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Ricardo Bussi nunca habría tenido coronavirus y apuntó contra el gobierno

Un nuevo escándalo sacude a Tucumán. Ricardo Bussi, legislador y presidente de Fuerza Republicana, fue denunciado por asistir a una sesión legislativa con COVID-19, sin embargo, dos pruebas serológicas de anticuerpos de coronavirus le dieron negativo.

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El legislador tucumano Ricardo Argentino Bussi fue denunciado ante el Juzgado Federal II y se lo imputa por atentado contra la salud pública, con una pena de 3 a 15 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. 

Sin embargo, estos análisis desmentirían estas acusaciones.

El pasado jueves Ricardo Bussi ofreció, desde la sala de reuniones partidaria de la legislatura provincial, una conferencia de prensa en la que exhibió análisis serológicos en búsqueda de anticuerpos de SARS-CoV-2, con muestras del 23/5 y 30/5, en ambos casos, se confirmó el resultado negativo. 

Esto quiere decir que el test que se hizo en el pasado dio un falso positivo, algo lamentablemente muy común, junto a los falsos negativos, en los tests de COVID-19 que trajo el gobierno de China. Aunque podría incluso haber intención de denostarlo como “el primer político en contraer el virus en Argentina es de derecha”.

Fuerza Republicana, a su vez, emitió un comunicado en el que catalogan el hecho como “una ruin estrategia política para intentar sacarlo de la cancha” 

Los antecedentes nos remiten al día 17 de marzo, en el que se desarrolló una sesión en la legislatura provincial. Según Ricardo Bussi, hasta el día siguiente a la misma, no habría tenido síntoma alguno compatible con el COVID-19.

Luego de realizarse el test correspondiente ante el Instituto Malbrán, en el día 22 de marzo se conoció el resultado, positivo, y se evacuaron a 60 personas de la legislatura, incluyendo a los 49 parlamentarios que sesionaron junto a él. 

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Emilio Mrad y otros abogados fueron los artífices de la denuncia, y afirmaron que Bussi desarrolló sus actividades “con verdadera intención de dolo, en forma consciente, deliberada y conociendo que podía tener la enfermedad”, lo que fue reiteradamente desmentido por el propio Ricardo Bussi.

Basicamente se lo denuncia como un terrorista que utilizó su enfermedad (que no sabía que tenía) como un arma biológica contra los demás legisladores, algunos incluso de su misma coalición. Un disparate.

 “La actitud de este personaje de la política tucumana no me sorprende. Es propio de su ideología que se sienta omnipotente“, dijo el abogado denunciante.

Página 12, con el tono característico de extrema izquierda su medio, llegó a afirmar que “lo más terrible es que el hijo del genocida Antonio Bussi puede convertirse en el principal foco de contagio social del COVID-19” 

Si bien manifestó no saber a quién achacar responsabilidades aún, Bussi sospecha como culpables a las autoridades que manejan la información sanitaria, y advierte que la maniobra podría haberse realizado por la Provincia como por el Instituto Malbrán 

“Entiendo que hay una conspiración en mi contra. No solo de la autoridad sanitaria, sino de muchos políticos que se han montado a esta campaña. Esto no puede ser un error”, expresó.

En la misma conferencia, explicó que renunció a sus fueros y se someterá a las contrapruebas que el fiscal estime pertinente. 

“Hay toda una maniobra, una falsedad material e ideológica, y un aprovechamiento político corporativo, creyendo que podrán sacarme de la política a partir de esta falsedad”, remató.

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A sus dichos, la ministra de Salud tucumana, Rossana Chahla, replicó de una manera muy equivocada, dijo que no podría darse un falso positivo por PCR. Cualquier manual médico explica que los falsos positivos pueden existir “por altas concentraciones de FR y por las inmunoglobulinas de los complejos inmunes PCR anti-PCR, y también por lípidos.”

Además, el oficialismo no se pone de acuerdo. El propio Ginés González García afirmó la falibilidad de los tests empleados, como hizo notar el dirigente tucumano.

“Hemos tenido casos de falsos tests negativos, lo que es terrible”, dijo Ginés González García

Lo que es certero es que este tipo de maniobras, sumados a la reciente denuncia ante el INADI por parte de colectivos feministas contra Bussi, a raíz de su simple disenso en el marco de debate de la Ley Micaela, constituyen actos impropios de la democracia y de un verdadero marco de respeto a la libertad de expresión, poniendo de manifiesto el despotismo y falta de ética por parte de nuestros dirigentes políticos.

Mientras los análisis de COVID-19 son monopolizados por el Instituto Malbrán, mientras se hacen evidentes las fallas de un sistema de salud deteriorado, mientras se derrumba la imagen de instituciones como la OMS, se revela su complicidad y respaldo al gobierno chino, peronistas y radicales aliados al oficialismo buscan perjudicar a sus opositores, y no dudan en emplear cuanta artimaña esté a su alcance para tales efectos.

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Argentina votó para que no se discuta en la ONU el genocidio uigur del Partido Comunista Chino

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La iniciativa diplomática presentada por los Estados Unidos fue rechazada por 19 votos contra 17, siendo las abstenciones de Argentina y Ucrania decisivas para que no prospere el proyecto.

La República Argentina se abstuvo en la votación de la ONU para habilitar el debate de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por China contra la minoría de los uigures en la provincia de Xinjiang. Su voto fue fundamental para que no se tratara el tema.

El Proyecto de Decisión fue presentado por Estados Unidos, luego de que el bloque de senadores del Partido Republicano presionara al Secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, para que se trate en la ONU el genocidio uigur.

La propuesta, sin embargo, fue rechazada por un bloque de 19 votos, que lideró China junto a Cuba, Bolivia, Venezuela, Camerún, Costa de Marfil, Eirtrea, Gabón, Indonesia, Kazajistán, Mauritania, Namibia, Nepal, Pakistán, Qatar, Senegal, Sudán, Uzbekistán y los Emiratos Árabes Unidos.

La posición de Washington recibió el apoyo de Alemania, Francia, Japón, Finlandia, República Checa, Honduras, Japón, Lituania, Luxemburgo, Islas Marshall, Montenegro, Holanda, Paraguay, Polonia, Corea del Sur, Somalía y el Reino Unidosumando 17 avales. 

Por su parte, Argentina, México, Armenia, Benín, Gambia, Libia, Malawi, Malasia, Ucrania y la India se abstuvieron en una postura equidistante que contó con 11 adhesiones, ya que también contó con la abstención de Brasil, que desde el 2019 se rehúsa a formar parte de las votaciones en protesta por la presencia de China, Cuba y Venezuela en la Comité de los Derechos Humanos.

Votación por el debate del genocidio uigur en China.

Los dos votos que realmente sorprendieron fueron los de Argentina y de Ucrania. Ambos habían anticipado que votarían de manera positiva, pero a último momento se abstuvieron de votar.

Ucrania, hoy siendo un estado en guerra, suele abstener su voto para no enojar a ningún país que podría ser aliado en la contienda contra Rusia. China, aunque un importante aliado de Putin, todavía no ha dado su apoyo abierto a la invasión de Ucrania.

Por lo que el voto de Argentina terminó siendo decisivo para que no se apruebe la moción. La sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el genocidio que está ocurriendo en China se extendió por una hora y fue presidida por el embajador argentino Federico Villegas, y hasta el momento de la votación, parecía que la cancillería de Alberto Fernández daría el “sí”.

Fue un debate áspero -en términos diplomáticos- adonde quedó en evidencia la fractura del escenario global: Estados Unidos apoyado por Alemania, Japón, Francia y Qatar, y China respaldado por Cuba, Venezuela y Sudán.

Con la excepción de Honduras y Paraguay, que apoyaron la iniciativa de los Estados Unidos, el resto de América Latina apareció dividida. Hubo abstenciones -como Argentina, Brasil y México- y ostensibles rechazos – Cuba y Venezuela-, que castigaron en el debate público a la política exterior de Joe Biden.

En los últimos días, innumerables voceros del secretario de Estado Antony Blinken y el canciller chino Wang Yi se comunicaron con Santiago Cafiero para indicarle cómo debía votar Argentina en el debate del Proyecto de Decisión.

El canciller argentino estaba en una encrucijada política: Estados Unidos apoyó al gobierno kirchnerista en toda la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que China sostiene sobre la cabeza un swap por 18.500 millones de dólares y una inumerable cantidad de préstamos para infraestructura en Argentina.

La decisión de abstenerse, que resulta ser un voto en favor de China, tiene sentido: actualmente Washington está en uno de sus momentos de máxima debilidad en el plano internacional, y prácticamente no hay consecuencias a largo plazo de votar en contra de sus intereses. En cambio, si Argentina votaba en contra de China, Xi Jinping le pasaría factura al gobierno.

Argentina había apoyado previamente el proyecto

El dossier sobre el cual se basaría el debate en caso de que se aprobara la resolución, fue redactado bajo la supervisión directa de Michelle Bachelet, por entonces Alta Comisionada de la ONU, y fue elogiado por la Argentina cuando fue publicado.

A lo largo de sus 48 hojas denuncia incontables violaciones a los derechos humanos ordenas por Beijing contra los uigures, y cita fotos directas que fueron hackeadas de la Policía de Xinjiang.

1. “Las denuncias de patrones de tortura o malos tratos, incluidos los tratamientos médicos forzados y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género.

2. Las restricciones y la privación más general de los derechos fundamentales, disfrutados individual y colectivamente, pueden constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad.

3. Dos tercios de los 26 ex detenidos entrevistados declararon haber sido sometidos a un trato que equivaldría a tortura y/u otras formas de malos tratos, ya sea en los propios centros de formación profesional o en el contexto de los procesos de remisión a los centros de formación profesional.

4. En Xinjiang se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación por parte del Gobierno de estrategias de lucha contra el terrorismo y el extremismo.

5. El gobierno chino debe adoptar rápidamente medidas para liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en Xinjiang, ya sea en los llamados “centros de formación profesional, en las prisiones o en otros centros de detención”.

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Milei contra las tomas de escuelas: “A los alumnos que toman colegios se los expulsa, listo”

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La Libertad Avanza presentó una ley en la Legislatura para que se reglamente un protocolo de expulsión a los estudiantes que toman por la fuerza una escuela.

El diputado liberal Javier Milei se expresó sobre las tomas de escuelas que aquejan a más de una decena de instituciones educativas en la Ciudad de Buenos Aires. El economista pidió que se aplique mano dura contra los estudiantes que secuestran los establecimientos: “A los alumnos que toman colegios se los expulsa, listo”.

“En mi época, a mí ni se me ocurría tomar el colegio. Si cometía actos de inconducta me reventaban la cabeza a amonestaciones y me echaban. Después no podía ingresar a otro lugar” aseguró el candidato a presidente de La Libertad Avanza.

En este sentido, su partido presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para que las escuelas públicas expulsen a los estudiantes que realizaron las tomas, citando diractamente el caso de la toma en la escuela Mariano Acosta y, en la misma línea, reglamentar la medida para otras ocasiones.

Educarse es algo esencial, ellos no pueden tomar la determinación deliberada de tomar el colegio. Necesitamos poner orden, necesitamos que tengan límites. Estamos cansados de que estos chicos utilizados por los espacios políticos terminen tomando colegios de forma discrecional“, afirmó Ramiro Marra, jefe del bloque en la Ciudad de la coalición de partidos que encabeza Milei.

Se trata de una propuesta que consiste en agregar el artículo 9 bis a la Ley 223 del Sistema Escolar de Convivencia, lo que implicaría castigar la interrupción del funcionamiento normal de los establecimientos educativos con la expulsión de los alumnos.

Las protestas en las escuelas empezaron hace dos semanas, en un intento del kirchnerismo por impulsar una ley presentada por la legisladora Ofelia Fernández. La Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas busca promover la universalización y gratuidad de la asistencia alimentaria escolar, exigir que las frutas y verduras sean producidas por cooperativas agroecológicas y prohíbir que las empresas que fueron multadas por un mal servicio puedan proveer alimentos.

Si bien las tomas alcanzaron a más de una docena de escuelas en toda la Capital, incluso extendiéndose al Pellegrini y al Nacional, que no dependen del Gobierno porteño y no serían alcanzadas por esta ley, “la situación se está descomprimiendo“, según afirman funcionarios de Larreta.

Al día de hoy son cinco las que siguen con tomas totales, la Escuela Técnica Fernando Fader, las Artísticas Manuel Belgrano y Rogelio Yrurtia, la Media Rodolfo Walsh y el Lengüitas. Además, otras cinco re-abrieron sus puertas pero los alumnos siguen de protesta.

 

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El negocio de las bicicletas en la Ciudad se suma a la lista de fracasos de la gestión Larreta

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Hace cuatro años el jefe de gobierno porteño daba la concesión del servicio de bicicletas en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la promesa de un mejoramiento y salto de calidad del mismo, no obstante, los resultados muestran una historia muy distinta.

En el año 2018, durante el mes de septiembre, el GCBA autorizó la concesión del servicio de transporte que hasta entonces era el único financiado 100% por los impuestos del contribuyente porteño. 

Desde Uspallata aseguraban que la decisión pasaba por un supuesto aumento en la disponibilidad de bicicletas. Por aquel entonces las unidades eran 2.000, y se esperaba que en un lapso de seis meses pasaran a 4.000. También se decía que el servicio seguiría siendo “gratuito” pero terminó pasando a ser arancelado. 

Cuatro años más tarde, según el último control publicado en diciembre de 2021, no solo no se llegó a las 4.000 bicicletas disponibles, sino que hoy solo 1.681 se encuentran operativas, de un total de 2.477 que hay actualmente.

La empresa encargada de la gestión de las bicicletas es Tembici, proveniente de Brasil. Su contrato dura hasta el 2028, pero el mismo fue vulnerado en su mayoría de cláusulas establecidas. Como por ejemplo el cronograma de entrega de bicicletas, cantidad de rodados operativos, informe de balance de ingresos por publicidad y sponsoreo, detalles del estado del sistema, mantenimiento y limpieza de estaciones y rodados, políticas de privacidad de usuario (fueron filtrados), entre tantos otros. 

Lejos de ser sancionada, el gobierno porteño le otorgó abultados subsidios y redeterminación del monto en los pagos mensuales. En su última renegociación, la Ciudad multiplicó por siete el canon mensual recibido por la empresa, encontrándose actualmente en los $18 millones de pesos.

También se le otorgan $850 mil pesos por mes para la compra del mismo modelo de bicicletas producido en Brasil por la empresa; y se le permite cobrar por el abono a los usuarios. Además, se decidió cederle la recaudación por la explotación de carteles de publicidad en todas sus formas.

En resumen, en los ultimos cuatro años, Tembici recibió del Gobierno de la Ciudad unos $430 millones de pesos, y la empresa además tuvo la oportunidad de cobrar un precio que varía entre los $700 y $1.700 pesos por un servicio deplorable.

Para la empresa es un negocio redondo, pero para los usuarios cataloga como el peor servicio de bicicletas que puede aportarle el Estado Municipal. Para colmo, el tiempo de uso fue limitado a 30 minutos pese a que el promedio de uso suele ser de 40 minutos, y se había prometido que se respetaría estos valores. 

Es claro que todas estas desventajas representan un estancamiento en la cantidad de usuario del servicio, partiendo de los 286.000 usuarios registrados en 2018, solo se alcanzaron 301.000 en 2022, un aumento del 5%, cuando se proyectaba una suba del 50% en ese período de tiempo.

A pesar de que la gestión larretista en la Ciudad se embandera del uso de las biciletas, al GBCA parece no importarle la correcta administración de un servicio que es propio de su administración. Sin embargo, este no es el primer caso donde el gobierno de Larreta se ve envuelto en un escandalo con las consesiones otorgadas a empresas de dudosa reputación, el último hecho público fue el escándalo de las grúas y los acarreos.

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