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Patricia Bullrich le pidió a la Justicia que expulse del país a los extranjeros no residentes que cometen delitos

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La ministra de Seguridad de la Nación se refirió a la trágica toma de terrenos en La Matanza y habló de “permisividad” en la provincia de Buenos Aires respecto de las usurpaciones.

Durante una entrevista en Radio Mitre, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó que la Justicia debe expulsar del país a los extranjeros que no tienen residencia y que cometan delitos, cuando le preguntaron por la trágica toma de terrenos en La Matanza que dejó un saldo de cinco muertos durante el enfrentamiento.

En caso de haber personas que usurpan terrenos que son extranjeros que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”, afirmó la funcionaria.

“El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata”, subrayó, pasandole la pelota a la Justicia.

Esta medida había sido instrumentada durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando se firmó el decreto 70/2017 de Migraciones, que permitía al Ministerio de Seguridad a expulsar a ciudadanos extranjeros.

Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.

El argumento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.

Ese decreto fue derogado por el gobierno de Alberto Fernández en marzo del 2021 argumentando que el DNU de Macri había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos".

Bajo la excusa de que se violaba el principio del debido proceso, y el derecho a contar con asistencia y defensa legal, se eliminó la medida que había permitido combatir el delito de extranjeros ilegales, que explica una importante cantidad de los crímenes en suelo argentino.

La toma de terrenos en La Matanza

La ministra habló extensamente sobre la toma de terrenos en La Matanza, donde cinco personas murieron en medio de un enfrentamiento. En ese sentido, apuntó contra las autoridades provinciales y municipales, habló de “permisividad” y hasta esbozó una posible connivencia política con los usurpadores.

Creemos que la permisividad permanente que existe en la provincia de Buenos Aires respecto a las usurpaciones generan un clima en el que las personas pueden tomar un terreno sin consecuencias", aseguró. "Es un tema que viene sucediendo hace tiempo y es absolutamente contrario a lo que pensamos. Creemos que hay que tomar decisiones urgentes respecto de los desalojos”, dijo la ministra.

Bullrich sostuvo que lo que ocurre en La Matanza “es un caso especialísimo” porque, afirmó, hay “connivencia entre punteros que se convierten en narcotraficantes, y también hay políticos que lucran con esto”.

La ministra de Milei también dijo que habla “permanentemente” con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y que están terminando de acordar la participación de las fuerzas federales de seguridad en ese territorio. De todas formas, advirtió que “una cosa es el rol de la Policía y otra es la permisividad respecto a la usurpación”.

El hecho es que las usurpaciones no son inmediatamente evacuadas para que la tierra se recupere y todos los argentinos estén en igualdad ante la ley. En eso tenemos una diferencia muy fuerte con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en especial en La Matanza, que permiten que se tomen tierras y no actúan de manera inmediata", sentenció. 

"Tierra que se usurpa, tierra que se desaloja, esa es nuestra consigna y estamos para ayudar a la Provincia de Buenos Aires en lo que nos pidan. La tierra no se usurpa, esa es la consigna de nuestro gobierno y la vamos a llevar adelante”, concluyó.

Argentina

Se acabó el curro del INADI: Milei tomó la motosierra y recortó un presupuesto de $3600 millones y 400 empleados

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Por motivos económicos, ideológicos y morales, el presidente Javier Milei resolvió el cierre del INADI, eliminado todo su presupuesto y echando a una buena parte de la planta.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves a la noche en una entrevista en exclusiva con Jony Viale, el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio se dio primero en la habitual conferencia de prensa del vocero, y luego fue confirmada por la Oficina del Presidente.

El INADI fue creado por un pedido de la UCR luego del pacto que llevó a la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Posteriormente, el ex presidente Carlos Menem en el año 1995, pasó la Ley Antidiscriminación (Ley 24.515), que obliga al Estado a tener un organismo que cumpla las funciones del INADI, aunque el instituto se puso recién funcionamiento en el año 1997.

En sus casi 30 años de historia, sufrió varias intervenciones por "mal funcionamiento". La primera ocurrió en el año 2000 y la última, que duró hasta la actualidad, en el 2011, cuando Cristina Kirchner puso a Pedro Mouratian a cargo y lo convirtió en una agencia de persecución a la oposición. Ahora el Gobierno de Milei vuelve a intervenirlo y dispone como interventora a Maria de los Angeles Quiroga, pero ahora con el objetivo de cerrarlo definitivamente.

Las razones del cierre del INADI

Su cierre encuentra motivos ideológicos, económicos y morales. En cuanto a lo ideológico, el cese de sus actividades es una gran victoria para las ideas liberales y una declaración de no interferencia del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión.

Al ser el INADI dependiente del Ejecutivo, su mera existencia implicaba que el Gobierno Nacional contaba con las herramientas para entrometerse arbitrariamente en la libertad de expresión de los ciudadanos. Así, el Presidente podía decidir de manera sesgada qué se podía decir y qué no, y qué tipos de expresiones debían ser penadas.

Se abría la posibilidad de perseguir a quien piense distinto, manchando su imagen y acusándolo de discriminatorio. Un caso muy conocido fue el de Ramiro Marra, quien denunció que el INADI lo persiguió simplemente por oponerse a los piqueteros que cortaban la calle ilegalmente.

Cabe aclarar que la discriminacion está penada en la Argentina por la Ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”, pero esto es competencia específica del Poder Judicial, lo cual está en línea con el resto de las democracias liberales del mundo. Es la Justicia quien debe dictaminar si se cometió un hecho ilícito de disicriminacion, respetando todas las garantías procesales del acusado, no un organismo del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo económico, está claro que es inaceptable que los contribuyentes carguen sobre sus espaldas este tipo de gastos superfluos. El país no está en un momento en el que se pueda dar el lujo de financiar un organismo persecutor.

Al día de hoy, el INADI se ha convertido en un verdadero aguantadero de personas, sin control alguno y con un despilfarro alucinante. Por ejemplo, el Gobierno informó que este instituto cuenta con 400 empleados y tiene 43 delegaciones a lo largo y ancho del país.

Solo en el Presupuesto 2023, manejó una caja de $1.150 millones de pesos. Esto con nula transparencia, ya que no cuenta con una nómina oficial de quienes trabajan en el organismo, siendo un claro ejemplo de falta de transparencia en el manejo de las contrataciones estatales.

En cuanto a lo moral, hay una discusión más profunda, y solo basta con ver el prontuario de quienes han pasado por el INADI para darse cuenta de que ha sido manejado por gente poco idónea y que incluso ha estado involucrada en escándalos totalmente ilícitos.

Quizás el ejemplo más resonante de los últimos tiempos es el de Victoria Donda, quien fue titular del instituto entre 2019 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernandez. La ex directora se vio envuelta en un escandaloso suceso, donde su empleada doméstica la acusaba de haberla tenido 10 años en “negro” y en el que Donda contestaba via chat ofreciéndole un cargo en el INADI o un plan social como compensación.

Además, la empleada contó en diversas entrevistas sentirse agobiada por la cantidad de tareas que la familia Donda le hacía realizar, sin recibir aumentos, ni aguinaldo, ni vacaciones. Increíblemente, la titular de un organismo que dice velar por un país más igualitario ni siquiera había empezado por su propia casa.

Con el cierre del INADI, se vuelve a confirmar que ya no hay más lugar para los curros y las avivadas de la política. El Gobierno se muestra una y otra vez, hasta el cansancio, decidido a desbaratar cada uno de los antros que se han formado bajo la tutela estatal.

Sin el INADI, será la Justicia quien vele por dictaminar quién es culpable de un delito de discriminacion. Ya no habrá un burócrata del Gobierno que apunte con el dedo y decida por sí mismo que está permitido decir y qué no. La libertad de expresión parece engrosar y convalidarse con esta decisión de mucho coraje del presidente Javier Milei.

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Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

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Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos desde la salida de la Convertibilidad y que dejó de hacer este gobierno.

Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? por TN, que se grabó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se transmite esta noche desde las 21 horas. El objetivo del Presidente con esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo y bajar la inflación.

El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

La emisión de dinero devalúa al peso y hace perder su valor frente a los bienes y servicios. Esto es percibido por la gente como una suba de todos los precios de la economía, lo cual recibe el nombre más conocido como inflación.

Pero de fondo, lo que ocurre es que la emisión sin respaldo genera que se necesiten más pesos para comprar los mismos productos, lo que lleva a una pérdida del poder adquisitivo si los sueldos tardan más en acomodarse.

Todo este proceso inflacionario y de caída real de salarios se evita sin emitir dinero para financiar el gasto público, limitando la emisión de pesos únicamente para pagar los gastos y las deudas propias del Banco Central.

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Chau INADI: El Presidente Javier Milei resolvió eliminar uno de los antros de corrupción y persecución más importantes del kirchnerismo

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Lo adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa y lo confirmó la Oficina del Presidente en redes.

El Gobierno de Javier Milei anunció que cerrará definitivamente el INADI, en su plan de desmantelar institutos que "no sirven para nada", según aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

"Estamos dando los primeros pasos para avanzan en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política. Empezamos con el primero: el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. Por supuesto, lleva un tiempo. Hay cuestiones burocráticas", explicó el funcionario.

Con respecto al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Adorni contó que contaba con 400 empleados y decenas de oficinas por todo el país. En estos 2 meses, la planta se redujo a 355, y se seguirá recortando a partir de esta decisión.

"No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde hayan decenas o cientos de puestos jerárquicos que no suman para nada", sentenció.

El Instituto, a su vez, tiene 45 oficinas en diferentes provincias y ciudades del conurbano bonaerense, catalogadas como delegaciones, subdelegaciones y enlaces. Muchas de ellas están ocupadas por las diferentes líneas internas del kirchnerismo. Ahora, se pondrán a la venta.

La Oficina del Presidente confirmó la noticia, y explicó las razones de la decisión. "Durante la campaña electoral, el Presidente Milei prometió al pueblo argentino terminar con la sobrepoblación de organismos, cargos y empresas públicas financiadas con el hambre de la gente. Esta medida se suma a la reducción de ministerios, secretarías, direcciones y coordinaciones en todo el sector público nacional", aseguró.

Y agregó: "La República Argentina no necesita un organismo que oficie de policía del pensamiento persecutora de opositores, sostenido por $2.800.000.000 de presupuesto, $8.000.000 en gastos de alquiler y más de 400 empleados. La planta ya se redujo a 355 en los primeros 2 meses y continuará recortándose a partir de esta decisión".

"Los más de 7.000 expedientes sin tramitar y sin resolución son prueba de la inoperancia del INADI, y confirman que sus funciones eran persecutorias, ideológicas y duplicadas con aquellas que corresponden al Poder Judicial", concluyó.

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