Fundada por la dictadura militar del GOU para controlar a los medios, abusada por Perón y por el Proceso de Reorganización Nacional, y amoldada para seguir apretando a la prensa en democracia por los Kirchner, Télam constituye el máximo enemigo de la libertad de expresión en Argentina.

El discurso del candidato a presidente Javier Milei en contra de la existencia de medios públicos que controlen a la prensa abrió una puerta que hasta este momento pocos se habían animado a discutir: la pauta oficial.

La pauta oficial es utilizada por los gobiernos de turno para presionar por cobertura positiva a los medios, tanto propios como opositores, siendo un elemento extorsivo en contra de la libertad de prensa. Además, crea un escenario injusto para los medios independientes que buscan hacer periodismo sin el dinero del Estado.

Si bien la pauta oficial sale de todos los niveles administrativos del Estado, desde el Gobierno Nacional, pasando por gobernaciones y municipios, hasta los despachos de los legisladores, hay un ente que se encarga de manipular, distribuir y utilizar con fines políticos al dinero que se destina para la publicidad oficial.

Ese organismo es Télam, una empresa pública que funciona como una Sociedad del Estado, la cual pertenece a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Presidente de la Nación Argentina.

Volando por lo bajo, Télam ha logrado influir y echar sus garras en todos los aspectos de la prensa argentina. Todos los medios, por más grandes que sean, tienen que negociar sus publicaciones con la dirección de Télam si quieren mantener la pauta oficial que reciben todos los meses de la Nación.

Los orígenes: Cómo era la prensa antes de Télam

Tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la industria de los medios europeos experimentó un debilitamiento significativo, lo que generó una oportunidad que no pasó desapercibida por parte de los Estados Unidos para reconfigurar el panorama de los medios.

Este reajuste tuvo un impacto de gran alcance en América Latina, especialmente en Argentina. Hasta ese momento, la información en el país sudamericano estaba dominada por la agencia francesa Havás. Fue la United Press International (UPI) la primera en desafiar este monopolio, seguida por la Associated Press (AP). Hacia la década de 1930, el dominio de Havás comenzó a tambalear.

La Década Infame en Argentina apenas prestó atención a los medios de comunicación a pesar de su perfil totalitario. No fue hasta el Golpe del GOU en 1943, que se estableció el primer paso hacia la censura periodística real en Argentina. La creación de la Subsecretaría de Informaciones y Prensa tuvo como función principal coordinar la información oficial y orquestar la propaganda del Estado.

Ese mismo año, el 31 de diciembre, el presidente de facto Pedro P. Ramírez firmó el Decreto 18.407, que reglamentó las funciones de la prensa y los periodistas, lo cual supuso una fuerte limitación al ejercicio de la libertad de prensa en el país.

El 4 de abril de ese año de 1944, a través de un decreto firmado por el presidente de facto Edelmiro J. Farrell, el Estado argentino crearía su primera empresa estatal de noticias, bajo el nombre de Agencia Nacional de Información (ANDI), que obtendría el monopolio de las radios y se financiaría con un impuesto a los ingresos brutos de las radiodifusoras privadas.

Pero la inestabilidad del régimen del GOU llevaría a que Farrell no pudiera usar a la ANDI para lo que la había creado, y la prensa conseguiría un nivel de libertad que hace años no tenía. Para junio de ese mismo año, ANDI había quedado en el olvido y prácticamente había dejado de funcionar.

Fue entonces cuando un coronel que ascendía en las filas del GOU, que había sido recientemente designado como Ministro de Trabajo, Ministro de Defensa, y pronto ascendería como Vicepresidente, preocupado por el perfil de la prensa en Argentina, emplearía al Estado para tomar control de los medios de comunicación.

El por entonces vicepresidente de facto Juan Domingo Perón impulsaría la creación de una nueva agencia que no solo se enfocaría en el control y la censura, sino que también aspiraba a monopolizar las noticias que salían de Argentina hacia el mundo, evitando que fueran dominadas por las agencias estadounidenses. Así nació TÉLAM.

La creación de TÉLAM

El Decreto Ley Nº 15.192, emitido el 13 de octubre de 1944, marcó el inicio de lo que se conocería como Telenoticiosa Americana (TÉLAM). En sus primeros días, TÉLAM dependía directamente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, y su sede se ubicaba a una cuadra de la Casa de Gobierno.

Cuando Juan Domingo Perón llega al poder como presidente en 1945, los pocos medios de información que aún subsistían, aunque con recursos limitados, comenzaron a ser adquiridos por el régimen, y un 14 de abril de ese año, se organizan dentro de TÉLAM y la empresa se lanza oficialmente.

La adquisición inicial se realizó mediante una inversión de alrededor de 15.000 pesos, financiados completamente por la División de Inteligencia del Ejército, con el propósito de difundir su perspectiva política a través de medios afines. Estos medios, en su mayoría, adoptaban un enfoque puramente peronista y, en algunos casos, habían recibido apoyo económico de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

También intentaban influir en medios independientes y trataban de acapararlos. A pesar de esta inversión inicial sustancial, Telenoticiosa Americana tenía una visibilidad limitada. A lo largo de 1947 y 1949, ya como presidente democráticamente electo, Perón reconoció que la mejor manera de controlar la opinión pública era adquirir gradualmente los pocos medios independientes que quedaban y adherirlos al esquema de TÉLAM.

El Sueño de Orwell se hace realidad

En 1950, Perón consolidó su control sobre la prensa libre con la compra de la Agencia Periodística Argentina (APA) y la creación de la Agencia Latina de Noticias (ALN). Aunque esta última tuvo poco éxito, la APA se convirtió en el sueño de cualquier dictador, ya que controlaba toda la información periodística que se distribuía a los medios de comunicación, tanto privados como públicos.

Pero tendría una corta duracióm, ya que en un contexto de profunda crisis económica en Argentina, Perón se vio obligado a cerrar la APA en 1954 y devolver el poder a su primer hijo periodístico, TÉLAM. Pero no tuvo tiempo para resucitar a la agencia periodística por la llegada del golpe de Estado de 1955 en manos de la Revolución Libertadora.

El gobierno militar conservador aprovechó TÉLAM para promover el control sobre los medios privados. Sin embargo, a diferencia de los gobiernos peronistas, se redujo el presupuesto y la situación económica de la agencia de propaganda estatal era tan frágil que estuvo al borde de la quiebra entre 1957 y 1958.

La época de TÉLAM bajo Frondizi

Después de la Revolución Cubana en 1959, el temor de Estados Unidos a la expansión del comunismo en otros países de América Latina se convirtió en un factor clave que llevó a TÉLAM a expandirse como nunca antes.

A partir de ese momento, y por pedido de Washington, Frondizi realizó los cambios necesarios para que dejara de ser simplemente una agencia de medios nacionales y su función cambió: ahora buscaba mantener a los países lo más alineados posible con el capitalismo en lo discursivo, al tiempo que criticaba enérgicamente la Revolución Cubana.

Se enfocaba en la cantidad y relevancia de la información, en lugar de depender de las «noticias falsas» del Estado para influir en la población. Por lo tanto, por primera vez en casi dos décadas se empezó a hablar de privatizar TÉLAM.

A finales de julio de 1959, mediante un decreto presidencial, TÉLAM pasó a llamarse, con minúsculas, Télam Sociedad Anónima, Periodística, Radiofónica, Cinematográfica, Comercial, Inmobiliaria y Financiera (Télam SAPRCCIF). Los años siguientes en la agencia se recuerdan como su época dorada.

Los 60, una década de Oro y un final atroz

El 30 de mayo de 1963, el entonces presidente de facto José María Guido clausuró Télam bajo el Decreto 4.398. Su argumento central era que las noticias que solían publicarse eran tendenciosas y falsas, lo que, según él, constituía una amenaza al orden público y la tranquilidad de la nación.

Sin embargo, Télam reabrió sus puertas durante la presidencia de Arturo Umberto Illia. No obstante, tras el golpe contra el presidente radical, Télam pasó a manos de Juan Carlos Ongania. Durante esta época, medios destacados como los canales 7, 9, 11 y 13, así como diarios como Clarín, se incorporaron a Télam, que se organizó como una empresa pública y privada.

En 1968, Onganía estatizó oficialmente la agencia, convirtiéndola en una sociedad anónima bajo el control del Estado. A partir de ese momento, Télam no solo dejó de enfrentar problemas económicos, sino que también asumió el control de gran parte de la publicidad oficial del Gobierno, funciones que se mantienen hasta la actualidad.

López Rega y Télam: Una confrontación sin parangón

Con la llegada del «tercer peronismo», Télam cayó bajo las manos de López Rega, y se convirtió en un escenario de enfrentamiento con grupos guerrilleros como el ERP y Montoneros, así como otras organizaciones terroristas.

Las oficinas de la agencia estatal se vieron afectadas por bombas y tomas de rehenes. López Rega se enfrentó a numerosos diarios, tanto antiguos como recién fundados, que observaban cómo Télam perdía su supremacía periodística.

Diarios como «La Razón» o el «Cronista Comercial» criticaban a la agencia de manera abierta, por primera vez desde su fundación. Mientras tanto, desde Télam se acusaba a los medios mencionados de subversivos y desestabilizadores. Esta lucha persistió hasta la llegada de la última dictadura militar en 1976.

Télam entre 1976 y 1983

Durante el Proceso de Reorganización Nacional, Télam fue utilizado de manera preponderante para propagar la censura y ensalzar a las fuerzas militares. Ejemplos atroces de esta época incluyen la suspensión de la colocación de publicidad gubernamental en un medio de comunicación que generalmente no se consideraba «subversivo», como lo era La Prensa.

Esto se debió a que este medio adoptó una postura valiente al expresar críticas hacia las autoridades militares en el año 1981. El punto culminante fue la manipulación periodística que sufrió la Guerra de Malvinas, donde solo Canal 7 y Télam podían proporcionar información, que en su mayoría era falsa.

Volvió la democracia pero no para Télam

A pesar de que en el año 1983 volvió la democracia a la Argentina, Télam continuó funcionando de manera similar como en las dictaduras y gobiernos de facto previos, con algunos intentos de privatización en la era de Menem, aunque sin cambios significativos.

Télam empezó a tener un nivel de censura mayor durante la segunda mitad del kirchnerismo, y el medio estatal empezó a utilizar la pauta estatal para extorsionar periodistas y difamar a los que tuvieran opiniones diferentes.

Esto incluyó la creación del programa «678», que se utilizaba para fabricar noticias falsas y llevar a cabo campañas de desprestigio contra políticos, periodistas y empresarios que no compartían la línea oficial. También se ejerció un manejo discrecional de la publicidad gubernamental, como se detallará a continuación.

El caso que generó polémica: El Fallo Editorial de Río Negro

El 14 de noviembre de 2007, la Corte Suprema emitió un fallo a favor de la empresa editora del diario «Río Negro». Esta decisión se relacionó con una denuncia presentada en 2002 por la misma empresa, que alegaba que se había concedido la aprobación necesaria para iniciar el proceso de selección de candidatos destinados a ocupar las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia.

Estos candidatos habían sido propuestos por el entonces gobernador Jorge Sobisch y eran individuos en los que él tenía confianza, ya que él mismo los había seleccionado como posibles candidatos.

Aunque la empresa editora del diario «Río Negro» no tenía un derecho garantizado por la Constitución Nacional para recibir publicidad oficial del gobierno, se permitió que los tribunales revisaran las decisiones administrativas del gobierno cuando excluían a un medio de recibir publicidad oficial, especialmente si se alegaba que esta exclusión era arbitraria. Este caso sentó un importante precedente en relación a la libertad de expresión.

La política argentina, siempre dinámica y a menudo controvertida, se enfrenta a dos desafíos significativos que, según revela una investigación exhaustiva realizada por Ruido, se entrelazan en una problemática más amplia. Por un lado, la injerencia en el manejo de fondos públicos para la promoción personal, y por el otro, la falta de transparencia en la comunicación oficial.

Parte 1: Desvíos de fondos públicos para promoción personal

En el juego de la política, donde la imagen y la percepción desempeñan un papel crucial, el uso indebido de fondos públicos para la promoción personal de funcionarios y gobernadores se presenta como una práctica preocupante.

La investigación de la red de periodistas Ruido desvela que el 58% de los gobernadores analizados en las 23 provincias argentinas más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires utilizan fondos públicos para promocionar sus imágenes y nombres en la publicidad oficial, desafiando el artículo 42 de la Ley de Ética Pública.

Figuras destacadas, desde Raúl Jalil (Catamarca) hasta Juan Schiaretti (Córdoba), Jorge Capitanich (Chaco) y otros, se benefician de esta práctica, a menudo justificada bajo la premisa de necesidades de promoción oficial.

Además, el informe señala que el 54% de los intendentes también recurren a este método, incluyendo nombres como Martín Llaryora (Córdoba), Eduardo Tassano (Corrientes) y Bettina Romero (Salta).

Este uso indebido de fondos públicos no solo contradice la normativa ética sino que también tiene consecuencias perjudiciales. No solo promociona a determinados funcionarios, sino que también afecta la competencia política democrática al dar una ventaja injusta a la oposición, socavando así la transparencia estatal.

Parte 2: La Falta de Transparencia en la Comunicación Oficial

La transparencia en la comunicación oficial es la segunda cara de esta problemática. La investigación de Ruido detalla cómo, en numerosos casos, la publicidad oficial que pasa por Télam no respeta el artículo 42 de la Ley de Ética Pública, que prohíbe la inclusión de nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos.

Este fenómeno se evidencia en diversos canales de comunicación, desde diarios de papel, periódicos en línea y cuentas de redes sociales hasta banners publicitarios, avisos en diarios, videos promocionales y publicidad oficial en cualquier plataforma.

Los casos son variados, desde carteles institucionales hasta spots publicitarios en los que la figura del gobernador o intendente se destaca de manera prominente, ignorando las disposiciones éticas.

Los Números Crecen Cada Vez Más Como un Globo

De acuerdo con el minucioso análisis de María Mercedes Colombres sobre el gasto en pauta oficial entre septiembre de 2021 y abril de 2022, se evidencia una distribución significativa de fondos entre los grupos de medios más destacados.

En ese período, se estima que aproximadamente $ 750 millones de pesos fueron asignados a Clarín.  Además, alrededor de $ 500 millones de pesos corresponden a grupos como Indalo, América, Grupo Octubre, La Nación, entre otros, demostrando la diversidad de actores involucrados en esta dinámica publicitaria.

En un vistazo sobre la actualidad, las proyecciones de inversión publicitaria de este año, ajustadas a una inflación estimada del 140% anual y con un aumento del 30% según fue estipulado, la pauta publicitaria a Clarín habría sido este año a $ 2.025 millones de pesos. Por otro lados, los otros habrían sido este año de $ 675 millones de pesos.

Un aspecto destacado en el informe es el aumento en la inversión publicitaria en plataformas digitales, especialmente en redes sociales como Facebook e Instagram. Se estima que alrededor de $270 millones de pesos se destinaron entre septiembre del 2021 y abril del 2022. Siguiendo la misma lógica de las anteriores cuentas el gasto de este año habría sido, $729 millones de pesos.

En este sentido, es crucial no perder de vista que la atención no debe centrarse únicamente en los medios tradicionales. Se debe prestar especial atención al papel de las redes sociales, subrayando su creciente relevancia para el mundo político y como nuevo mecanismo de censura a quienes defendemos la libertad.

El Anochecer de la Libertad: Resolución 9090/2023 y la Oscura Sombra sobre los Medios en Argentina 

Uno de los escasos logros del gobierno de Mauricio Macri fue la Resolución 247 – E/2016, que, en términos generales, establecía la creación del Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial y definió criterios objetivos para la asignación de publicidad a distintos medios, considerando aspectos como el alcance del medio, la pertinencia del mensaje, la zona geográfica, el fomento del federalismo y la pluralidad de voces.

Además, esta normativa excluyó ciertos tipos de mensajes de la publicidad oficial, como aquellos que afecten los derechos humanos, promuevan intereses particulares de funcionarios o partidos políticos, o inciten a la violencia, entre otros. La resolución entró en vigor 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial en el primer año del gobierno de Macri.

Esto fue un movimiento en la dirección correcta, pero fue extremadamente insuficiente. La pauta oficial que se utiliza para presionar e influenciar a la prensa debería eliminarse de cuajo, para terminar con la existencia de un perverso sistema que destruye la libertad de medios en Argentina.

Con la llegada del kirchnerismo en su cuarta edición, liderado por Alberto Fernández en 2019, se produjo un nuevo cambio en las reglas del juego respecto al manejo y asignación de la Pauta Oficial. Tras la pandemia, se presentó la Resolución 9090/2023, emitida por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, la cual introdujo modificaciones significativas en las normativas relacionadas con la pauta publicitaria oficial en Argentina.

En primer lugar, se introdujo la exclusión de ciertos organismos gubernamentales y del Banco Nación de la norma original, por lo que pueden disponer de pauta oficial de manera indiscriminada. Además, la resolución elimina el Plan Anual de Publicidad Oficial, otorgando a la Secretaría de Medios y la discrecionalidad para ejecutar las partidas sin objetivos claros.

Esto, junto con la modificación de los criterios objetivos, introduce un nivel adicional de discrecionalidad en la distribución de la pauta oficial. Además, se intenta utilizar el cumplimiento de ciertos artículos de la Ley N° 26.522 como criterio para acceder a la publicidad oficial, lo que podría permitir una interpretación subjetiva por parte de los funcionarios.

La evaluación de contenidos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) también se vuelve discrecional, lo que crea un riesgo adicional. En conjunto, estas modificaciones han suscitado preocupación sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda ejercer una influencia indebida en la línea editorial de los medios de comunicación, lo que podría socavar la libertad de expresión y la independencia de los medios en Argentina.

¿Qué debería hacerse con Télam?

Dado el recorrido de Télam, su extenso historial de censura y función operativa en los medios, se plantea la pregunta fundamental: ¿Debería el Estado privatizar o cerrar Télam? El candidato Javier Milei propone desarmar el sistema de medios públicos argentinos y la pauta oficial, por lo que Télam sería cerrado o vendido durante aquél proceso.

Desde sus inicios, la agencia estuvo bajo la influencia de la SIDE, manipuló la publicidad gubernamental y cometió actos severamente reprochables, como la difusión de información falsa durante la Guerra de Malvinas y la extorsión de periodistas.

Al analizar este largo camino, podría considerarse que la mejor opción para preservar la democracia es cerrar Télam. No existe lugar para un monopolio estatal de la información o las noticias en una democracia.

La alternativa podría ser transferirla a sus empleados y permitir que compitan en el mercado de la información, tal como lo hacen otros medios de comunicación, pero esto deja la puerta abierta a que fácilmente otro gobierno lo reestatice, como se hizo a lo largo de la historia ya, y no cambie nada. La idea de un «Ministerio de la Verdad» debe ser combatida en todas sus formas.

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Un agradecimiento especial a María Mercedes Colombres por ayudar en  la investigación de este artículo tan necesario que defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa ante el Estado. 

Por Jeremías Rucci, para La Derecha Diario.