleció en el río y se abrieron causas penales contra el Consejo de Atención a la Emergencia de Formosa por su manejo de la frontera.
Ahora, salió a la luz otro escándalo que viene aconteciendo hace ya algunos meses, cuando Insfrán ordenó confinar a todos los enfermos de coronavirus, incluso sospechosos y contactos estrechos, bajo condiciones inhumanas de hacinamiento extremo.
Desesperado por bajar la tasa de contagios, probablemente previendo que la distribución de la vacuna Sputnik V que organizó Alberto Fernández iba a ser más lenta que lo prometido en pleno año electoral, Insfrán reacondicionó escuelas, galpones y otros establecimientos que están sin uso para encerrar a las personas, enfermas y no enfermas.
Los "centros de aislamiento" se caen a pedazos, y los videos que trascendieron revelan que las personas son mantenidas en esos lugares en contra de su voluntad. Las enfermeras les toman la temperatura y les dan la comida a las personas a través de unas rejas cerradas con llave.


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La situación es tan preocupante que las figuras de la oposición local, lideradas por la concejala Gabriela Neme, presentarán una denuncia tanto en la justicia local como en la justicia federal, y hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde el Gobierno nacional decidieron salir a defender a una de las figuras más prominentes del peronismo. El mismo Alberto Fernández descartó públicamente la intervención federal a Formosa y salió a apoyar a Insfrán pese a las denuncias por violaciones de los DD.HH.

La semana pasada, tanto Neme como Claudia Ruiz (UCR) fueron arrestadas por las autoridades formoseñas por denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo con estos verdaderos campos de concentración. Por suerte, luego de que se involucrara Juntos por el Cambio, fueron liberadas.

Actualmente, se estima que en Formosa hay 100 centros de aislamiento que albergan a unas 3.000 personas: sólo 600 son casos activos de COVID. Después hay unas 1.300 personas aisladas "por contactos estrechos", y entre 800 y 1.000 personas que fueron aisladas preventivamente, por ser "casos sospechosos". El hacinamiento que hay en estos lugares seguramente esté causando muchos más contagios dentro de los mismos centros que si las personas no hubieran sido aisladas.

"Van, los buscan y los meten a esos centros. Entran de madrugada a las casas, sin orden judicial y los llevan allí, de modo compulsivo, sin el consentimiento de la gente", denunció el abogado Juan Sebastián Montoya, quien está representando gratuitamente a las miles de personas que estuvieron o están en estos campos de concentración.

La concejala Gabriela Neme fue arrestada en Formosa por denunciar al gobernador Gildo Insfrán.

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Ante la polémica, Alberto Fernández anunció que enviará al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el ultra-kirchnerista Horacio Pietragalla Corti, para que "corrobore que no se están violando los derechos de los confinados".

Según denuncia Neme, "a la víspera de la visita de Pietragalla Corti a la provincia, el gobierno está desmantelando los tratos inhumanos del cincuentenario". En el video que publica se ve cómo están, a las apuradas, limpiando los establecimientos y liberando a algunas personas que estaban hacinadas.

Un gobierno provincial que puede extraer a una persona de su casa por estar enfermo o sólo sospechar de que puede estar enfermo, y ubicarlo en un edifico con pésimas condiciones sanitarias, hacinamiento y violencia, y luego contar con el aval y la protección del Gobierno nacional, no es nada más ni nada menos que una dictadura.


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