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Subsidios a la Energía: ¿Hasta cuándo Argentina va a sostener este modelo que destruye al país?

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Con la aprobación de la nueva Ley de Zonas Frías y el proyecto de la Ley de Zonas Cálidas, tanto el macrismo como el kirchnerismo están unidos para profundizar el modelo de subsidios a la energía que está generando ineficiencia y pobreza.

Argentina atraviesa sin duda la peor crisis económica de su historia. El congelamiento sobre los servicios públicos hace cada vez más grandes los aportes del Estado y ya sea por demagogia o porque nadie se atreve a que un titular en los medios masivos de comunicación diga “Tarifazo Nacional y Popular”, el problema continua.

¿Hasta cuándo la macroeconomía permitirá sostener un nivel cada vez más creciente de subsidios energéticos? Las últimas discusiones entre el Ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Secretario de Energía, Federico Basualdo, demuestran que hemos llegado a un punto donde incluso lospaladines de los necesitados” necesitan aumentar las tarifas para reducir el costo que los subsidios tienen sobre las arcas del Estado.  

En Argentina los subsidios energéticos se canalizan principalmente a través de dos grandes empresas, CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista) y ENARSA (Energía Argentina SA, hoy renombrada IEASA), que entre otros fines tienen a su cargo, respectivamente, el despacho y administración de la energía eléctrica, y la compra de gas importado para el abastecimiento del mercado interno.

CAMMESA le compra la energía a los generadores, para luego vendérsela a las distribuidoras. Los precios varían según cada tipo de generador (Eólico, Solar, Turbina de gas, si es precio Spot, con contratos, etc.) pero lo más destacable, es que CAMMESA vende la energía a un 40% de su costo, siendo el 60% restante cubierto por subsidios o aportes del Tesoro. 

Vale aclarar, que la mayor parte de la energía del país se produce en centrales térmicas que consumen gas natural. Por lo tanto, no sólo subsidiamos la oferta de gas al productor, sino también el precio de la electricidad que las usinas le dan a CAMMESA mediante ese gas subsidiado.

El último Plan Gas, por ejemplo, asegura que los productores reciban el precio ofertado en un concurso público, y por el otro lado, que dicho costo sea abonado por usuarios. De haber una diferencia, es mismo será cubierto por el Estado mediante subsidios. ¿Qué porcentaje representan esos subsidios? Depende de la clase política. 

Si el Estado paga el 60% del costo de la energía eléctrica, o el 55% del costo del gas, esto significa que los subsidios los pagamos todos a través de nuestros impuestos, independientemente de nuestro poder adquisitivo. El dinero que destinó el Estado a subsidios energéticos fue el 1.7% del PBI en 2020; U$S 6.600 millones aproximadamente. 

Según el presupuesto 2021 se iba a mantener la proporción del 1,7%, pero debido a las sucesivas devaluaciones y el eterno congelamiento tarifario, este porcentaje finalmente aumentará en 2021 más de lo que propone la demagogia electoral plasmada en el presupuesto oficial

Es menester comprender que no existe subsidio más ineficiente que aquel sobre un bien escaso. Si no impulsamos la producción e incentivamos un consumo de gas o electricidad más eficiente, subsidiarlos significa poner parches sobre un problema que cada vez empeora.

Desde principios de siglo, la producción de gas viene en caída, y además, no se optimiza la capacidad en su transporte. Consecuentemente, en épocas invernales las industrias, y principalmente los hogares, demandan mayores cantidades de gas que el sistema energético argentino no puede proveer. ¿Qué parche se crea a este problema? Importar. La energía que importa el Estado cuesta el doble o triple del valor local, y eso significan divisas del Banco Central que hay que utilizar.

Este año los resultados para el Estado serán peores, debido al aumento de precios y volúmenes importados de petróleo y gas natural licuado (GNL). 

Pésimas y sucesivas políticas energéticas, tuvieron como consecuencia que desde el año 2011 la Argentina pasara de ser un exportador neto de energía a tener déficit energético y comenzara a importar energía, sin poder revertir esta situación hasta el día de hoy

¿Se pueden aumentar las tarifas en una crisis económica, con pandemia, en un año electoral? La respuesta ya la dio la casta política, negativamente, con aumentos despreciables frente a una inflación mayor al 40%.

También entendamos que no podemos dejar afuera a todo un sector de la población que no puede pagar todo el acumulado de esa cadena de costos energéticos. Para ellos existe hoy en día una herramienta: la Tarifa Social.

Aunque la Tarifa Social cubra cierta parte del consumo a cero costo, para luego en el siguiente escalón de consumo cubra la mitad del costo, lamentablemente quienes son destinatarios de esta herramienta suelen ser quienes más consumen y menos conocen sobre ahorro energético, ya que suelen tener equipos o electrodomésticos más viejos, además de no disponer del capital necesario para ir a comprar una heladera eficiente o lámparas led, por citar un ejemplo.

Según los marcos regulatorios vigentes, es el Estado quien decide otorgar subsidios a usuarios o regiones, y los mismos deben estar limitados en el tiempo, ser explícitos, y contar con recursos en el presupuesto de cada año, de manera que su costo no altere el funcionamiento de la industria.

A pesar de esto, la Argentina afronta una política de subsidios que ha sido un problema sin solución durante los últimos 20 años.

A la salida de la convertibilidad, pasamos de un sistema donde los precios y tarifas reconocían precios de prestación, a un congelamiento de tarifas y precios, quizás el más largo de la historia, que funciona como una “tarifa social generalizada” la cual minimizó los errores de exclusión -no dejamos a nadie afuera-, pero tuvo un enorme error de inclusión con un costo fiscal enorme.

¿Cuál fue el costo de la política de subsidios entre 2003 y 2015? 

A partir de 2005, la inflación empezaba a tener dos dígitos y el costo de los subsidios comenzaba a ser relevante, hasta alcanzar un pico en 2015, donde los subsidios llegaron a U$S 17.000 millones anuales.

El costo fiscal de la política de subsidios en el 2014 fue equivalente al déficit fiscal de la Argentina. Para ser más claros: si no se aplicaban subsidios a la energía, la Argentina no tenía déficit fiscal. Por otro lado, la política de tarifas y subsidios en una EMERGENCIA PERMANENTE -18 de los últimos 20 años- desincentivó la inversión, la producción de energía cayó, y la misma fue reemplazada con importaciones que demandaron en 2014 el equivalente al saldo comercial de la Argentina de ese año. Dicho de otra forma: si no importábamos combustibles, la Argentina no tenía déficit en la balanza comercial.

Ausencia de inversiones derivaron en una peor calidad del servicio. La frecuencia de los cortes en el AMBA en 2015 triplican los del año 2000 y la duración de dichos cortes se multiplica por 5. Toda esta ola de subsidios se da en un contexto donde literalmente había crecimiento económico y la gente podría haber afrontado aumentos paulatinos.

Se generó una enorme distorsión en los precios de consumo, descartando cualquier idea de Eficiencia Energética. Además distorsionaron las decisiones de inversión, las cuales sólo funcionaron a partir de planes estímulos o incentivos a la oferta, que intentaban reactivar una inversión privada que veía un escenario de alto riesgo.

El ajuste en la administración de Mauricio Macri era inevitable. Al dejar el gobierno, entregó en 2019 los subsidios en U$S 4.700 millones, habiéndolos reducido en un 72%. Por supuesto que esto, entre tantas otras decisiones, tuvo implicancias en el resultado electoral.

Sin embargo, el inicio de la actual administración, SIN PANDEMIA, trajo bajo el brazo la misma receta del 2003 a 2015: emergencia, congelamiento e intervención de los entes reguladores.

En abril 2019, los subsidios a CAMMESA cubrían el 32% de los costos, mientras que hoy cubren poco más del 60% y el proyectado para fin de año estará en torno al 70%, resultando en U$S10.000 millones

Estamos repitiendo la receta del pasado, pero a una velocidad mayor, porque la inflación crece a pasos agigantados. 

Ley de Subsidios a las Zonas Frías y Cálidas

Los subsidios como están planteados actualmente, no son distributivos sino que favorecen a los usuarios de mayor poder adquisitivo. El 34% de los hogares no están conectados a la red de gas. ¿Cómo puede beneficiarse de una tarifa de gas subsidiada ese usuario que no se encuentra conectado a la red? 

Irónicamente, 2,8 millones de usuarios conectados a la red de gas natural que no forman parte de ningún grupo vulnerable, pagarán el gas a menos de un cuarto del valor que abona un usuario de gas en garrafa.

Los usuarios que utilizan garrafa, si quisieran tener un nivel de confort similar a los que se encuentran conectados a la red, gastarían entre 4 y 6 veces más dinero que los beneficiados por la ampliación de la zonas frías, pese a no estar contemplados en ningún grupo vulnerable.

Ese hogar que paga su garrafa -además de pagar impuestos y el IVA en  los alimentos o cualquier bien que consume- ayuda a cubrir la tarifa de los usuarios que se encuentran en una situación más favorable.

En los siguientes gráficos podemos observar a la izquierda las provincias beneficiadas con la nueva ley -impulsada por Máximo Kirchner– y a la derecha el nivel de incidencia de pobreza en Argentina:

El resultado es trágico y obvio: las zonas más pobres del país deben subsidiar a las zonas beneficiadas por la nueva ley. Bajo el esquema de subsidios cruzados planteado en la modificación para zonas frías, los usuarios de la red de gas van a pagar un recargo fiduciario por su consumo para financiar que las zonas frías tengan gas más barato.

Para financiarlo, habrá un aumento en los cargos que pagan las PYMEs, las estaciones de GNC, grandes industrias, usinas térmicas y otros usuarios. Como consecuencia, va a volver a subir el costo mayorista de la electricidad.

Es decir, los hogares pobres conectados a la red eléctrica van a tener que pagar un cargo adicional por el gas usado en generación térmica para financiar a los usuarios de algunas localidades que van a ser beneficiados con la extensión del subsidio patagónico. Inédito.

Como si fuera poco, también están preparando otro proyecto -de otro brillante diputado kirchnerista por supuesto- para que se otorguen rebajas de tarifas eléctricas en “zonas cálidas”, el cual ciertamente ya recibió aprobación de la oposición. 

¿Qué podemos resaltar y concluir de todo esto? 

El aumento de tarifas tiene un costo político, social y económico insoslayable. Es importante instalar en la sociedad la idea de que quien consume la energía tiene que pagarla por lo que vale, como fue durante muchas décadas y como ocurre en todo el mundo.  

La salida de la pandemia va a dejar un enorme porcentaje de la población, mayor al actual, por debajo de la pobreza. Urge pensar una política pública de subsidios consensuada por todo el arco político, incorporando al debate a los diversos profesionales que posee la Argentina en materia energética, ya que este problema no se soluciona ni en uno, ni en dos periodos de gobierno.

Esta política debería tener en consideración la eficiencia en el gasto, transformando los subsidios generalizados existentes a la oferta, en subsidios a la demanda con una fuerte campaña de concientización sobre el esfuerzo fiscal que realizan el Estado y los contribuyentes para financiar esos subsidios. Para lograr esa eficiencia en el gasto, debe existir un mecanismo de focalización bien aceptado, que disminuya los errores de inclusión que tenemos actualmente

La herramienta de hoy es la tarifa social, que cubre a jubilados, pensionados, discapacitados, receptores de AUH, etc., y la misma focaliza en base a atributos y criterios sociales objetivos, minimizando errores de inclusión cruzando bases con el registro de inmuebles o del automotor.

Necesitamos salir del congelamiento tarifario eterno, que tiene un costo fiscal cada vez mayor y pone en jaque el funcionamiento de la cadena energética. La extensión en el tiempo de los subsidios va en detrimento del futuro del sector energético y la inversión en él.

Toda esta política de socialismo energético aleja a las personas de la realidad. Nadie va a pagar por una máquina eficiente o por una heladera nueva si la electricidad no es un costo significativo en su canasta industrial o familiar. Esta pésima asignación de recursos genera derroches de energía.

Volviendo más reales los costos, podríamos incentivar la eficiencia energética, un concepto casi inexistente en la Argentina. Esto podría implementarse con un reemplazo de máquinas viejas por equipos más eficientes (motores, heladeras, calefones, etc), lo que produciría significativos ahorros para la economía de los hogares, las industrias, e incluso para las arcas del Estado.

Tenemos todas las herramientas para financiar una correcta política de eficiencia energética y reactivar al mismo tiempo la industria nacional, mientras a la vez se pueden permitir aumentos en las tarifas sin afectar de manera excesiva a los usuarios finales. Sólo falta la voluntad política de hacerlo.

Que quede claro, de no pagar las tarifas con subsidios, los pagaremos con impuestos, lo cual es igual de grave. 

Los subsidios son “parches” que no solucionan ningún problema. Por el contrario, se deberían generar mejores incentivos que fomenten la inversión en la industria para volver al autoabastecimiento energético perdido. Un crecimiento en la producción de gas, acompañado de una disminución impositiva, permitiría a los usuarios obtener precios equilibrados en las facturas.

Si no corregimos esto a tiempo, las distribuidoras dejarán de pagar la energía que venden y, en consecuencia, el problema escalará desde las empresas de transporte y distribución al resto del sistema (producción y generación), el cual se encaminará a la cesación de pagos. Esa situación es la cual debemos evitar llegar.

Por los Ing. Nicolás Pierri y Candela Sol Silva, de CAUSA Argentina, para La Derecha Diario

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Otro tarifazo: Kicillof aumenta el valor de la VTV en la Provincia de Buenos Aires

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Fue informado por el Ministerio de Transporte, que además comunicó que aplicarán un nuevo sistema de turnos.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires fijó sus tarifas para renovar la oblea obligatoria y poder circular por las rutas bonaerenses a lo largo de este año 2022.

La Resolución N° 2/2022, rubricada por las autoridades del Ministerio de Transporte, reestructuró el cuadro tarifario con este nuevo tope al que se le sumará 21% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El valor máximo de la tarifa básica del servicio de la VTV será de 1.776,86 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado.

Así quedarán fijados los nuevos valores:

  • Actualmente está a $449,06 para motos y pasará a $645;
  • para remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg irá de $748,43 a $1.075;
  • para vehículos de más de 2.500 kg de $1.347,18 a $1.935;
  • para vehículos ligeros de hasta 2.500 kg de $1.496,85 a $2.150;
  • para autos o camionetas particulares de más de 2.500 kg de $2.694,34 a $3.870.

Cómo se llevará a cabo el sistema de turnos

También comenzó a regir un nuevo sistema de turnos según el último número de la patente para motos, autos y vehículos de carga particulares de hasta 2.500 kilos.

Una vez que el conductor concurra a realizar la VTV según su actual mes de vencimiento indicado en la última oblea que fue pegada en el parabrisas y de haber aprobado la revisión, el personal de la planta le otorgará un mes de vencimiento extra que será asignado según el último número de la patente.

Así, ese mes de vencimiento será el que el vehículo siempre tendrá para realizar la VTV cada 12 meses. En Provincia aclararon que no habrá números asignados por patente para los meses de diciembre y enero, para atender aquellos vehículos con el trámite vencido.

Ahora todos deberán concurrir cuando se les vence la oblea, y después asignarán el mes de febrero para aquellos terminados con el números 2, marzo para las patentes finalizadas en 3 y así sucesivamente.

Según la provincia, el objetivo de la medida es evitar las congestiones que se producen en las plantas de verificación, sobre todo en los meses de diciembre y enero, cuando pasan por allí un 60% más de unidades que en el resto del año.

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Preocupación en Chubut: Aumentan los rumores sobre que Jones Huala se instalaría en la provincia

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El Ministro de Seguridad de Chubut dejó en claro que el líder del grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche no cuenta con permisos para salir de Chile, pero su familia dice que lo está esperando.

Luego de que la Justicia de Chile le otorgara la libertad condicional al líder terrorista mapuche Facundo Jones Huala, se generó una enorme preocupación entre quienes viven en la Comarca Andina por el posible regreso del comandante del grupo radicalizado Resistencia Ancestral Mapuche a Chubut.

Juan Carlos Martínez, dirigente empresarial y político de la Comarca Andina, aclaró que esta situación y las declaraciones de Huala “preocupan a la gente que vivimos en la zona, porque en los últimos tiempos no hemos encontrado la forma de canalizar el problema de seguridad, que es una diferencia que creíamos superada en el tiempo”.

En esta línea Martínez fue claro: “No me inquieta tenerlo como vecino en Cushamen, ya que puede operar desde cualquier lugar. La intranquilidad es saber cómo ese grupo va a llevar adelante los métodos de lucha”.

A su vez, resaltó que para este grupo “no hay limites” refiriéndose al ataque de los turistas que vacacionaban en Bariloche. “Hay militantes que aseguran que ‘el turismo mata’, según los carteles dejados en las oficinas locales destruidas hace pocos días. Por el contrario, es nuestra principal actividad económica y la industria más limpia del mundo”, señaló.

Martínez, y otros vecinos, sostienen que hay “ausencia del Estado nacional” y que esto deja ”desprotegida a gran parte de la sociedad, la violencia se incrementa”. Ante esta situación, “el mismo pueblo empieza a tomar participación con justicia por mano propia y no está bien. El gobierno nos tiene que dar tranquilidad y seguridad a todos los habitantes en general y no solo a un sector”.

Facundo Jones Huala: cómo es su vida en una cárcel de Chile y por qué hace  una huelga de hambre

¿Puede realmente Jones Hualas venir a Argentina?

El ministro de Seguridad de Chubut, Leonardo Das Neves, detalló que si bien el líder terrorista fue liberado, aún no cuenta con el permiso de salir de Chile.

De todos modos, la familia de Jones Huala repite que están acondicionando su casa para su regreso, y los miembros de la RAM están festejando en redes sociales su pronto regreso.

Das Neves remarcó: “Aquel que esté en suelo chubutense, tendrá que ser ajustado a derecho y va a ser siempre respetado. Si es en contrario, lo vamos a sacar con todo el peso de la ley en defensa de los ciudadanos de bien”.

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Argentina cayó 30 lugares en el ranking mundial de lucha contra la corrupción desde la vuelta del kirchnerismo

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Entre 2019 y 2020 cayó 12 lugares y entre 2020 y 2021 otros 18. Es el segundo peor resultado de la historia, después de haber estado casi al final de tabla en 2015.

Argentina sufrió un retroceso notable en un ranking que se realiza todos los años en cuanto a transparencia o lucha contra la corrupción en todos los países del mundo. Argentina, en esta oportunidad, retrocedió 18 lugares respecto a 2020.

De un total de 180 países estudiados, Argentina quedó situada en el puesto 96, y consiguió apenas 38 puntos sobre los 100 posibles. La media general fue de 43 puntos.

Cabe recordar que ya en 2020 Argentina había retrocedido 12 lugares, dejando 30 puestos abajo en comparación al 2019. A pesar de la rétorica kirchnerista de que en el gobierno de Macri hubo mucha corrupción, Argentina había escalado varios puestos en este estudio que realiza la ONG Transparencia Internacional, pero en estos dos últimos años perdió todo el terreno ganado.

El índice lo que hace es calificar a los países según el nivel de corrupción en los sectores públicos, y esto se construye a partir de 13 fuentes externas. Las mismas son evaluaciones y encuestas que se llevan a cabo por varias instituciones con especialistas, consultores y empresarios.

Las preguntas, por lo tanto, estuvieron orientadas hacia la existencia de sobornos, el desvío de fondos públicos, el no castigo penal o la falta de protección a los denunciantes. También, las formas y mecanismos para obtener contratos con el Estado y el acceso a la información de asuntos públicos por parte de los ciudadanos.

El listado completo de los países y sus posiciones finales en el ranking anticorrupción.

El listado completo de los países y sus posiciones finales en el ranking anticorrupción.

¿Qué significa para Argentina haber retrocedido 30 lugares en el ranking anticorrupción?

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, filial argentina de Transparencia Internacional, explicó: “El resultado para Argentina es malo y se observa que mantiene una caída en la percepción de los consultados sobre el nivel de corrupción en el sector público en nuestro país”.

A su vez, la presidente de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, se refirió a lo que considera como los factores que contribuyeron a la caída de Argentina. Mencionó a los acusados por actos de corrupción, la falta de transparencias durante las compras de vacunas contra el coronavirus y la vinculación del Gobierno con la Justicia como los principales factores para este retroceso.

Destacaría la creciente impunidad de la que gozan los involucrados en actos de corrupción y los reiterados intentos del Gobierno por colonizar al Poder Judicial, afectando la independencia de los jueces. La gravedad de estos ataques llega al nivel de la Corte Suprema de Justicia. Sin un Poder Judicial independiente la corrupción aumenta”, dijo Ferreira Rubio.

Para luego agregar: “Otro factor que claramente influyó en la percepción de corrupción es la falta de integridad de muchos funcionarios públicos que alcanzó niveles de escándalo con el “vacunatorio VIP” y el “Olivosgate”, claros ejemplos de abuso de poder en beneficio personal y de familiares y amigos, exactamente la definición de la corrupción”.

Y completó: “La falta de transparencia que afectó y afecta los contratos de compra de vacunas es otro aspecto que contribuye a la percepción de corrupción, afecta el derecho de acceso a la información pública y dificulta el control del uso de los recursos públicos”.

Coronavirus | Vacunagate en Argentina | Argentinos protestan contra el  Gobierno por el escándalo de las vacunas VIP | COVID-19 | Alberto Fernández  | NNDC | MUNDO | EL COMERCIO PERÚ

A escala regional, Argentina también se posicionó debajo de la mitad de las posiciones, en el puesto 18 de un total de 31 Estados. 

Los mencionados Uruguay y Chile fueron los dos primeros, mientras que Brasil, Perú y México estuvieron por debajo de nuestro país. El último a nivel regional fue Venezuela.

Cabe recordar que la peor ubicación de la Argentina en este ranking anticorrupción se dio en el 2015, al obtener solo 32 puntos y ubicándose en el puesto 107 de un total de 168 países. En contrapartida, la mejor posición se dio en el 2019, al sumar 45 puntos y ubicarse en el lugar 66 del ranking.

Ahora, estamos muy cerca del peor resultado, y se especula que a este ritmo en 2022 podría Argentina terminar con 32 puntos en la encuesta, y en 2023, incluso por debajo.

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