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¿Quién chequea a Chequeado? Enterate las empresas y organismos estatales que financian al "fact-checker" argentino

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Desde el Grupo Clarín hasta la Embajada de los Estados Unidos, pasando por Facebook, Google y la fundación de George Soros, Chequeado está financiado por todos los enemigos de la libertad en Argentina.

En los últimos años, las redes sociales se han llenado de Fact Checkers”, o “Sitios de Verificación de Noticias” que dicen estar cumpliendo con el objetivo de verificar noticias falsas o errores en los medios de comunicación, o en los discursos de las figuras públicas, cuando en realidad cuentan una parte de la realidad (una verdad a medias) para construir un relato.

Esto se originó en EE.UU. allá por el año 2003 con el lanzamiento de "FactCheck.org", creado por Brooks Jackson, un periodista de la CNN y militante del Partido Demócrata. Su éxito en atacar a medios conservadores llevaría a que pronto aparecieran nuevos sitios, como “Politifact” del Tampa Bay Times y posteriormente adquirido por Bill Gates; “The Fact Checker” del Washington Post, hoy en manos de Jeff Bezos; "Spiegel Ed" del medio alemán Der Spiegel; y "AFP Fact Check" del medio francés AFP.

En 2010, esta modalidad de manipular la información llegaría a la Argentina, de la mano de Chequeado, cuyo propietario es la enigmática Fundación La Voz Pública. Rápidamente pondría el modelo a prueba, y en los años posteriores tendría un claro sesgo en favor de un sector de la política, solamente verificando frases que le convenía para levantar o destruir un candidato en particular, y muchas veces manipulando la realidad para decir que algo que era falso era una verdad a medias, o viceversa.

El ejemplo más polémico en este último ciclo electoral fue cuando Chequeado dijo que era "FALSO" que los salarios habían caído un 33% en dólares durante la gestión del ministro Sergio Massa, como había afirmado el por entonces candidato a presidente, Javier Milei.

El dato surge de medir el salario promedio al tipo de cambio "dólar Blue", lo cual tiene sentido ya que es el único dólar al que pueden acceder los asalariados en Argentina sin ningún tipo de restricción. Pero Chequeado verificó el dato basándose en el tipo de cambio oficial, al que solo podían acceder algunas empresas amigas del Estado para importar insumos.

Claro, al tipo de cambio oficial, la caída de los salarios, aunque sea un dato que no representa la realidad, había sido de solo el 4,2%, lejos del 33% que había mencionado el ahora mandatario, por lo que la verificadora de datos aseguró que era "FALSO". Una clara manipulación de la información y un intento por dejar bien parado al entonces candidato a presidente del kirchnerismo.

Otro ejemplo clásico es el estudio que el actual presidente Javier Milei siempre suele citar, el Proyecto Maddison, que en su publicación del año 2018 identificó a la Argentina como el país que en el año 1888 era el más rico del mundo, cuando hoy se ubica en el puesto 140.

Por alguna razón, Chequeado decidió tomar el año 1900 para hacer su análisis y decir que en realidad Argentina se ubicaba en el puesto 7° y no 1°, lo cual es cierto pero nada tiene que ver a lo menciona Milei.

La distinción es importante porque en 1890, durante la presidencia de Juarez Celman, estalla una crisis que lleva a la Argentina a perder buena parte de su riqueza, justamente cayendo del primer puesto global.

A su vez, Milei menciona que las reformas liberales pueden convertir a la Argentina en el país más rico del mundo en un periodo de 35 años, justamente porque entre las reformas liberales de Alberdi en la Constitución de 1853, y el dato de que Argentina tenía el PBI más alto del mundo en 1888, pasaron exactamente 35 años. Todo esto es ignorado por Chequeado, que parecía en la campaña empecinado en atacar políticamente a un candidato que en valer a la verdad.

El oscuro financiamiento de Chequeado

Cuando una chequeadora de información realiza tantos "errores" hacia un mismo lado, no queda otra opción que analizar el financiamiento de dicha organización y tratar de identificar de dónde sale dicho sesgo.

De esta manera, surge la pregunta: ¿quién chequea a Chequeado? En Argentina, la Fundación La Voz Pública dice ser una organización no gubernamental, no partidaria y sin fines de lucro. Sin embargo, adentrándose un poco en su sitio web, se puede encontrar un apartado sobre las empresas financiadas por el Estado, las organizaciones gubernamentales y fundaciones partidarias que financian a la verificadora.

Entre ellos podemos resaltar a Artear (Grupo Clarín) y a La Nación, dos de los medios más importantes de Argentina que por años se financiaron íntegramente con pauta oficial del Estado. Pero más allá del origen de los fondos, resulta una fuerte contradicción que sean los medios de comunicación los que financien a un sitio que dice combatir la desinformación en la prensa.

En su Rendición de Cuentas del año 2022, el último que se tiene disponible, admiten que reciben cuantiosas sumas de dinero de Facebook Ireland Limited, Facebook Argentina S.R.L., Google Argentina SRL, Google LLC, además de innumerables bancos y laboratorios. Incluso, figura un "Twitter Grant 2021", que la red social les dio antes de ser comprada por Elon Musk.

También podemos ver en su Balance que están lejos de ser una organización no gubernamental, ya que una buena parte de sus ingresos provino en el año 2022 de la Embajada de los Estados Unidos, la Embajada de Canadá, la ONU, la UNESCO, entre otros

En los últimos años, Chequeado empezó a trabajar con Facebook (quien los financia también) para colaborar en la determinación de qué noticias son falsas, y la red social empezó a eliminar automáticamente cualquier publicación que el medio les dijera que consideraba "falso". Esto le dio una poderosa arma para eliminar contenido de las redes sociales arbitrariamente, bajo un manto de neutralidad que nadie cuestionaba.

Ya hemos mencionado en otras notas, que nuestro portal La Derecha Diario fue muchas veces apuntalada por estos “fact-check” truchos. Chequeado marcó como fake news noticias que cubrimos sobre el coronavirus, las vacunas, las elecciones en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Perú e incluso acá en Argentina, borrando incorrectamente publicaciones tanto en Facebook como Instagram.

Hace un año atrás la red social Twitter, hoy X, fue comprada por Elon Musk. Si Twitter no hubiese sido comprada por Elon Musk, hoy la gente no tendría libertad para expresarse y nosotros desde La Derecha Diario, para informar sin censura y sin pauta.

Musk dijo que había adquirido Twitter (ahora X) para crear “una plataforma digital común de libertad de expresión, devolviendo el poder a la gente". Así eliminó cualquier tipo de censura a las cuentas que publicaran noticias en la red social.

Recientemente, Musk, también fue contra el Foro de Davos diciendo: “Están tratando de ser los jefes de la Tierra, no lo vamos a permitir”, criticando a los oradores del Foro Económico Mundial tras sus dichos sobre “dominación del futuro de la humanidad”.

No es casualidad que los oradores de estos foros, son los mismos que financian a estos “Chequeadores” para influir y querer dirigir la humanidad en todos los aspectos: medio ambiente, ideología de género, control de la natalidad, consumo de carne, qué pensar, qué opinar, a quién votar.

Una plataforma digital como X, podemos decir hoy, es la única con verdadera libertad de expresión, convirtiéndose en un epicentro muy potente de las conversaciones públicas, en donde están influencers o referentes de todo tipo, empresas y líderes políticos, interactuando en el libre mercado de ideas y noticias, sin la censura de los verificadores de noticias.

Argentina

Los gobernadores le declaran la guerra a la Nación porque Milei se niega a pagarles su deuda: “Son amenazas chavistas"

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La Oficina del Presidente le respondió al gobernador Nacho Torres por sus amenazas subversivas: “Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, del PRO, lanzó un explosivo comunicado que fue acompañado por la firma de los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), el grupo conocido como "los patagónicos".

En dicho documento, titulado "las Provincias Unidas del Sur", los gobernadores de la Patagonia aseguran que expropiarán y retendrán todo el petróleo y el gas que extrae YPF y las empresas privadas, si el Gobierno Nacional no le vuelve a enviar el dinero de las transferencias discrecionales, que las provincias usan para pagar sus deudas.

Les damos tiempo hasta el miércoles. Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut a la Argentina… y ahí te quiero ver”, lanzó el gobernador de Chubut, que encabeza el "grupo subversivo" contra el Gobierno Nacional.

En concreto, Torres reclama unos $13.500 millones de pesos, más de un tercio de su coparticipación mensual, que la Nación le retuvo a Chubut porque la provincia no estaba pagando una deuda que se había tomado con el Estado Nacional.

El Gobierno de Javier Milei le había dicho desde el 10 de diciembre que Chubut tiene que recortar los gastos para reducir su déficit, ya que la Nación no les seguiría solventando su despilfarro, pero en ya casi 3 meses, Torres no ha tomado ni un solo paso en la dirección del saneamiento fiscal.

Lo mismo ocurre con muchas provincias. Si bien casi todos los gobernadores habían expresado sus intenciones de recortar el gasto público tras la asunción de Milei, con el tiempo se fueron dando cuenta que el ajuste que pedía el Presidente de la Nación era mucho mayor al que ellos tenían en mente.

A través de un fuerte comunicado, la Oficina del Presidente, que el presidente Javier Milei utiliza para expresar sus palabras oficiales, trató a Torres de "chavista" y le recomendó que se atenga a las respuestas judiciales de sus amenazas subversivas.

"En respuesta al comunicado emitido por el Gobernador de Chubut, la Oficina del Presidente informa que los $13.500 millones de descuento a los que hace alusión, corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación", aclaró el Presidente.

"Lo que sí responde a la verdad es el compromiso que mantiene el Gobierno Nacional con la reducción del gasto público en todo el territorio. De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional", agregó.

"La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza", impone.

"Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia", aseveró la vía de comunicación oficial del Presidente.

Y agrega: "Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el Jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos".

"Estamos en un momento histórico. En un punto de inflexión para nuestra Nación. Cada uno tendrá que elegir de qué lado quiere estar: si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual, o del lado de la mayoría de los argentinos, que eligieron vivir en Libertad", finaliza.

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Argentina

Se acabó el curro del INADI: Milei tomó la motosierra y recortó un presupuesto de $3600 millones y 400 empleados

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Por motivos económicos, ideológicos y morales, el presidente Javier Milei resolvió el cierre del INADI, eliminado todo su presupuesto y echando a una buena parte de la planta.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves a la noche en una entrevista en exclusiva con Jony Viale, el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio se dio primero en la habitual conferencia de prensa del vocero, y luego fue confirmada por la Oficina del Presidente.

El INADI fue creado por un pedido de la UCR luego del pacto que llevó a la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Posteriormente, el ex presidente Carlos Menem en el año 1995, pasó la Ley Antidiscriminación (Ley 24.515), que obliga al Estado a tener un organismo que cumpla las funciones del INADI, aunque el instituto se puso recién funcionamiento en el año 1997.

En sus casi 30 años de historia, sufrió varias intervenciones por "mal funcionamiento". La primera ocurrió en el año 2000 y la última, que duró hasta la actualidad, en el 2011, cuando Cristina Kirchner puso a Pedro Mouratian a cargo y lo convirtió en una agencia de persecución a la oposición. Ahora el Gobierno de Milei vuelve a intervenirlo y dispone como interventora a Maria de los Angeles Quiroga, pero ahora con el objetivo de cerrarlo definitivamente.

Las razones del cierre del INADI

Su cierre encuentra motivos ideológicos, económicos y morales. En cuanto a lo ideológico, el cese de sus actividades es una gran victoria para las ideas liberales y una declaración de no interferencia del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión.

Al ser el INADI dependiente del Ejecutivo, su mera existencia implicaba que el Gobierno Nacional contaba con las herramientas para entrometerse arbitrariamente en la libertad de expresión de los ciudadanos. Así, el Presidente podía decidir de manera sesgada qué se podía decir y qué no, y qué tipos de expresiones debían ser penadas.

Se abría la posibilidad de perseguir a quien piense distinto, manchando su imagen y acusándolo de discriminatorio. Un caso muy conocido fue el de Ramiro Marra, quien denunció que el INADI lo persiguió simplemente por oponerse a los piqueteros que cortaban la calle ilegalmente.

Cabe aclarar que la discriminacion está penada en la Argentina por la Ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”, pero esto es competencia específica del Poder Judicial, lo cual está en línea con el resto de las democracias liberales del mundo. Es la Justicia quien debe dictaminar si se cometió un hecho ilícito de disicriminacion, respetando todas las garantías procesales del acusado, no un organismo del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo económico, está claro que es inaceptable que los contribuyentes carguen sobre sus espaldas este tipo de gastos superfluos. El país no está en un momento en el que se pueda dar el lujo de financiar un organismo persecutor.

Al día de hoy, el INADI se ha convertido en un verdadero aguantadero de personas, sin control alguno y con un despilfarro alucinante. Por ejemplo, el Gobierno informó que este instituto cuenta con 400 empleados y tiene 43 delegaciones a lo largo y ancho del país.

Solo en el Presupuesto 2023, manejó una caja de $1.150 millones de pesos. Esto con nula transparencia, ya que no cuenta con una nómina oficial de quienes trabajan en el organismo, siendo un claro ejemplo de falta de transparencia en el manejo de las contrataciones estatales.

En cuanto a lo moral, hay una discusión más profunda, y solo basta con ver el prontuario de quienes han pasado por el INADI para darse cuenta de que ha sido manejado por gente poco idónea y que incluso ha estado involucrada en escándalos totalmente ilícitos.

Quizás el ejemplo más resonante de los últimos tiempos es el de Victoria Donda, quien fue titular del instituto entre 2019 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernandez. La ex directora se vio envuelta en un escandaloso suceso, donde su empleada doméstica la acusaba de haberla tenido 10 años en “negro” y en el que Donda contestaba via chat ofreciéndole un cargo en el INADI o un plan social como compensación.

Además, la empleada contó en diversas entrevistas sentirse agobiada por la cantidad de tareas que la familia Donda le hacía realizar, sin recibir aumentos, ni aguinaldo, ni vacaciones. Increíblemente, la titular de un organismo que dice velar por un país más igualitario ni siquiera había empezado por su propia casa.

Con el cierre del INADI, se vuelve a confirmar que ya no hay más lugar para los curros y las avivadas de la política. El Gobierno se muestra una y otra vez, hasta el cansancio, decidido a desbaratar cada uno de los antros que se han formado bajo la tutela estatal.

Sin el INADI, será la Justicia quien vele por dictaminar quién es culpable de un delito de discriminacion. Ya no habrá un burócrata del Gobierno que apunte con el dedo y decida por sí mismo que está permitido decir y qué no. La libertad de expresión parece engrosar y convalidarse con esta decisión de mucho coraje del presidente Javier Milei.

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Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

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Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos desde la salida de la Convertibilidad y que dejó de hacer este gobierno.

Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? por TN, que se grabó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se transmite esta noche desde las 21 horas. El objetivo del Presidente con esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo y bajar la inflación.

El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

La emisión de dinero devalúa al peso y hace perder su valor frente a los bienes y servicios. Esto es percibido por la gente como una suba de todos los precios de la economía, lo cual recibe el nombre más conocido como inflación.

Pero de fondo, lo que ocurre es que la emisión sin respaldo genera que se necesiten más pesos para comprar los mismos productos, lo que lleva a una pérdida del poder adquisitivo si los sueldos tardan más en acomodarse.

Todo este proceso inflacionario y de caída real de salarios se evita sin emitir dinero para financiar el gasto público, limitando la emisión de pesos únicamente para pagar los gastos y las deudas propias del Banco Central.

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