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Polémico: el presidente del PRO en La Rioja presentó un proyecto para dificultar la tenencia legal de armas

Julio Sahad, diputado de JxC, presidente del PRO en La Rioja y presidente del Tiro Federal en la misma provincia, presentó en marzo un proyecto de ley que se debatirá pronto en el Congreso, que busca dificultar la tenencia legal de armas y abultar los bolsillos del Tiro Federal.

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En medio de la liberación de presos tras la bajada de línea de Alberto Fernández y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff, salió a la luz que un diputado de Cambiemos que es, a su vez, el presidente del PRO en La Rioja, Julio Sahad, presentó un polémico proyecto de ley a principios de marzo que dificulta aún más la tenencia legal de armas de fuego y que estará en agenda de debates del Congreso ni bien se solucione el parate legislativo por el virus chino.
El Proyecto de Ley consiste en las siguientes modificaciones:
1. La vigencia del carnet de Legitimo Usuario pasará de 5 años a 1 año.
2. Para ser legítimo usuario o renovar la credencial, se deberá ser socio de un Tiro Federal.
3. El abono deberá realizarse al Tiro Federal, y ante la falta de pago de tres cuotas consecutivas, se suspenderá la condición de Legitimo Usuario hasta que se regularice la deuda.
4. Amnistía por parte del Estado durante 365 días al sancionarse la Ley para que se registren armas de fuego que hasta el momento se encuentran en negro.

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Lo polémico de este proyecto no es solo que se vaya a debatir en medio de un momento en donde los delincuentes están siendo liberados, poniendo en peligro la seguridad de los argentinos, sino que, además de ser diputado nacional y presidente del PRO en La Rioja, Julio Sahad es el presidente del Tiro Federal en esa provincia.

Alguien que ejerce la presidencia de un Tiro Federal conoce las implicancias de aumentar las regulaciones en relación con la tenencia legal de armas. Mas aún, cuando se presenta un proyecto de Ley en el cual se argumenta que su finalidad es disminuir la cantidad de armas que circulan dentro del mercado negro y los ilícitos cometidos con ellas pero, por lo visto, Sahad las ignora, o no las conoce
Poner trabas en la rueda a quien busca el camino legal de la tenencia de armas no ayudará a bajar la delincuencia, ya que quienes tienen armas con fines delictivos, no buscan en ningún momento registrarse. En otras palabras, con un registro más complicado, solo se ve perjudicada la tenencia para los buenos, mientras no se soluciona el problema de la tenencia ilegal.
Esto sólo hará que las pocas armas en circulación estén en manos de quienes no tengan fines honestos y conformes a derecho.
El proyecto, tal y como se menciona arriba, haría obligatorio que uno sea socio de un Tiro Federal para poder ser Legítimo Usuario, y a su vez tenga que actualizarlo cada año. El inconveniente con esto es que, según los datos oficiales de la ANMAC (actualizados por última vez el 22/02/2018) sólo hay 60 Tiros Federales en todo el país. Además, hay cinco provincias que no tienen ni un solo polígono federal, mientras que sólo siete provincias tienen dos o más

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Este proyecto dificultaría muchísimo no sólo la obtención de la credencial por primera vez, sino que además la renovación anual implicaría grandes gastos para aquellos que estén obligados a viajar hacia otra provincia.

Respecto al abono, el método que decidió el diputado del PRO fue el del equivalente al precio más bajo que se encuentre a la venta del público de 100 litros de nafta súper dentro de CABA, y éste será solamente el mínimo, ya que cada Tiro Federal podrá decidir si quiere aumentar el monto respecto a los servicios e instalaciones que ofrezca. El ajuste oficial sería el primer día hábil de los meses de enero y julio.
Si tenemos en cuenta que el litro de nafta súper, a la fecha de publicación de esta noticia, ronda los $55,50, la credencial se encontraría, como mínimo, en $5550, teniéndose que abonar todos los años.
Esto es muy controversial ya que obligaría a la gente a asociarse a un Tiro Federal, aún cuando no todos pueden concurrir con frecuencia porque en Argentina no todos tienen un polígono federal cerca.
Cabe destacar, como se menciona en el proyecto, que el 30% de la cuota será coparticipada hacia el Estado Nacional.

Tiro Federal en la provincia de La Rioja


Todo esto genera sospechas sobre cuáles son las verdaderas intenciones de Sahad con el proyecto.

Pareciera que no busca bajar con el número de armas en el mercado negro, sino que aumentar la recaudación de los Tiros Federales, uno de los cuales él preside, a costas de una membresía obligatoria y renovable todos los años.

Este proyecto entrará al recinto y todos los diputados de la nación votarán por el mismo. Desde La Derecha Diario, convocamos a todos nuestros lectores a repudiar este proyecto en las redes con sus constituyentes, ya que sólo busca ponerle palos en la rueda al derecho a poseer armas y generar burocracia innecesaria que abulte su bolsillo.

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Aumentos en las tarifas: estiman que el incremento de la luz rondaran el 200% y el del gas un 80%

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Aún se desconoce de cuánto será el aumento, a partir de cuándo comenzará a regir y quién lo implementará.

 La aplicación de la segmentación para la quita de subsidios a la energía aún reviste mas incógnitas que certezas. Los cambios en la Secretaria de Energía engordaron la falta precisiones de la medida, como por ejemplo saber de cuánto será el incremento, cuándo comenzará a regir y quién lo implementará

Lo que aún no puede comunicar el gobierno, ya lo estimó la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo. Los incrementos finales serían del 85% para la tarifa de gas y en torno al 200% para la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires, según consta en el último informe presentado por la consultora.

“En general la mayor parte de los hogares, el 70% de los usuarios del AMBA, tiene un nivel de consumo por debajo de los 400 kv que puso de tope el gobierno para aplicar a partir del excedente el pago de tarifa plena” afirmó Arceo que aclara que se trata de un promedio anual porque el nivel de consumo varía según la estación del año.

Ahora bien, si la mayoría de los usuarios consume por debajo del tope, la pregunta es cual es el ahorro para el fisco en tanto eliminación de subsidios. Sobre esto Arceo explica que el 30% de los hogares donde se consume mas de 400 kv explican a su vez el 50% del consumo de energía total. “Son pocos hogares que consumen mucha energía, con lo cual sin subsidio, o se reduce, el nivel de ahorro fiscal es bastante significativo”.

Para Arceo la incorporación del criterio de tope de consumo es un premio al ahorro de energía muy eficaz en otros países. Sin embargo este consultor explica que los sectores populares, que no tienen acceso a la red de gas, consumen más energía, sobre todo en invierno. “Por eso es importante saber si el tope de consumo alcanza también a los beneficiarios de tarifa social” agrega Arceo, para quien este punto es nodal “para proteger a los que menos tienen”. Según el consultor esto todavía no está garantizado ya que queda “esperar la letra chica de la reglamentación de la medida”.

No obstante Arceo reivindica la medida: “Es correcto penalizar el consumo excesivo dado el incremento que tuvo la demanda de gas y energía eléctrica en los últimos años que llevo a la Argentina a que solo en el primer semestre de este año creció un 18% respecto al mismo período del 2019”.

En lo que respecta al servicio de gas por red y servicio de agua potable, Massa no dio precisiones.”En el caso del gas, la quita de subsidio seguirá la misma lógica, pero por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, así como también la estacionalidad”, dijo, sin más detalles.

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Senado: El kirchnerismo impulsa una ley para crear un ingreso fijo por indigencia

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La ley, elaborada por la senadora Di Tullio, alanzaría a 1.7 millón de personas, con un costo fiscal más bajo que el salario básico que pide Grabois.

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio presentó un proyecto para crear un ingreso por indigencia, que beneficiaría a 1.7 millones y fue elaborado después de una ronda de consultas con organizaciones sociales y funcionarios.

Es mucho más restrictivo que el salario básico universal que propone Juan Grabois, porque abarca a desocupados desde 25 años a uno menos que el límite de la jubilación (59 mujeres y 64 hombres), que no sean beneficiarios de planes sociales. 

Recibirían el equivalente a una canasta básica alimentaria por adulto, que según el Indec alcanza 15.057 pesos mensuales. Se actualizaría por trimestre. 

El proyecto de Itahí Hagman, diputado del Frente de Todos cercano a Grabois, también propone pagar una canasta por adulto, pero abarca a desocupados de entre 18 y 64 y a quienes registren bajos ingresos. 

Se definen como tales a trabajadores de casas particulares, monotributistas de categoría A o asalariados con haberes similares. El beneficio llegaría a entre 7 y 9 millones de personas y el costo fiscal podría ser entre 2 y 3 puntos del PIB.

Di Tullio trabajó en un diseño que redujera el impacto fiscal, que esperaba presentar la semana pasada, pero debió postergar hasta que el nuevo ministro de Economía Sergio Massa se pusiera al tanto. 

Calcula un costo fiscal de 0.09 del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente. El ingreso durará un año y para renovarlo el beneficiario deberá acreditar que continúa sin ingresos.

Y se promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica.

De esta manera, el Estado se encargaría de la reinserción laboral del beneficiario, que formará parte de un Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción, mediante un cruce de datos con Anses.

Todavía no tiene fecha de tratamiento, pero se estima que no podrá demorarse más allá del debate del presupuesto, que llegará el 15 de septiembre a Diputados. El último no se sancionó y el kirchnerismo lo cuestionó, justamente porque no contemplaba ayuda directa a los sectores vulnerables.  

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Cuarta audiencia del juicio por la Obra Pública a Cristina Kirchner: el fiscal apuntó a la “caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”

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Se trata de las obras por remediación de canteras por las que recibió 220 millones de dólares. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola iniciaron hoy la cuarta audiencia de sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. En esta oportunidad, la Fiscalía ahondó sobre lo que llamó la caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”.

Se trata de las obras públicas que las empresas de Báez recibieron para obras de remediación de canteras y movimiento de suelos.

Ante el Tribunal Oral Federal 2, y sin la presencia de Cristina Kirchner, autorizada a ausentarse, el fiscal Luciani señaló que Báez ganó todas las licitaciones para la remediación de canteras por un total de 220 millones de dólares y que la gran mayoría fueron cercanas a las elecciones presidenciales de 2007 que ganó el Frente de Todos.

En las licitaciones de remediación de canteras Lázaro Báez compitió contra Lázaro Báez”, dijo Luciani. El fiscal, con el aporte de filminas, mostró cada una de esas obras en las que expuso como en las licitaciones competían Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti y en algunas otras empresas, en su mayoría Petersen, que siempre quedaba descalificada. Se trata del mismo mecanismo que se utilizó para las licitaciones de las obras viales que la Fiscalía analizó en las audiencias anteriores.

A su turno, el fiscal Mola señaló que esas licitaciones se buscaron ocultar en su publicidad. Explicó que se debían publicar en los diarios de Santa Cruz para que las empresas que quisieran se presenten a competir. Pero Mola destacó que las licitaciones se publicaban en las secciones de belleza, de chistes o donde se publicaban avisos contra la eyaculación precoz. “La ley no especifica donde debe publicarse pero se hacía en lugares no relacionados con la obra publica”, señaló Mola.

La audiencia de hoy comenzó con una recusación que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, presentó contra el fiscal Luciani y uno de los jueces del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu. Las defensas de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y del ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, adelantaron que también presentaron medidas similares.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, acusó Luciani el primer día los alegatos, el pasado 1 de agosto.

La Fiscalía tiene nueve audiencias para alegar la acusación contra los 13 imputados en el juicio. Luciani adelantó que usará todas y que inclusive podrían necesitar algunas más. Luego será el turno de los alegatos de cada una de las defensas que tendrántres audiencias. La primera en alegar será la de Báez y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.

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