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Los nuevos “precios cuidados” de Alberto Fernández que apuntan a socializar el servicio de telefonía e internet en Argentina

Después de haber declarado los servicios de las telecomunicaciones como un servicio público, el Gobierno anunció la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) para regular la telefonía fija y móvil, conexión a Internet y televisión por suscripción.

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El Gobierno anunció que a partir del 1° de enero comenzará regir la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a Internet y televisión por suscripción. Desde los sectores afectados, ya alertaron del peligro de implementar esta medida, pero ante los oídos sordos del kirchnerismo.

Cabe destacar que la medida se da en el marco de la reglamentación del DNU 690/20 que declaró como servicios públicos esenciales a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable.

El objetivo principal de este plan, según el Gobierno, es “favorecer la universalización del acceso por parte de los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos”.

La reglamentación de la Prestación Básica Universal obligatoria (PBU) es una inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos beneficiarios de planes sociales“, afirmaron el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, la Secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcom, y el Titular del Enacom, Claudio Ambrosini.

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Con esta nueva medida, estarán disponibles los siguientes planes por orden del Estado, y las empresas no tendrán posibilidad de objetar el ofrecimiento de estos servicios:

  • Telefonía Móvil y Datos: tendrá un valor $150 por mes e incluirá 500 minutos en llamadas a celulares de la misma compañía, 50 minutos a números de otras compañías, 500 SMS, sitios web y 0800 liberados y mensajes de Whatsapp únicamente de texto. Con respecto a Datos, habrá 2 opciones: la primera tendrá un precio de $200 por mes y permitirá utilizar 1 GB. La segunda modalidad es prepaga y ofrecerá 50 MB por día y costará 18 pesos.
  • Telefonía Fija: costará $380 por mes e incluirá 300 minutos de llamadas locales y de larga distancia a líneas fijas de la Argentina, llamadas a 0800 y números de emergencia libres y llamadas entrantes sin límites.
  • Servicio de Acceso a Internet Domiciliaria: los prestadores con más de 50.000 clientes ofrecerán un servicio de 10 Mbps por $700 en el AMBA y de 5 Mbps por el mismo valor en el resto del país. Los prestadores que posean entre 2.000 y 50.000 clientes, ofrecerán 5 Mbps por $700; en este caso, el beneficiario podrá optar por acceder al plan de menor velocidad ofrecido por la compañía con un 30% de descuento. Por último, los prestadores con menos de 2.000 clientes ofrecerán 2 Mbps por 600 pesos.
  • Televisión por Suscripción: la prestación básica implica un descuento sobre el precio del plan de menor valor ofertado por el operador al 31 de julio pasado y/o aumentos posteriores que se autorizaren. Si el operador tiene más de 500.000 abonados, el descuento será del 30%; si tiene entre 100.000 y 500.000, del 25%; entre 30.000 y 100.000, del 20%.

Todos estos servicios aumentarán un 5% a partir del 1 de enero de 2021. 

El titular del Enacom, Claudio Ambrosini, junto a Alberto Fernández.

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Los peligros que implica esta medida

En primer lugar, desde las principales empresas del sector aseguran que este Plan Básico Universal es imposible de implementar, y que el aumento del 5% es ridículo. Desde Telecom informaron que implica no solo una fuerte limitación a sus ingresos, sino directamente una destrucción de los servicios de telefonía y de internet.
Los números hablan por sí solos y son conocidos por las autoridades. Un aumento del 5% no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora”, dijo la empresa que controla también a Personal y Cablevisión. “Si este es el camino que el Gobierno Nacional elige para el sector de la industria TIC, será también el de las oportunidades perdidas”, agregó.

“Alberto Fernández rompe con todo lo firmado en materia de libre competencia desde el 2000. Fijaron reglas que ellos mismos incumplen”, detalló Silvana Giudici, directora del Enacom.

Otro problema es que los 44 millones de argentinos podrían acceder al Plan Básico Universal, no sólo los más necesitados.Los reglamentos están hechos sobre la base de normas que vienen de la privatización de la telefonía y de la licitación de espectro móvil que se hizo en 2014. Si el Enacom en un mes no responde si a un cliente le corresponde el beneficio o no, el servicio básico puede quedar asignado también a gente con poder adquisitivo. O sea, 44 millones de argentinos están en condiciones de pedir el servicio y se los tendrían que dar hasta comprobar su condición fiscal o social según el listado de beneficiarios aprobado”, explicó Giudici.

Giudici también habló acerca del posible colapso en los call centers. “Puede haber un colapso para las operadoras, y no hablamos de las tres grandes sino también de las miles de pymes y cooperativas telefónicas del interior. ¿Cómo chequean? Es imposible. Tiene que haber prestaciones básicas porque la conectividad es un derecho, pero tienen que ser servicios de calidad.

Algunos empresarios importantes, como Santiago Urbiztondo, explicó que “les dicen a las empresas ‘tienen que dar este servicio a este universo muy amplio y costoso, fináncienlo’. Es chocante, descabellado.

El titular de la consultora Carrier y Asoc., Enrique Carrier, se mostró absolutamente en contra de esta socialización de los planes moviles. “Además de que las dejan aumentar muy poco, las empresas terminarán subsidiando a todos sus clientes. Otra duda: ¿Cuál será el aporte del Estado? ¿Le van a sacar el IVA a la PBU? Si no aportan nada se tratará de un subsidio privado. ¿Van a compensar a las empresas o nunca lo harán? El Estado no aporta nada en este contexto, al menos por ahora. Es un ‘seamos solidarios, pero el dinero lo ponés vos”.

En resumidas cuentas, la PBU es un primer paso del kirchnerismo en el mundo de controlar desde el Estado la telefonía móvil, el internet y demás conexiones. El sector de telecomunicaciones quedó, de esta manera, totalmente a la merced del socialismo kirchnerista.

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Acá podés ver más en detalle los planes:

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Argentina

La Cámpora, la JPRO y el FIT marchan juntos por el medio ambiente

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Todos marchan Juntos por el Cambio climático.

Como todos los 24 de septiembre, el movimiento ambientalista volvió a salir a las calles para pedirle al Congreso más medidas de protección del medio ambiente, como si toda la batería de leyes que prohíben la minería, la tala de árboles, las emisiones y la Ley Micaela no fueran suficientes.

Sin embargo, la movilización de este año tuvo un condimento especial, y es que por primera vez militantes de La Cámpora (Frente de Todos), la Juventud PRO (Juntos por el Cambio) y organizaciones sociales asociadas al Frente de Izquierda (FIT-U) marcharon codo a codo por una misma causa.

“Abrácense que tan distintos no son” dijo en el debate presidencial del 2019 el candidato José Luis Espert, y hoy se vio más que nunca. Tanto el kirchnerismo como el macrismo/larretismo comparten exactamente la misma agenda en términos de medio ambiente, pero por alguna razón ambos espacios marchan para quejarse contra un Congreso, irónicamente, dominado por el FdT y JxC.

“En este año de elecciones legislativas queremos votar a candidatos que estén realmente alineados con los objetivos del Acuerdo de París y que alcen su voz frente a: la erosión ambiental, el abuso de nuestros territorios y la violación de los derechos de las comunidades que los habitan, demandan desde Climate Save Movement, la principal organización de lobby en Argentina que convoca la marcha del #24S.

Y subrayan: “Queremos conocer sus propuestas y acciones concretas y que abran al debate popular las decisiones que involucren al ambiente como el Acuerdo porcino con China, ley de Hidrocarburos, megaminería, la exploración sísmica, los desmontes, el sistemático uso de agrotóxicos, entre tantas otras”.

Desde Jóvenes por el Clima, otro de los convocantes a las marchas del 24-S, también reclamaron en la previa de las primarias por un cupo social ambiental dentro de los debates públicos de los entonces pre candidatos. Se sumaron a una movida con otras organizaciones y referentes de la sociedad civil para reunir firmas en un petitorio digital que sigue abierto para exigir incluso a los periodistas que se informen al respecto para preguntar con precisión a los aspirantes a un cargo electoral.

“Queremos que todos los candidatos y candidatas de estas elecciones tengan que hablar de ambiente. Exigimos un #CupoSocioAmbiental en sus propuestas de campaña, exhortaron desde su cuenta en Twitter en agosto pasado.

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El voto por derecha surte efecto: El Gobierno eliminará las retenciones para empresas que exportan servicios

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Tras el fracaso electoral, el gobierno de Juan Manzur y Cristina Kirchner entiende que es hora de flexibilizar algunas de las medidas más maliciosas de Argentina.

El Gobierno confirmó hoy que eliminará completamente las retenciones para todas las empresas que exportan servicios, una de las trabas más importantes que existía hasta el momento para el sector terciario de la economía. 

Según Martín Guzmán, el objetivo de la medida es “fomentar la creación de empleo, generar divisas e impulsar la agregación de valor”, explicó en un comunicado.

La industria de los servicios abarca a todas las empresas de informática, software, programación, servicios profesionales y diseño, entre otros. Fue el segundo sector que más exportó en los últimos 4 años, sólo superado por el oleaginoso-cerealero. En 2020 se exportó un total de US$ 5.700 millones, y los principales destinos fueron Estados Unidos y la Unión Europea.

Hasta el momento, Guzmán había resistido bajar impuestos o aranceles, en busca del equilibrio fiscal durante la pandemia. Sin embargo, la derrota histórica del pasado 12 de septiembre puso a la política económica contra las cuerdas, y Cristina Kirchner salió a defenestrar al Ministro de Economía por querer reducir el déficit en plena pandemia.

La vicepresidente dio la orden, a través de Juan Manzur, de que es hora de flexibilizar algunas de las políticas más estrictas del kirchnerismo. En tan solo una semana, el gobierno levantó la cuarentena y empezó a sacar retenciones. Evidentemente, el voto por derecha surtió efecto.

La quita de retenciones, de todos modos, empezará a partir del 1ro de enero del 2022. “En 2022 el Gobierno eliminará por completo las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior. A partir del 1° de enero, tanto las empresas inscriptas en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento como las que aún no lo están, pagarán cero”, destacaron.

Tras la derrota electoral, Guzmán debió cambiar su libreto.

Hasta el momento, el sector adherido pagaba una alícuota del 5% que rigió durante todo el año 2020. Durante 2019 había sido entre 11% y 7 por ciento. El decreto reglamentario de la Ley de Economía del Conocimiento, de fines del 2020, había establecido que a partir de este año la empresas adheridas al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento no pagarían derechos de exportación. Ahora, asegura el Gobierno, tendrán alícuota cero todas las empresas del sector, estén o no adheridas al régimen de promoción.

Cabe aclarar que esta retención había sido instaurada por el macrismo, que en 2018 impuso un derecho a la exportación de $4 por dólar, que llegó a gravar hasta el 12% de las ventas al exterior.

Aplicar derechos de exportación a los servicios fue una política errada consecuencia de una mirada exclusivamente fiscalista sobre los derechos de exportación durante el período 2015-2019, cuando se resolvió aplicar alícuotas a todos los bienes y servicios (independientemente del nivel de valor agregado) y con poca diferenciación entre bienes primarios, industriales, servicios, etc.”, detallaron desde el Gobierno.

El arancel cero contribuirá a generar los 500.000 empleos y USD 10.000 millones de exportaciones proyectados al 2030, según cálculo de comienzos de año del presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), Sergio Candelo.

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El albertismo busca frenar a Manzur: creen que está preparando una candidatura para 2023

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Tanto el entorno como de Alberto Fernández como de Sergio Massa ven con malos ojos que Manzur utilice su buen desempeño como Jefe de Gabinete para candidatearse junto a Cristina en 2023.

Juan Manzur aterrizó en el gobierno nacional para sacar las papas del fuego después de la peor derrota de la historia del peronismo. Sólo un par de días le bastaron para modificar esa imagen, y las primeras encuestas empiezan a demostrar una leve suba en la imagen del gobierno, especialmente tras anunciar el levantamiento de las restricciones sanitarias.

“El gobernador”, como le dicen internamente en el Frente de Todos, no vino a ser un secretario del presidente, si no que fue ungido por Cristina Kirchner como una suerte de primer ministro preparado para tomar las riendas del gobierno y pasar a Alberto Fernández a un segundo plano.

Su llegada encendió las alarmas en las cercanías de Alberto Fernández, no solo por desplazarlo en el Ejecutivo nacional si no porque todavía está convencido que él va a ser candidato en 2023 para reelegir con el peronismo unido atrás suyo.

Juan es un turco pícaro y ambicioso, pero está corriendo un riesgo demasiado alto”, advirtió una persona cercana al presidente ante la consulta de cuál es el proyecto de Manzur como Jefe de Gabinete.

Y es que Manzur arrancó su gestión como jefe de Gabinete poniendo quinta. Prácticamente lo corrió de escena al jefe de Estado. Él hizo el anuncio del “fin de la cuarentena”, les dio las órdenes a los ministros que estaban acostumbrados a trabajar directamente con Alberto y anunció que va encabezar reuniones de gabinete todas las semanas, algo que Cafiero rara vez hacía.

Su agenda es inagotable. Este miércoles recibió a su par bonaerense, Martín Insaurralde, en la Casa de Gobierno, para ponerse en sintonía tras el desembarco de ambos en la administración. El encuentro fue para “ordenar y planificar el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y provincial con el objetivo de fortalecer las políticas de producción y creación de empleo”, consignó el parte oficial de la provincia.

En el entorno del presidente hay inquietud e incomodidad, porque en pocas horas Manzur le intervino el Gobierno y no desmiente sus pretensiones presidenciales. Tampoco les agrada la estrategia del jefe de Gabinete de excluir o reducir sustancialmente las apariciones públicas del presidente de la campaña electoral que reanudará en octubre.

“A Alberto podés descalificarlo o ridiculizarlo. Lo que no acepta es que le saquen el micrófono. Su adicción mediática es su talón de Aquiles, dijeron hace poco en un mitín del Frente de Todos.

Pero no solo al albertismo molesta el alto perfil que está adoptando Manzur. Sergio Massa, quien tiene unas muy públicas ganas de ser candidato en 2023 si Alberto no se presenta, entiende que Manzur le frustra sus intenciones políticas. Lo mismo le ocurre a Máximo Kirchner, quien no estaba de acuerdo con el pacto que hizo su madre y también ve a Manzur como un adversario que puede sacarle poder en el kirchnerismo.

No es secreto para nadie que todo el universo peronista siente mucha más empatía y confianza hacia Juan Manzur que hacia el volátil Alberto Fernández o la soberbia despectiva de Máximo Kirchner. Sin embargo, varios son los que temen que haya mostrado demasiado rápido su juego y termine eyectado.

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