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Otro papelón: Ginés quiere traer la vacuna china a Argentina que todavía no está aprobada ni siquiera en China

Por gestión de Daniel Scioli, el Ministerio de Salud kirchnerista decidió firmar un acuerdo con Brasil para comprar su producción local de la vacuna Sinovac china, que todavía no fue aprobada del todo en ningún país del mundo.

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Desde que se cayó la vacuna inglesa de AstraZeneca/Oxford, con el que el Gobierno argentino había pactado comprar millones de dosis, el ministro de Salud Ginés González García no sabe cómo va a hacer para cumplir el plan de vacunación que había establecido.

El plan B era la vacuna rusa, pero una serie de problemas logísticos de Aerolíneas Argentinas y la falta de información fidedigna para su aplicación en mayores de 60 años han hecho del proceso un caos. Mientras el gobierno esperaba 2 millones de dosis para mediados de diciembre, recién este jueves llegaron 300.000 vacunas y no se empezará a vacunar propiamente hasta enero.
Negados a negociar con Pfizer una compra masiva de vacunas como ya han hecho todos los países desarrollados del mundo, ahora el Ministerio de Salud mira a China por una posible solución.

El Instituto Butantan, laboratorio público del Estado de San Pablo, Brasil, informó este 24 de diciembre que negocia un acuerdo para venderle a Argentina la producción local de la CoronaVac, la vacuna del laboratorio chino Sinovac.

La información fue dada en conferencia de prensa por el director del Instituto Butantan, Dimas Covas, quien aclaró que las negociaciones con Argentina para la firma de un contrato están “avanzadas“. 

Existen contratos en fase de firma y el que está más adelantado hasta hora es con Argentina. Existen contratos en discusión con Uruguay, Perú, Ecuador y Honduras. También haremos una oferta para la Organización Panamericana de la Salud mediante una licitación“, explicó Covas. 

No se tienen especificidades de cuántas dosis se comprarán, en qué plazos se pretenden aplicar ni cuánto dinero gastará el Estado argentino en esta compra.

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Sin embargo, la vacuna de SinoVac todavía no está aprobada ni siquiera en China, y por ahora sólo ha logrado un 50% de efectividad en fase 3. En comparación, la vacuna de Pfizer tiene un 95% de efectividad y la de Moderna un 98%.

La semana pasada, Wang Junzhi, Coordinador de la aplicación de la vacuna de Sinovac en China, tuvo que admitir en conferencia de prensa que el gigante asiático está negociando con Pfizer una compra masiva de sus vacunas, ya que no saben a ciencia cierta cuándo la Sinovac va a estar lista para su aplicación y quieren que el plan de vacunación empiece cuanto antes.

Sólo 300.000 personas en China fueron vacunadas por la SinoVac (menos del 0,03% de la población), que tiene una aprobación provisoria de la Comisión de Salud Nacional china, y estos fueron principalmente soldados del ejército y médicos de primera línea que la recibieron forzadamente por orden del régimen.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro está usando todo su capital político para frenar al gobernador de San Pablo, Joao Doria, que quiere empezar a vacunar a los paulistas con la vacuna de Sinovac, luego de que su propio Ministro de Salud le dijera que esta vacuna era peligrosa para la salud pública del país.

San Pablo firmó un contrato de compra de 46 millones de dosis de la vacuna china y está montando una planta para fabricarla nacionalmente en 2021. El Instituto Butantan es el principal proveedor de vacunas de Brasil y tiene la mayor fábrica pública de vacunas del Hemisterio Sur.

Se cree que fue el embajador Daniel Scioli quien le habría llevado esta opción al despacho de Ginés, luego de que vea por televisión el desastre que estaba ocurriendo con la vacuna rusa. El Ministro habría respondido positivamente a este plan C, y confirmó este jueves desde Ezeiza que buscarán cerrar un acuerdo con China para traer la vacuna Sinovac a Argentina.

Los únicos países del mundo que aprobaron una vacuna china hasta ahora fueron Emiratos Árabes y Bahréin, que compraron millones de dosis de la vacuna de Sinopharm, que es distinta a la de Sinovac, pero presenta, por ahora, los mismos problemas. Ambas vacunas usan un coronavirus inactivado para generar inmunidad, un proceso que tarda años en desarrollo y en testeos de corto y largo plazo. Por ahora, ni la Sinovac ni la Sinopharm han podido pasar satisfactoriamente las pruebas de corto con una efectividad mayor al 90%.

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Aumentos en las tarifas: estiman que el incremento de la luz rondaran el 200% y el del gas un 80%

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Aún se desconoce de cuánto será el aumento, a partir de cuándo comenzará a regir y quién lo implementará.

 La aplicación de la segmentación para la quita de subsidios a la energía aún reviste mas incógnitas que certezas. Los cambios en la Secretaria de Energía engordaron la falta precisiones de la medida, como por ejemplo saber de cuánto será el incremento, cuándo comenzará a regir y quién lo implementará

Lo que aún no puede comunicar el gobierno, ya lo estimó la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo. Los incrementos finales serían del 85% para la tarifa de gas y en torno al 200% para la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires, según consta en el último informe presentado por la consultora.

“En general la mayor parte de los hogares, el 70% de los usuarios del AMBA, tiene un nivel de consumo por debajo de los 400 kv que puso de tope el gobierno para aplicar a partir del excedente el pago de tarifa plena” afirmó Arceo que aclara que se trata de un promedio anual porque el nivel de consumo varía según la estación del año.

Ahora bien, si la mayoría de los usuarios consume por debajo del tope, la pregunta es cual es el ahorro para el fisco en tanto eliminación de subsidios. Sobre esto Arceo explica que el 30% de los hogares donde se consume mas de 400 kv explican a su vez el 50% del consumo de energía total. “Son pocos hogares que consumen mucha energía, con lo cual sin subsidio, o se reduce, el nivel de ahorro fiscal es bastante significativo”.

Para Arceo la incorporación del criterio de tope de consumo es un premio al ahorro de energía muy eficaz en otros países. Sin embargo este consultor explica que los sectores populares, que no tienen acceso a la red de gas, consumen más energía, sobre todo en invierno. “Por eso es importante saber si el tope de consumo alcanza también a los beneficiarios de tarifa social” agrega Arceo, para quien este punto es nodal “para proteger a los que menos tienen”. Según el consultor esto todavía no está garantizado ya que queda “esperar la letra chica de la reglamentación de la medida”.

No obstante Arceo reivindica la medida: “Es correcto penalizar el consumo excesivo dado el incremento que tuvo la demanda de gas y energía eléctrica en los últimos años que llevo a la Argentina a que solo en el primer semestre de este año creció un 18% respecto al mismo período del 2019”.

En lo que respecta al servicio de gas por red y servicio de agua potable, Massa no dio precisiones.”En el caso del gas, la quita de subsidio seguirá la misma lógica, pero por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, así como también la estacionalidad”, dijo, sin más detalles.

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Senado: El kirchnerismo impulsa una ley para crear un ingreso fijo por indigencia

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La ley, elaborada por la senadora Di Tullio, alanzaría a 1.7 millón de personas, con un costo fiscal más bajo que el salario básico que pide Grabois.

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio presentó un proyecto para crear un ingreso por indigencia, que beneficiaría a 1.7 millones y fue elaborado después de una ronda de consultas con organizaciones sociales y funcionarios.

Es mucho más restrictivo que el salario básico universal que propone Juan Grabois, porque abarca a desocupados desde 25 años a uno menos que el límite de la jubilación (59 mujeres y 64 hombres), que no sean beneficiarios de planes sociales. 

Recibirían el equivalente a una canasta básica alimentaria por adulto, que según el Indec alcanza 15.057 pesos mensuales. Se actualizaría por trimestre. 

El proyecto de Itahí Hagman, diputado del Frente de Todos cercano a Grabois, también propone pagar una canasta por adulto, pero abarca a desocupados de entre 18 y 64 y a quienes registren bajos ingresos. 

Se definen como tales a trabajadores de casas particulares, monotributistas de categoría A o asalariados con haberes similares. El beneficio llegaría a entre 7 y 9 millones de personas y el costo fiscal podría ser entre 2 y 3 puntos del PIB.

Di Tullio trabajó en un diseño que redujera el impacto fiscal, que esperaba presentar la semana pasada, pero debió postergar hasta que el nuevo ministro de Economía Sergio Massa se pusiera al tanto. 

Calcula un costo fiscal de 0.09 del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente. El ingreso durará un año y para renovarlo el beneficiario deberá acreditar que continúa sin ingresos.

Y se promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica.

De esta manera, el Estado se encargaría de la reinserción laboral del beneficiario, que formará parte de un Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción, mediante un cruce de datos con Anses.

Todavía no tiene fecha de tratamiento, pero se estima que no podrá demorarse más allá del debate del presupuesto, que llegará el 15 de septiembre a Diputados. El último no se sancionó y el kirchnerismo lo cuestionó, justamente porque no contemplaba ayuda directa a los sectores vulnerables.  

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Cuarta audiencia del juicio por la Obra Pública a Cristina Kirchner: el fiscal apuntó a la “caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”

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Se trata de las obras por remediación de canteras por las que recibió 220 millones de dólares. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola iniciaron hoy la cuarta audiencia de sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. En esta oportunidad, la Fiscalía ahondó sobre lo que llamó la caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”.

Se trata de las obras públicas que las empresas de Báez recibieron para obras de remediación de canteras y movimiento de suelos.

Ante el Tribunal Oral Federal 2, y sin la presencia de Cristina Kirchner, autorizada a ausentarse, el fiscal Luciani señaló que Báez ganó todas las licitaciones para la remediación de canteras por un total de 220 millones de dólares y que la gran mayoría fueron cercanas a las elecciones presidenciales de 2007 que ganó el Frente de Todos.

En las licitaciones de remediación de canteras Lázaro Báez compitió contra Lázaro Báez”, dijo Luciani. El fiscal, con el aporte de filminas, mostró cada una de esas obras en las que expuso como en las licitaciones competían Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti y en algunas otras empresas, en su mayoría Petersen, que siempre quedaba descalificada. Se trata del mismo mecanismo que se utilizó para las licitaciones de las obras viales que la Fiscalía analizó en las audiencias anteriores.

A su turno, el fiscal Mola señaló que esas licitaciones se buscaron ocultar en su publicidad. Explicó que se debían publicar en los diarios de Santa Cruz para que las empresas que quisieran se presenten a competir. Pero Mola destacó que las licitaciones se publicaban en las secciones de belleza, de chistes o donde se publicaban avisos contra la eyaculación precoz. “La ley no especifica donde debe publicarse pero se hacía en lugares no relacionados con la obra publica”, señaló Mola.

La audiencia de hoy comenzó con una recusación que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, presentó contra el fiscal Luciani y uno de los jueces del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu. Las defensas de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y del ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, adelantaron que también presentaron medidas similares.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, acusó Luciani el primer día los alegatos, el pasado 1 de agosto.

La Fiscalía tiene nueve audiencias para alegar la acusación contra los 13 imputados en el juicio. Luciani adelantó que usará todas y que inclusive podrían necesitar algunas más. Luego será el turno de los alegatos de cada una de las defensas que tendrántres audiencias. La primera en alegar será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

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