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Argentina

Peligroso: Alberto Fernández quiere romper la protección de datos de la AFIP para segmentar tarifas de luz

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La Secretaria de Energía sostiene que para dar con una fórmula que acredite el 100% de efectividad se precisa contar con los datos de ingresos y egresos de la AFIP, hoy blindados por la ley de protección de datos.

El presidente Alberto Fernández, que ya no le hace asco a las peores prácticas del kirchnerismo, está analizando cruzar una delgada línea roja sobre la privacidad de los ciudadanos para implementar una “exitosa” segmentación tarifaria, algo que viene prometiendo de la campaña del 2019.

La Secretaría de Energía, que conduce Darío Martínez, le pidió a Fernández un decreto presidencial que los habilite a vulnerar la protección de los datos de ingresos y gastos que tiene la AFIP sobre los usuarios del área metropolitana, para poder aplicar una segmentación que tenga alguna correspondencia con la realidad.

El máximo mandatario, en vez de recordarle a su funcionario que una medida así debería, como mínimo, ser debatida y puesta a votación en el Congreso, le respondió que lo considerará, y le pidió a Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Nación, que analice la situación, según fuentes consultadas por La Derecha Diario.

Argentina atraviesa desde hace casi una década una delicada situación en el sector energético. Prácticamente toda la energía del país se encuentra subsidiada — sostenida con los impuestos de todos los contribuyentes argentinos — pero la implementación de estos aportes genera enormes injusticias.

En muchos casos, las tarifas terminan siendo menores para familias de altos ingresos que viven en el AMBA, y se cobran con su precio completo a familias pobres del interior. Esta enorme disparidad se da también localmente dentro de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, donde los subsidios terminan en manos de la clase media, y no de las clases más bajas que pagan precio completo.

Muchos países del mundo salieron de estos esquemas de subsidios a la energía durante la década del 80 a través de la privatización de las empresas generadoras y distribuidoras. Argentina fue uno de ellos, un poco más tarde, durante el gobierno de Carlos Menem.

Sin embargo, tras la llegada de la extrema izquierda kirchnerista al poder a principios del milenio, se introdujo una política tarifaria en la que se le daban subsidios preferenciales a la clase media en el AMBA para asegurar sus votos y ganar elecciones, lo que a lo largo de los años generó uno de los sistemas más injustos del mundo.

En vez de volver a un sistema sano, donde la energía se pague lo que cuesta, y que a lo sumo se le entreguen subsidios a las personas que lo necesitan, no a través de subsidios a las empresas generadoras si no directamente a los ciudadanos, el gobierno kirchnerista quiere profundizar en el dirigismo centralizado de los subsidios.

El problema es que en las puertas de un acuerdo con el FMI, la necesidad de reducir el gasto que se va subsidios a usuarios del área metropolitana se vuelve acuciante. El actual congelamiento tarifario ya generó un déficit equivalente al acumulado en seis años de los gobiernos de Néstor y Cristina. No es lo mismo congelar tarifas con una inflación anual del 20% que con una del 50%.

Los subsidios a las tarifas eléctricas aumentaron 132% en el último año alimentando una dinámica de déficit explosiva. Por eso, la segmentación es una exigencia del ministro Martín Guzmán en su necesidad de converger hacia el equilibrio fiscal, pero no es algo sostenible en el tiempo. Lo único sostenible es la privatización.

Los impedimentos legales para vulnerar la privacidad de las personas.

La idea del Gobierno de alcanzar una segmentación “justa” tiene como principal obstáculo el artículo 101 de la Ley de Procedimientos Tributarios (11.683) que ampara el secreto fiscal y protege los datos de ingresos de los usuarios en poder de la AFIP.

Se están estudiando diferentes modalidades para poder contar con la información, y la solución más rápida es por decreto“, afirmaron fuentes de la Secretaría de Energía.

Si bien la ANSES y el CONICET también participan en la elaboración de la fórmula de segmentación, el jugador clave es la AFIP que tiene los datos de ingresos de todos los usuarios.

Mercedes Marcó del Pont: la madrina de las espadas del equipo económico
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El tarifazo es inevitable con segmentación o no

Sobre el nivel de los aumentos, desde el gobierno afirmaron que aún no tienen estimaciones. No obstante a partir de la segmentación dan por descontado que una porción de los usuarios del área metropolitana pasará a pagar el 100% de la factura de luz. Una decisión que podría achicar el déficit, pero que presenta el riesgo de agravar la inflación y el golpe al bolsillo de los argentinos.

El presupuesto del año entrante reduce al 1,5% del PBI el gasto destinado a subsidiar tarifas, que este año superó el 2% del PBI. Si se mantuviera el nivel previsto este año, se deberían destinar 1.203.544 millones de pesos el año próximo. Una cuenta que de alcanzarse el objetivo de reducción sería de 902.658 millones, o sea 300.886 millones menos.

En paralelo al análisis de la Secretaría de Energía, el pasado 10 de noviembre el ENRE instruyó a Edenor y Edesur, para que adecuen sus mecanismos de gestión a fin de promover el reempadronamiento de más de 1.500.000 personas usuarios residenciales.

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Moyano presiona a la CGT para que se sumen a las protestas en contra de La Corte

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El dirigente camionero y su clan agitan la interna sindical. Acuña no cede ante la presión. 

Hugo Moyano, junto con su hijo Pablo, presionan a la CGT para que se movilicen en contra de La Suprema Corte. Camioneros adhiere y convoca a la protesta.

Si es algo para reclamar justicia los Camioneros seguramente vamos a participar, dijo el patriarca de la familia sindical. Son tantas las denuncias contra la Corte que se han hecho que hay que corregir esto, agregó.

Por su parte, Pablo que forma parte del triunvirato conductor CGT, dijo que solo, con un camión o con miles, pero acompañando a los trabajadores. Voy a marchar para exigir de una vez por todas que en la Corte Suprema se haga justicia, agregó el hijo de Hugo.

Hugo Moyano fue a la yugular del movimiento sindical, alegando que la Central debe participar y que si no lo hace es porque algunos de sus integrantes son sumisos a los poderes mandantes, en referencia al macrismo.

Históricamente, la CGT se muestra reacia a manifestarse en marchas organizadas por el kirchnerismo, más aún teniendo en cuenta que de la misma participarán la CTA y la CFT. 

Carlos Acuña, otro de los peces gordos, fue a contramano de los Moyano y dijo que la CGT no participó de ninguna reunión vinculada a esa manifestación. A la fecha se desconocen los objetivos de esa concentración, agregó dirigente.

Héctor Dáer, el otro dirigente del triunvirato, no se refirió al tema pero se descuenta que se alineara con Acuña, a menos que Alberto Fernández se pronuncie a favor de la misma. 

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Santilli arranca su campaña para ser gobernador de Buenos Aires en 2023

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El ex-ministro de seguridad y vicejefe de gobierno de la ciudad empieza su recorrido por los municipios bonaerenses.

Su gira comienza el jueves 20 de enero en Mar Del Plata, distrito gobernado por el intendente del PRO, Guillermo Montenegro. En paralelo, sueña con ser una figura clave en el armado presidencial de Larreta en 2023. 

No obstante, “El Colo” no la tendrá fácil, internamente el radicalismo encabezado por Manes, el ala de Ritondo o una figura de los intendentes del PRO también querrán disputar la gobernación por el espacio. Por otra parte, la derecha liderada por Milei o Espert, también colocará su figura propia para competir. 

Para eso, el equipo de Santilli pretende mostrarlo como un “político no tradicional” y “cercano a la gente”. Tratando de vincularlo a los sectores populares o marginales del conurbano, lo que en realidad forma parte de una vieja táctica del peronismo provincial

A su vez, pretende lucirse mediante los proyectos de ley que presente en el Congreso, relacionados a los ejes de su campaña pasada. Desde su entorno, también afirman tener un programa de Gobierno “2023-2027”.

Además busca apuntalar a dirigentes de peso propio en los distritos claves de la primera y tercera sección electoral con el fin de tener aceitado su aparato de cara al 23´.

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Sigue desplomándose la imagen de Alberto: Seis de cada diez argentinos desaprueba su gestión

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La consultora Management & Fit realizó una encuesta los primeros días de enero y el resultado fue contundente. Un 63,7% de la población desaprueba el mandato del kirchnerismo. 

La encuesta se llevó a cabo en todo el territorio nacional con 2.200 casos con ciudadanos de 16 a 75 años de distintas clases sociales. Las entrevistas fueron realizadas desde el 3 hasta el 10 de enero. 

El resultado de la encuesta es catastrófico para el gobierno, el 63,7% de los participantes desaprobaron la gestión de Alberto. Además, más de la mitad (55,3 por ciento), indicó que votaría por un opositor si las elecciones fueran el próximo domingo. 

Dentro de los campos estudiados, donde se destaca mayor desaprobación es en el segmento de adultos menores de 40 años (66,7 por ciento) y la aprobación más alta está en el segmento mujeres de 40 años o más (30 por ciento). 

Comparando las encuestas anteriores el nivel de desaprobación e indecisos aumentó exponencialmente, mientras que la aprobación disminuyó abruptamente. No obstante, en esta misma comparación, cayó un punto el porcentaje de posibles electores opositores. 

Según la encuesta, las problemáticas que más preocupan a los argentinos son la inseguridad y la suba de los precios. A pesar del constante bombardeo mediático, el aumento de casos de coronavirus no es parte de la discusión central en la población. 

Tres de cada cuatro entrevistados (75,2 por ciento) cree que el campo peor administrado por la gestión es la inseguridad. También se desaprobó contundentemente el manejo económico (69,8 por ciento) y del trabajo (68,8 por ciento).

La visión de los entrevistados no es optimista en ninguno de los campos consultados (las ya mencionadas más salud, educación y obra pública), en todos la desaprobación a la gestión es mayor al 50%.

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