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Nueva polémica docente: los maestros exigen que se les extiendan sus vacaciones a quienes se enfermaron de coronavirus

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A pesar de estos reclamos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se niega a extender estas licencias y lo justifica a partir de la paritaria salarial del 2021, donde se acordó que no se extenderían las vacaciones por tener coronavirus.

Un reclamo docente mediante un tuit generó un nuevo conflicto entre ellos y la Ciudad de Buenos Aires, al solicitar los primeros que se les extiendan las vacaciones a aquellos maestros que se enfermaron con COVID-19.

El reclamo está basado en lo que ellos consideran que les corresponde por estatuto, pero desde el gobierno de la Ciudad confirmaron que esa condición se modificó en la paritaria del 2021.

Cual es el reclamo de los docentes en Ciudad en torno a las licencias

“Alerta. El gobierno de la Ciudad intenta desconocer el Estatuto Docente. El Estatuto establece que cuando un trabajador se enferma en su periodo de vacaciones, la licencia gestionada se traslada al inicio del ciclo lectivo”, así comienza el tuit.

Y continúa: “Ahora como se dieron cuenta que miles de docentes tuvimos COVID durante nuestras vacaciones, sacaron una resolución que la licencia por COVID no se traslada al inicio del ciclo lectivo, violando el Estatuto Docente y los derechos de los trabajadores de la educación. No lo podemos permitir. Hay que salir a luchar”.

La respuesta del gobierno porteño ante el reclamo docente

A pesar de la publicación de este tuit que hace referencia a los derechos laborales de los docentes en CABA, el gobierno de la Ciudad explicó mediante un comunicado que la aplicación de las licencias por COVID-19 no se estarían dando de esa manera.

Esto lo justifican a partir de la firma del Acta Salarial Docente 2021, donde en el tercer punto se determinó: “A partir del 1° de febrero del 2021, el Adicional Salarial (presentismo docente) no se descontará por Licencia Médica COVID-19 ni por ninguna solicitud de PAE (Permiso de Ausencia Extraordinario)”.

Incluso, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, dialogó con La Nación y dijo: “Una enorme mayoría de los argentinos nos enfermamos de COVID en el último tiempo. Ninguno tuvo el privilegio de poder elegir cuándo enfermarse. Es inexplicable el planteo de algunos gremios docentes de pedir extender sus vacaciones porque tuvieron COVID”.

Qué establece el acuerdo firmado entre docentes y la Ciudad de Buenos Aires

“El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires acordó junto a los gremios docentes en el Acta Salarial 2021 que a partir del 1° de febrero de 2021 las licencias por COVID-19 presentadas por el personal docente no se descontarán del adicional salarial correspondiente al presentismo docente”.

Y a su vez, aclara: “Este mismo acuerdo es el que establece que dicha licencia no se computará dentro de los 45 días corridos de la licencia por enfermedad común por año calendario de cada docente”, esto fue lo explicado por fuentes del ministerio de Educación porteño.

Por lo tanto, aclararon que “en este sentido, y en virtud de lo acordado con los representantes de los gremios docentes en el Acta Salarial anteriormente citada, no corresponde considerar la interrupción de las vacaciones anuales por el periodo en que se transitó la COVID-19″.

Lo que dijeron los gremios docentes de la respuesta del gobierno de la Ciudad frente al reclamo

El secretario General de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, se refirió al tema: “La Unión Docentes Argentinos ya hizo en el día de ayer el reclamo correspondiente para que se reconozcan las licencias correspondientes a los docentes. La UDA esta al frente de esta posición en defensa de los derechos de los trabajadores docentes”.

Asimismo, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) hizo cuestionamientos a la decisión: “A tan solo tres días hábiles de la reincorporación de los docentes de CABA a las escuelas, el Ministerio de Educación del GCBA emitió un comunicado en el que informa que la Licencia Médica por COVID-19 no interrumpe la Licencia Anual Ordinaria (artículo 69 del Estatuto Docente)”.

Para luego agregar: “Esta decisión se dio a conocer a través una comunicación (no reviste carácter de resolución) y se contradice con la información dada durante el mes de diciembre, ocasión en la que el propio Ministerio informó que la Licencia Médica COVID-19 interrumpía a la licencia anual ordinaria dando la posibilidad de que los docentes que atravesaron la enfermedad pudieran recuperar los días correspondientes”.

Y finalmente, la UTE expresó su punto de vista: “Desde la UTE rechazamos y repudiamos estos procedimientos decididos unilateralmente por el Ministerio de Educación de CABA que a su vez no se dan en el marco de discusión con los sindicatos docentes. Exigimos con carácter de urgente que se resuelva esta situación sin perjuicio para ningún trabajador y la inmediata convocatoria a los sindicatos docentes a Mesa de Condiciones de Trabajo y de la Comisión de Seguimiento de Protocolo”.

Argentina

Carla Vizzotti asegura que Argentina entró en una “cuarta ola de covid” y vuelve la paranoia de la pandemia

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Se está evaluando volver a pedir el barbijo en la calle, intensificar los controles del pase covid y exigirle nuevamente a los comercios que se adapten al distanciamiento social.

El Ministerio de Salud de la Nación, aseguró esta semana que los casos de COVID-19 se cuadruplicaron entre abril y mayo. Tomando estos datos, la ministra Carla Vizzotti anunció que la Argentina entró en una “cuarta ola” del coronavirus y no descarta restricciones.

Sin embargo, la magnitud de casos está lejos de lo que fue el pico de la pandemia el año pasado. Esta última semana tuvo un promedio de casos diarios de 4.855, un número bajo si se lo compara con otros puntos de la pandemia pero alto si se lo compara con la misma semana del mes pasado, cuando hubo menos de 500 casos diarios.

Pero el principal número a tener en cuenta, como debió haber ocurrido durante toda la pandemia, es el número de fallecidos. Esta semana, hubo en promedio 7 muertes diarias, valor que de hecho está a la baja a pesar de que aumentan los casos: la semana anterior, con menos casos, hubo más muertes diarias, en promedio 11.

La funcionaria ya había anticipado el fin de semana pasado que el Gobierno no tiene previsto aplicar nuevos confinamientos, ante la suba de infecciones que comenzó a darse en abril. “No solamente la cantidad de internados y muertos no debe ser directamente proporcional al número de casos, sino que nuestro sistema de salud no esta en riesgo de no dar respuesta”, evaluó.

Pero no quiso descartar endurecer algunas de las restricciones sanitarias existentes, como volver a pedir el barbijo obligatorio en la calle, dado actualmente solo es obligatorio en espacios cerrados y si el propietario así lo pide, intensificar los pedidos de pase covid y vover a pedirle a los comercios que hagan distanciamiento social.

Lo más preocupante es que la línea discursiva no cambió. Vizzotti asegura que no habrá cuarentena solamente porque hay muchos vacunados. El hecho de que es un virus con una tasa de mortalidad muy baja que no justifica encerrar a toda la población, sin permitirles trabajar ni ver a sus familiares, parece no importarles.

La semana pasada Argentina superó las 100 millones de vacunas contra el Covid aplicadas. El 40% son primeras dosis (40.752.021) y el 37% segundas (37.378.700). Esto quiere decir que el 85% de la población inició su esquema de inmunización y el 78% lo completó. Números que a nivel mundial se consideran bajos, ya que casi todos los países occidentales tienen porcentajes de vacunación arriba del 90%.

En cuanto a las dosis de refuerzo, según los datos publicados en el Monitor Público de Vacunación, se suministraron 19.431.877 dosis, lo que representa el 42% de la población argentina. Por ejemplo, en Chile, el 73% de la población se dio la dosis de refuerzo.

Si Vizzotti quiere decir que la vacuna previno que se impongan nuevas cuarentenas, entonces está desmintiendo que la vara para este tipo de políticas públicas sea tan alto, como se está diciendo en el resto del mundo.

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Argentina

Alberto Fernández contra los textiles: “Los protejo, no dejo entrar productos de China pero no me paran de subir los precios”

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El presidente no entiende por qué la ropa subió un 73% interanual, en un mercado de alta intervención estatal mediante la restricción de importaciones.

En declaraciones formuladas esta mañana en Radio Con Vos, Alberto Fernández apuntó con dureza contra el sector textil, al cual acusa de subir los precios “injustificadamente”. La ropa e indumentaria, junto a los alimentos, son los dos rubros que más subieron y los principales motores de la inflación.

Pero lejos de no estar justificada, y sin tener nada que ver con la avaricia, la inflación en estos rubros es, lamentablemente, una consecuencia esperable a las políticas de este gobierno. En verdad, la razón radica en la masiva expansión monetaria del Banco Central, exigido por el Ministerio de Economía para realizar giros al Tesoro y financiar el masivo gasto público.

Esta sobre-oferta de dinero genera una profunda devaluación del peso, lo que genera una suba de precios en pesos (necesitas más pesos para comprar lo mismo) y esta inflación se ve principalmente impactada en los bienes más básicos de la economía, como alimentos o ropa.

Cuando suben los precios, los consumidores pueden dejar de comprar bienes de lujo, lo cual no convalida las subas de precios en esos rubros y funciona como un tope a la inflación. Pero los argentinos no pueden dejar de comprar pan, leche, carne, remeras, pantalones, calzados, etc.

Pero esto que es tan básico y que lo entienden en todo el mundo, Alberto Fernández y el kirchnerismo hacen malabares para tratar de refutarlo, pero la realidad los choca de frente una y otra vez.

El presidente afirmó que el Gobierno “protege y cuida” al rubro textil, pero con la suba de precios que aplican “se vuelven en contra de la gente“.

Hay un desmadre de los precios en ese rubro. Los protejo, no dejo entrar productos elaborados de China, pero los precios no paran de subir acá“, se quejó.

Incluso Alberto Fernández parece tener cierta sospecha que el rubro textil tiene una relación con la inflación que no tienen otros sectores. “El problema del incremento de los textiles es histórico en Argentina”, aseguró.

Precisamente, la inflación del rubro Prendas de Vestir y Calzado registró en abril un salto de 9,9% y de 73,4% interanual, con máximos de hasta 77% en el Gran Buenos Aires (GBA).

De acuerdo con datos de Empiria Consultores, el rubro Prendas de Vestir y Calzado acumula desde la llegada de Alberto Fernández un alza promedio de precios de 240%, casi 90 puntos porcentuales más que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que subió un 153%.

Pero si los textiles suben los precios por “avaricia” o “egoismo”, ¿qué pasó en la década del ’90, cuando la inflación en el rubro de textiles fue casi 0%? Los productores y comercializadores son los mismos que hace 20 o 30 años, eso no cambió.

Son las mismas personas, los mismos modelos de negocios, y las mismas empresas. ¿Ningún kirchnerista se anima a preguntarse, por qué en 1996 la inflación en textiles dio 0% y en 2022 da 73%? ¿Qué cambió en esos cais treinta años?

La respuesta es simple: lo único que cambió fue la política monetaria. En los 90s, gracias a la Convertibilidad, prácticamente no hubo una oferta de pesos por encima a la demanda de dinero de las personas, y los precios no subieron.

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Un funcionario K se “olvidó” de apelar un fallo de la Justicia y ahora el Ejército deberá entregar tierras a los mapuches en Bariloche

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Se trata de Gastón Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa. La Justicia perita computadores y celulares en busca de pistas para determinar si fue error humano o intencional.

El Ejército Argentino recurrió a la Corte Suprema por un fallo de la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, que dispuso la entrega de 180 hectáreas que actualmente pertenecen al Estado Nacional, a una comunidad mapuche.

El predio en cuestión funcionaba como una academia de entrenamineto militar en San Carlos de Bariloche, pero hace algunos años, una parte fue tomada por terroristas mapuches, y desde entonces se desarrolla una batalla judicial entre los representantes indígenas y el Ministerio de Defensa argentino.

Insólitamente, el propio Estado argentino perdió la causa luego de que por alguna razón misteriosa, el Gobierno “se olvidó” de apelar la decisión judicial, que según fuentes familiarizadas con la causa, hubiera fácilmente ganado en la Cámara Federal de Apelaciones.

En un principio, se creía que la negligencia había sido de la abogada Silvia Cristina Vazquez, quien depende del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien reivindica la causa mapuche. Diputados de la oposición habían presentado una denuncia penal contra ella por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli, tras una rápida investigación, determinó que el responsable fue en realidad Gastón Haveladirector de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa.

Oriundo de la ciudad Coronel Du Graty, Chaco, Havela es abogado recibido de la UBA. Además cuenta con una Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social en FLACSO, a la que accedió tras una beca otorgada por el Centro de Formación Judicial.

Stornelli ordenó allanar las oficinas de Havela, y entre el material secuestrado se encontró una nota elaborada por Luis Rodríguez Vaccarezza, asesor legal del Ministerio, dirigida al director de Asuntos Jurídicos del Ejército, el coronel Walter Horacio Faneco.

Fechada el viernes 4 de febrero de 2021, en el escrito se afirma: “Remito en archivo adjunto sentencia del 2 de febrero de 2022 en los autos Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue contra poder ejecutivo nacional, ministerio de Defensa” a los efectos de “tomar la correspondiente intervención en las actuaciones mencionadas”.

Havela fue notificado el miércoles 2 de febrero a las 12:11, y él es quien debería haber presentado la apelación en tiempo y forma. Tenía 48 horas para hacerlo, pero lo presentó recién el viernes 4 de febrero a las 15:09, cuando el plazo venció ese mismo día a las 12 del mediodía. Esto derivó en que la Cámara de Apelaciones de General Roca tuviera que rechazar el reclamo por la demora en apelar.

La justicia investiga si la irregularidad en la presentación fue un error humano de Havela, lo cual fuentes cercanas al Ministerio descartan porque tiene una larga carrera como funcionario público, o si lo hizo a propósito con el objetivo de boicotear los intereses judiciales del Gobierno, y socavar las posibilidades de salvar el terreno.

Terrenos donde funciona la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón, que ahora deberán ser entregados a los mapuches.

Havela tuvo una llamativa escalada jerárquica. Se desempeñió como escribiente en la Secretaría Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, ubicado allí por el kirchnerismo porteño a pesar de ser chaqueño, y luego en 2020, cuando el Frente de Todos llegó al poder, fue nombrado en el Ministerio que en ese momento comandaba Agustín Rossi.

El juez Daniel Rafecas ordenó el análisis de todos los documentos encontrados en el allanamiento, además del peritaje de computadoras y teléfonos celulares, para determinar si Havela cometió un error o su decisión fue intencional.

Incluso se busca determinar si no hubo una colaboración de Havela con los mapuches, quienes han intentado en el pasado convencer a funcionarios del Estado para avanzar en su agenda separatista.

El espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el corazón de un amplio territorio que pertenece a la institución castrense desde 1937, pero que es reclamada por la comunidad Millalonco Ranquehue.

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