La pauta oficial del Estado fue sistemáticamente utilizada para extorsionar y comprar la lealtad de medios de comunicación. En un país en donde la pobreza alcanza a casi el 45% de la población, el Presidente Milei anunció que no hay más plata para subsidiar medios privados.

En un gesto histórico por la libertad de expresión y el reordenamiento de las prioridades del Estado, el Presidente electo Javier Milei anunció que la pauta oficial del Gobierno nacional será completamente suspendida por un período de un año, y la disposición podría extenderse indefinidamente a partir de 2025.

Se trata de la publicidad que otorga discrecionalmente la Presidencia de la Nación. Y si bien existen algunos requisitos mínimos por los cuales los medios pueden recibir pauta oficial, lo cierto es que son extremadamente modestos (muy sencillos de cumplir), y en la práctica la pauta oficial funciona como un subsidio asignado a dedo para los medios oficialistas.

Solamente entre enero y octubre de 2023 el Gobierno kirchnerista despilfarró más de 40.200 millones de pesos en publicidad oficial, distribuída en 3.883 medios de comunicación a lo largo y ancho del país. El 36% de estos medios subsidiados fueron páginas Web y un 35% del total se corresponde con frecuencias de radio.

Se desplegó una semejante suma de dinero aún cuando casi el 45% de los argentinos cayeron bajo el umbral de la pobreza. Entre los medios más favorecidos destaca el progresista Diario Clarín y el ultra-kirchnerista Grupo Indalo (dueño de C5N), ambos fervientes defensores de la pauta oficial.

Los medios públicos, entre ellos la agencia Télam, la Televisión Pública y la Radio Nacional, recibieron aún más recursos debido a las siderales pérdidas operativas que registraron. Nuevamente, la sociedad pagó la factura para sostener medios que realmente no consume.

Los gastos en pauta oficial se dispararon un 117% con respecto a diciembre del año pasado, cuando el Gobierno nacional acumuló un gasto por más de 18.500 millones de pesos, que equivalen a 40.600 millones de pesos de octubre de este año. Los gastos en publicidad oficial se ajustaron en gran medida por la evolución inflacionaria.

Sin la pauta oficial asignada a dedo, para tener éxito los medios de comunicación por radio, televolución o digitales tendrán que buscar la rentabilidad ofreciendo un servicio que los argentinos estén dispuestos a consumir, en otras palabras, deberán volver a hacer periodismo seriamente.

La pauta oficial no solo distorsiona la propagación de noticias a través del sostenimiento de medios que de otro modo no existirían, sino que además desalienta la competencia y tuerce los incentivos. 

Muchos medios de comunicación, especialmente los que fueron fanáticamente oficialistas en los últimos 4 años, no tuvieron mayores incentivos para ganarse el favor de los consumidores con servicios de mayor calidad a un menor precio, simplemente se concentraron en ganar el favor del Estado y del Gobierno de turno. Milei anunció el fin de este sistema prebendario y de distribución de privilegios políticos.

La actividad económica no crece desde mediados del año 2011, pero la tasa de inflación escaló del 25% a casi el 200% desde entonces. El poder adquisitivo de los ingresos reales es cada vez menor, y la pobreza volvió a los mismos umbrales que tenía en el año 2001.

La Vicepresidente saliente Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “el peor infierno” para la economía del país es la estanflación, es decir, una situación en la cual la actividad se estanca o decrece y al mismo tiempo tiene lugar un violento proceso inflacionario.

Pero ese infierno no es nuevo en Argentina, la estanflación lleva 12 años afectando al desarrollo del país precisamente por el agotamiento del modelo económico kirchnerista. Las sucesivas gestiones del kirchnerismo llevaron a cabo una contrarreforma sobre todo el avance conseguido durante la década del 90, y los resultados están a la vista.

La actividad económica del país no crece desde mediados de 2011, sin importar a partir de qué indicador se la quiera medir. El índice EMAE del INDEC solamente registró un magro crecimiento del 1,35% entre septiembre de 2011 y septiembre de 2023, con fuertes recesiones en 2012, 2014, 2015 y 2016, 2018 y 2019, el shock por la pandemia en 2020, y finalmente una nueva recesión comenzada a mediados de agosto del año 2022.

Lo mismo ocurre si se medida la actividad de la construcción a partir del ISAC que publica el INDEC, o el índice de producción industrial (IPI) del mismo organismo. Ambos indicadores no registraron crecimiento alguno en los últimos 12 años. Desde que Massa se hizo cargo del Ministerio de Economía la producción industrial se contrajo un 3,3%, mientras que la construcción se derrumbó hasta un 6,2%.

Todos estos episodios recesivos fueron acompañados por una dinámica inflacionaria explosiva. La tasa de inflación minorista promediaba el 24% en 2012 y llegó a superar el 25% para diciembre de aquel año. 

Escaló al 41% en octubre de 2014 tras la devaluación de Kicillof, rompió el techo del 46% en julio de 2016 durante los primeros meses de la gestión de Cambiemos, en mayo de 2019 repuntó por encima del 57% interanual, y desde febrero de 2023 ingresó en el terreno de los 3 dígitos. El último dato del INDEC marcó una inflación superior al 142% al cierre de octubre, y casi 150% en el mercado mayorista.

La tasa de inflación podría finalizar el año en un valor cercano al 200% según anticipan la mayoría de las consultoras privadas. El país entró en un régimen de dos dígitos de inflación mensual tras la devaluación de agosto, y la variación de los precios minoristas podría llegar a superar el 20% en el último mes del 2023. 

Las reformas estructurales que propone llevar a cabo el Presidente Javier Milei a partir del 10 de diciembre no son responsables de la profundización de la estanflación, la estanflación es el resultado natural de el colapso del modelo kirchnerista, y las reformas estructurales se perfilan para terminar con ese modelo.

El régimen económico del kirchnerismo, sustentando sobre la base de la dominancia fiscal del Tesoro sobre el Banco Central, el proteccionismo, las regulaciones excesivas, la distorsión de precios relativos y la presión tributaria desorbitada, se encuentra en un proceso de agotamiento similar al que tuvo el mismo sistema durante la década de 1980.

Un informe sobre la implementación de la ley de la mal llamada “interrupción” voluntaria del embarazo muestra que hubo cientos de miles de abortos pagados por el Estado en los últimos 3 años.

Desde que entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el 24 de enero de 2021, hasta octubre de 2023, se hicieron 245.015 abortos legales y “gratuitos” en instituciones públicas de salud, terminando con la vida de casi un cuarto de millón de bebés.

Además, casi tres años, hasta junio, la línea de atención telefónica gratuita sobre salud sexual atendió 40.563 consultas, y 9 de cada 10 de ellas terminaron siendo derivadas a un hospital para que se hagan un aborto.

Además, los laboratorios públicos de las provincias de Santa Fe, San Luis y Río Negro empezaron a producir medicamentos para repartir de manera subsidiada a todas las instituciones de salud para garantizar la terminación de la vida del embarazo.

Todos estos datos son oficiales, y provienen del último informe del proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (Cedes) en alianza con Ibis Reproductive Health, que monitorea la implementación de la ley 27.610 en el país.

Desde 2020, el aborto se incorporó como una práctica habitual en 1.982 centros de atención primaria de la salud y en hospitales en todas las provincias del país, y cualquier mujer, de 16 años en adelante puede presentarse a que le practiquen un aborto, sin el apoyo de sus padres ni el consentimiento del padre.

Si bien no está entre las primeras reformas que planea llevar a cabo el gobierno de La Libertad Avanza, cuyas principales medidas estarán enfocadas en arreglar la economía y combatir la inseguridad, el partido de derecha liberal está marcadamente en contra del aborto.

Tanto el presidente electo Javier Milei como la vicepresidente electa Victoria Villarruel son pro-vida y han participado de los movimientos de pañuelo celeste. Ambias expresaron durante la campaña que de ganar la elección volverán a discutir la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, “sobre bases científicas y no tan ideologizadas”, pero que no sería una de las prioridades del Gobierno. 

Además, la compañera de Javier Milei, expuso en esa oportunidad que “hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término”, lo cual es cierto, dado que si bien la Ley 27.610 establece que se puede acceder al procedimiento hasta la semana 14 de gestación, pero si hay condicionantes, que va desde complicaciones de salud hasta desafíos psicológicos o económicos, se puede abortar incluso extendiéndose ese periodo.

De todos modos, el presidente entrante Javier Milei anticipó que si era electo “haría un plebiscito” para evaluar la continuidad de la ley IVE, ya que le pareció “grotesco” el nivel de lobby y de valijas que se repartieron durante los dos tratamientos de la legislación en 2018 primero y en 2020 luego.