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Milei contra el Eje de la casta: Massa, Larreta, y Monzó; la trama detrás del boicot a la Ley Bases en el Congreso

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Una oscura alianza entre las tres figuras que resultaron fuertemente derrotadas en las últimas elecciones está detrás de la caída de la Ley Bases que envió Milei al Congreso.

Después de un mes de frenéticas negociaciones por la Ley Bases, la Cámara de Diputados había llegado a un acuerdo para aprobar un dictamen que dejaba a más de 140 diputados contentos. Esto quedó expresado el pasado viernes, cuando 144 votos marcaron el positivo y la ley obtuvo media sanción.

Sin embargo, negociaciones de fondo que tuvieron lugar entre el fin de semana y el lunes, llevaron a un colapso total del apoyo que dificultosa pero efectivamente el Gobierno de Javier Milei había logrado construir.

Este martes, empezaba la votación en el recinto de cada artículo de la ley en particular, inciso por inciso, algo que pidió, con mayor impericia que malicia, el líder del bloque radical, Rodrigo de Loredo, pero a pesar de la dificultad, en el Gobierno se sentían confiados.

Todos los jefes de bloque habían arreglado que la mayoría de sus diputados apoyarían prácticamente toda la ley. Esto incluso pareció validarse cuando se votó el primer artículo y se aprobó entero sin sorpresas.

Lo mismo ocurrió con el artículo 2 y 3, hasta que se llegó al fatídico artículo 4, uno de los más polémicos de la ley porque englobaba las facultades delegadas; todo venía bien hasta el ahora infame inciso H. Este inciso buscaba facultar al Presidente de la Nación a cerrar fideicomisos que no son más que fondos públicos que usan ciertos partidos, incluso cuando no están en el poder, para hacer política. Sorpresivamente, 142 votos aparecieron votando en contra.

Los diputados libertarios se miraban con los del PRO e incluso con el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien les había asegurado unos minutos antes que "los votos están". Llegó el artículo 5, y empezaron a caerse otros incisos; algunos insólitos, que tenían amplio apoyo incluso durante los debates en el plenario de comisiones, como los que bucaban suprimir cargos duplicados en el Estado o las facultades para combatir la trata de menores.

En total cayeron cinco de los artículos que habían consensuado aprobar sin traspiés. Antes de pasar a la votación de las privatizaciones, quizás el tema más importante de toda la ley, el diputado Pichetto pidió un cuarto intermedio.

En los pasillos del Congreso, mientras se juntaban para intentar descifrar lo que había ocurrido, se enteraron de lo peor: el fin de semana hubo un pacto entre tres figuras oscuras sin que lo sepan en el oficialismo. Ni bien e percataron de lo que estaba pasando, el líder del bloque libertario, Oscar Zago, corrió a su banca y pidió levantar la sesión.

El Eje de la casta

Horacio Rodríguez Larreta

La aprobación de la ley dependía de tres grupos principales: por un lado, está la UCR, que cuenta con 34 diputados, pero no es un bloque homogéneo. Si bien la mayoría responde al cordobés Rodrigo de Loredo, hay un conjunto de diputados alineados con Martín Lousteau que, en última instancia, responden al siempre presente Horacio Rodríguez Larreta.

Muchos de ellos incluso apoyaron su fallida precandidatura a presidente el año pasado, y aunque luego entraron por las listas de Patricia Bullrich, hoy responden a los intereses de una sola persona: el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad, hoy "jubilado" de la política.

No se pudo aguantar su felicidad por un plan macabro bien hecho, y ni bien se cayó la ley, publicó desde sus redes un tweet que parecía que tenía escrito hace una semana y estaba esperando el momento indicado para tirarlo.

"¡Viva el consenso carajo!", publicó en su cuenta de X (ex Twitter), donde explicó en un largo hilo que la caída de la Ley Bases es el triunfo de los negociados de la casta.

Larreta viene recorriendo varias provincias en el último mes, donde se reúne con importantes dirigentes radicales y sigue construyendo su red de influencia en el Congreso, el último vestigio de poder que le queda.

Resulta interesante ver sus últimos dos viajes: a Santa Fe y a Mendoza. Casualmente, los diputados radicales santafesinos y mendocinos estuvieron entre los mayores traidores el día martes. Julio Cobos (UCR-Mendoza), Mario Barletta (UCR-Santa Fe), y Melina Giorgi (UCR-Santa Fe) fueron algunos de los que se alinearon con la casta.

Emilio Monzó

El otro bloque del cual dependía la ley pero terminó traicionando es el de Hacemos Coalición Federal (HCF), que lidera Miguel Ángel Pichetto, pero que no logra que voten en bloque en ninguna de las votaciones que hubo hasta ahora en la Cámara de Diputados.

Monzó volvió a la Cámara en 2021, infiltrándose en la lista de Juntos por el Cambio, pero desde entonces que ha empezado a tejer sus propios intereses, más cercanos a los del kirchnerismo que a los de su propio espacio.

Tras su paso como presidente de la Cámara de Diputados entre 2015 y 2019, tiene un poder de fuego inigualable en el recinto. Si bien está por debajo de Pichetto en la estructura, el diputado bonaerense maneja el bloque HCF como quiere. Es así que de los 23 diputados de este espacio, hubo 21 que votaron por lo menos algún artículo en contra.

En tándem con Nicolás Massot, Emilio Monzó logró que los diputados de Córdoba y de Buenos Aires de este bloque, en su mayoría de la CC ARI de Lilita Carrió, voten en contra de varios de los artículos. Fue uno de los mayores negociadores atrás de escena de la jornada.

Sergio Massa

El úlitmo bloque que tenía que respaldar la ley para que se aprobara era el de Innovación Federal, un nombre moderno para representar uno de los bloques más arcaicos de la Cámara, el de peronistas provinciales. Similar al bloque Provincias Unidas de la anteriór legislatura, este bloque está compuesto por los partidos provinciales peronistas no kirchneristas.

Su principal respaldo está en los tres salteños que responden al gobernador Gustavo Sáenz, Pamela Calletti, Pablo Outes, y Yolanda Vega; pero también engloba a tres diputados del Partido de la Concordia Social (PCS) de Misiones, que responden al gobernador Hugo Passalacqua y al Movimiento Popular Neuquino (MPN), que responde al gobernador Rolando Figueroa.

Todos estos partidos, aunque acordaron originalmente una alianza con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en última instancia responden a un solo jefe, el ex ministro y fallido candidato a presidente, Sergio Massa.

Quien alguna vez fuera presidente de la Cámara, se niega a retirarse de la política, y aunque concede que la conducción del PJ podría pasar a manos de Axel Kicillof o de Máximo Kirchner en el futuro cercano, él tiene un plan superador.

El intento de golpe de Estado

Estas tres figuras no buscan revivir ni el Frente de Todos ni ampliar Juntos por el Cambio; por el contrario, tienen la visión que fue sepultada en las elecciones de que la única manera de gobernar es a través de la ancha avenida del medio, con reformas vacías que no cambien nada pero que tengan muchos votos.

Es así que tanto Larreta como Monzó y Massa se han estado reuniendo en secreto y han adoptado un único objetivo: que Milei no pueda gobernar. Massa, todavía activo en sus grupos de comunicación por WhatsApp, comanda a sus seguidores a levantar el caos en las calles que originaron los grupos piqueteros de la izqueirda.

Pero Massa no puede superar haber perdido las elecciones, y en las reuniones con sus equipos de estrategia les dice que todavía puede llegar al poder "como Duhalde", y asegura que construir una mayoría en el Congreso es el primer paso para esto. Cabe recordar que Duhalde, el 2 de enero del 2002, ya no era gobernador de la Provincia y había sido recién electo senador, y fue elegido en Asamblea Legislativa para ocupar la presidencia tras la acefalía que dejó Fernando de la Rúa. Massa piensa que la historia se puede repetir y quiere ser el nuevo Duhalde.

Larreta sirve de una especie de "jefe de Gabinete" en las sombras de este nuevo armado de Massa, y Monzó aspira con volver a la presidencia de la Cámara de Diputados. Si la votación del martes es un indicativo de algo, es que está cerca de tener los votos para hacerlo.

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Los gobernadores le declaran la guerra a la Nación porque Milei se niega a pagarles su deuda: “Son amenazas chavistas"

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La Oficina del Presidente le respondió al gobernador Nacho Torres por sus amenazas subversivas: “Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, del PRO, lanzó un explosivo comunicado que fue acompañado por la firma de los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), el grupo conocido como "los patagónicos".

En dicho documento, titulado "las Provincias Unidas del Sur", los gobernadores de la Patagonia aseguran que expropiarán y retendrán todo el petróleo y el gas que extrae YPF y las empresas privadas, si el Gobierno Nacional no le vuelve a enviar el dinero de las transferencias discrecionales, que las provincias usan para pagar sus deudas.

Les damos tiempo hasta el miércoles. Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut a la Argentina… y ahí te quiero ver”, lanzó el gobernador de Chubut, que encabeza el "grupo subversivo" contra el Gobierno Nacional.

En concreto, Torres reclama unos $13.500 millones de pesos, más de un tercio de su coparticipación mensual, que la Nación le retuvo a Chubut porque la provincia no estaba pagando una deuda que se había tomado con el Estado Nacional.

El Gobierno de Javier Milei le había dicho desde el 10 de diciembre que Chubut tiene que recortar los gastos para reducir su déficit, ya que la Nación no les seguiría solventando su despilfarro, pero en ya casi 3 meses, Torres no ha tomado ni un solo paso en la dirección del saneamiento fiscal.

Lo mismo ocurre con muchas provincias. Si bien casi todos los gobernadores habían expresado sus intenciones de recortar el gasto público tras la asunción de Milei, con el tiempo se fueron dando cuenta que el ajuste que pedía el Presidente de la Nación era mucho mayor al que ellos tenían en mente.

A través de un fuerte comunicado, la Oficina del Presidente, que el presidente Javier Milei utiliza para expresar sus palabras oficiales, trató a Torres de "chavista" y le recomendó que se atenga a las respuestas judiciales de sus amenazas subversivas.

"En respuesta al comunicado emitido por el Gobernador de Chubut, la Oficina del Presidente informa que los $13.500 millones de descuento a los que hace alusión, corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación", aclaró el Presidente.

"Lo que sí responde a la verdad es el compromiso que mantiene el Gobierno Nacional con la reducción del gasto público en todo el territorio. De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional", agregó.

"La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza", impone.

"Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia", aseveró la vía de comunicación oficial del Presidente.

Y agrega: "Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el Jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos".

"Estamos en un momento histórico. En un punto de inflexión para nuestra Nación. Cada uno tendrá que elegir de qué lado quiere estar: si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual, o del lado de la mayoría de los argentinos, que eligieron vivir en Libertad", finaliza.

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Se acabó el curro del INADI: Milei tomó la motosierra y recortó un presupuesto de $3600 millones y 400 empleados

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Por motivos económicos, ideológicos y morales, el presidente Javier Milei resolvió el cierre del INADI, eliminado todo su presupuesto y echando a una buena parte de la planta.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves a la noche en una entrevista en exclusiva con Jony Viale, el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio se dio primero en la habitual conferencia de prensa del vocero, y luego fue confirmada por la Oficina del Presidente.

El INADI fue creado por un pedido de la UCR luego del pacto que llevó a la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Posteriormente, el ex presidente Carlos Menem en el año 1995, pasó la Ley Antidiscriminación (Ley 24.515), que obliga al Estado a tener un organismo que cumpla las funciones del INADI, aunque el instituto se puso recién funcionamiento en el año 1997.

En sus casi 30 años de historia, sufrió varias intervenciones por "mal funcionamiento". La primera ocurrió en el año 2000 y la última, que duró hasta la actualidad, en el 2011, cuando Cristina Kirchner puso a Pedro Mouratian a cargo y lo convirtió en una agencia de persecución a la oposición. Ahora el Gobierno de Milei vuelve a intervenirlo y dispone como interventora a Maria de los Angeles Quiroga, pero ahora con el objetivo de cerrarlo definitivamente.

Las razones del cierre del INADI

Su cierre encuentra motivos ideológicos, económicos y morales. En cuanto a lo ideológico, el cese de sus actividades es una gran victoria para las ideas liberales y una declaración de no interferencia del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión.

Al ser el INADI dependiente del Ejecutivo, su mera existencia implicaba que el Gobierno Nacional contaba con las herramientas para entrometerse arbitrariamente en la libertad de expresión de los ciudadanos. Así, el Presidente podía decidir de manera sesgada qué se podía decir y qué no, y qué tipos de expresiones debían ser penadas.

Se abría la posibilidad de perseguir a quien piense distinto, manchando su imagen y acusándolo de discriminatorio. Un caso muy conocido fue el de Ramiro Marra, quien denunció que el INADI lo persiguió simplemente por oponerse a los piqueteros que cortaban la calle ilegalmente.

Cabe aclarar que la discriminacion está penada en la Argentina por la Ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”, pero esto es competencia específica del Poder Judicial, lo cual está en línea con el resto de las democracias liberales del mundo. Es la Justicia quien debe dictaminar si se cometió un hecho ilícito de disicriminacion, respetando todas las garantías procesales del acusado, no un organismo del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo económico, está claro que es inaceptable que los contribuyentes carguen sobre sus espaldas este tipo de gastos superfluos. El país no está en un momento en el que se pueda dar el lujo de financiar un organismo persecutor.

Al día de hoy, el INADI se ha convertido en un verdadero aguantadero de personas, sin control alguno y con un despilfarro alucinante. Por ejemplo, el Gobierno informó que este instituto cuenta con 400 empleados y tiene 43 delegaciones a lo largo y ancho del país.

Solo en el Presupuesto 2023, manejó una caja de $1.150 millones de pesos. Esto con nula transparencia, ya que no cuenta con una nómina oficial de quienes trabajan en el organismo, siendo un claro ejemplo de falta de transparencia en el manejo de las contrataciones estatales.

En cuanto a lo moral, hay una discusión más profunda, y solo basta con ver el prontuario de quienes han pasado por el INADI para darse cuenta de que ha sido manejado por gente poco idónea y que incluso ha estado involucrada en escándalos totalmente ilícitos.

Quizás el ejemplo más resonante de los últimos tiempos es el de Victoria Donda, quien fue titular del instituto entre 2019 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernandez. La ex directora se vio envuelta en un escandaloso suceso, donde su empleada doméstica la acusaba de haberla tenido 10 años en “negro” y en el que Donda contestaba via chat ofreciéndole un cargo en el INADI o un plan social como compensación.

Además, la empleada contó en diversas entrevistas sentirse agobiada por la cantidad de tareas que la familia Donda le hacía realizar, sin recibir aumentos, ni aguinaldo, ni vacaciones. Increíblemente, la titular de un organismo que dice velar por un país más igualitario ni siquiera había empezado por su propia casa.

Con el cierre del INADI, se vuelve a confirmar que ya no hay más lugar para los curros y las avivadas de la política. El Gobierno se muestra una y otra vez, hasta el cansancio, decidido a desbaratar cada uno de los antros que se han formado bajo la tutela estatal.

Sin el INADI, será la Justicia quien vele por dictaminar quién es culpable de un delito de discriminacion. Ya no habrá un burócrata del Gobierno que apunte con el dedo y decida por sí mismo que está permitido decir y qué no. La libertad de expresión parece engrosar y convalidarse con esta decisión de mucho coraje del presidente Javier Milei.

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Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

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Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos desde la salida de la Convertibilidad y que dejó de hacer este gobierno.

Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? por TN, que se grabó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se transmite esta noche desde las 21 horas. El objetivo del Presidente con esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo y bajar la inflación.

El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

La emisión de dinero devalúa al peso y hace perder su valor frente a los bienes y servicios. Esto es percibido por la gente como una suba de todos los precios de la economía, lo cual recibe el nombre más conocido como inflación.

Pero de fondo, lo que ocurre es que la emisión sin respaldo genera que se necesiten más pesos para comprar los mismos productos, lo que lleva a una pérdida del poder adquisitivo si los sueldos tardan más en acomodarse.

Todo este proceso inflacionario y de caída real de salarios se evita sin emitir dinero para financiar el gasto público, limitando la emisión de pesos únicamente para pagar los gastos y las deudas propias del Banco Central.

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