Seguinos en redes

Argentina

SAGAI: El curro supremo de los actores que le roba a cines, tv, hoteles y hospitales, y que Milei quiere cortar

Publicado

en

A través de un decreto de la Secretaria de Medios de Cristina Kirchner, y que lleva la firma de Pepe Albistur, los actores disfrutan de una masiva caja que recauda de todos los segmentos comerciales de la economía.

Entre tantos curros que el presidente Javier Milei busca desarmar a través de su Ley de Bases y Puntos de Partida, quizás uno de los más escandalosos es el que permite a los actores financiarse a través de tributos a todas las entradas de cine, ingresos de televisión por cable, e incluso con cargas para hoteles y hospitales.

Se trata de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes Asociación Civil (SAGAI), creada en 2008 por el gobierno de Cristina Kirchner, a través de la Resolución 181/2008, firmada por la Secretaría de Medios de Comunicación.

SAGAI es una asociación civil de gestión colectiva, sin fines de lucro, que tiene el monopolio de recaudar y distribuir los derechos intelectuales de actores, actrices, bailarines e intérpretes de voz. Sin embargo, se nutre de tasas impositivas para recaudar que nada tienen que ver con los derechos de autor.

A diferencia que en otros países, donde se pagan derechos de autor cuando el uso tiene fines de lucro, en Argentina se dispuso durante la era kirchnerista lo que se conoce como "derechos retributivos", donde se debe pagar por usar las imagenes o canciones de los artistas, aunque no haya un lucro específico por hacerlo.

De esta manera, se establece que hoteles, hospitales, clínicas, vuelos aéreos, en tren, colectivos y transporte maritimo deben pagar un porcentaje de sus ingresos por el simple hecho de tener una pantalla que reproduce películas, series, programación por cable o música, a pesar de que esto no genera un ingreso puntual para los establecimientos; y que ya se está pagando por el servicio, como el cable de televisión o la radio.

A su vez, se establece que todas las entradas de cine y todos los canales de televisión del país deben pagarle a SAGAI un porcentaje de sus ingresos, a pesar de que no haya un uso explícito de los derechos de autor en cuestión por parte de los cines o los programas por cable.

En resumen, y de acuerdo a la Resolución 181/2008 firmado por el entonces secretario de Medios del kirchnerismo, Enrique "Pepe" Albistur, SAGAI recauda:

El 2% de los ingresos de todos los canales de televisión del país.

En el ANEXO, artículo 1, se establece que "las emisoras de televisión pagarán el 2% de los ingresos de explotación que mensualmente obtengan". A su vez, en el artículo 2, se implementa un impuesto adicional para las emisoras por cable o satélite, las cuales "pagarán el 2% de los ingresos de explotación que obtenga mensualmente la entidad usuaria".

Está de más aclarar que el 2% de todas las emisores, sean de aire, cable o satélite implica una masiva cantidad de dinero, que eso solo podría ser suficiente para financiar cualquier organismo del Estado, pero SAGAI tiene una serie de tributos adicionales que la convierten en uno de los curros más grandes del país.

El 1,6% de todas las entradas de cine de todo el país.

En su artículo 3, la Resolución establece que los cines "pagarán el 2% de los ingresos obtenidos por la venta de entradas (taquilla)" para financiar a la SAGAI.

Esto quiere decir que en cualquier entrada de cine que cualquier argentino pague en todo el país, el 2% irá a financiar este organismo que se encarga de repartirla entre los actores, a pesar de que su imagen no haya sido utilizada en ningún momento de la película o las publicidades previas a la proyección.

El 0,1% de todos los pasajes aéreos, de tren, colectivos y transporte maritimo en todo el país.

En su artículo 4, se establece que todos los medios de transporte que tengan una pantalla en su interior, pasen el contenido que pasen, están sujetos a un tributo del 0,1% al valor de cada pasaje, totalizado mensualmente en todo el país.

Para entender la magnitud de esto, aunque el porcentaje es bajo, hay cientos de millones de viajes en colectivo y tren todos los días en el país, además de cientos de miles de viajes en avión y en barco. La recaudación en este segmente es multimillonaria.

El 2% del ingreso de todos los hoteles del país.

Por consiguiente, en su artículo 5, la Resolución implementa un tributo del 2% a todos los establecimientos de alojamiento u hospedaje, como hoteles, hosteles, pensiones y hogares rurales a lo largo y ancho del país, que posean un televisor o radio en sus habitaciones, comedor o lobby.

Este 2% se calcula sobre la suma que resulte de multiplicar la cantidad de habitaciones por el precio promedio de la habitación. Como si esto fuera poco, además se establece el pago mensual de un importe igual al precio promedio de tres (3) habitaciones por cada hotel en el país.

A su vez, se impone otro tributo que indica que si hay un televisor o radio en el "Lobby, Restaurante y/o Bar" del alojamiento, se deberá abonar adicionalmente "el valor de 30 cafés mensuales por cada televisor o radio".

El 2% del ingreso de todos los hospitales, clínicas y sanatorios del país.

El tributo quizás más repudiable de este decreto del 2008 se encuentra en el artículo 5.1-C, donde se establece un impuesto para "hospitales, clínicas, sanatorios, y otros establecimientos análogos en los que el servicio de televisión al público sea prestado de forma onerosa" en espacios comunes y/o en habitaciones de internación.

De esta manera, el usuario (o sea, cada paciente) estará obligado a pagar el 2% de sus gastos en el hospital, que llevan a que, a fin de cuentas, el hospital deba para ese porcentaje de sus ingresos a SAGAI.

Cuota fija para comercios.

No contentos con cobrarle a cines, emisoras, transporte, hoteles y hospitales, en el artículo 5.2, se establece un tributo de "cuota fija" para establecimientos de todo tipo, abiertos al público, con o sin pago de entrada o prestación equivalente.

En este segmento entran todos los comercios del país que tengan un televisor o radio sonando de fondo, además de museos, salones de convenciones, y demás. El pago en este caso no es porcentual, si no que hay una tablita con sumas fijas por la cantidad de televisores.

Por un televisor, en 2008, los comercios debían pagar $80 pesos mensuales (hoy equivalente a $27.400 pesos), de dos a diez televisores, debían pagar una suma adicional de $75 pesos mensuales (hoy $25.700 pesos), de once a viente, otros $70 pesos ($23.900 pesos), y por más de veinte, otros $65 pesos ($22.200 pesos).

Argentina

Los gobernadores le declaran la guerra a la Nación porque Milei se niega a pagarles su deuda: “Son amenazas chavistas"

Publicado

en

La Oficina del Presidente le respondió al gobernador Nacho Torres por sus amenazas subversivas: “Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, del PRO, lanzó un explosivo comunicado que fue acompañado por la firma de los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), el grupo conocido como "los patagónicos".

En dicho documento, titulado "las Provincias Unidas del Sur", los gobernadores de la Patagonia aseguran que expropiarán y retendrán todo el petróleo y el gas que extrae YPF y las empresas privadas, si el Gobierno Nacional no le vuelve a enviar el dinero de las transferencias discrecionales, que las provincias usan para pagar sus deudas.

Les damos tiempo hasta el miércoles. Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut a la Argentina… y ahí te quiero ver”, lanzó el gobernador de Chubut, que encabeza el "grupo subversivo" contra el Gobierno Nacional.

En concreto, Torres reclama unos $13.500 millones de pesos, más de un tercio de su coparticipación mensual, que la Nación le retuvo a Chubut porque la provincia no estaba pagando una deuda que se había tomado con el Estado Nacional.

El Gobierno de Javier Milei le había dicho desde el 10 de diciembre que Chubut tiene que recortar los gastos para reducir su déficit, ya que la Nación no les seguiría solventando su despilfarro, pero en ya casi 3 meses, Torres no ha tomado ni un solo paso en la dirección del saneamiento fiscal.

Lo mismo ocurre con muchas provincias. Si bien casi todos los gobernadores habían expresado sus intenciones de recortar el gasto público tras la asunción de Milei, con el tiempo se fueron dando cuenta que el ajuste que pedía el Presidente de la Nación era mucho mayor al que ellos tenían en mente.

A través de un fuerte comunicado, la Oficina del Presidente, que el presidente Javier Milei utiliza para expresar sus palabras oficiales, trató a Torres de "chavista" y le recomendó que se atenga a las respuestas judiciales de sus amenazas subversivas.

"En respuesta al comunicado emitido por el Gobernador de Chubut, la Oficina del Presidente informa que los $13.500 millones de descuento a los que hace alusión, corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación", aclaró el Presidente.

"Lo que sí responde a la verdad es el compromiso que mantiene el Gobierno Nacional con la reducción del gasto público en todo el territorio. De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional", agregó.

"La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza", impone.

"Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia", aseveró la vía de comunicación oficial del Presidente.

Y agrega: "Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el Jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos".

"Estamos en un momento histórico. En un punto de inflexión para nuestra Nación. Cada uno tendrá que elegir de qué lado quiere estar: si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual, o del lado de la mayoría de los argentinos, que eligieron vivir en Libertad", finaliza.

Seguir Leyendo

Argentina

Se acabó el curro del INADI: Milei tomó la motosierra y recortó un presupuesto de $3600 millones y 400 empleados

Publicado

en

Por motivos económicos, ideológicos y morales, el presidente Javier Milei resolvió el cierre del INADI, eliminado todo su presupuesto y echando a una buena parte de la planta.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves a la noche en una entrevista en exclusiva con Jony Viale, el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio se dio primero en la habitual conferencia de prensa del vocero, y luego fue confirmada por la Oficina del Presidente.

El INADI fue creado por un pedido de la UCR luego del pacto que llevó a la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Posteriormente, el ex presidente Carlos Menem en el año 1995, pasó la Ley Antidiscriminación (Ley 24.515), que obliga al Estado a tener un organismo que cumpla las funciones del INADI, aunque el instituto se puso recién funcionamiento en el año 1997.

En sus casi 30 años de historia, sufrió varias intervenciones por "mal funcionamiento". La primera ocurrió en el año 2000 y la última, que duró hasta la actualidad, en el 2011, cuando Cristina Kirchner puso a Pedro Mouratian a cargo y lo convirtió en una agencia de persecución a la oposición. Ahora el Gobierno de Milei vuelve a intervenirlo y dispone como interventora a Maria de los Angeles Quiroga, pero ahora con el objetivo de cerrarlo definitivamente.

Las razones del cierre del INADI

Su cierre encuentra motivos ideológicos, económicos y morales. En cuanto a lo ideológico, el cese de sus actividades es una gran victoria para las ideas liberales y una declaración de no interferencia del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión.

Al ser el INADI dependiente del Ejecutivo, su mera existencia implicaba que el Gobierno Nacional contaba con las herramientas para entrometerse arbitrariamente en la libertad de expresión de los ciudadanos. Así, el Presidente podía decidir de manera sesgada qué se podía decir y qué no, y qué tipos de expresiones debían ser penadas.

Se abría la posibilidad de perseguir a quien piense distinto, manchando su imagen y acusándolo de discriminatorio. Un caso muy conocido fue el de Ramiro Marra, quien denunció que el INADI lo persiguió simplemente por oponerse a los piqueteros que cortaban la calle ilegalmente.

Cabe aclarar que la discriminacion está penada en la Argentina por la Ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”, pero esto es competencia específica del Poder Judicial, lo cual está en línea con el resto de las democracias liberales del mundo. Es la Justicia quien debe dictaminar si se cometió un hecho ilícito de disicriminacion, respetando todas las garantías procesales del acusado, no un organismo del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo económico, está claro que es inaceptable que los contribuyentes carguen sobre sus espaldas este tipo de gastos superfluos. El país no está en un momento en el que se pueda dar el lujo de financiar un organismo persecutor.

Al día de hoy, el INADI se ha convertido en un verdadero aguantadero de personas, sin control alguno y con un despilfarro alucinante. Por ejemplo, el Gobierno informó que este instituto cuenta con 400 empleados y tiene 43 delegaciones a lo largo y ancho del país.

Solo en el Presupuesto 2023, manejó una caja de $1.150 millones de pesos. Esto con nula transparencia, ya que no cuenta con una nómina oficial de quienes trabajan en el organismo, siendo un claro ejemplo de falta de transparencia en el manejo de las contrataciones estatales.

En cuanto a lo moral, hay una discusión más profunda, y solo basta con ver el prontuario de quienes han pasado por el INADI para darse cuenta de que ha sido manejado por gente poco idónea y que incluso ha estado involucrada en escándalos totalmente ilícitos.

Quizás el ejemplo más resonante de los últimos tiempos es el de Victoria Donda, quien fue titular del instituto entre 2019 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernandez. La ex directora se vio envuelta en un escandaloso suceso, donde su empleada doméstica la acusaba de haberla tenido 10 años en “negro” y en el que Donda contestaba via chat ofreciéndole un cargo en el INADI o un plan social como compensación.

Además, la empleada contó en diversas entrevistas sentirse agobiada por la cantidad de tareas que la familia Donda le hacía realizar, sin recibir aumentos, ni aguinaldo, ni vacaciones. Increíblemente, la titular de un organismo que dice velar por un país más igualitario ni siquiera había empezado por su propia casa.

Con el cierre del INADI, se vuelve a confirmar que ya no hay más lugar para los curros y las avivadas de la política. El Gobierno se muestra una y otra vez, hasta el cansancio, decidido a desbaratar cada uno de los antros que se han formado bajo la tutela estatal.

Sin el INADI, será la Justicia quien vele por dictaminar quién es culpable de un delito de discriminacion. Ya no habrá un burócrata del Gobierno que apunte con el dedo y decida por sí mismo que está permitido decir y qué no. La libertad de expresión parece engrosar y convalidarse con esta decisión de mucho coraje del presidente Javier Milei.

Seguir Leyendo

Argentina

Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

Publicado

en

Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos desde la salida de la Convertibilidad y que dejó de hacer este gobierno.

Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? por TN, que se grabó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se transmite esta noche desde las 21 horas. El objetivo del Presidente con esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo y bajar la inflación.

El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

La emisión de dinero devalúa al peso y hace perder su valor frente a los bienes y servicios. Esto es percibido por la gente como una suba de todos los precios de la economía, lo cual recibe el nombre más conocido como inflación.

Pero de fondo, lo que ocurre es que la emisión sin respaldo genera que se necesiten más pesos para comprar los mismos productos, lo que lleva a una pérdida del poder adquisitivo si los sueldos tardan más en acomodarse.

Todo este proceso inflacionario y de caída real de salarios se evita sin emitir dinero para financiar el gasto público, limitando la emisión de pesos únicamente para pagar los gastos y las deudas propias del Banco Central.

Seguir Leyendo

Tendencias