Seguinos en redes

Argentina

Ola de tomas de Escuelas en CABA: Estudiantes de izquierda tomaron el Pellegrini y otras 12 secundarias

Publicado

en

Los alumnos se manifiestan en reclamo de viandas, infraestructura y en rechazo a las prácticas laborales que legisló Larreta. El gobierno porteño denunció a sus padres y les reclamará $1,5 millón por cada día que no tengan clases.

La escuela pública Carlos Pellegrini fue tomada este miércoles, y se suma a las tomas de colegios en la Ciudad de Buenos Aires y de esta manera ya son 12 los establecimientos educativos afectados por las protestas de estudiantes de izquierda.

La toma del Pellegrini sin embargo le da una proyección nacional a las tomas, ya que se trata de la primera institución que no depende del gobierno porteño que es secuestrada por el centro de estudiantes, que está en manos del kirchnerismo.

Los estudiantes, tanto del Pellegrini como de las otras escuelas porteñas, reclaman mejores viandas, obras edilicias y se manifiestan en contra de las prácticas laborales en empresas que legisló recientemente Larreta en la Ciudad para los estudiantes del último año.

Si bien piden cambios en la legislación porteña, como el pedido de que se apruebe el proyecto de Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas, presentada por la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández; el Pellegrini depende de la UBA, una institución cuyos recursos provienen del Presupuesto Nacional, por lo que no se entiende el reclamo contra Larreta.

Entre otras cosas, la ley comunista de Ofelia promueve la universalización y gratuidad de la asistencia alimentaria escolar, que las frutas y verduras sean producidas por cooperativas agroecológicas y la prohibición de que las empresas que fueron multadas por un mal servicio puedan proveer alimentos.

Los estudiantes también rechazan las prácticas laborales obligatorias en empresas y organizaciones. Algunos de los manifestantes aseguran que los hacen “llevar café” o “lavar vajilla“, y que no se está cumpliendo el objetivo de que aprendan sobre la vida laboral que sin dudas enfrentarán luego de salir de la secundaria.

La ministra de Educación porteña Soledad Acuña asegura que el kirchnerismo está detrás de las tomas de escuelas. La funcionaria planteó este miércoles: “La semana pasada nos enteramos que algunas escuelas tenían dirigentes de Ctera y legisladores del Frente de Todos que alentaban a los chicos a tomar las escuelas”, en declaraciones a radio La Red.

Acuña dijo que se trata de “una medida político partidaria de cara a un año electoral”, que la medida la llevan adelante “un grupo minoritario” de estudiantes y que “la mayoría está conforme con las prácticas de las empresas”.

El Gobierno porteño denunció penalmente el lunes a los padres de los chicos que mantienen la medida de fuerza y les reclamará $1,5 millón por cada día de protesta a cada familia. Larreta está enfocando todo su tiempo en la organización de la campaña presidencial del 2023, y a diferencia de otros años, decidió avanzar con dureza para terminar rápidamente con las tomas.

Paola, la madre de una chica que asiste a cuarto año del “Lengüitas”, dijo en declaraciones a Arriba Argentinos que tanto ella como su hija rechazan las tomas de colegios y que la joven “puede quedar libre si la medida dura más de siete días”, ya que el Gobierno rechazó también perdonar las faltas durante estos días.

La inexplicable toma del Pellegrini

En medio de las protestas, Micaela Güera de Souza, la presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, llamó a tomar la escuela, y rápidamente se le prohibió la entrada a autoridades, padres o policías.

Micaela habló desde la puerta del lugar con LA NACIÓN y afirmó que con la institución tomada por las alumnas y los alumnos “no puede entrar ninguna autoridad”, y que esa decisión incluye a la rectora. “La medida de lucha es sin autoridades, es por y para los estudiantes. Por eso ningún adulto puede entrar sin previo aviso”, agregó la adolescente.

Además, confirmó que a los alumnos que ya están adentro, el Centro de Estudiantes no les permite abandonar la toma. Con un candado en una de sus manos para cerrar el portón, la joven señaló al respecto: “Tenemos un candado propio. Lo compramos porque a la noche no se puede salir”. Y agregó, en diálogo con Radio Mitre: “Las puertas las cerramos ayer a las 23; por lo tanto, nadie puede entrar ni salir hasta las 8 de la mañana”.

No se entiende qué le reclama el Pellegrini al Gobierno porteño, ya que su institución, aunque queda físicamente en la Ciudad de Buenos Aires, depende de la UBA, la cual en última instancia, depende de lo que decide Nación.

Cómo se organizó la toma en el Pellegrini: El profesionalismo de terroristas adolescentes

Ayer por la tarde, después del horario de clases, se llevó adelante una asamblea en la escuela presidida por el Centro de Estudiantes. Según un mensaje que le llegó a uno de los estudiantes que no participó de la toma, los que presiden el Centro tomaron lista de los presentes, una clara amenaza para incentivar que los estudiantes se sumen a la toma.

Si sale toma/pernocte”, lee el mensaje, que aclara “19:30 reunión conducción con familias” y “20hs preparativos de cena (delegadxs [sic] porfa armen lista de quienes van a cenar patys así sabemos cuántos hacer, avisen quienes son vegetarias y traigan plata) pueden traer su comida también“.

Como se planificó, a las 19.30 hubo una reunión con las familias de los adolescentes para ponerlas al tanto de la medida que comenzaba a implementarse “en solidaridad” de otras escuelas que sí dependen de la Ciudad. Luego, a las 21hs se proyectó el partido de Argentina con Jamaica, que ganó la Selección por 3 a 0.

A las 23, los propios estudiantes cerraron el candado del portón de entrada de la institución para volver a abrirlo recién esta mañana, cuando hablaron con la prensa. “Femi ayuda, a confirmar y sumar pibaes!” concluye el mensaje. Cabe recordar que en 2017, una alumna denunció que abusaron de ella durante una toma del Colegio Nacional de Buenos Aires

Argentina

Se hizo justicia: Cristina fue condenada a 6 años de prisión y se baja de la carrera presidencial del 2023, aunque no irá presa

Publicado

en

“En 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros”, dijo a los gritos en su defensa después del veredicto por parte del TOF 2.

La vicepresidente Cristina de Kirchner fue condenada esta tarde a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la corrupción en la concesión de obras públicas en Santa Cruz conocida como “Causa Vialidad“, la culminación de casi una década de denuncias e investigaciones contra la dirigente más corrupta de la historia argentina.

La sentencia fue laxa, considerando que los fiscales habían pedido 12 años, y solo se la consideró autora del delito de administración fraudulenta, quedando absuelta del delito de asociación ilícita. Sin embargo, marca un antes y un después en la democracia argentina, demostrando que el sistema judicial es independiente del poder de turno y no avala la impunidad.

Cristina así se convierte en la primera ex presidente y primera vicepresidente en el cargo en ser condenada por robarle al erario público. Los argumentos de los jueces tardarán en llegar, sin embargo, ya que disponen de un período de 40 días hábiles para darlos a conocer.

A pesar del ejemplar fallo, Cristina todavía tiene la posibilidad de apelar la decisión judicial, por lo que la sentencia no estará firme hasta que se resuelva en todas las instancias. Esto podría tomar entre 1 o 3 años, dependiendo la celeridad de la justicia y la insistencia de la líder kirchnerista en cuestionar la decisión.

Además, incluso si la sentencia estuviera firme, Cristina actualmente cuenta con fueros por su cargo de Vicepresidente, por lo que no iría presa. Para ello, debería tratarse su desafuero en el Senado, una votación que ya sobrevivió en el pasado cuando se pidió la prisión preventiva y ella todavía era senadora.

El desafuero podría tratarse en cualquier momento en el Congreso, pero para esta causa no tiene sentido por el momento ya que los fiscales, extrañamente, no pidieron la prisión preventiva. Esta decisión fue polémica, ya que no hay dudas que Cristina en libertad puede influenciar la causa o escaparse del país.

Tras la sentencia, Cristina dio un discurso grabado desde su oficina en el Senado, donde a los gritos aseguró que no será candidata a presidente en 2023, una promesa que no suena muy creíble pero por el momento es la única declaración sobre su potencial presentación en las elecciones del año que viene.

“En 2023, no voy a ser candidata a nada, y ya no voy a tener fueros”, anticipó en su defensa. “No voy a someter a mi fuerza política a que la maltraten por una candidata condenada. No voy a ser candidata en el 2023. Pero mascota de usted, Magnetto, nunca. A nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa”, dijo la jefa del Frente de Todos.

La vicepresidenta argumentó que con el fallo en su contra “buscan disciplinar a la dirigencia política” y agregó: “La condena no son los seis años en la cárcel. La condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fueron por elección popular”.

Me van a poder meter presa el 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando, a algún Caputo de la vida no se le ocurra financiar alguna banda de marginales me peguen un tiro, que eso es lo que quieren. Presa o muerta”, concluyó victimizándose por el reciente atentado en su contra.

Seguir Leyendo

Argentina

Alberto Fernández da su primera cadena nacional como presidente para apoyar a Cristina, al borde de la condena

Publicado

en

El presidente instruyó al Ministerio de Justicia para que impulse acciones penales contra el grupo de funcionarios que viajaron a Lago Escondido para determinar si se cometió algún delito

El presidente Alberto Fernández dio su primera cadena nacional este lunes para expresar su apoyo a la vicepresidente Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que la tiene contra las cuerdas y una condena este martes es prácticamente una certeza.

En su corto discurso, que parecía estar pre-grabado, aseguró que instruyó al Ministerio de Justicia para que impulse acciones penales contra un grupo de jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios que se habrían reunido en Lago Escondido, quienes según una investigación del diario kirchnerista Página 12 estaban confabulando para arrestar a Cristina.

En una guerra de operaciones de prensa, los diarios ultra-kirchneristas Página 12, Tiempo Argentino y El Cohete a la Luna, publicaron material hackeado de una línea de celular, adjudicada al sitio breached.vc, que muestra un supuesto intercambio de mensajes de audio entre los jueces Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), y Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro, quien sería el propietario de la línea, y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.

Según el sitio web patagonianfacts.com, alineado al kirchnerismo, también aparecen en las filtraciones el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes, según se desprende de los mensajes de voz difundidos, habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

Reunión en Lago Escondido

El viaje de los jueces se habría dado el pasado jueves 13 de octubre en un vuelo de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando. Llegaron todos juntos en un avión privado al aeropuerto de Bariloche para trasladarse luego a la inmensa propiedad del británico Joe Lewis en las afueras de El Bolsón.

Según los medios kirchneristas, el mismo día los protagonistas crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta a la inevitable condena a Cristina Kirchner, que incluía supuestamente presionar a algunos medios para que guardaran silencio y al mismo tiempo planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.

Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D’Alessandro y los directivos de Clarín, Casey y Rendo, se reunieron para elaborar una estrategia unificada para evitar que prospere la denuncia kirchnerista contra los magistrados por el delito de dádivas, que Cristina intentó esgrimir para contraatacar en la causa.

En los mensajes que supuestamente se cruzaron por Telegram, acuerdan que intentarían condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py, donde sería cajoneada.

Alberto le rinde pleitesía a Cristina

Entre los mensajes figura un nombre que complicó a Alberto Fernández y llevó a que hoy tenga que salir con algo tan pesado como una cadena nacional para demostrar lealtad a Cristina. Se trata de Julián Leunda, el actual jefe de asesores del presidente.

El joven de 32 años, que se desempeñó como Director de Asuntos Institucionales de C5N y de Ámbito Financiero, aparece mencionado en los chats por uno de los implicados, asegurando que ya habló con él y que les aseguró que los ayudaría a mantener las reuniones en secreto.

Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto, dice: “Gente: me acaba de llamar Julián Leunda. Parecía que hubiera venido con nosotros. Caliente con Kollmann por la nota”. Esto lo dijo en referencia del periodista de Página 12 que publicó originalmente la noticia del viaje a Bariloche.

Seguir Leyendo

Argentina

Alberto Fernández logra mantener oculta la letra chica de los contratos de las vacunas por US$ 2000 millones de dólares

Publicado

en

El kirchnerismo logró aprobar en la Auditoría General de la Nación (AGN) sin debate un documento que valida los 10 contratos que se firmaron con laboratorios sin mostrar los textos completos.

La mayoría kirchnerista que conforma la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó mantener oculto el texto final de los 10 contratos de compra de vacunas contra el coronavirus por parte del Estado argentino y dispuso que se mantuviera bajo secreto todas las actuaciones de los convenios.

En otras palabras, el Gobierno se negó a mostrar la letra chica de los acuerdos que el Estado suscribió con las compañías farmacéuticas en 2020, y que le costaron al país unos US$ 1.737 millones de dólares.

De esta forma, además, Alberto Fernández logró que no se avance en una auditoría integral sobre sus negociaciones en las compra de las vacunas. Cabe recordar que en un primer momento acordó solamente con la rusa Sputnik, luego con la china Sinopharm, y recién casi un año después, accedió a firmar un contrato con la norteamericana Pfizer y la inglesa AstraZeneca, lo cual generó polémica por parte de la oposición, que denunció intereses económicos de fondo.

Los auditores de Juntos por el Cambio, en minoría, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe del oficialismo, que hubiera requerido mostrar los contratos tal y como fueron firmados.

Sin embargo, el Frente de Todos hizo pesar su mayoría y aprobó el documento sin que se pudiera discutir cuestiones tales como la elección de los laboratorios, los montos que se pagaron y la entrega de las vacunas, entre otras cuestiones.

La decisión de declarar o transformar en reservada es, a mi juicio, infundada y perjudicial y yo podría citar a un destacadísimo cientista político italiano, Giovanni Sartori, que llama la atención sobre una de las principales promesas de la democracia es la transparencia que está siendo afectada por esta circunstancia”, manifestó el jefe auditor de la oposición Jesús Rodríguez.

El equipo de auditores de la oposición, compuesta por Miguel Ángel PichettoAlejandro Nieva y Jesús Rodríguez, asegura que el documento que suscribió el kirchnerismo “autolimita” el accionar de la AGN ya que no les permite realizar un control exhaustivo de los convenios de las compras de las vacunas.

Desde el entorno de los auditores aseguran que en la letra chica que se quería auditar se quería determinar por qué se tardó tanto en firmar el contrato con Pfizer o cuál es el contenido de las cláusulas confidenciales que se firmaron.

En particular la oposición quería conocer la letra chica del convenio con AstraZeneca, quien tuvo diversos incumplimientos que afectaron la campaña de vacunación en la Argentina, y se han denunciado sobreprecios con el productor en el país, Hugo Sigman, dueño del grupo farmacéutico Insud, amigo del entonces ministro de Salud, Ginés González García.

El kirchnerismo usa como argumento para mantener el secreto las cláusulas de confidencialidad que pidieron y firmaron los laboratorios. El Gobierno asegura que no quieren “defraudar” a las grandes multinacionales que esto podría generar demandas por parte de las farmacéuticas.

Diez contratos por 146.000.000 vacunas a cambio de U$S 1737 millones

En total, Alberto Fernández firmó 10 contratos por un total de 146 millones de vacunas que le representaron al país el pago de US$ 1.737 millones de dólares. Entre los sueros adquiridos se encuentra la Sputnik V (Rusia); Sinopharm y Cansino (China); CovidShield (India); AstraZeneca (Reino Unido); y Pfizer y Moderna (Estados Unidos).

Durante la presentación del informe, que comenzó el miércoles a la mañana, la oposición cuestionó la “pobreza” del informe y hasta el propio Pichetto dijo que en el sitio oficial del Ministerio de Salud puede encontrarse mayor información. También hablaron de demoras en la presentación del documento.

En los 30 años de la AGN es difícil encontrar un tema más relevante que este de los contratos”, expresó Rodríguez. Y agregó: “No sólo por la magnitud del esfuerzo fiscal involucrado, si no por las razones que justificaron esas contrataciones. Excepción hecha de las cuentas de inversión que la Constitución nos manda que analicemos”.

Seguir Leyendo

Tendencias