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Mafia sindical: La CGT amenazó a quienes negocien con el Gobierno de Milei y dijo que el objetivo del paro es voltear la Ley de Bases

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En un episodio digno de “El Padrino”, Hector Daer, líder de la central obrera, dijo que quien negocie con el gobierno “no podrá caminar por la calle” y confirmó el paro general para el 24 de enero.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que llevará a cabo el paro general del 24 de enero. No conforme con ello, también lanzaron amenazas a quienes se predisponen a negociar la aprobación de la “Ley de Bases y Puntos de Partida” con el Gobierno nacional.

En ese sentido, Hector Daer, quien es una de las cabezas de la CGT, confirmó el paro alegando que él mismo es “inamovible” y amenazó sin tapujos a los congresistas que están negociando con el gobierno nacional diciendo que “Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle”.

Así, este tipo de accionar sindical levanta polémica y muchos interrogantes. En primer lugar, muestra una clara diferencia con lo hecho durante la gestión de Alberto Fernández. Recordemos que en los últimos cuatro años, la CGT no realizó ni un solo paro general y se mantuvo en un estruendoso silencio a pesar de los cuestionables índices económicos y el empeoramiento crítico de la situación de los trabajadores que dicen defender.

A su vez, apoyaron de forma contundente a Sergio Massa en la contienda presidencial con el ahora presidente Javier Milei, respaldando al ministro de economía que pulverizó el poder adquisitivo de los trabajadores.

Además, las amenazas mafiosas de Hector Daer se pueden interpretar como un claro ataque a el sistema republicano y al normal funcionamiento del Congreso. El sindicalista parece instar a la violencia contra los congresistas, negando su pleno derecho a la negociación y al diálogo.

Daer parece omitir deliberadamente que el diálogo entre congresistas es la única herramienta que tienen los mismos para poder introducir modificaciones en las leyes y expresar diversos puntos de vista.

Asimismo, la respuesta por parte del gobierno ante la actitud intempestiva del sindicalista no tardó en llegar. En un contundente mensaje la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alegó que “los que no van a poder caminar por la calle son los que intenten destruir el país". En ese sentido, a la ministra no le tembló el pulso y confirmó la implementación del protocolo antipiquetes para asegurar la libre circulación de los ciudadanos, consagrada en nuestra constitución nacional.

A la ministra se sumaron otras figuras de relevancia a repudiar los dichos de Daer. Un ejemplo es el del diputado de JxC, Fernando Iglesias, quien en un irónico mensaje a través de su cuenta de twitter le dijo a Daer: “Bajate del Audi y salí sin custodia y vas a ver quién es el que no puede caminar por la calle, depósito de maní”.

En esa misma línea, se expresó Jose Luis Espert, quien ante la consulta sobre el tema dijo tomarlo como “un desafío de un mafioso y por lo tanto le enfrentaremos a la mafia con la constitución, con el código penal, con la ley en la mano”.

Las actitudes antidemocráticas no son sorpresivas. Cabe recordar que en su funcionamiento interno, la CGT no está acostumbrada a un funcionamiento libre y democratico. Los líderes sindicales se eternizan por años en sus sillones de poder.

Están acostumbrados a funcionar como una verdadera casta, rechazando toda medida que bregue por mayor libertad para los ciudadanos. En algún punto, las amenazas de de Daer parecen mostrar miedo; miedo a perder los numerosos privilegios que han logrado consagrar para sí mismos.


Por Lucas Bello, para La Derecha Diario.

Argentina

Se acabó el curro del INADI: Milei tomó la motosierra y recortó un presupuesto de $3600 millones y 400 empleados

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Por motivos económicos, ideológicos y morales, el presidente Javier Milei resolvió el cierre del INADI, eliminado todo su presupuesto y echando a una buena parte de la planta.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves a la noche en una entrevista en exclusiva con Jony Viale, el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio se dio primero en la habitual conferencia de prensa del vocero, y luego fue confirmada por la Oficina del Presidente.

El INADI fue creado por un pedido de la UCR luego del pacto que llevó a la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Posteriormente, el ex presidente Carlos Menem en el año 1995, pasó la Ley Antidiscriminación (Ley 24.515), que obliga al Estado a tener un organismo que cumpla las funciones del INADI, aunque el instituto se puso recién funcionamiento en el año 1997.

En sus casi 30 años de historia, sufrió varias intervenciones por "mal funcionamiento". La primera ocurrió en el año 2000 y la última, que duró hasta la actualidad, en el 2011, cuando Cristina Kirchner puso a Pedro Mouratian a cargo y lo convirtió en una agencia de persecución a la oposición. Ahora el Gobierno de Milei vuelve a intervenirlo y dispone como interventora a Maria de los Angeles Quiroga, pero ahora con el objetivo de cerrarlo definitivamente.

Las razones del cierre del INADI

Su cierre encuentra motivos ideológicos, económicos y morales. En cuanto a lo ideológico, el cese de sus actividades es una gran victoria para las ideas liberales y una declaración de no interferencia del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión.

Al ser el INADI dependiente del Ejecutivo, su mera existencia implicaba que el Gobierno Nacional contaba con las herramientas para entrometerse arbitrariamente en la libertad de expresión de los ciudadanos. Así, el Presidente podía decidir de manera sesgada qué se podía decir y qué no, y qué tipos de expresiones debían ser penadas.

Se abría la posibilidad de perseguir a quien piense distinto, manchando su imagen y acusándolo de discriminatorio. Un caso muy conocido fue el de Ramiro Marra, quien denunció que el INADI lo persiguió simplemente por oponerse a los piqueteros que cortaban la calle ilegalmente.

Cabe aclarar que la discriminacion está penada en la Argentina por la Ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”, pero esto es competencia específica del Poder Judicial, lo cual está en línea con el resto de las democracias liberales del mundo. Es la Justicia quien debe dictaminar si se cometió un hecho ilícito de disicriminacion, respetando todas las garantías procesales del acusado, no un organismo del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo económico, está claro que es inaceptable que los contribuyentes carguen sobre sus espaldas este tipo de gastos superfluos. El país no está en un momento en el que se pueda dar el lujo de financiar un organismo persecutor.

Al día de hoy, el INADI se ha convertido en un verdadero aguantadero de personas, sin control alguno y con un despilfarro alucinante. Por ejemplo, el Gobierno informó que este instituto cuenta con 400 empleados y tiene 43 delegaciones a lo largo y ancho del país.

Solo en el Presupuesto 2023, manejó una caja de $1.150 millones de pesos. Esto con nula transparencia, ya que no cuenta con una nómina oficial de quienes trabajan en el organismo, siendo un claro ejemplo de falta de transparencia en el manejo de las contrataciones estatales.

En cuanto a lo moral, hay una discusión más profunda, y solo basta con ver el prontuario de quienes han pasado por el INADI para darse cuenta de que ha sido manejado por gente poco idónea y que incluso ha estado involucrada en escándalos totalmente ilícitos.

Quizás el ejemplo más resonante de los últimos tiempos es el de Victoria Donda, quien fue titular del instituto entre 2019 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernandez. La ex directora se vio envuelta en un escandaloso suceso, donde su empleada doméstica la acusaba de haberla tenido 10 años en “negro” y en el que Donda contestaba via chat ofreciéndole un cargo en el INADI o un plan social como compensación.

Además, la empleada contó en diversas entrevistas sentirse agobiada por la cantidad de tareas que la familia Donda le hacía realizar, sin recibir aumentos, ni aguinaldo, ni vacaciones. Increíblemente, la titular de un organismo que dice velar por un país más igualitario ni siquiera había empezado por su propia casa.

Con el cierre del INADI, se vuelve a confirmar que ya no hay más lugar para los curros y las avivadas de la política. El Gobierno se muestra una y otra vez, hasta el cansancio, decidido a desbaratar cada uno de los antros que se han formado bajo la tutela estatal.

Sin el INADI, será la Justicia quien vele por dictaminar quién es culpable de un delito de discriminacion. Ya no habrá un burócrata del Gobierno que apunte con el dedo y decida por sí mismo que está permitido decir y qué no. La libertad de expresión parece engrosar y convalidarse con esta decisión de mucho coraje del presidente Javier Milei.

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Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

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Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos desde la salida de la Convertibilidad y que dejó de hacer este gobierno.

Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? por TN, que se grabó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se transmite esta noche desde las 21 horas. El objetivo del Presidente con esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo y bajar la inflación.

El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

La emisión de dinero devalúa al peso y hace perder su valor frente a los bienes y servicios. Esto es percibido por la gente como una suba de todos los precios de la economía, lo cual recibe el nombre más conocido como inflación.

Pero de fondo, lo que ocurre es que la emisión sin respaldo genera que se necesiten más pesos para comprar los mismos productos, lo que lleva a una pérdida del poder adquisitivo si los sueldos tardan más en acomodarse.

Todo este proceso inflacionario y de caída real de salarios se evita sin emitir dinero para financiar el gasto público, limitando la emisión de pesos únicamente para pagar los gastos y las deudas propias del Banco Central.

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Chau INADI: El Presidente Javier Milei resolvió eliminar uno de los antros de corrupción y persecución más importantes del kirchnerismo

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Lo adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa y lo confirmó la Oficina del Presidente en redes.

El Gobierno de Javier Milei anunció que cerrará definitivamente el INADI, en su plan de desmantelar institutos que "no sirven para nada", según aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

"Estamos dando los primeros pasos para avanzan en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política. Empezamos con el primero: el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. Por supuesto, lleva un tiempo. Hay cuestiones burocráticas", explicó el funcionario.

Con respecto al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Adorni contó que contaba con 400 empleados y decenas de oficinas por todo el país. En estos 2 meses, la planta se redujo a 355, y se seguirá recortando a partir de esta decisión.

"No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde hayan decenas o cientos de puestos jerárquicos que no suman para nada", sentenció.

El Instituto, a su vez, tiene 45 oficinas en diferentes provincias y ciudades del conurbano bonaerense, catalogadas como delegaciones, subdelegaciones y enlaces. Muchas de ellas están ocupadas por las diferentes líneas internas del kirchnerismo. Ahora, se pondrán a la venta.

La Oficina del Presidente confirmó la noticia, y explicó las razones de la decisión. "Durante la campaña electoral, el Presidente Milei prometió al pueblo argentino terminar con la sobrepoblación de organismos, cargos y empresas públicas financiadas con el hambre de la gente. Esta medida se suma a la reducción de ministerios, secretarías, direcciones y coordinaciones en todo el sector público nacional", aseguró.

Y agregó: "La República Argentina no necesita un organismo que oficie de policía del pensamiento persecutora de opositores, sostenido por $2.800.000.000 de presupuesto, $8.000.000 en gastos de alquiler y más de 400 empleados. La planta ya se redujo a 355 en los primeros 2 meses y continuará recortándose a partir de esta decisión".

"Los más de 7.000 expedientes sin tramitar y sin resolución son prueba de la inoperancia del INADI, y confirman que sus funciones eran persecutorias, ideológicas y duplicadas con aquellas que corresponden al Poder Judicial", concluyó.

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