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Milei sigue cumpliendo promesas: Eliminará el 40% de los Registros del Automotor intervenidos por causas de corrupción

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Además, se eliminará la cédula azul, la CETA, las cédulas verdes no tendrán fecha de vencimiento, se digitalizarán todos los trámites, y se fiscalizarán los registros que quedan abiertos.

El gobierno de Javier Milei había prometido la eliminación de los registros automotores, y tras cumplirse el plazo establecido para avanzar con esta medida, se emitió un comunicado anunciando el cumplimiento de esa promesa.

El comunicado, basado en los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS (DNRPA), y con el propósito de reducir costos y simplificar trámites burocráticos, detalla las siguientes medidas a ejecutar:

Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

• Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.

• Se eliminará la “cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.

• Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.

• Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.

• Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.

Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

• Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.

• Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.

Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.

• Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

El 21 de diciembre del año pasado, apenas 11 días después de que el gobierno de Milei asumiera el cargo, se firmó un decreto que proponía la transformación del sistema registral de automotores en Argentina.

En su artículo 364, este decreto instaba a que los Registros de la Propiedad Automotor se convirtieran en un Registro Automotor digital de alcance nacional, con un plazo máximo de implementación hasta el 2 de mayo de 2024. Se destacaba que el servicio de inscripción sería remoto, abierto, accesible y estandarizado.

Con el objetivo de simplificar los trámites registrales, el pasado 25 de abril se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 5505/2024, mediante la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) derogó el trámite necesario para obtener el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA). Este certificado era requerido al momento de realizar la transferencia de titularidad de automotores y motovehículos usados radicados en el país, para aquellos vehículos que superaran los $4.500.000.

En Argentina, existen 1.554 registros del automotor, con aproximadamente 180.000 transferencias o inscripciones mensuales. Además, alrededor del 40% de estos registros están manejados por interventores. Una de las incógnitas que surgen en el sector es cómo afectará el cierre de los organismos intervenidos.

Según el comunicado del Ministerio de Justicia dirigido por Mariano Cúneo Libarona, "a partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y reducir significativamente los costos de transferencias y/o patentamientos".

La auditoría se llevó a cabo en 41 registros que ya estaban intervenidos. Esta lista incluye 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.

Desde el Gobierno, se señaló que este control tenía como propósito descubrir gastos con sobreprecios, revisar las adjudicaciones sin concurso y examinar la escasa rendición de cuentas de los fondos que se recaudan, ya que muchas designaciones como titulares de los Registros se realizaron por favores políticos, especialmente en las últimas décadas, y por ello se busca transparentar los procesos.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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La oscura verdad detrás del depósito de alimentos de Capital Humano: Así es como el kirchnerismo y Grabois le robaban a los pobres

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Producto de una investigación independiente respecto a las compras irregulares de millones de kilos de yerba, se logró descubrir como el kirchnerismo y Juan Grabois se quedaban con el dinero de los pobres, y les vendían sus propios alimentos.

En los últimos días se pudo ver a dirigentes piqueteros y políticos kirchneristas reclamando por la "distribución de alimentos", de los cuales más del 60% son paquetes de yerba, que el ministerio de Capital Humano almacena en caso de catástrofes como inundaciones.

Parecería ser un reclamo "noble", pero como siempre sucede con el kirchnerismo y la izquierda, esconde un oscuro motivo que incentiva este tipo de actitudes.

Todo esto se origina con las manifestaciones de personas "supuestamente hambrientas", enviadas por diferentes dirigentes piqueteros como Juan Grabois y Emilio Pérsico, y la compra de 3.160.000 kilos de yerba, realizada a las apuradas por la exministra kirchnerista Victoria Tolosa Paz el 7 de noviembre de 2023.

Según la "Decisión Administrativa 878/2023″ (DECAD-2023-878-APN-JGM – Licitación Pública N° 95-0058-LPU23), el ex Ministerio de Desarrollo Social adquirió 12 millones de kilos de yerba de las marcas "El Buen Ojo" y "Sierras de Imán" a tres proveedores estatales polémicos.

De esta compra, 3.160.000 kilos de yerba aún permanecen en depósito. Esta yerba, que carece de valor nutricional significativo, nos hace preguntar: ¿Por qué las personas preocupadas por el hambre se interesan tanto en esta yerba?

La conexión con Juan Grabois y Emilio Pérsico

La marca "El Buen Ojo" tiene una historia oscura, una de ellas es la venta de los paquetes en ferias organizadas por militantes de Juan Grabois y Emilio Pérsico, pertenecientes al Movimiento Evita. Este proceso implicaba varias irregularidades:

  1. El ex Ministerio de Desarrollo Social compraba productos de baja calidad a proveedores amigos.
  2. Estos productos eran entregados a los punteros de Grabois y Pérsico.
  3. Los punteros vendían estos productos en ferias y se quedaban con el dinero.

Este esquema corrupto perjudicaba a los pobres en múltiples formas: en la compra a proveedores con sobreprecios, en la distribución discrecional de los productos, y en la venta final en las ferias. El dinero recaudado en estas ferias iba directamente a las organizaciones de Grabois y Pérsico.

Por lo tanto, no solo que se realizaban compras con sobreprecios, sino que los "alimentos" iban directo a las manos de los dirigentes piqueteros, que en vez de dárselo a los mas necesitados, se los vendían en ferias y se quedaban con el dinero. Los pobres pagaban 2 veces por un mismo producto (con impuestos al estado, y con su dinero en las ferias)

La relación entre Juan Grabois y Emilio Pérsico no es nueva. Ambos han trabajado juntos durante años, incluso extorsionando a la exministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri, Carolina Stanley, quien les otorgó 30.000 millones de pesos en 2016 (aproximadamente 2 mil millones de dólares al tipo de cambio de entonces). A estos líderes no les preocupa realmente el hambre de los pobres, sino mantener sus fuentes de ingreso. La reciente manifestación frente al depósito del Ministerio de Capital Humano, con la presencia de Grabois y carteles del Movimiento Evita, subraya su interés en el negocio de la yerba.

La yerba comprada por Victoria Tolosa Paz era de pésima calidad, según diversas fuentes en Misiones. Incluso el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) se opuso a estas licitaciones, ya que el Ministerio ignoró sus recomendaciones para elegir mejores proveedores.

Entre los proveedores se encuentra Hugo Oscar Holowaty, un pequeño productor artesanal de yerba mate que ascendió rápidamente al convertirse en proveedor del Estado con precios inflados hasta en un 300%. Holowaty compraba la producción de otros pequeños productores a precios bajos y vendía esta yerba de mala calidad al Estado.

Holowaty tiene un historial de causas judiciales, incluyendo acusaciones de asociación ilícita fiscal. Se lo vinculó con la creación de empresas falsas para emitir facturas fraudulentas, generando créditos fiscales que luego vendía a empresas reales. Dos amas de casa figuraban como presidente y vicepresidente de estas empresas fantasmas, captadas bajo falsas promesas de trabajo.

La compra y distribución de yerba mate por parte del Ministerio de Desarrollo Social no solo expone la ineficacia y la corrupción dentro del ultimo gobierno kirchnerista, sino también la manipulación de la pobreza con fines políticos y económicos. Las acciones de Grabois, Pérsico y otros implicados en estas maniobras demuestran un desprecio por las verdaderas necesidades de los pobres, utilizando programas sociales para enriquecer a sus propias organizaciones y sus propios bolsillos.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Los senadores ratificaron el aumento de sueldo con una suba adicional y pasarán a cobrar 8 millones de pesos por mes

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La suba que se hicieron los senadores a mano alzada se sumó a un ajuste por inflación del 9%, atada a la paritaria de los trabajadores del Congreso. Cobrabrán 8 brutos y más de 5 millones en mano.

En medio del debate por la Ley Bases y la Reforma Fiscal, los senadores firmaron finalmente la suba de sus sueldos que se votaron a mano alzada en medio de una sesión en la que solamente se iba a votar la aprobación de los pliegos de los embajadores.

Si bien se habían subido sus dietas a $7,2 millones de pesos brutos, en la ratificación de la suba se agregaron un aumento adicional, del 9,14% (2% retroactivo a abril y 7% de mayo), por lo que los 72 integrantes de la Cámara Alta terminarán cobrando $8 millones de pesos brutos por mes.

El aumento llega como consecuencia de un mecanismo que, a diferencia de los diputados, ata los ingresos de los senadores a la paritaria de los empleados del Congreso Nacional, y se suma al aumento original ya que se subieron la cantidad de módulos que cobra un senador, en vez de aumentar el valor del módulo.

A mediados de abril, en una votación a mano alzada, los senadores nacionales decidieron aumentar sus dietas desde el 1 de mayo de $1,9 millones a $7,2 millones (bruto). La medida generó una fuerte polémica, especialmente en el oficialismo.

El propio presidente Javier Milei cuestionó la iniciativa desde sus redes sociales. “Así se mueve la casta”, escribió. Las críticas comenzaron a elevarse hasta llegar a la vice Victoria Villarruel, quien también oficia como presidente del Senado, quien se tuvo que defender en sus redes sociales y aclaró que no está dentro de sus facultades poder impedir esa votación.

Claro que hay limitaciones. Esto es una democracia. Si quieren que me comporte como una dictadora no lo voy a hacer. Las reglas son estas y todos los bloques estuvieron de acuerdo”, le respondió a un usuario que había avalado su explicación, al señalar que “hay limitaciones en el poder”.

El Senado continuaba esta tarde con el tratamiento de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en comisiones y el Gobierno se esperanza con obtener dictamen esta semana. La reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales está pautada para las 15 horas en el Salón Azul del Congreso: allí seguirá el debate de la iniciativa reformista impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei.

La reuniones de comisión serán las primeras tras la asunción de Guillermo Francos al frente de la Jefatura de Gabinete: el dirigente libertario había conducido las negociaciones con gobernadores y legisladores opositores desde el Ministerio del Interior y, con la salida de Nicolás Posse, deberá continuar con esa gestión para lograr que el Gobierno obtenga las leyes que considera clave para avanzar con una serie de reformas.

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“El Resplandor”: El comedor fantasma que compromete al Polo Obrero en el manejo de dinero y de facturas truchas

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Un caso particular de un comedor fantasma puso contra las cuerdas al líder de la Unidad Piquetera.

El 27 de marzo pasado, cuando el gobierno de Javier Milei ya había puesto la lupa sobre el funcionamiento irregular de algunas cooperativas en la gestión de Alberto Fernández, Elizabeth Carmen de Palma, la presidente de la Asociación Civil Polo Obrero, le manifestaba su preocupación a Jeremías Cantero, una de las cabezas en la coordinación de comedores de esa agrupación.

Para esa altura, el fiscal Gerardo Pollicita ya los había puesto bajo la lupa y estaba siguiendo sus movimientos. Pero tras los allanamientos y la prueba encontrada, el juez Sebastián Casanello no sólo admitió llamarlos a indagatoria a ellos sino también a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, quien no estaba en lista original de imputados por la fiscalía.

Lo que finalmente dejó a Belliboni en la cuerda floja en la causa es la sospecha de facturación trucha y el dibujo de gastos en el comedor "El Resplandor".

Gracias a esta investigación, Belliboni pasó a ser parte de uno de los investigados en la causa porque firmó convenios ante el ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy convertido en Capital Humano, en donde asumía una serie de obligaciones como unidad de gestión del dinero que repartía el Estado Nacional, mientras también recibía dinero para poder ejecutar esa ayuda social, como poner un taller o un comedor.

Pero los investigadores notaron que en esos movimientos aparecían “gastos dibujados” y usinas de lo que se sospechan son facturas truchas. Las dos firmas sospechadas son Rumbos y Coxtex. Mientras que Rumbos era aportante del Partido Obrero, Coxtex figura en un lugar inexistente, por lo que es un "comedor fantasma".

El dinero que reciben las agrupaciones se podía destinar a maquinaria o vestimenta y debía ser rendido a las autoridades nacionales. Pero de acuerdo a los investigadores judiciales, en base a lo informado en los registros administrativos, solo el 30% del dinero entregado al Polo Obrero se habría justificado de la manera correcta.

Las fuentes judiciales que dialogaron con Infobae también notaron que las descripciones que hacía el Polo Obrero, en relación a otras asociaciones que eran muy detalladas en su reporte de facturación, era más vaga. “Se hablaba de vestimenta pero eran pecheras del Polo Obrero”, deslizó uno de los investigadores.

El magistrado hizo hincapié en “la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas ‘Ediciones e Impresiones Rumbos SRL’ y ‘Coxtex SA’-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos. Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.

Según el análisis de Casanello, esa maniobra “se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”. Las exigencias eran transmitidas a los beneficiarios del plan por otros beneficiarios de mayor antigüedad en la organización, pero igualmente de marcada vulnerabilidad, afirmó.

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