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Vienen por todo: Alberto Fernández envió la polémica Reforma Judicial al Congreso

Con el mensaje “la Justicia tiene potestades singulares, por eso la Constitución establece que llegado el caso puede disponer de nuestros bienes y libertades”, el presidente fue claro en su propósito.

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El presidente Alberto Fernández presentó ayer su tan anunciado proyecto de ley de Reforma de la Justicia, el cual pretende unificar y duplicar los juzgados federales, y además designar un consejo de “expertos” para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

En el acto estuvieron los principales representantes del oficialismo y sus aliados, junto a los integrantes de la comisión consultiva; sin embargo, sólo asistió una integrante del máximo tribunal, la vicepresidente Elena Highton de Nolasco y la oposición brilló por su ausencia. Según fuentes de la Casa Rosada, Cristina Kirchner también fue convocada pero declinó de asistir. 

Fernández afirmó que “la defensa del derecho reclama como indispensable que el sistema se adecue a la norma” y que “el Poder Judicial deba estar en manos dignas, no permeables a ninguna presión“. Palabras que en teoría son ideales pero que en la práctica parecen difíciles de cumplir, si se toma en cuenta la tendencia del kirchnerismo a ejercer presión. 

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En su alocución, el primer mandatario dijo enfáticamente: “Los cuatro años que precedieron mi asunción como Presidente de la República, estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho”. No queda claro, sin embargo, si se admite la falta de imparcialidad que reinó en el accionar judicial durante los 12 años de gobierno del matrimonio Kirchner. 

En otra parte de su discurso, Fernández expresó: “Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que deciden en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática. Estas han sido circunstancias determinantes para que este fuero se politizara del modo en que ha ocurrido“. Tal parece que para el presidente el gran problema es la cantidad y no la calidad de los magistrados. 

Al referirse de nuevo al gobierno de Macri, el presidente atacó diciendo que “con el devenir de los días se fue perdiendo la transparencia judicial. El cuestionamiento a los jueces que expresaran independencia judicial se tornó tan cotidiano como la manipulación de otros jueces que respondieran a los intereses del poder de turno”. Más que la presentación de un proyecto de ley, lo de ayer pareció un ‘análisis crítico’ de la gestión anterior. 

El Jefe de Estado exhortó a decirle “nunca más a una Justicia que sea utilizada para saldar cuestiones políticas“, al mismo tiempo que repudió que exista “una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno” y aseguró que sin un sistema de justicia “independiente del poder político, no hay república y democracia“. Excelente oportunidad sin duda para hacer un mea culpa sobre el mismo asunto. 

Finalmente recalcó que lo que se propone “no es otra cosa que consolidar una justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia, y que desarrolle los procesos con la mayor celeridad y eficiencia”. Seguramente todos los argentinos estarán de acuerdo con tan nobles propuestas; cabe preguntarse si sentirán lo mismo de sus proponentes.   

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Escándalo: Senadores kirchneristas y radicales se unieron para votar a mano alzada un aumento para triplicar sus sueldos

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Dos tercios de los senadores sorprendieron tratando un proyecto que tenían escondido para casi triplicarse el sueldo en una sesión exprés donde solamente se iba a tratar la nominación de embajadores.

En medio de una sesión para aprobar los pliegos de los embajadores propuestos por el presidente Javier Milei, senadores de Unión por la Patria, la UCR y el peronismo provincial pidieron votar sin debate y a mano alzada, un aumento de sueldos.

Si bien algunos senadores radicales, el PRO y los 7 de La Libertad Avanza se opusieron e intentaron deslegitimar la votación, pasó sobre tablas con 2/3 de la Cámara, por lo que inmediatamente tuvo que ser convalidada por la vicepresidente Victoria Villarruel.

De esta manera, los sueldos de los senadores pasaron de $1,9 millones de pesos que cobran hoy en día a exactamente $7.208.000 bruto, lo que hará que les quede en mano poco más de $ 4,5 millones.

Según lo propuesto por los senadores, en el proyecto de resolución se habla de una dieta equivalente a los 2.500 módulos, lo que equivale a $4,505.000, más 1.000 módulos ($ 1.802.000) más por gastos de representación y otros 500 por desarraigo ($901.000). Estos valores se desprenden del reciente acuerdo de paritaria que la Asociación del Personal Legislativo (APL) que acordó con las autoridades del Congreso y que incrementó los salarios de los empleados en un 8%.

Los senadores de la oposición querían que ese aumento se trasladará también a los legisladores, pero Milei tuvo que intervenir a último momento para ordenarle a Villarruel que no convalidara ese aumento. “La política tiene que dar el ejemplo“, aseguró el Presidente, que dijo que los únicos salarios que pueden subir en el Estado son los de los trabajadores y no los funcionarios.

Sin embargo, este pedido del Poder Ejecutivo no fue considerado, y la propuesta de hoy, que fue firmada por los senadores Juan Carlos Romero, Lucila Crexell, Pablo Blanco, y el bloque de UxP, implica una suba salarial del 160%.

Si bien la vicepresidente había expresado públicamente que eran bajos los sueldos de los legisladores, fuentes legislativas confiaron que Villarruel manifestó su malestar con la medida. “Una cosa era el aumento de enero y febrero, pero con este aumentazo se fueron al carajo“, dijo Villarruel puertas adentro.

La maniobra de los senadores tiene un impacto adicional porque al establecerse en módulos, las dietas se aumentarán en forma automática a medida que se incrementen los módulos. En consecuencia, los senadores aprobaron una nueva versión de la “Ley Enganche”, el decreto de Cristina Kirchner de 2010 que había sido derogado por Milei tras el escándalo generado por la suba de los sueldos de los miembros del gabinete.

La medida contó con el respaldo de la mayoría de los senadores salvo los representantes del PRO, de La Libertad Avanza y los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri, que están alineados con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Ezequiel Atauche, jefe del bloque libertario, cargó contra los senadores que apoyaron la medida. “La casta se juntó para aumentarse los sueldos“, afirmó el representante por Jujuy, quien se mostró molesto por lo acordado en el recinto.

Desde los bloques provinciales repartieron chicanas a los que se opusieron al aumento, y se escucharon a senadores peronistas chicaneando a los libertarios en los pasillos del Senado mientras se vaciaba el recinto: “Si no les gusta donen el sueldo como hacía Milei”.

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El gobernador de Santa Cruz anunció que empezará a cobrar la atención en hospitales públicos a extranjeros

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Claudio Vidal llamó a los demás gobernadores a empezar a hacer lo mismo para recaudar más y poder reinvertir en la salud pública para los argentinos. Salta lo hizo en febrero.

El gobernador de Santa Cruz, el peronista anti-K, Claudio Vidal, anunció que empezará a cobrar la atención en hospitales públicos a extranjeros a partir de la semana que viene. Así, la provincia del sur se une a Salta, en el norte, como la segunda en anunciar que el sistema de salud dejará de ser gratuito para las personas de otros países.

En ambos casos, la medida las urgencias seguirán atendiéndose en forma prioritaria, pero el Gobierno ha dispuesto que luego se le enviará una factura al individuo con los costos de esa atención. Lo mismo ocurrirá para consultorios externos, partos, cirugías programadas e internaciones en general.

Esta medida de sentido común pone a la provincia de Santa Cruz a tiro con lo que ocurre en otros países, como Bolivia, Chile, Paraguay o Uruguay, donde si bien existen sistemas de salud pública para los residentes, los extranjeros deberán abonar los costos de su atención.

Santa Cruz recibe todos los años más de 21.000 extranjeros que demandan atención en los hospitales públicos sin tener residencia en la provincia. El 70%, se estima, provienen de Chile, país que le cobra a los argentinos que quieran atenderse en sus hospitales públicos.

El ministro de Salud de la provincia, Ariel Varela, confirmó que la medida es en respuesta a los recortes presupuestarios que lanzó el presidente Javier Milei a nivel nacional, y que dada la reducción en subsidios del Estado Nacional, la provincia de Santa Cruz debe asignar mejor los recursos a partir de ahora.

Varela puso como ejemplo el costo que tendrán algunas de las prestaciones. “Una cama en clínica médica sale $110.000 a lo que se agregará el 50%, de manera que hablamos de entre $160.000 y $170.000 el día de cama de un paciente extranjero”, dijo el funcionario al portal La Opinión Austral, confirmado que el precio para extranjeros se calculará como costo de la prestación más un 50% de recargo.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacó cuando implementó la medida unos meses atrás en su provincia, que el 10% del presupuesto que su gestión destinaba a la salud pública correspondía a la demanda de atención médica de parte de extranjeros.

Sus funcionarios advirtieron, además, que se organizan tours desde países en donde la salud se cobra, para aprovechar la gratuidad del sistema argentino. Países limítrofes viajan a las provincias argentinas, donde se presentan sin DNI en los hospitales públicos y son atendidos sin pagar un solo peso.

En el caso de Santa Cruz, Varela confirmó que destinan actualmente el 15% del presupuesto en Salud en atender extranjeros. Si bien se espera una caída en la concurrencia dado el fin de la gratuidad, se espera liberar recursos (horas de médicos, disponibilidad de equipos y medicamentos) para los argentinos.

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Habló el sicario que mató al playero en Rosario: Reveló que el narco “Chucky Monedita” le pagó $400.000 para “matar a cualquiera”

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El sicario menor de edad que mató al playero y a un taxista en la ola de crímenes del mes de marzo confesó quién lo contrató y cuánto le pagaron para que terminara con una vida.

Tras la conformación del comité de crisis en la ciudad de Rosario y la detención del sicario que mató al playero Bruno Bussanich, la Policía Santafesina y Federal empieza a tener un mejor panorama del enemigo que se enfrenta.

El asesino de tan solo 15 años que ejecutó al playero empezó a hablar en el centro donde está detenido, y confesó que que le pagaron $400.000 pesos bajo la orden de matar “a cualquiera”. Además, admitió que esa semana no solamente mató a Bussanich, sino que también había sido responsable de asesinar a los dos taxistas la noche anterior. En total cobró casi 1 millón de pesos.

La intervención federal de la ciudad rosarina fue decretada luego de la ola de crímenes que dejó un saldo de 4 muertos: los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Alejandro Celentano, el colectivero Marcos Iván Daloia y el playero Bruno Bussanich. Además, hubo una balacera en la Comisaría N°15.

El sicario no dudó en decir quién fue el que lo contrató: señaló a Alejandro Isaías Núñez, alias “Chucky Monedita”, actualmente detenido en la cárcel de Piñero, donde cumple condena por homicidio y prisión preventiva por otros expedientes, y a Esteban Lindor Alvarado, actualmente en el penal de Ezeiza.

Chucky fue nuevamente imputado por este caso, ya que no solo el sicario “lo vendió”, si no que los investigadores tienen pruebas de que el capo narco le encomendó la ejecución del plan a su pareja, Brenda Pared, que tiene prisión domiciliaria en una causa por venta droga y que es su única visita autorizada a la cárcel.

Brenda, de acuerdo a la imputación, contrató a varios sicarios menores de edad y fue quien se habría encargado de distribuir las armas para cometer los atentados, junto a cómplices como Macarena Muñoz y su pareja, Gustavo Márquez, que reclutaron a dos menores de edad no punible y a un adolescente de 16 para cometer el crimen de Figueroa.

El crimen del taxista, ocurrido en la primera semana de marzo, con nueve disparos hallados en el lugar, habría sido cometido por los dos primeros adolescentes. Uno de ellos ejecutó a Figueroa desde fuera del taxi. El otro, que iba en el asiento de pasajero, recibió un disparo de bala en el abdomen.

Ambos habrían cobrado $300.000 pesos por el ataque que le costó la vida a Figueroa. Por el crimen del taxista Celentano, se cree que los sicarios cobraron $200.000 pesos. En total, parece que dos vidas humanas valen unos 500 dólares en Rosario.

De los dos menores de edad que cometieron los asesinatos de los taxistas, uno de ellos habría sido contratado, al día siguiente, para cometer otro atentado, esta vez no por Chucky sino por el propio Lindor Alvarado.

Según los fiscales, el asesinato del playero fue encargado por Axel Rodríguez, mano derecha de Lindor Alvarado afuera de la cárcel. Para mandar a matar al playero, empleó al mismo pistolero menor de edad utilizado por Brenda Pared, de la banda de “Chucky Monedita”.

Por otra parte, Axel Rodríguez fue imputado por ordenar poner un pasacalle en Circunvalación y Oroño el 9 de marzo, mismo día pero horas antes del crimen de Bussanich, amenazando con que habría una ola de ataques en Rosario como “protesta” contra las medidas del gobernador Maximiliano Pullaro.

Un hermano menor de Macarena Muñoz está sospechado de ser el reclutador de la mano de obra menor de edad para los ataques. Es que gracias a las leyes argentinas que dejó vigente el kirchnerismo, los menores de 16 años son inimputables y aunque maten a varias personas, no irán presos.

El gobierno de Javier Milei ha presentado un proyecto de ley en el Congreso para bajar la edad de imputabilidad, de manera que cualquier persona que cometa un “delito de adulto”, pueda recibir “pena de adulto”.

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