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Milei desgüaza el INCAA: Le quita privilegios a los actores, elimina los impuestos al cine y las "cuotas de pantalla"

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La nueva Ley de Libertad Económica del Gobierno de Milei desregula la industria del cine y le quita buena parte de los poderes al INCAA, que ya no podrá co-producir películas ni imponer películas en los cines.

El proyecto de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”, que presentó el Presidente Javier Milei este miércoles ante la Cámara de Diputados para su tratamiento, tiene su capítulo 3 dedicado íntegramente a la “Cultura”, donde se destina una buena parte a desregular la industria del cine.

Principalmente, se establecen importantes modificaciones a la autarquía y el funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y del Instituto Nacional de la Música (INAMU), quitándoles prácticamente todas sus funciones y eliminando la gran mayoría de los impuestos que se utilizaban para financiarlos.

A su vez, a los actores se le quitan privilegios insólitos, como por ejemplo los "descuentos en el precio de pasajes de empresas estatales de transporte", que incluye el transporte público de todo el país.

Al INCAA se le quita su principal vía de financiamiento: recibía el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicación, a partir de un impuesto a la facturación de los canales de TV y servicios de cable, que se acreditará directamente al Tesoro Nacional.

Según el proyecto, el Instituto de Cine solo recibirá directamente el llamado ”impuesto al cine” (que se ubica en el 10% sobre el precio de las entradas de cine), pero el resto de sus fondos dependerán de lo que envíe el Ministerio de Economía, a discreción.

También la nueva ley fija que los gastos operativos y de personal no pueden superar el 25% de su presupuesto: en la actualidad, se gasta el 50% solo en personal (alrededor de 1.300 empleados). De esta manera, según el proyecto, el INCAA debería reducir su planta de personal en un 70%.

Por otra parte, se fija que el INCAA, cuya función principal radica en financiar con la plata del Estado a películas de origen argentino, no podrá dar para ninguna película un subsidio que supere el 50% del presupuesto de la producción.

Al día de hoy no existe ningún límite y hay un "curro" en el que las productoras, cuando saben que consiguieron financiación del INCAA, aumentan considerablemente sus presupuestos para recibir más plata del Estado, pagándole mejor a los actores, por ejemplo.

La nueva legislación también marca que cada productora puede pedir un subsidio para una de sus películas una sola vez cada dos años, cuando actualmente no hay límite y hay empresas que piden varios subsidios en simultáneo.

En otra parte de la ley, se derogan los artículos 9, 10, 11, 12 de la ley que creó el INCAA, eliminando de cuajo las "cuotas de pantalla" para películas y cortometrajes nacionales, que obligaban a los cines a transmitir tantas veces por día las películas que hayan recibido financiación del INCAA, incluso si no eran populares, lo que en el pasado había llevado a proyecciones a salas vacías.

Se eliminan también los artículos 14 y 19, que regulan la exhibición y distribución de películas argentinas, además de establecer multas para los cines que incumplan. El artículo 22 también se deroga, dado que se eliminan todos los impuestos al cine menos uno.

También se deroga el art. 25, quitándole la facultad al INCAA de adquirir deuda pública, letras del Tesoro y otras vías de financiamiento usualmente dedicadas al sector privado. También se frena una vía de financiación directa del Banco Nación, derogándose los artículos 23 y 41.

Pero quizás lo más importante, se deroga los artículos 48-52 y 54, eliminando la co-producción del INCAA en las películas, por lo que el Instituto no va a poder aparecer más como productora de una película nacional.

A su vez, se desregula la comercialización en el exterior de las películas nacionales, quitándole más poderes al INCAA sobre su poder de distribución de los films que ayudó a producir. Por último, se elimina el "Registro Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual".

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Bullrich compró nuevo armamento y vehículos, realizando un reequipamiento histórico del Servicio Penitenciario

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Se anunciaron transferencias a una empresa de armamento estadounidense y a dos firmas internacionales de vehículos que operan en el país.

A partir de una publicación en el Boletín Oficial, se notificó la adquisición de pistolas, escopetas y camionetas de doble cabina para la policía y efectivos federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

La operación, que fue firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se realizó de forma directa debido a la situación de urgencia determinada desde el 21 de mayo.

La situación de "Contratación Directa por Urgencia" permite omitir el control de precios testigos realizado por la Sindicatura General de la Nación. Esta decisión también se basa en la creación del Comité de Crisis para la seguridad en la ciudad santafesina de Rosario.

Dentro de este proceso, se avanzó en la adquisición de pistolas semiautomáticas de doble acción calibre 9×19 mm y escopetas calibre 12. La firma Bersa S.A. resultó beneficiada en este contrato, que asciende a un total de 6.144.800 dólares.

A través del mismo proceso y en el marco del “Plan de Renovación y Actualización Vehicular”, se avanzó en la adquisición de camionetas patrulleras doble cabina 4×4 y 4×2 para las fuerzas policiales y de seguridad federales.

En este contexto, se adquirieron unidades operativas por un total de 6.239.284.000 pesos a través de la concesionaria Igarreta S.A.C.I., y por unos 2.810.138.550 pesos a Toyota Argentina S.A. Las ofertas de otras cuatro empresas fueron desestimadas por no ajustarse a los requisitos exigidos o por presentar "precios excesivos en comparación con los valores actuales". Entre ambos pagos, la suma total es de aproximadamente 9.844.351 dólares.

No es la primera vez que la funcionaria utiliza la Emergencia de la Seguridad Pública para realizar compras y contrataciones directas sin un proceso de licitación previa. En marzo de 2017, cuando también era ministra de Seguridad en el gabinete de Mauricio Macri, Patricia Bullrich realizó compras de "camionetas patrulleras y no identificables" por un total de 198.957.000 pesos. En esa ocasión, Igarreta S.A.C.I. también fue beneficiaria, recibiendo un monto de 17.402.800 pesos (aproximadamente 1.144.921 dólares en ese momento).

En el mismo sentido, la cuenta del Ministerio de Seguridad publicó un mensaje en X, comunicando un histórico reequipamiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Se ha llevado a cabo una adquisición histórica que marca un hito en la modernización de sus equipos. La operación incluyó la compra de más de 150.000 municiones, 2.200 chalecos antibalas, armas no letales y avanzados equipos de telecomunicación. Esta inversión subraya el compromiso del Gobierno de Milei en fortalecer la seguridad de los agentes y los centros penitenciarios del país, luego de haber sido completamente desfinanciados por los gobiernos kirchneristas, y también marca el continuo esfuerzo de lucha contra el crimen organizado.

Como parte de una destacada colaboración entre las Fuerzas Federales, se realizaron contribuciones notables de distintas fuerzas de seguridad. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) aportó 200 pistolas semiautomáticas y armamento no letal, mientras que la Prefectura Nacional Argentina (PNA) suministró cámaras corporales, herramientas para garantizar procedimientos de seguridad más efectivos. Por su parte, la Policía Federal Argentina (PFA) donó 40 equipos completos destinados a mejorar la comunicación, fortaleciendo la capacidad de respuesta en momentos de emergencia.

Con esta adquisición, el Ministerio de Seguridad y el SPF están dando un gran paso hacia la modernización de sus capacidades operativas, asegurando que los agentes cuenten con las herramientas necesarias para mantener el orden y la seguridad en los centros penitenciarios del país.


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El Gobierno de Milei le respondió al Estado terrorista de Irán: “A la Argentina no la amenaza nadie”

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"Al Presidente no lo van a amedrentar, todos conocen su personalidad y cuando se trata de defender posiciones ideológicas o derechos esenciales, no tiene ninguna duda", declaró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó hoy que al Gobierno "lo tiene sin cuidado" la amenaza emitida por Irán a 30 años del atentado a la AMIA.

"Al Presidente no lo van a amedrentar, todos conocen su personalidad y cuando se trata de defender posiciones ideológicas o derechos esenciales, no tiene ninguna duda", comentó en una entrevista con Eduardo Feinmann en radio Mitre. Además, añadió: "Ese comentario no afectará en lo más mínimo sus posiciones firmes en estos asuntos".

Esta semana, Irán emitió dos declaraciones contra el Gobierno. La primera, de tono amenazante, fue publicada en un editorial del Teheran Times, medio oficial de los terroristas islámicos, que afirmó que Irán hará que Argentina "lamente su enemistad".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Naser Kananí, desestimó las acusaciones de Argentina sobre la participación de ciudadanos iraníes en el atentado, calificándolas como "infundadas" en un comunicado emitido el pasado sábado, según reportó la agencia IRNA.

Kananí enfatizó que la búsqueda de la verdad y la resolución definitiva de este caso solo serán posibles si las partes argentinas se apartan de "intereses políticos" y evitan "influencias e intervenciones de terceros".

El vocero del régimen terrorista instó a las autoridades argentinas a abstenerse de realizar declaraciones y acciones contra Irán, y pidió que no comprometan los intereses nacionales argentinos ni los beneficios de las relaciones bilaterales, rechazando lo que describió como "intrigas israelí-estadounidenses".

"Llama la atención la impunidad con la que se realizan estas amenazas, pero eso no debe alterar la determinación de los argentinos de vivir en libertad y en paz", continuó Francos. Y agregó: "No podemos ceder ante quienes intentan sembrar miedo y terror, sino expresar nuestras opiniones con libertad, especialmente cuando Argentina ha responsabilizado a un gobierno y a sus aliados por actos que resultaron en la pérdida de vidas de muchos argentinos".

Estas declaraciones hacen referencia a la investigación llevada a cabo por la justicia argentina que concluyó que Irán y la organización terrorista Hezbollah llevaron a cabo los ataques terroristas contra la Embajada de Israel y la AMIA en los años 90. Francos también respaldó la decisión del Poder Ejecutivo de designar a Hamas como una organización terrorista.

"No se puede dejar de considerar a Hamas como terrorista, especialmente después de los eventos del año pasado. Todos vimos la crueldad con la que ese grupo terrorista tomó control de una parte del territorio israelí, secuestró personas, e incluso hoy mantiene secuestrados argentinos y otros, lo cual es una afrenta a los derechos humanos fundamentales. No me preocupan las amenazas que puedan surgir, porque estamos acá defendiendo la libertad y los derechos humanos no solo de argentinos, sino también de muchos israelíes que han sufrido todo tipo de abusos y agresiones", afirmó.

Además de Francos, la vicepresidente Victoria Villarruel también habló de las amenazas de Irán contra el gobierno argentino. "Como país soberano, vamos a hacer cumplir la ley y no toleraremos ninguna amenaza de ninguna nación", declaró antes de participar en el acto oficial por el reciente atentado contra la sede de la AMIA.

En el mismo evento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró: “A nosotros no nos amenaza nadie, a la Argentina no la amenaza nadie".

"Argentina fue gravemente afectada y está comprobado que el atentado se planificó desde la embajada de Irán en el país, lo que constituye un crimen de lesa humanidad. Vamos a perseguir a los responsables hasta el final de sus días", enfatizó.

Ayer, durante un evento organizado por el Congreso Judío Mundial en conmemoración de los 30 años del atentado a la AMIA, Milei volvió a responsabilizar a la República Islámica de Irán por ese acto, además de respaldar el proyecto de juicio en ausencia propuesto por el Gobierno para juzgar a los culpables.

"Se cumplen también tres décadas de impunidad, de distracciones y maniobras de individuos oscuros que intentaron ocultar la verdad y relegar el caso al olvido", afirmó.

En la misma línea, criticó severamente a "los argentinos que colaboraron con aquellos que acabaron con la vida de sus compatriotas" y destacó que "el silencio y la inacción no son meramente actitudes pasivas, sino decisiones activas, aunque a veces no se quiera aceptar".

"En este día, elegimos las palabras y no el silencio; elegimos levantar la voz, alzar los brazos. En definitiva, elegimos la vida, porque no vamos a ceder ante la muerte. Estamos impulsando una ley para extender el juicio en ausencia a delitos de extrema gravedad, incluyendo el financiamiento del terrorismo, lo cual permitirá juzgar a los líderes del régimen iraní involucrados en el atentado. Aunque es posible que nunca cumplan la sentencia, no podrán escapar del juicio moral de un tribunal libre que demuestre su culpabilidad ante el mundo", afirmó.

"El terrorismo de aquel trágico 7 de octubre en Israel es exactamente el mismo que nos golpeó a nosotros, no hay diferencia; es el modus operandi de Irán y Hamas. Por eso los hemos designado como organizaciones terroristas", agregó.


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El Gobierno de Milei eliminó un nuevo curro: Se cierra la plataforma estatal "Cont.ar", que tenía un déficit enorme y nadie la veía

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La plataforma de streaming tenía un costo de 500 mil dólares al año y servía como repositorio del contenido más politizado de la gestión kirchnerista. La medida busca seguir eliminando curros en la cultura.

El gobierno de Javier Milei sigue combatiendo el déficit en todos los ámbitos del estado. En su lucha contra la ineficiencia y la corrupción, la administración de Milei dejó fuera de servicio a "Cont.ar", la "plataforma de streaming gratuita" de programas, series, y documentales que registraba una enorme pérdida de dinero, y que debía ser financiada con el dinero de los trabajadores.

De un día para otro, el servicio de streaming estatal fue dado de baja: al intentar usar la app o ingresar a la web aparece un cartel con el escudo nacional y la leyenda “Página web en reconstrucción”, impidiendo el acceso a la plataforma.

La web se había convertido en el repositorio más grande de contenido kirchnerista, que había utilizado el anterior gobierno para dar la batalla cultural izquierdista. Pero más allá de la cuestión ideológica, el mantenimiento de la plataforma costaba más de 500 mil dólares al año, un gasto que hoy la empresa Contenidos Públicos Sociedad del Estado (CPSE), inicialmente bajo la Secretaría de Medios, que ahora está bajo la Jefatura de Gabinete, no está en condiciones de costear.

La plataforma estatal "Cont.ar" tuvo su origen en realidad en mayo de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri. Fue presentada como un "espacio estatal y gratuito" para "integrar" todos los contenidos del sistema de medios públicos argentinos, incluyendo canales como TV Pública, Encuentro, Pakapaka y DeporTV, además de producciones audiovisuales del CCK, Tecnópolis y Radio Nacional.

A pesar de que fue idea de Hernán Lombardi, rápidamente se convirtió en la principal plataforma de adoctrinamiento kirchnerista, dado que la gestión de Macri no apartó a ningún funcionario K de los medios públicos. La plataforma fue cedida a

Durante años, los usuarios, los cuales eran muy pocos, accedieron a los contenidos descargando la aplicación en dispositivos móviles o registrándose en la web, permitiendo ver el contenido en cualquier momento y lugar, incluyendo la transmisión en vivo de los canales públicos. Sin embargo, desde el 3 de junio, el gobierno prohibió esta posibilidad debido a los altos costos en su mantenimiento, y su injustificada existencia.

"Buscamos hacer productivos y rentables los recursos públicos", afirmaron las autoridades nacionales. El gobierno está reordenando todo el sistema audiovisual. "La idea es centralizar todo el material audiovisual en una sola OTT que se pueda comercializar", aseguraron.

Ante esta noticia, la izquierda salió a protestar, afirmando la supuesta "relevancia" que Cont.ar tenía para la ciudadanía argentina. Según ellos, el servicio contaba con un catálogo de más de 5200 horas de contenido accesible "gratuitamente", de las cuales 2300 horas eran de contenidos accesibles (Close Caption/autodescripción), con un total de 1950 títulos de distintos géneros y temáticas.

Como todos sabemos, la existencia de este tipo de cosas es tremendamente injusta para el pueblo argentino. Mientras unos pocos disfrutan de un contenido "gratuito", todo el resto del país, principalmente aquellos que trabajan y es esfuerzan en el día a día, deben pagar impuestos para financiarle la fiesta a los pocos beneficiados por la existencia de la web.

El gobierno nacional justificó el cierre de Cont.ar principalmente debido a los altos costos operativos necesarios para mantener el servicio de streaming "gratuito". La plataforma costaba 42 mil dólares mensuales, un gasto destinado a la construcción de la "nube" (realizada por Telefónica, que ganó una licitación), la reconversión del material original, su subida y almacenamiento (a cargo de Arsat), y al pago de servicios adicionales como estadísticas y mantenimiento de cuentas de correos electrónicos de los usuarios (de costos menores). Este gasto excesivo e injustificado terminó siendo la causa de su cierre.

El Satsaid, la comisión interna de Contenidos Públicos SE, y sus trabajadores, quienes tienen fuertes vínculos con el kirchnerismo, emitieron un comunicado en el que "repudian y rechazan" la baja de la plataforma Cont.ar bajo la "excusa" de una reestructuración.

En el texto difundido, señalaron que "este hecho se suma al apagón de las redes sociales y sitios web de los canales Encuentro y Pakapaka desde hace más de un mes, cuyo efecto inmediato y concreto es restringir el acceso de las audiencias a contenidos que las señales generan", calificándolo como "un nuevo ataque a la libertad de prensa y un avasallamiento de las instituciones por parte del actual gobierno".

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