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Mientras nadie prestaba atención, Alberto Fernández y la Provincia de Mendoza estatizaron la histórica empresa metalúrgica Impsa, de la familia Pescarmona

El Estado Nacional y la Provincia de Mendoza se quedarán con el control de Impsa, la histórica empresa de la familia Pescarmona, que quedará con sólo el 5% de la participación empresarial.

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Debido a las fuertes restricciones de la cuarentena, una brutal caída en la demanda y una crisis económica sin precedentes (generada en gran parte por la misma cuarentena), la centenaria empresa Impsa, del sector metalúrgico y energético, cayó en quiebra el año pasado.

La empresa había tenido múltiples problemas, no sólo financieros si no que judiciales, ya que Enrique Pescarmona, nieto del fundador y cuarta generación en la compañía, y Francisco Valenti, uno de los directores de la empresa, estuvieron involucrados en la llamada Causa de los Cuadernos.
Sin embargo, en 2018 habían logrado salir a flote con un nuevo esquema societario que ponía a los acreedores en la parte de gestión de la compañía. Pero el 2020 y la cuarentena eterna de Alberto Fernández los terminó de hundir.
En agosto del año pasado, Impsa pidió un préstamo al Estado para pagar las nuevas deudas que debió tomar por la crisis, pero el ministro de Producción, Matías Kulfas, convenció al gobierno de la provincia de Mendoza, donde está radicada la empresa, que en vez de otorgarle un nuevo préstamo le proponga a los accionistas comprar la empresa.
Así, se sacó a Impsa del Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos” (PAEERP), a través del cual el Estado estaba pagando el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa, para llevar a cabo su estatización.

La compañía, que fue creada hace más de 100 años como una empresa metalúrgica, fue ampliando sus negocios a rubros como soluciones y equipos para la industria de generación de energía hidroeléctrica, eólica y nuclear.

Ingenieros de la empresa durante la fabricación de un generador de vapor 

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De acuerdo a fuentes oficiales, la capitalización incluirá US$ 20 millones por parte del Estado nacional y otros US$ 5 millones por parte de la provincia de Mendoza. Así, el gobierno kirchnerista se quedará con casi el 65% de la empresa, la provincia radical rondará el 20% y sólo un 15% quedará en capitales privados, del cual un 5% será para la familia fundadora.

El Estado nacional inyectará un total de $1.362.900.000 al capital de IMPSA, por lo que su participación accionaria pasa a ser del 63,7%, mientras que el Estado provincial aportará $454.300.000, quedándose así con el 21,2% de las acciones. El porcentaje restante (15,1%) permanecerá en manos privadas, correspondiendo un 9,8% de las acciones al fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora”, informó Kulfas.

La estatización tuvo un amplio apoyo del gobierno de Rodolfo Suárez en Mendoza, quien a pesar de ser un radical del “ala dura” de la UCR, que responden a Alfredo Cornejo, se reunieron felizmente con Alberto Fernández y Kulfas para negociar la compra.

Por el momento, el presidente de la empresa seguirá siendo Juan Carlos Fernández, un ingeniero electromecánico con posgrados en Stanford y Harvard, que trabajó entre 1979 y 2016 en los departamentos de Ingeniería, Planeamiento y Comercial, y fue presidente de IMPSA Asia y de IMPSA Energy. Fernández venía haciéndose cargo de la compañía desde su reestructuración, y había sido elegido por los acreedores como su presidente en 2018.

Pero conociendo la historia argentina, será cuestión de tiempo para que el gobierno kirchnerista lo desplace y rife puestos en esta prestigiosa empresa a militantes de La Cámpora.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el secretario General de la UOM, Antonio Caló, para realizar el anuncio sobre la estatización. 

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Milagro Sala: la respuesta del Gobierno kirchnerista que tardó años en llegar

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A seis años de su condena, y tres años de que asumió Alberto Fernández, recién hoy conocimos la postura de los ministros del oficialismo sobre el caso de Milagro Sala.

El primer caso es el del ministro de Interior, Wado de Pedro, que pidió reconstruir una justicia que no persiga opositores con respecto al caso de Milagro Sala este martes, a 6 años de la condena a prisión domiciliaria de la líder de la Tupac Amaru en Jujuy.

Junto a quien fue su abogada en el pasado, Elizabeth Gómez Alcorta, hoy ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, el funcionario subió una foto a su cuenta de twitter celebrando la reunión y tomando una postura proactiva sobre el caso de Milagro, respuesta que no se había visto de parte de Alberto Fernández.

Milagro Sala fue detenida el 16 de enero del 2016 tras participar en una protesta contra el gobernador electo, Javier Gerardo Morales, frente a la casa de Gobierno de la provincia de Jujuy. Fue condenada por delitos cometidos sobre asociación ilícita en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de $60.000.000 que iban dirigidos a viviendas sociales.

La ex dirigente se considera a sí misma una presa política víctima de la gestión de Morales, y se manifestó en varias ocasiones contra el Presidente reclamando más atención a su actual situación judicial, ya que el kirchnerismo volvió a asumir el poder nacional.

Sin embargo, este no fue el único statement de Wado en esta ocasión, ya que previamente compartió en sus redes sociales una publicación del 2020 del diario Perfil, donde pueden escucharse los audios del extitular del Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, alegando que Milagro Sala fue condenada para “no volver al quilombo permanente, a los cortes y a la quema de gomas”.

El funcionario de puertas abiertas hacia CFK, apoyó la denuncia alegando que “hace unos días vimos cómo se articulaban los servicios de inteligencia y la Justicia para armar causas en la provincia de Buenos Aires. En 2020 se filtró un audio de Baca, expresidente del TSJ de Jujuy, donde admitía que Milagro estaba presa sólo porque lo necesitaba el Gobierno.

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Nisman: A 7 años del magnicidio, hay un solo procesado y mucha incertidumbre

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Este 18 de enero se cumplen 7 años del magnicidio de quien supo ser fiscal de la nación, hasta ahora son más las dudas que las certezas las que rodean al crimen. La causa solo tiene un procesado: Diego Lagomarsino. 

Realmente poco se conoce sobre el tema en su séptimo aniversario. Este escandaloso episodio solo cuenta con un procesado en la causa que lleva adelante el Juez Julián Ercolini: Diego Lagomarsino. La Justicia considera al técnico informático como partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por armas

En la investigación se tomaron en cuenta los testimonios de más de treinta agentes de la ex-SIDE que estaban operativos cuando el Fiscal de la UFI-AMIA apareció sin vida en su departamento.

Diego Lagomarsino fue procesado el 26 de diciembre de 2017, sin embargo Ercolini no dispuso su prisión preventiva. El juez dictó el uso de una tobillera electrónica, la cual en octubre pasado ordenó que fuera retirada. Todos los meses, el asistente informático de Nisman, debe reportarse ante el juzgado para confirmar que sigue a derecho.

El nombre del Técnico hizo eco por todos los medios desde el primer día, ya que trabajaba desde 2007 en la fiscalía de Nisman y además fue quien le entregaría la Bersa 22 que disparó la bala homicida. 

La excusa presentada por el procesado expuesta ante la fiscal Viviana Fein, fue que Alberto Nisman lo había llamado un día antes de su muerte expresando que corría peligro y necesitaba defensa extra, ya que según Lagomarsino: Lo había llamado (el espía) Stiusso y le dijo que se cuidara de la custodia y que, además, tuviera precaución con la seguridad de su hija.

Entrevista a Diego Lagomarsino en Crónica donde cuenta la supuesta última conversación con Nisman

En el expediente todavía no se determina quiénes son los autores materiales del magnicidio. Cabe recordar, que en los días previos, Nisman presentó la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno, por encubrimiento de los acusados iraníes por la voladura a la AMIA en 1994. 

Poco tiempo después de su muerte, el magistrado Daniel Rafecas desestimaría denuncia alegando que no estaban dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación. Hoy Rafecas es el Procurador General de la Nación, designado por el kirchnerismo en 2020.

La primera junta médica que analizó el caso conformada por diez peritos del Cuerpo Médico Forense, dos de la Policía Federal, uno de la defensa de Lagomarsino y dos por la querella, concluyó que no había indicios para sostener la hipótesis del homicidio. 

No obstante, la investigación pegó un volantazo en 2016, cuando la causa pasa a Comodoro Py y por sorteo recae en el juez federal Ercolini y el fiscal federal Eduado Taiano, quien se ocupó de continuar la investigación. En el nuevo peritaje, realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, contradijo a la junta médica anterior y sostiene que Nisman fue asesinado. 

Todavía queda un camino largo que recorrer para saber quienes fueron los responsables de pensar y ejecutar el crimen. Como también lo tienen los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994).

Juez Federal Julián Ercolini

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Moyano presiona a la CGT para que se sumen a las protestas en contra de la Corte Suprema

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El dirigente camionero y su clan agitan la interna sindical. Acuña no cede ante la presión. 

Hugo Moyano, junto con su hijo Pablo, presionan a la CGT para que se movilicen en contra de La Suprema Corte. Camioneros adhiere y convoca a la protesta.

Si es algo para reclamar justicia los Camioneros seguramente vamos a participar, dijo el patriarca de la familia sindical. Son tantas las denuncias contra la Corte que se han hecho que hay que corregir esto, agregó.

Por su parte, Pablo, que forma parte del triunvirato conductor CGT, dijo que solo, con un camión o con miles, pero acompañando a los trabajadores. Voy a marchar para exigir de una vez por todas que en la Corte Suprema se haga justicia, agregó el hijo de Hugo.

Hugo Moyano fue a la yugular del movimiento sindical, alegando que la Central debe participar y que si no lo hace es porque algunos de sus integrantes son sumisos a los poderes mandantes, en referencia al macrismo.

Históricamente, la CGT se muestra reacia a manifestarse en marchas organizadas por el kirchnerismo, más aún teniendo en cuenta que de la misma participarán la CTA y la CFT, pero esta podría ser una rara excepción.

Carlos Acuña, otro de los peces gordos, fue a contramano de los Moyano y dijo que la CGT no participó de ninguna reunión vinculada a esa manifestación. A la fecha se desconocen los objetivos de esa concentración, agregó dirigente.

Héctor Dáer, el otro dirigente del triunvirato, no se refirió al tema pero se descuenta que se alineara con Acuña, a menos que Alberto Fernández se pronuncie a favor de la misma. 

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