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Vendedor de droga, nuevo sujeto social: el inédito programa de “intervención del mercado de drogas”

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El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el programa a fines del año pasado con el objetivo principal de erradicar la comercialización abierta en barrios populares, especialmente de pasta base.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se replantea el enfoque de la lucha contra el narcotráfico. Con la mira puesta en el “mercado de las drogas”, el Ministerio Público Fiscal porteño desarrolló un plan experimental para combatir el negocio del narcomenudeo en los barrios populares de la Capital menos con la idea de encarcelar vendedores de poca monta que de liberar el territorio y a sus habitantes de la distribución de estas sustancias.

El proyecto, que comenzó a fines del año pasado con un trabajo de infiltración, detección y detención de vendedores de pasta base en el barrio Ciudad Oculta se llama Programa de Intervención en el Mercado de Drogas (IMD) y tiene como objetivo principal erradicar los mercados abiertos de venta en barrios populares, reducir la violencia y recuperar espacios públicos tomados actualmente por estos mercaderes.

En el Ministerio Público Fiscal están convencidos de que es una política innovadora cuyo eje central es la disuasión a los “transas” sin antecedentes que venden en las casas, las plazas y las calles de los barrios populares con el fin de eliminar esos búnkeres y reducir los principales daños colaterales asociados a la venta ostensible de sustancias.

Las autoridades hablan de “disuasión focalizada”, un modelo inspirado en experiencias exitosas llevadas a cabo en diversas ciudades de Estados Unidos y recientemente en el barrio Las Condes, en Santiago de Chile. Este sistema diferencia los roles dentro del narcomenudeo.

Favorece la persecución penal de los “actores clave” de la organización -los jefes, los que tienen antecedentes, los que están prófugos o son violentos- y contempla un tratamiento especial, diferencial, para los vendedores sin prontuario o para familias que encuentran una salida laboral en un contexto de necesidad.

Qué significan las zapatillas colgadas en los cables eléctricos?

Los vendedores cuyas conductas son calificadas como moderadas o leves son seleccionados para la intervención. Se les abre una investigación pero queda en suspenso. Así fue en el caso de Ciudad Oculta. El 6 de diciembre las autoridades del MPF convocaron a los imputados a una reunión en los Bomberos del barrio donde se les comunicó de manera clara y contundente que deben terminar de una vez y para siempre con la venta de drogas y se les advirtió que las consecuencias de no hacerlo son las penas de prisión efectiva que la ley establece y que van de cuatro a 15 años de encierro.

Los vendedores imputados no son arrestados en ningún momento. Se enteran de que están implicados en los casos de investigación por una carta, donde se les comunica que las autoridades están al tanto de su actividad ilegal y que tienen pruebas para iniciar una persecución penal. Entonces se los invita a la reunión y se les garantiza que no serán arrestados. Pero que si no asisten, sí podrán ser detenidos.

Después de eso, el trabajo consiste en hacer un seguimiento de los implicados para controlar que no reincidan en el negocio de las drogas y se aumenta de manera visible la presencia policial en el barrio. A quienes se encuentra de nuevo dentro del mercado de venta se les inicia un proceso penal y se activa un castigo efectivo. Además, se abre una línea privada y confidencial de WhatsApp para que los vecinos puedan denunciar si ven que la actividad de la venta de drogas en el barrio se reactiva.

“Además se implementan programas sociales para ayudar a los vendedores que han decidido abandonar la venta de drogas”, aclaró una fuente del Ministerio Público, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y agregó: “Hay numerosos estudios empíricos, cuantitativos y cualitativos, que han verificado que los programas IMD son efectivos para erradicar el mercado abierto de drogas y reducir la criminalidad en el área de intervención, además de mejorar la relación entre los agentes policiales y los miembros de la comunidad. En nuestro modelo, el argentino, la idea es reducir el acceso al paco todo lo que se pueda. Cuanto más lejos de las casas de los vecinos del barrio, mejor”.

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Carla Vizzotti asegura que Argentina entró en una “cuarta ola de covid” y vuelve la paranoia de la pandemia

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Se está evaluando volver a pedir el barbijo en la calle, intensificar los controles del pase covid y exigirle nuevamente a los comercios que se adapten al distanciamiento social.

El Ministerio de Salud de la Nación, aseguró esta semana que los casos de COVID-19 se cuadruplicaron entre abril y mayo. Tomando estos datos, la ministra Carla Vizzotti anunció que la Argentina entró en una “cuarta ola” del coronavirus y no descarta restricciones.

Sin embargo, la magnitud de casos está lejos de lo que fue el pico de la pandemia el año pasado. Esta última semana tuvo un promedio de casos diarios de 4.855, un número bajo si se lo compara con otros puntos de la pandemia pero alto si se lo compara con la misma semana del mes pasado, cuando hubo menos de 500 casos diarios.

Pero el principal número a tener en cuenta, como debió haber ocurrido durante toda la pandemia, es el número de fallecidos. Esta semana, hubo en promedio 7 muertes diarias, valor que de hecho está a la baja a pesar de que aumentan los casos: la semana anterior, con menos casos, hubo más muertes diarias, en promedio 11.

La funcionaria ya había anticipado el fin de semana pasado que el Gobierno no tiene previsto aplicar nuevos confinamientos, ante la suba de infecciones que comenzó a darse en abril. “No solamente la cantidad de internados y muertos no debe ser directamente proporcional al número de casos, sino que nuestro sistema de salud no esta en riesgo de no dar respuesta”, evaluó.

Pero no quiso descartar endurecer algunas de las restricciones sanitarias existentes, como volver a pedir el barbijo obligatorio en la calle, dado actualmente solo es obligatorio en espacios cerrados y si el propietario así lo pide, intensificar los pedidos de pase covid y vover a pedirle a los comercios que hagan distanciamiento social.

Lo más preocupante es que la línea discursiva no cambió. Vizzotti asegura que no habrá cuarentena solamente porque hay muchos vacunados. El hecho de que es un virus con una tasa de mortalidad muy baja que no justifica encerrar a toda la población, sin permitirles trabajar ni ver a sus familiares, parece no importarles.

La semana pasada Argentina superó las 100 millones de vacunas contra el Covid aplicadas. El 40% son primeras dosis (40.752.021) y el 37% segundas (37.378.700). Esto quiere decir que el 85% de la población inició su esquema de inmunización y el 78% lo completó. Números que a nivel mundial se consideran bajos, ya que casi todos los países occidentales tienen porcentajes de vacunación arriba del 90%.

En cuanto a las dosis de refuerzo, según los datos publicados en el Monitor Público de Vacunación, se suministraron 19.431.877 dosis, lo que representa el 42% de la población argentina. Por ejemplo, en Chile, el 73% de la población se dio la dosis de refuerzo.

Si Vizzotti quiere decir que la vacuna previno que se impongan nuevas cuarentenas, entonces está desmintiendo que la vara para este tipo de políticas públicas sea tan alto, como se está diciendo en el resto del mundo.

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Alberto Fernández contra los textiles: “Los protejo, no dejo entrar productos de China pero no me paran de subir los precios”

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El presidente no entiende por qué la ropa subió un 73% interanual, en un mercado de alta intervención estatal mediante la restricción de importaciones.

En declaraciones formuladas esta mañana en Radio Con Vos, Alberto Fernández apuntó con dureza contra el sector textil, al cual acusa de subir los precios “injustificadamente”. La ropa e indumentaria, junto a los alimentos, son los dos rubros que más subieron y los principales motores de la inflación.

Pero lejos de no estar justificada, y sin tener nada que ver con la avaricia, la inflación en estos rubros es, lamentablemente, una consecuencia esperable a las políticas de este gobierno. En verdad, la razón radica en la masiva expansión monetaria del Banco Central, exigido por el Ministerio de Economía para realizar giros al Tesoro y financiar el masivo gasto público.

Esta sobre-oferta de dinero genera una profunda devaluación del peso, lo que genera una suba de precios en pesos (necesitas más pesos para comprar lo mismo) y esta inflación se ve principalmente impactada en los bienes más básicos de la economía, como alimentos o ropa.

Cuando suben los precios, los consumidores pueden dejar de comprar bienes de lujo, lo cual no convalida las subas de precios en esos rubros y funciona como un tope a la inflación. Pero los argentinos no pueden dejar de comprar pan, leche, carne, remeras, pantalones, calzados, etc.

Pero esto que es tan básico y que lo entienden en todo el mundo, Alberto Fernández y el kirchnerismo hacen malabares para tratar de refutarlo, pero la realidad los choca de frente una y otra vez.

El presidente afirmó que el Gobierno “protege y cuida” al rubro textil, pero con la suba de precios que aplican “se vuelven en contra de la gente“.

Hay un desmadre de los precios en ese rubro. Los protejo, no dejo entrar productos elaborados de China, pero los precios no paran de subir acá“, se quejó.

Incluso Alberto Fernández parece tener cierta sospecha que el rubro textil tiene una relación con la inflación que no tienen otros sectores. “El problema del incremento de los textiles es histórico en Argentina”, aseguró.

Precisamente, la inflación del rubro Prendas de Vestir y Calzado registró en abril un salto de 9,9% y de 73,4% interanual, con máximos de hasta 77% en el Gran Buenos Aires (GBA).

De acuerdo con datos de Empiria Consultores, el rubro Prendas de Vestir y Calzado acumula desde la llegada de Alberto Fernández un alza promedio de precios de 240%, casi 90 puntos porcentuales más que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que subió un 153%.

Pero si los textiles suben los precios por “avaricia” o “egoismo”, ¿qué pasó en la década del ’90, cuando la inflación en el rubro de textiles fue casi 0%? Los productores y comercializadores son los mismos que hace 20 o 30 años, eso no cambió.

Son las mismas personas, los mismos modelos de negocios, y las mismas empresas. ¿Ningún kirchnerista se anima a preguntarse, por qué en 1996 la inflación en textiles dio 0% y en 2022 da 73%? ¿Qué cambió en esos cais treinta años?

La respuesta es simple: lo único que cambió fue la política monetaria. En los 90s, gracias a la Convertibilidad, prácticamente no hubo una oferta de pesos por encima a la demanda de dinero de las personas, y los precios no subieron.

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Un funcionario K se “olvidó” de apelar un fallo de la Justicia y ahora el Ejército deberá entregar tierras a los mapuches en Bariloche

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Se trata de Gastón Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa. La Justicia perita computadores y celulares en busca de pistas para determinar si fue error humano o intencional.

El Ejército Argentino recurrió a la Corte Suprema por un fallo de la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, que dispuso la entrega de 180 hectáreas que actualmente pertenecen al Estado Nacional, a una comunidad mapuche.

El predio en cuestión funcionaba como una academia de entrenamineto militar en San Carlos de Bariloche, pero hace algunos años, una parte fue tomada por terroristas mapuches, y desde entonces se desarrolla una batalla judicial entre los representantes indígenas y el Ministerio de Defensa argentino.

Insólitamente, el propio Estado argentino perdió la causa luego de que por alguna razón misteriosa, el Gobierno “se olvidó” de apelar la decisión judicial, que según fuentes familiarizadas con la causa, hubiera fácilmente ganado en la Cámara Federal de Apelaciones.

En un principio, se creía que la negligencia había sido de la abogada Silvia Cristina Vazquez, quien depende del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien reivindica la causa mapuche. Diputados de la oposición habían presentado una denuncia penal contra ella por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli, tras una rápida investigación, determinó que el responsable fue en realidad Gastón Haveladirector de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa.

Oriundo de la ciudad Coronel Du Graty, Chaco, Havela es abogado recibido de la UBA. Además cuenta con una Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social en FLACSO, a la que accedió tras una beca otorgada por el Centro de Formación Judicial.

Stornelli ordenó allanar las oficinas de Havela, y entre el material secuestrado se encontró una nota elaborada por Luis Rodríguez Vaccarezza, asesor legal del Ministerio, dirigida al director de Asuntos Jurídicos del Ejército, el coronel Walter Horacio Faneco.

Fechada el viernes 4 de febrero de 2021, en el escrito se afirma: “Remito en archivo adjunto sentencia del 2 de febrero de 2022 en los autos Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue contra poder ejecutivo nacional, ministerio de Defensa” a los efectos de “tomar la correspondiente intervención en las actuaciones mencionadas”.

Havela fue notificado el miércoles 2 de febrero a las 12:11, y él es quien debería haber presentado la apelación en tiempo y forma. Tenía 48 horas para hacerlo, pero lo presentó recién el viernes 4 de febrero a las 15:09, cuando el plazo venció ese mismo día a las 12 del mediodía. Esto derivó en que la Cámara de Apelaciones de General Roca tuviera que rechazar el reclamo por la demora en apelar.

La justicia investiga si la irregularidad en la presentación fue un error humano de Havela, lo cual fuentes cercanas al Ministerio descartan porque tiene una larga carrera como funcionario público, o si lo hizo a propósito con el objetivo de boicotear los intereses judiciales del Gobierno, y socavar las posibilidades de salvar el terreno.

Terrenos donde funciona la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón, que ahora deberán ser entregados a los mapuches.

Havela tuvo una llamativa escalada jerárquica. Se desempeñió como escribiente en la Secretaría Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, ubicado allí por el kirchnerismo porteño a pesar de ser chaqueño, y luego en 2020, cuando el Frente de Todos llegó al poder, fue nombrado en el Ministerio que en ese momento comandaba Agustín Rossi.

El juez Daniel Rafecas ordenó el análisis de todos los documentos encontrados en el allanamiento, además del peritaje de computadoras y teléfonos celulares, para determinar si Havela cometió un error o su decisión fue intencional.

Incluso se busca determinar si no hubo una colaboración de Havela con los mapuches, quienes han intentado en el pasado convencer a funcionarios del Estado para avanzar en su agenda separatista.

El espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el corazón de un amplio territorio que pertenece a la institución castrense desde 1937, pero que es reclamada por la comunidad Millalonco Ranquehue.

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