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Papelón de la Justicia de La Pampa: Absolvieron a la jueza que entregó a Lucio Dupuy a sus asesinas

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La jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Catán, mantuvieron su cargo luego de una decisión de un jury que incluyó juristas, diputados y miembros de la sociedad civil.

Este viernes, los argentinos recibieron una de las peores noticias en mucho tiempo. Luego de semanas de un intenso jury en su contra, la Justicia de La Pampa absolvió a Ana Clara Pérez Ballester, la magistrada que durante la pandemia le sacó la tenencia de Lucio Dupuy a su padre y lo entregó a su madre lesbiana y su pareja, que terminaron asesinándolo.

Pérez Ballester había sido acusada de mal desempeño en sus funciones luego de haberle otorgado, bajo justificaciones feministas, la tenencia de Lucio a su madre, Magdalena Espósito Valenti y a su pareja, Abigaíl Páez, hoy condenadas a prisión perpetua por el asesinato y el abuso sexual del chico.

A partir de hoy, la jueza cómplice del asesinato de Lucio Dupuy fue reinstalada en su cargo, en medio de gritos e insultos. “¡Mataron a un chico!”, gritó una mujer indignada luego de escuchar el veredicto.

La misma absolución fue tomada para la asesora de menores Elisa Alejandra Catán, acusada junto a Pérez Ballester, por haber recomendado quitarle la tenencia a Christian Dupuy.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio y testigo en el proceso, estuvo presente en la sala. Junto a su familia fueron los primeros en llegar. Al oír el veredicto, le gritó a los jueces: “¡Asesinos!”. 

Cintia Dupuy, tía de la víctima, lanzó a los gritos: “Ustedes hacen esto por plata”. La jueza Pérez Ballester, que al escuchar el fallo se abrazó con su abogado defensor y rompió en llanto, se retiró en medio de un cordón policial que la protegió.

Los que le garantizaron impunidad a la jueza y la asesora de menores, fueron el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; las diputadas provinciales María Silvia Larreta y María Valderrama Calvo; y las abogadas Silvina Garro y María Gaccio.

El jury estuvo compuesto por miembros de la Justicia, la Cámara de Diputados provincial e integrantes de la sociedad civil, de los cuales 4 votaron por absolverla, mientras que el único voto para destituir a la jueza provino de la legisladora María Silvia Larreta, del Frente Justicialista Pampeano.

Insólitamente, la legisladora María Andrea Valderrama Calvo, de la UCR, votó a favor de absolver tanto a la jueza como a la asesora de menores, acompañando a las dos abogadas y al presidente del Poder Judicial pampeano.

Miembros del jury.

La jueza Perez Ballester entregó al niño a sus asesinas

La tenencia del niño comenzó a disputarse inmediatamente luego de la separación de Magdalena Espósito Valenti Christian Dupuy, los padres de Lucio. Como la madre estaba sin empleo y el padre trabajaba en la ciudad bonaerense de Luján, en 2018, se decidió que el chico viviera con sus tíos paternos en General Pico. Aquella fue una decisión de común acuerdo entre todas las partes, y Lucio fue recibido amigablemente por Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo en el seno de su familia.

En aquel entonces, Espósito Valenti le otorgó una autorización a los tíos ante el Juzgado de Paz de Santa Rosa, para que temporariamente se hicieran cargo de los cuidados de Lucio. Sin embargo, el 27 de marzo del 2019, Leticia Hidalgo solicitó la guarda judicial de su sobrino.

Según la tía guardiana, lo hizo porque se lo exigieron desde el jardín de infantes donde concurría el niño. A partir de ese momento, entra en escena Pérez Ballester y la asesora de menores Catán, quienes comprobaron su idoneidad como posible tutora y el 2 de julio de 2019, con el visto bueno de Catán, la jueza le otorgó la tutela a Hidalgo.

Pero fue en ese momento en que Espósito Valenti, enojada por la situación y frustrada porque la tenencia quedaría a largo plazo del lado del hombre, entre octubre y noviembre del 2019, empezó a moverse judicialmente para quedar como única tutora del niño. “Todo fue normal hasta que la mamá pidió tener otra vez a Lucio”, aseguró la tía.

Espósito Valenti acudió a la jueza Pérez Ballester, y pidió oficialmente la tenencia de su hijo explicando ante la Justicia que había formado una pareja con una mujer llamada Abigaíl Páez, que había alquilado un departamento y que había comenzado un emprendimiento de venta de tortas. Argumentó con justificaciones feministas, que no había diferencias entre una pareja heterosexual y una homosexual, y que por lo tanto, no había razones para rechazar su pedido.

Hidalgo relató que Espósito Valenti la amenazaba: “Me decía que me iba a pasar de todo… Lucio no era un nene que pidiera irse con su mamá. Yo le dije que no se lo iba a devolver. Mi marido también le dijo que no, entonces ella fue a denunciarnos y la Policía nos sacó al nene”.

Llegado el 5 de febrero de 2020 se inició un expediente de cuidado personal. La primera audiencia de mediación para intentar arribar a un acuerdo se iba a producir el 13 de marzo siguiente, pero Hidalgo no pudo presentarse porque días atrás había sido madre de mellizos.

Ya a fines de junio, las partes acordaron un régimen de visitas que, sin embargo, no prosperó. Posteriormente, el 17 de julio de 2020, la madre se presentó otra vez en la Justicia y requirió que se deje sin efecto la tutela. Para ese entonces, la relación entre ella y los tíos estaba signada por la violencia, los escándalos y las acusaciones cruzadas.

En plena pandemia, con restricciones a la circulación, la madre del niño logró llevarse a Lucio a Santa Rosa y el chico nunca más regresó con sus tíos. En ese contexto, la Justicia volvió a intervenir para darle un cierre al conflicto, pero a favor de la madre agresora.

El 28 de agosto de aquel año se realizó una nueva audiencia entre las partes en pugna por Lucio. Allí se resolvió que Espósito Valenti se quedara definitivamente con su hijo. Los tíos explicaron luego que accedieron porque ya no soportaban la situación y quisieron proteger a Lucio, que con cuatro años fue testigo de varios momentos desagradables que incluían la presencia policial.

El acuerdo fue revisado por Catán, que nuevamente dio su visto bueno. Así, Pérez Ballester finalmente lo homologó el 4 de noviembre de 2020. Tanto Pérez Ballester como Catán tuvieron denuncias de los tíos y del padre de Lucio, argumentando que la madre le pegaba y era violenta con él.

Tras analizar el caso, la Procuración les objetó a Pérez Ballester y Catán una serie de omisiones, entre ellas, no haber citado a declarar al padre en ambos trámites, no escuchar debidamente las denuncias de violencia de las partes y no haber dado lugar a que Lucio se expresara en el expediente de cuidado personal. Sin embargo, hoy, finalmente, el tribunal, no coincidió con la parte acusatoria y decidió absolverlas.

Argentina

Se acabó el curro del INADI: Milei tomó la motosierra y recortó un presupuesto de $3600 millones y 400 empleados

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Por motivos económicos, ideológicos y morales, el presidente Javier Milei resolvió el cierre del INADI, eliminado todo su presupuesto y echando a una buena parte de la planta.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves a la noche en una entrevista en exclusiva con Jony Viale, el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio se dio primero en la habitual conferencia de prensa del vocero, y luego fue confirmada por la Oficina del Presidente.

El INADI fue creado por un pedido de la UCR luego del pacto que llevó a la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Posteriormente, el ex presidente Carlos Menem en el año 1995, pasó la Ley Antidiscriminación (Ley 24.515), que obliga al Estado a tener un organismo que cumpla las funciones del INADI, aunque el instituto se puso recién funcionamiento en el año 1997.

En sus casi 30 años de historia, sufrió varias intervenciones por "mal funcionamiento". La primera ocurrió en el año 2000 y la última, que duró hasta la actualidad, en el 2011, cuando Cristina Kirchner puso a Pedro Mouratian a cargo y lo convirtió en una agencia de persecución a la oposición. Ahora el Gobierno de Milei vuelve a intervenirlo y dispone como interventora a Maria de los Angeles Quiroga, pero ahora con el objetivo de cerrarlo definitivamente.

Las razones del cierre del INADI

Su cierre encuentra motivos ideológicos, económicos y morales. En cuanto a lo ideológico, el cese de sus actividades es una gran victoria para las ideas liberales y una declaración de no interferencia del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión.

Al ser el INADI dependiente del Ejecutivo, su mera existencia implicaba que el Gobierno Nacional contaba con las herramientas para entrometerse arbitrariamente en la libertad de expresión de los ciudadanos. Así, el Presidente podía decidir de manera sesgada qué se podía decir y qué no, y qué tipos de expresiones debían ser penadas.

Se abría la posibilidad de perseguir a quien piense distinto, manchando su imagen y acusándolo de discriminatorio. Un caso muy conocido fue el de Ramiro Marra, quien denunció que el INADI lo persiguió simplemente por oponerse a los piqueteros que cortaban la calle ilegalmente.

Cabe aclarar que la discriminacion está penada en la Argentina por la Ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”, pero esto es competencia específica del Poder Judicial, lo cual está en línea con el resto de las democracias liberales del mundo. Es la Justicia quien debe dictaminar si se cometió un hecho ilícito de disicriminacion, respetando todas las garantías procesales del acusado, no un organismo del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo económico, está claro que es inaceptable que los contribuyentes carguen sobre sus espaldas este tipo de gastos superfluos. El país no está en un momento en el que se pueda dar el lujo de financiar un organismo persecutor.

Al día de hoy, el INADI se ha convertido en un verdadero aguantadero de personas, sin control alguno y con un despilfarro alucinante. Por ejemplo, el Gobierno informó que este instituto cuenta con 400 empleados y tiene 43 delegaciones a lo largo y ancho del país.

Solo en el Presupuesto 2023, manejó una caja de $1.150 millones de pesos. Esto con nula transparencia, ya que no cuenta con una nómina oficial de quienes trabajan en el organismo, siendo un claro ejemplo de falta de transparencia en el manejo de las contrataciones estatales.

En cuanto a lo moral, hay una discusión más profunda, y solo basta con ver el prontuario de quienes han pasado por el INADI para darse cuenta de que ha sido manejado por gente poco idónea y que incluso ha estado involucrada en escándalos totalmente ilícitos.

Quizás el ejemplo más resonante de los últimos tiempos es el de Victoria Donda, quien fue titular del instituto entre 2019 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernandez. La ex directora se vio envuelta en un escandaloso suceso, donde su empleada doméstica la acusaba de haberla tenido 10 años en “negro” y en el que Donda contestaba via chat ofreciéndole un cargo en el INADI o un plan social como compensación.

Además, la empleada contó en diversas entrevistas sentirse agobiada por la cantidad de tareas que la familia Donda le hacía realizar, sin recibir aumentos, ni aguinaldo, ni vacaciones. Increíblemente, la titular de un organismo que dice velar por un país más igualitario ni siquiera había empezado por su propia casa.

Con el cierre del INADI, se vuelve a confirmar que ya no hay más lugar para los curros y las avivadas de la política. El Gobierno se muestra una y otra vez, hasta el cansancio, decidido a desbaratar cada uno de los antros que se han formado bajo la tutela estatal.

Sin el INADI, será la Justicia quien vele por dictaminar quién es culpable de un delito de discriminacion. Ya no habrá un burócrata del Gobierno que apunte con el dedo y decida por sí mismo que está permitido decir y qué no. La libertad de expresión parece engrosar y convalidarse con esta decisión de mucho coraje del presidente Javier Milei.

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Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

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Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos desde la salida de la Convertibilidad y que dejó de hacer este gobierno.

Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? por TN, que se grabó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se transmite esta noche desde las 21 horas. El objetivo del Presidente con esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo y bajar la inflación.

El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

La emisión de dinero devalúa al peso y hace perder su valor frente a los bienes y servicios. Esto es percibido por la gente como una suba de todos los precios de la economía, lo cual recibe el nombre más conocido como inflación.

Pero de fondo, lo que ocurre es que la emisión sin respaldo genera que se necesiten más pesos para comprar los mismos productos, lo que lleva a una pérdida del poder adquisitivo si los sueldos tardan más en acomodarse.

Todo este proceso inflacionario y de caída real de salarios se evita sin emitir dinero para financiar el gasto público, limitando la emisión de pesos únicamente para pagar los gastos y las deudas propias del Banco Central.

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Chau INADI: El Presidente Javier Milei resolvió eliminar uno de los antros de corrupción y persecución más importantes del kirchnerismo

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Lo adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa y lo confirmó la Oficina del Presidente en redes.

El Gobierno de Javier Milei anunció que cerrará definitivamente el INADI, en su plan de desmantelar institutos que "no sirven para nada", según aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

"Estamos dando los primeros pasos para avanzan en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política. Empezamos con el primero: el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. Por supuesto, lleva un tiempo. Hay cuestiones burocráticas", explicó el funcionario.

Con respecto al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Adorni contó que contaba con 400 empleados y decenas de oficinas por todo el país. En estos 2 meses, la planta se redujo a 355, y se seguirá recortando a partir de esta decisión.

"No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde hayan decenas o cientos de puestos jerárquicos que no suman para nada", sentenció.

El Instituto, a su vez, tiene 45 oficinas en diferentes provincias y ciudades del conurbano bonaerense, catalogadas como delegaciones, subdelegaciones y enlaces. Muchas de ellas están ocupadas por las diferentes líneas internas del kirchnerismo. Ahora, se pondrán a la venta.

La Oficina del Presidente confirmó la noticia, y explicó las razones de la decisión. "Durante la campaña electoral, el Presidente Milei prometió al pueblo argentino terminar con la sobrepoblación de organismos, cargos y empresas públicas financiadas con el hambre de la gente. Esta medida se suma a la reducción de ministerios, secretarías, direcciones y coordinaciones en todo el sector público nacional", aseguró.

Y agregó: "La República Argentina no necesita un organismo que oficie de policía del pensamiento persecutora de opositores, sostenido por $2.800.000.000 de presupuesto, $8.000.000 en gastos de alquiler y más de 400 empleados. La planta ya se redujo a 355 en los primeros 2 meses y continuará recortándose a partir de esta decisión".

"Los más de 7.000 expedientes sin tramitar y sin resolución son prueba de la inoperancia del INADI, y confirman que sus funciones eran persecutorias, ideológicas y duplicadas con aquellas que corresponden al Poder Judicial", concluyó.

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