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Por fin una buena: Condenan a cadena perpetua a Esteban Alvarado, el máximo líder narco de Rosario

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Se lo condenó por asociación ilícita, secuestro, homicidio, lavado de activos y ordenar balaceras contra una funcionaria de la fiscalía. Policías y políticos implicados en un caso de película.

Después de dos meses y medio de juicio, Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes del narcotráfico de Rosario, fue condenado a prisión perpetua este viernes por múltiples delitos.

En la principal sentencia, Alvarado fue encontrado culpable de haber ordenado el secuestro y homicidio del prestamista Lucio Maldonado, cuyo cuerpo apareció acribillado en la zona sur de Rosario en noviembre de 2018.

Ese homicidio fue la punta de lanza de la justicia para detenerlo, a pesar de haber sido el narco más pesado de la ciudad por años. En el juicio también se lo responsabilizó por varias balaceras y por una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero. Además, se le impuso una multa de 316 millones de pesos que deberá pagar en el término de 90 días.

La resolución por unanimidad estuvo a cargo del Tribunal Penal de Primera Instancia, integrado por los jueces Alejandro Negroni, María Isabel Más Varela y Patricia Bilotta, mientras que la acusación fue presentada por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada.

También sentenciaron a prisión perpetua a Mauricio Laferrara, Matías Ávila, Facundo Almada y Germán Fernández, señalados como los ejecutores del asesinato de Maldonado.

De esta manera, y en un hecho sin precedentes para la justicia argentina, plagada de corrupción, finalmente cayó el jefe narco más importante de Rosario, quien logró manejar el comercio de drogas en la ciudad santafesino y quien encabezó una guerra sin cuartel contra Los Monos, otra banda narco.

Además del crimen de Maldonado, a Alvarado se lo sentenció por blanqueo de capitales y por haber ordenado balear el domicilio de Marina Marsili, funcionaria técnica del Ministerio Público de la Acusación, que nunca tuvo exposición pública y cuyo nombre fue entregado por el policía Pablo Báncora, un conocido agente de la fuerza que tuvo a su cargo el control de escuchas telefónicas en la causa de Los Monos y que lideraba un grupo de policías rosarinos que respondía directamente a Alvarado.

Durante el largo juicio, los testimonios pintaron un panorama escalforiante de la ciudad de Rosario, y revelaron la extensión del control de este jefe mafioso, que llegó a infiltrarse en la cúspide de la policía y sus contactos rozaron a importantes dirigentes de la política como el senador Armando Traferri y la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

Durante el debate oral y público declararon más de cien testigos, entre ellos los ex ministros de Seguridad Marcelo Sain y Maximiliano Pullaro, investigadores policiales y judiciales, familiares de víctimas de ataques de la banda y hasta un ex integrante de la organización.

Uno de los sicarios, Mauricio Laferrara, también fue condenado por la autoría del crimen de Cristian Enrique, secuestrado el 23 de octubre de 2018 en Rosario y hallado muerto a principios de noviembre con signos de tortura.

Además, fue condenado el constructor Miguel Grecci Hazzi como integrante de la asociación ilícita y por maniobras de lavado, por lo que recibió una pena de 4 años y 8 meses de prisión, más el pago de una multa de 76 millones de pesos a pagar en 90 días. El hombre llegó en libertad a la audiencia e irá a la cárcel cuando su condena sea confirmada.

Previo al juicio de los “pesos pesados” de la banda narco, fueron condenadas 22 personas que participaron con diferentes roles menores dentro de la estructura delictiva. De ese número, siete son policías, lo que da por probado que había connivencia de las fuerzas de seguridad con la asociación ilícita. Los policías que recibieron condenas fueron Pablo Báncora, Marcelo David Rey, Martín Rey, Cristian “Chamuyo” Di Franco, Jorgelina Cháves, Javier Makhat y Luis Quevertoque.

Los casos de los policías Báncora y Quevertoque son paradigmáticos. ´Como mencionamos, Báncora era el presunto líder de esta banda cómplice, y trabajaba dentro de la Agencia de Criminalidad Organizada que investigaba a Alvarado. 

Desde allí se pudo detectar que filtró información vía Whatsapp, ya que un día dejó abierta la sesión en WhatsApp Web y figuraba una conversación con Jorgelina Cháves (agente de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez) en la que daba datos de la causa que eran confidenciales.

Quevertoque, en tanto, fue una de las caras visibles dentro de la División Judiciales de la Policía de Rosario que investigó a Los Monos, casualmente, rivales de Alvarado en Rosario. Incluso fue uno de los testigos en el juicio que terminó con las condenas del clan Cantero en 2017 y 2018.

Uno de los testimonios más relevantes y poderosos del proceso fue el de un ex integrante de la organización que estaba imputado dentro de la causa, el mecánico Carlos Argüelles, quien fue cercano a Alvarado. El hombre grabó su declaración en agosto de 2020 porque los fiscales consideraron que corría peligro. No se equivocaron. En septiembre de 2021 fue asesinado de un tiro en la cabeza en su taller de Garay al 3500.

Argüelles estaba imputado dentro de la asociación ilícita, pero había pedido declarar como arrepentido. Su declaración fue una de las más fuertes del juicio, donde aseguró que Alvarado fue responsable de matar a dos hijos de Olga “Tata” Medina, una jefa narco de la zona norte. 

También aseguró que intentó asesinar a Andrés “Pillín” Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central y que intentó secuestrar al hijo del ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Luego, contó que Alvarado tuvo la idea de arrojar desde una avioneta un cargamento de marihuana envuelto con el nombre de Pullaro durante un partido de Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Alvarado, en paralelo, afronta desde mediados de marzo pasado otro juicio en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario por narcotráfico, cuya sentencia se sumaría a la que se dictó hoy. Está acusado de ser el dueño de un cargamento de 494 kilos de marihuana que fue secuestrado en un operativo el 24 de noviembre de 2017 en General Roca, provincia de Río Negro.

Por esa causa federal ya fueron a juicio los cuatro hombres que estaban en el camión que transportaba la droga y en el auto que hacía de campana, y se espera que en los próximos meses empiece el proceso contra el propio Alvarado.

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Crece la tensión en CABA: con decenas de bloqueos en todo el país, sigue el paro de transportistas

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Con el acto principal en el Obelisco, la Policía corta los accesos de los camiones en los ingresos a la Capital y empieza a escalar el clima. Cómo está la situación en el resto del país.

Una nueva jornada de protestas se vivirá en todo el país ante la falta de gasoil que se detectó en 23 jurisdiccionesdesde que comenzó la escasez. En ese marco, se realizará un paro en todo el país con cortes en diferentes puntos, con un acto principal en el Obelisco, que concentrará la mayor movilización.

En el centro de la Ciudad de Buenos Aires, los transportistas se concentrarán en 9 de julio y Diagonal Norte, que tendrá un acto durante el mediodía. La movilización la integrarán Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), Autoconvocados Unidos, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap) y la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (Untra).

En las primeras horas de la marcha, la Policía de la Ciudad cortó el acceso para los camiones en el Puente Pueyrredón para evitar que los vehículos de gran porte ingresen a la 9 de julio, donde podrían causar aún más un caos de tráfico. Mientras tanto, los manifestantes están en el lugar y la tensión empieza a subir.

Las medidas de fuerza se concentrará en “la falta de respuestas de las autoridades competentes”, donde se espera que haya duras críticas al Gobierno y a la gestión de Alexis Guerrera, quien prometió que en 15 días se regularizará la situación.

No solo está dentro del reclamo la normalización del abastecimiento, sino que reclamarán el valor de los fletes. Piden que el Gobierno intervenga en un ajuste del valor de referencia por kilómetro, pero en el Ministerio de Transporte afirman que no hacerlo porque se trata de contratos entre privados.

Por su parte, la escasez de combustible hace que los precios oficiales no sean los que se ven reflejado en los surtidores y que la fijación de los precios sea según la situación de cada plaza. La dispersión en los precios queda a la vista gracias al relevamiento de precios que hizo FADEEAC por medio de las 44 Cámaras de transporte que nuclea.

En total, hay seis provincias que venden el litro de gasoil por encima de los 250 pesos, marcando una diferencia con los precios que se venden en otras jurisdicciones como Buenos Aires o con la Patagonia, que alcanza a tener una difernecia de cien pesos.

Tierra del Fuego, la única provincia que tiene gasoil

La falta de gasoil empieza a afectar a todo el país y cada vez se agudiza aún más. En las últimas horas, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) relevó la situación entre el miércoles 15 y el sábado 25 de este mes.

En ese marco, el único distrito de la Argentina en el que los transportistas no informaron problemas para acceder al combustible es en Tierra del Fuego.

El mapa muestra: 16 distritos “en rojo” (Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, San Juan, Mendoza, La Rioja y La Pampa); 4 provincias “en naranja”, que identifica los distritos en los que el promedio de suministro es de 20 litros por unidad, entre las que se encuentran San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, y Santa Cruz.

Un poco menos complicados están los dos distritos coloreados “en amarillo” (Neuquén y Río Negro), color que refiere a los lugares en los que se cargan entre 51 y 100 litros. En tanto que en Chubut se verificaron cupos de carga de entre 51 y 100 litros por unidad, por lo cual el mapa se pintó allí de “verde claro”, con tono amarillento como símbolo de las dificultades.

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Los horrores que el radicalismo elige no recordar: El Corralito de Alfonsín y la pesificación forzosa de Illia

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A 131 años de la fundación de la Unión Cívica Radical, los dirigentes evitan hablar de las peores facetas de las presidencias radicales.

Este domingo se cumplieron 131 años de la fundación de la Unión Cívica Radical (UCR) por Leandro N. Alem, originalmente conocida como la “Unión Cívica Anti Acuerdista”, en rechazo a un pacto de la Unión Cívica con el Partido Autonomista Nacional (PAN) para una fórmula presidencial “de unidad” para las elecciones de 1892.

Esa fuerza política, que se constituyó como el partido con la ideología más extremista del momento en contra del entonces gobierno conservador, se cambió el nombre a Unión Cívica Radical el 2 de julio, en contraposición de la Unión Cívica Nacional, de Mitre, una fuerza política mucho más moderada.

Desde entonces, el partido se ha mantenido a lo largo de la historia como la fuerza política más tradicional de Argentina, dejando muy lejano las ideas extremistas de Alem. Sin embargo, a lo largo de los diferentes gobiernos que conformaron en el último siglo, han provocado verdaderos horrores económicos y sociales en el país.

Los principales dirigentes radicales en todo país destacaron el rumbo histórico del partido, pero decidieron ignorar deliberadamente algunos de los episodios más dramáticos de la historia económica argentina llevados a cabo por presidencias radicales.

La expropiación de los depósitos en dólares en la presidencia de Illia

El programa integral del presidente Arturo Umberto Illia se caracterizaba por un feroz estatismo económico, junto con un diagnóstico muy poco convencional acerca de la situación heredada en 1963.

Hacia diciembre de 1963, el ministro de Economía radical, Eugenio Blanco, lanzaba la receta económica auspiciada por la plataforma oficial del radicalismo: control de precios y tarifas públicas, cepo cambiario con un límite de compra de hasta US$ 50 por mes, y la anulación de contratos petroleros con empresas privadas para que YPF recuperara el monopolio absoluto.

El programa dio indicios de agotamiento a mediados de 1964, cuando la inflación minorista se enquistaba en el 23% interanual y la mayorista subía hasta el 26%, 3 puntos por encima de diciembre de 1963.

Además, y como sucede en la actualidad, el país atravesaba una profunda crisis de vencimientos por el pago de deuda pública externa. Los violentos controles cambiarios impedían la acumulación de reservas, aún a pesar de que el Gobierno radical restringía severamente las importaciones.

La falta de acceso al mercado externo de divisas provocó que los bancos no pudieran estar en condiciones para afrontar los depósitos en dólares, que alcanzaban los US$ 200 millones en 1964. El Gobierno radical decidió, por decreto, pesificar compulsivamente los depósitos de los ahorristas al tipo de cambio vigente en el mercado libre (y no el oficial).

Del mismo modo en que lo hizo Eduardo Duhalde en 2002, las medidas de Illia destruyeron el poder adquisitivo de los ahorristas que habían depositado su confianza y sus ahorros en dólares al sistema bancario.

El fracaso del Plan Austral y el “Corralito” de Alfonsín

Después de una primera hiperinflación hacia fines de 1984, el entonces presidente radical Raúl Alfonsín anunciaba su Plan Austral para poner fin a la inflación. El programa incluía la reducción del déficit fiscal con un drástico aumento de impuestos y retenciones, mientras que al mismo tiempo reemplazaba al “peso argentino” por el austral, y se establecían controles de precios, salarios y tarifas públicas.

A pesar del aumento de las cargas sociales a la seguridad social, el impuesto a las Ganancias, las retenciones y los aranceles de importación, el déficit fiscal no se eliminó y para 1987 el programa se encontraba virtualmente agotado en una nueva crisis de estanflación.

Hacia abril de 1989, y después del fracaso del segundo programa de estabilización en la primavera de 1988, la inflación superaba el 460% interanual y el sistema bancario se encontraba al borde del colapso.

El presidente Alfonsín y su ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille en 1985.

A causa de la pésima reputación del Gobierno y su programa, las expectativas inflacionarias se dispararon y la demanda de australes se derrumbó. Esto provocó un pánico de los ahorristas, que dejaron de confiar en el ajuste de las tasas de interés y buscaron retirar sus fondos bancarios para rápidamente transformarlos en dólares y así protegerse de la inflación.

El Gobierno de Alfonsín estableció un estricto límite al retiro de fondos de los bancos, lo que se conoce formalmente como “Corralito”, para evitar el colapso del sistema financiero, de la misma manera en que lo hizo Fernando De la Rúa en 2001.

“Hacia fines de abril de 1989, ante la perspectiva de un estallido hiperinflacionario, las autoridades monetarias argentinas introdujeron severas restricciones al retiro en efectivo de los depósitos bancarios. Esto provocó temporalmente el surgimiento de un sistema monetario bipapélico en el que circularon dos monedas: el austral billete y el austral cheque”, explicaba el CEMA en octubre de 1990.

En medio del caos, el Presidente radical huyó del Gobierno y transfirió el poder en julio de 1989 al entonces Presidente electo Carlos Menem, que debió hacerse cargo de la conducción del Poder Ejecutivo. 

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Detuvieron a un iraní con documentación falsa en Entre Ríos tratando de escapar a Uruguay: ¿Otro operativo de las Fuerzas Quds?

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El hombre de 28 años quedó bajo investigación de la justicia federal de la provincia. Este lunes, será indagado, bajo sospecha de una conexión con el avión venezolano-iraní que está retenido en Ezeiza.

A 20 días de que el avión venezolano-iraní quedara varado en Ezeiza por determinación de la Justicia, un ciudadano iraní fue detenido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, mientras intentaba viajar con documentación falsa hacia Uruguay.

Según indicó TN, se trata de Asan Azad de 28 años que antes de ser retenido en Concepción del Uruguay por orden del Juez Federal Pablo Sero, quien lo indagará este lunes, el hombre había estado en Venezuela, Ecuardor, Perú y Bolivia. Mientras tanto, una comisión de Gendarmería Nacional intentará la identificación mediante un sistema de la Embajada de Estados Unidos.

“Fue detenido en Concepción del Uruguay intentando comprar pasajes a Concordia con documentación falsa para luego ir a Uruguay. Apenas habla inglés. Aparentenemente con un DNI de un correntino y registro de Buenos Aires”, informó este viernes a través de su cuenta de Twitter Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio.

En el el tuit, el cual tiene una imagen del joven, agregó: “Manifestó ser iraní”, y con ironía apuntó: “¿Será instructor de vuelo?”.

Qué dijo Asad Azan sobre sus orígenes

En una declaración migratoria, el sujeto dijo que su nombre es Asad Azan, que nació en Irán el 16 de mayo de 1994, y que es hijo de Azan Ramazan y Zara Rivan, pero aseguró no recordar su número de Cédula o Pasaporte, y no llevaba consigo ninguna documentación legal.

El joven de 28 años indicó que en 2016 viajó desde Teherán a Venezuela intentando conseguir la ciudadanía, pero no lo logró. Luego, se instaló en Ecuador con el objetivo de poder quedarse, pero terminó perdiendo su documentación en proceso. Desde allí, se trasladó a Perú, después a Bolivia, y finalmente, el 8 de septiembre de 2021, llegó a pie a la Argentina.

Su trayectoria es extremadamente sospechosa, ya todos los países visitados son o estaban en su momento en manos del Foro de Sao Paulo, organización política vinculada al régimen teocrático iraní, y a sus organizaciones terroristas.

Se especula que el avión venezolano-iraní traía operadores de las Fuerzas Quds, famosos por entrenar insurgentes en varios países del mundo. Estos operadores han estado trabajando con agentes del Sebin venezolano en por ejemplo entrenar a los principales agitadores del “estallido social” en Chile, Colombia y Ecuador.

Es altamente probable que este vuelo, que pasó por Córdoba, tenía como objetivo entrenar células de insurgentes que luego viajarían al sur para entrenar a los mapuches, tanto en Argentina como del otro lado de la cordillera.

Los vínculos entre Venezuela, Irán y los terroristas mapuches de la RAM y la CAM son extensos, y sospechosamente no son investigados por el Gobierno Nacional, que debería estar al frente tratando de evitar que se militarice un grupo de subversivos que quieren destruir la soberanía argentina.

Por el momento se desconoce si este sujeto tiene algo que ver con estas operaciones, pero sus viajes previos y su nulo registro de una vida, sumado a la llegada del vuelo con tripulación vinculada a las Fuerzas Quds, pinta una situación compleja que sin dudas debe ser investigada a fondo.

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