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Re-reelecciones indefinidas de los intendentes genera una nueva grieta en Juntos por el Cambio

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Hay miembros de la coalición opositora que están negociando con el Frente de Todos para eliminar los límites de mandatos de los intendentes bonaerenses que había puesto María Eugenia Vidal.

Juntos por el Cambio está nuevamente sumergido en una interna caliente. Una discusión impensada hace algunos meses puso en jaque a la coalición opositora a una semana de terminar el año. Diferentes sectores están en posiciones contrarias respecto a la re-reelección de los intendentes en la provincia de Buenos Aires.

Lo que está en discusión es derogar o reformar la ley que sancionó la ex gobernadora María Eugenia Vidal en 2016, que impide actualmente que un intendente en funciones que cumpla un segundo mandato pueda presentarse a elecciones.

Un sector importante de Juntos por el Cambio, compuesto principalmente por intendentes del PRO y radicales, está negociando con el peronismo un camino para voltear la ley que la coalición que hoy es oposición, sancionó en la Legislatura bonaerense cuando era oficialismo.

Ley N° 14.836: “Quienes habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos (2) años, continuos o alternados, no podrán ser candidatos”.

Desde la sanción de esta ley, prácticamente todos los intendentes lo que hacen es pedirse licencia antes de cumplir 2 años y un día de su segundo mandato. Esto les permite volver a presentarse en la siguiente elección sin problemas, por como está formulada la extraña ley de Vidal.

Preparándose para 2023, varios de los intendentes con más peso del conurbano comenzaron a pedir licencia y saltar a otros cargos, dejando en su lugar a familiares o dirigentes allegados, pero su deseo es eliminar la ley y volver a su cargo sin tener que pasar por este laberinto legal para perpetuarse en el poder.

“Nadie se hace cargo del cagadón que se mandaron en el gobierno de Vidal. Ella jugó sola, en vez de hacerlo en sintonía con la mesa de representación que tiene Juntos por el Cambio. Le dejaron espacio a los kirchneristas para que se la rebusquen y se escapen de la ley, dejándonos a nosotros contra la pared”, le dijo un allegado de un intendente del PRO a Infobae.

En el vidalismo rechazan las acusaciones, creen que hay que sostener la ley tal cuál está y aseguran que hay un sector de Juntos por el Cambio negociando con el Frente de Todos por afuera de la mesa política de la alianza.

Las divisiones entre los funcionarios de Cambiemos sobre este tema no está tan definido como en otras cuestiones; las famosas “palomas” y “halcones”. En este caso, Patricia Bullrich, Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta están de un lado, apoyando una reforma de la ley, y del otro está María Eugenia Vidal, que defiende su ley, y otras figuras como Cristian Ritondo o Martín Lousteau.

Cómo es la reforma que un sector del PRO está negociando con el kirchnerismo

Si bien el sector más radicalizado del Frente de Todos plantea derogar la ley completamente, Bullrich, Macri y Larreta pusieron sobre la mesa la llamada Ley Allan, elaborada por el legislador provincial del PRO, Juan Pablo Allan, que estpan negociando con el peronismo.

La Ley Allan modifica el art. 3 de la ley que aprobó Vidal, y elimina la posibilidad que los intendentes renuncien para luego de 2 años alejados del cargo, sean candidatos nuevamente. Aclara que los intendentes durarán en sus funciones cuatro años y que luego pueden ser reelectos una vez, y podrán volver a ser candidatos “dejando un intervalo de un período” en el medio.

Pero la legislación de Allan tiene una letra chica que el sector de Vidal rechaza, y es que deja sin efecto la reglamentación del 2016 y pone el contador de mandatos de todos los intendentes en cero.

Esto es parte del acuerdo político entre este sector de Juntos por el Cambio y el peronismo bonaerense, e implica empezar a contabilizar al primer período de gestión desde 2019 al 2023 y dejar sin efecto el del 2015-2019, que hoy está contabilizado como el primero.

En caso de aprobarse la Ley Allan, los actuales intendentes del conurbano podrán reelegir hasta 2027 sin problemas, y recién en las elecciones de ese año deberán dar un paso al costado, por lo menos hasta 2031, cuando podrán volver por 8 años más, y así indefinidamente.

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Tras el hackeo: el Senado se queda sin internet y sin teléfonos

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Pasó una semana desde la denuncia del hackeo a la cámara alta del Congreso, aconsejan a los despachos no encender las computadoras.

Tras una semana de la denuncia del hackeo, los problemas con la conexión a internet y los teléfonos siguen y el pasado viernes el soporte técnico del Congreso que ni siquiera se enciendan las computadoras en tanto esté en proceso la verificación.

“Se solicita a TODO (sic) el personal que NO encienda su computadora hasta que la misma sea verificada por el equipo de Soporte Técnico”, decia la carta que recibieron en cada area del Senado.

“Estamos completamente off line, desde hace días que no nos andan ni los teléfonos. No tenemos internet, y la mayoría los legisladores están de vacaciones, ¿para qué queremos prender las computadoras?”

Denunció un asesor oficialista

El hackeo se realizo mediante ransomware, un secuestro a cambio de un pago de dinero. La información y los datos secuestrados quedan encriptados de manera similar a las criptomonedas, mediante blockchains, y son desencriptados una vez que se realice la transacción.

“Es un secuestro pero la información no se pierde”, afirman desde la cámara alta. “No estamos contemplando realizar ningún pago”, aclararon.

El ataque al Senado se suma al bochornoso historial que cuenta con antecedentes recientes, como los ocurridos en la Dirección Nacional de Migraciones. El 27 de agosto pasado lograron romper los sistemas de seguridad digitales de Migraciones provocando una caída en los servicios.

Por la gravedad del asunto se resolvió que se suspenda el tránsito de personas en las fronteras durante 4 horas para evitar errores, hasta que volvieran los servidores.

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El Gobierno vuelve a negociar con China una inversión para trenes

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Tras el acuerdo por las represas, ahora buscarán la renovación de las líneas ferroviarias del área metropolitana.

El gobierno avanza con tres cartas de entendimiento tras la aprobación de China para financiar dos represas en Santa Cruz. La flota de trenes a modernizar pertenecen a las líneas metropolitanas: Sarmiento, Urquiza y Belgrano Norte.

Se trata de un nuevo gesto por parte de la dictadura china para con la gestión de Alberto Fernández, quién está próximo a realizar un viaje diplomático hacia el país asiático, en medio de los idas y vueltas con Rusia y EE.UU.

Esta serie de acuerdos fueron firmados por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y la empresa China Railway International.

Los pilares acordados

La primer renovación abarca las vías pendientes entre Once-Moreno, Luján-Mercedes y Merlo-Lobos, junto con cambios en el sistema de señalización entre Caballito y Villa Luro.

La segunda renovación habla de los 94 kilómetros de las vías Retiro-Villa Rosa, el señalamiento y telecomunicaciones, entornos de las estaciones, la construcción de los paso a niveles, la adquisición de material rodante y la extensión de cabecera hasta el parque industrial Pilar, una obra de casi 15 kilómetros.

La tercera renovación habla de la linea Urquiza, 60 kilómetros de vías del tren que se extiende entre las estaciones Federico Lacroze y General Lemos, cambios en señalización y comunicaciones junto con la adquisición de nuevos vagones.

Por otro lado, China Railway Internacional evalúa la compra de 111 coches para la línea Belgrano Sur, 45 para el Sarmiento, 20 para el Tren de la Costa (línea Mitre), 90 para servicios regionales, rieles, aparatos de vías y tecnología para ferroviaria.

Los anuncios de inversiones en las líneas Belgrano Norte y Urquiza podrían significar el último golpe de gracia del Estado para terminar con las concesiones que tienen Metrovías y Ferrovías, lo que representaría el fin de los últimos trenes controlados por empresas privadas en el área metropolitana.

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Berni ordenó comprar un avión por US$ 7 millones para trasladar funcionarios en la provincia

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El ministro de seguridad bonaerense habló al respecto y justificó el gasto diciendo que en Buenos Aires hay un territorio demasiado extenso.

Beechcraft King Air B200GT/250, el avión que compró Berni

El ministro de Seguridad de Kicillof, Sergio Berni, a fines del 2021 ordenó la compra de un avión valuado en 7 millones de dólares, lo que desató una nueva polémica por el costo del vehículo y el gasto en medio de la peor crisis económica que vive el país.

Según figura en el portal de compras de la gobernación, la adquisición se encuentra como “AERONAVES P/F. DE SEGURIDAD; MOTOR SIN – POTENCIA SIN HP – TIPO AVION” por el total de 760.893.880,50 pesos argentinos (7.195.214 dólares oficiales).

La compra fue publicada en la web el pasado 5 de noviembre pero el proceso finalizó el 19. El gasto ejecutado por el Ministerio de Seguridad fue titulado bajo: “Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes”. La empresa encargada de la transacción fue RSLINK LLC, radicada en los Estados Unidos.

En diálogo con radio Mitre, Berni habló de la compra, que generó malestar por el monto, que en dólares oficiales son más de 7 millones. “No es un avión de uso policial, no es un avión que se use para patrullaje. El error de información es que no es para la Policía Bonaerense. Este avión no es para la Policía. Es para que viajen los funcionarios”, afirmó.

Luego, para justificar agregó: “La Provincia tiene 307 mil kilómetros cuadrados, es 1523 veces más grande que la Ciudad. Es una de las provincias más grandes del país y requiere muchas distancias para trasladarse de un municipio a otro y los funcionarios necesitan trasladarse en avión”.

Sus dichos tuvieron lugar días después de otra polémica protagonizada por el funcionario, quien días atrás, aterrizó el helicóptero en la playa y provocó la voladura de algunas sombrillas, representando un peligro para los que estaban presentes en el balneario. Berni dijo que tomaron aquella riesgosa decisión porque habían visto, desde el aire, una pelea.

Interior del avión adquirido

Según el portal de compras, el avión es un Beechcraft King Air B200GT/250, con capacidad para siete personas y dos tripulantes. La nave cuenta con un solo toilette. Su fecha de fabricación es 19 de junio de 2020 y cuenta con 89,5 horas de vuelo totales.

La aeronave tiene dos motores modelo PT6A-52, fabricados por Pratt & Whitney Canadá, una potencia nominal de 850 shp y cuenta con paredes laterales de la cabina, amortiguadores de vibraciones dinámicos sintonizados y un sistema de aislamiento acústico. De acuerdo con el portal Business Traveler, una unidad nueva cuesta 5,8 millones de dólares.

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