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Transporte público: el Gobierno analiza cómo descomprimir uno de los principales focos de contagios

El viernes pasado hubieron más de 800.000 pasajeros en el área metropolitana, una cifra superior a los días previos. El gobierno es consciente de que es uno de los principales focos de contagio y asegura que “no existen demasiadas alternativas para descomprimirlo”.

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El viernes, mientras la plana mayor del gobierno terminaba de definir las actividades que se empezarán a flexibilizar a partir de este lunes y cuya regulación correrá por cuenta de las provincias, los pasajeros que utilizaron el transporte público en el área metropolitana fueron algo más de 800.000. Notablemente inferior a los 4 millones y medio de pasajeros que utilizan los trenes, colectivos y subterráneos que conectan a la Ciudad y el Gran Buenos Aires a diario, los poco más de 800.000 usuarios del final de semana registraron, sin embargo,un aumento respecto a los 750.000 de los días previos.
En la Casa Rosada y en las administraciones porteña y bonaerense son conscientes de que el transporte público del área metropolitana es clave en el combate al coronavirus: es un foco de contagio permanente si no se toman los recaudos necesarios.

“Uno de los mayores focos de contagio son los medios de transporte. Estamos entrando en una etapa de administración de cómo va a ser el modelo de salida de este aislamiento social, preventivo y obligatorio. Algún día vamos a tener que volver a la actividad y el dinosaurio va a seguir existiendo. Vamos a tener que pensar cosas que van a requerir nuevas regulaciones”, declaró el ministro de trabajo, Caludio Moroni.

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En ese sentido, desde los ministerios de Transporte, de Trabajo y el de Desarrollo Productivo, empezaron a analizar para lo que viene una vez que el país logre administrar la crisis sanitariael pico de contagios, según los especialistas, llegaría a partir de las últimas semanas de mayo— y la manera de evitar aglomeraciones de usuarios en los trenes y los colectivos del área metropolitana. También en los subtes, cuya operación le pertenece a la administración de la Ciudad.
La posibilidad de evitar aglomeraciones de pasajeros para no contribuir a la propagación del coronavirus, razonan las fuentes oficiales, es materia de análisis. Por ahora, se habla solo de recomendaciones de las autoridades gubernamentales, los empresarios y los sindicatos.
Días pasados, Claudio Meoni, recomendó a sus colegas de Trabajo y de Desarrollo Productivo avanzar en un esquema de trabajo escalonado en los horarios de mayor afluencia de trabajadores: las llamadas horas pico.

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Según fuentes oficiales, por el área metropolitana circulan, en estos días, unos 9.500 colectivos. A principio de semana eran 11.000. Antes de la pandemia eran 15.000 unidades. El caso de los trenes las líneas interurbanas cuentan en total con 68 formaciones.

Mario Meoni junto a Alberto Fernandez

Por otra parte, el miércoles, el ministro de Transporte participó de una videoconferencia organizada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que contó con el reclamo de las empresas del sector: asfixiadas por el cierre de las fronteras y la brutal merma en los vuelos comerciales. Pidieron volver, en breve, a vender pasajes, una autorización que el Estado (por ahora) no tiene en mente. Un reclamo compartido con las empresas de ómnibus de corta y media distancia, también paradas por el aislamiento obligatorio.
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Los gobernadores ponen a prueba a Massa y esperan que el ajuste no pase por las provincias

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“Sergio es un amigo de las provincias”, dicen, pero están inquietos por los subsidios al transporte y la energía.

Los gobernadores están aliviados por la salida de Silvina Batakis del ministerio de Economía y esperan que el ajuste que planea Sergio Massa no afecte a las provincias.

Un par de semanas después de asumir como ministra, Batakis filtró a los medios un textual que hizo enfurecer a los gobernadores. “No podemos seguir girando fondos para solventar gastos corrientes mientras que hay provincias que tienen en plazo fijo un apalancamiento que le permitiría afrontar los costos de la administración pública por un año”, sugirió la ahora titular del Banco Nación.

Las provincias reciben fondos a través de la coparticipación, que no se pueden tocar porque están fijados por ley. Pero los fondos que el Gobierno gira a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y obras públicas dependen del Ejecutivo de turno, por lo que el textual de Batakis cayó como un mazazo en las provincias.

Los gobernadores no pueden emitir como hace el gobierno a través del Banco Central, por eso algunas tienen un fondo anticíclico para asegurar los sueldos. Sin embargo la situación de algunos distritos es más compleja, a tal punto que una provincia debió conseguir un crédito de un banco internacional para pagar los salarios en los últimos meses.

No fue casual el operativo clamor de algunos gobernadores que pidieron que Massa se hiciera cargo del ministerio de Economía aún cuando Batakis estaba en Washington negociando con el FMI.

Un día antes de que la Rosada oficializara la llegada de Massa, una docena de gobernadores mantuvo una tensa reunión con Alberto Fernández en la Rosada en la que le advirtieron que no iban a resignar un peso de sus provincias.

Ahora los gobernadores esperan un trato más amigable con el nuevo ministro mientras se preparan para dos discusiones centrales, que son los subsidios al transporte y a la energía.

Pese al mejor marco político que sienten los gobernadores, los economistas suponen que si el Gobierno intenta cumplir con el 2,5% déficit que pide el FMI, es difícil que las provincias salgan ilesas

La primera señal que dio Massa fue frenar la fusión de los ministerios de Obras Públicas y Transporte, porque creía que complicaría la revisión completa de todos los subsidios. Massa prefirió tener un control directo del tema del transporte con Alexis Guerrera, un dirigente de su espacio. Respecto de las obras, los gobernadores recibieron de parte del Ejecutivo la promesa de que no se frenará el financiamiento de ninguna obra en marcha, aunque no se prevén obras nuevas para 2023.

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La CGT ratificó la marcha del 17 de agosto: Massa apuesta llegar a una negociación

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La central sindicalista busca que las obras sociales pasen al Estado el costo por las prestaciones por discapacidad en los rubros de educación y transporte.

Sergio Massa, ministro de Economía, Producción y Agricultura, respalda a la Confederación General del Trabajo (CGT), por lo que apuntaría que se levante la movilización propuesta para el 17 de agosto.

La CGT está presionando al Gobierno por las obras sociales, dado que no se está dictando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en pos de darle un respiro a la crisis del sistema de salud.

El mismo se vio agravado por el alza de un 25% que recayó sobre las prestaciones por discapacidad. La mesa chica de la CGT confirma que la marcha se estará realizando.

La CGT le pide a Sergio Massa un DNU por las obras sociales

El conflicto pasa porque Sergio Massa no estaría dictando el DNU que pretende la CGT para que las obras sociales pasen al Estado el costo por las prestaciones por discapacidad. Esto lo proponen en los rubros de educación y transporte.

Las molestias se ven más marcadas luego de que el Gobierno fijó el martes pasado el aumento del 25% sobre los valores de las prestaciones.

En una reunión entre dirigentes cegetistas y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quedó planteado el martes pasado el problema. Manzur se comprometió a tomar cartas en el asunto sobre el DNU.

Pero la central obrera también presiona a Sergio Massa para que lo destrabe. El gran inconveniente es que este DNU comprometería uno de los pilares que planteó el ministro sobre su gestión: reducir el déficit fiscal.

Es por ello que, ante las dudas de si se llevará a cabo, la CGT mantendría su posición de hacer la movilización el próximo 17 de agosto.

Una medida que cayó bien en el sindicalismo, fue el anuncio de Massa en su primera conferencia, de que se “enfocará en el estudio de la modificación de las asignaciones familiares”.

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Tensión en el Gobierno: renunció el cristinista Darío Martínez a su cargo como secretario de Energía

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La noticia de su alejamiento se confirmó en horas de la noche de este jueves. Sergio Massa podría avanzar así en la designación de sus propios colaboradores.

Darío Martínez, quien hasta hace unas horas era el secretario de Energía, presentó su renuncia. En su gestión fue crítico de Martín Guzmán por la segmentación de las tarifas.

Sergio Massa anunció este miércoles una serie de cambios sobre la implementación del recorte de subsidios, lo que hizo que Martínez tomara la determinación de renunciar al secretariado.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, podría correr con la misma suerte que Martínez, lo que le daría a Massa la posibilidad de elegir a sus colaboradores.

Martínez impulsaba que la segmentación de las tarifas debían hacerse por geolocalización. Los aumentos quedarían concentrados en aquellas zonas de mayor valor inmobiliario, distinto de lo que se plantea por los ingresos.

Pero Massa avanzó con la segmentación de las tarifas a partir del nivel del consumo y ya anunció cuál será el límite (400 KW en electricidad) para mantener la tarifa subsidiada. Lo que supere este consumo, se pagará con el valor completo.

El nuevo ministro de Economía, Producción y Agricultura señaló que así se incluirá al 80% de los usuarios, y se abarcará al 50% del consumo. Cerca de 10 millones de hogares pidieron que se les mantenga el subsidio.

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