Todos los 24 de marzo, la Izquierda argentina sale a repudiar el golpe de Estado que se produjo en 1976. cruzando los dedos para que la gente siga olvidándose de las relaciones del Proceso de Reorganización Nacional con países y dirigentes de su ideología.

Mitos, mentiras o verdades a medias hay muchas sobre lo sucedido en los años 70. Como todos los 24 de marzo, los medios y los equipos de comunicación de distintos políticos se llenan de palabras hablando de “Memoria”, pero ¿realmente se acuerdan lo que pasó?

Uno de los grandes mitos instalados en la sociedad (y que prácticamente se puede considerar de sentido común a esta altura) es que la última dictadura militar fue una de carácter anti-comunista y opuesta a las corrientes de izquierda, y, por lo tanto, una dictadura de derecha.

El gobierno de facto efectivamente combatió la considerada “subversión”, guerrillas urbanas y rurales que asolaban el país con atentados, copamientos a bases militares, asesinatos, entre otras cosas, que claramente se identificaban con postulados socialistas y comunistas, incluso habiéndose entrenado en países comunistas, principalmente en Cuba, desde donde recibieron apoyo logístico y estratégico para desatar la ola de ataques terroristas. (Montoneros, ERP, FAR, FAP, etc)

Pero el Proceso de Reorganización Nacional no persiguió a ningún dirigente de los partidos comunistas o de izquierda que no tuvieran vínculos con la guerrilla, tampoco rompió relaciones con países como la URSS o Cuba, por el contrario, las reforzó.

A las autoridades argentinas de facto no les interesaba per se, que los dirigentes políticos sean de izquierda, incluso se les permitió a muchos intendentes, legisladores y gobernadores tanto peronistas como radicales simpatizantes con estas ideas seguir en sus cargos.

El Partido Comunista Argentino

El Partido Comunista Argentino (PCA) no sólo no fue ilegalizado durante la dictadura, sino que también apoyó abiertamente el Golpe de Estado realizado el 24 de marzo de 1976. En un comunicado, un día después de la asunción al poder de Jorge Rafael Videla, dijo que “la situación había llegado a un límite extremo” en referencia al gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Debido a su incapacidad para gobernar el país en el contexto de crisis que había, los dirigentes comunistas se preguntaba si la nueva dictadura instaurada iba a ser diferente a las otras, en la defensa, según ellos, de los “latifundios improductivos y en aumentar la dependencia del país“.

“Es fundamental que las Fuerzas Armadas sepan ser factor de liberación, no instrumento de dependencia. […] El Partido Comunista considera una necesidad política e histórica la participación de las Fuerzas Armadas, en igualdad de condiciones con los civiles, en un gobierno cívico militar“, publicó el día del golpe de Estado el Partido Comunista.

Durante el gobierno de Videla y, a partir de 1977, el PCA defendería al gobierno militar de las denuncias de Estados Unidos por las violaciones de los Derechos Humanos. El entonces presidente Jimmy Carter, apoyando las acciones de organizaciones de los DD.HH. estadounidenses, comenzó a denunciar a Argentina en el plano internacional.

Como respuesta a esto, el PCA sacó un comunicado donde defendía a la Argentina de una Estados Unidos que “erigida en un tribunal supremo se atribuye el derecho de juzgar a las demás naciones del mundo”.

“Estados Unidos ha interferido en asuntos internos de nuestro país esgrimiendo hipócritamente el argumento de la violación de los derechos humanos (…) Negamos sinceridad y autoridad moral al imperialismo yanqui para defender los derechos humanos más allá de su frontera”, escribieron en un comunicado oficial en plena dictadura.

También hay que decir que dirigentes del comunismo argentino como Athos Fava, quien sería Secretario General del Partido Comunista a partir de 1980, y Fernando Nadra, vocero del PCA, obtuvieron visas para viajar, en 1978, a Estados Unidos, en donde se reunieron con otros dirigentes de izquierda y dieron conferencias defendiendo al Proceso de las acusaciones del gobierno de Carter.

Entre otras cosas, decían que el gabinete que había sido armado provenía de una “amplia coalición democrática y cívico-militar”, y que las autoridades de facto solo estaban buscando una “transición democrática“.

En discursos que quedaron grabados y bien documentados, los dirigentes del PCA argumentaban que el Proceso era muy diferente a la dictadura de Pinochet en Chile, que “era fundamentalmente un régimen anticomunista”; y la comparaban, en su lugar, con la Revolución de los Claveles de Portugal.

También destacaron que a diferencia de otras dictaduras militares en la región, en ningún momento se prohibió a los catedráticos comunistas dejar de enseñar ideas marxistas o revolucionarias, siempre y cuando éstas denunciaran los movimientos armados guerrilleros.

Esta defensa provenía directamente de las directrices que se ordenaban desde Moscú, donde años después quedó en evidencia que se les había ordenado no atacar a la dictadura del Proceso debido a que la consideraba “moderada y progresista” (mismas palabras que se leían en los comunicados del Partido Comunista), y que no querían que Argentina cayera en un régimen como el de Augusto Pinochet, que era claramente y abiertamente anticomunista y enemiga de la Unión Soviética, y una aliada fundamental de los Estados Unidos.

Es importante aclarar que el 24 de marzo de 1976, fueron ilegalizados otros partidos mas pequeños como el Partido Comunista Revolucionario (Ley 21.269), pero la agrupación fue legalizada nuevamente unos meses después, el 9 de junio, y la misma adoptó la misma línea discursiva que el PCA (Ley 21.324).

Por último, también hay que agregar que, pasados los años y aumentando el descontento de la población hacia la Junta Militar, el Partido Comunista se haría más crítico del gobierno militar, pero que lo hicieron recién después de que medios considerados de derecha como La Prensa empezaran a publicar las listas de nombres de personas desaparecidas.

Incluso el economista liberal Álvaro Alsogaray se expresó públicamente en contra del Proceso antes que el Partido Comunista, oponiendose a la instalación de un gobierno de facto desde antes que se produjera. Como mencionamos, por alguna razón que excede el análisis de este artículos, estos hechos son olvidados por la historia.

Unión Soviética y Argentina: relaciones carnales

La Unión Soviética y la República Argentina nunca rompieron relaciones diplomáticas durante el Proceso de Reorganización Nacional. En línea con lo mencionado acerca de la no-proscripción de dirigentes de izquierda, el embajador de Argentina en Moscú fue Leopoldo Bravo, un histórico dirigente político sanjuanino, uno de los más famosos “peronistas de izquierda“, que ya había sido embajador de Argentina en la URSS durante la segunda presidencia de Perón, entre 1953 y 1955.

Una muestra de esta política fue la exposición que hicieron 65 funcionarios soviéticos de su industria en el Centro de Municipal de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, que, aunque autorizada por el gobierno peronista anterior, fue ratificada y efectivamente se realizó en pleno Proceso, con la participación de dirigentes de izquierda opositores al régimen militar.

Económicamente, la Argentina encontró en la Unión Soviética uno de sus mayores aliados comerciales. El comercio bilateral pasó de US$ 486 millones de dólares en 1978 a US$ 3.000 millones de dólares en 1981, enviando a los rusos un tercio del total de los granos que Argentina exportaba en el mundo. El economista Mario Rapoport confirmaría luego que la URSS fue la principal compradora de carnes durante el período 1980-1982 y había sido segunda en el 79.

Esta relación tuvo un trasfondo muy importante: la invasión del Ejército Rojo a Afganistán le había dado la posibilidad histórica a Estados Unidos de imponer un embargo masivo contra la Unión Soviética, quien recurrió a la Argentina para seguir sustentándose.

Si bien Argentina votó condenando la invasión soviética y accedió al boicot de los Juegos Olímpicos en Moscú de 1980, el Proceso rechazó sumarse al embargo estadounidense y profundizó las relaciones comerciales con Moscú.

Curiosamente, acorde al relato oficial, el gobierno de facto de la Junta Militar fue “neoliberal“, un rótulo que se otorga a los gobiernos que apoyan el ingreso indiscriminado de capital extranjero, las privatizaciones y los bajos impuestos. Realmente otro mito argentino, ya que el Proceso denegó el ingreso de millonarias inversiones extranjeras por su pelea por los DD.HH. con Estados Unidos y Europa, a la vez que presentó un tímido programa de privatizaciones y no hizo más que aumentar impuestos.

No sería hasta 1989, con la asunción del peronista Carlos Menem, preso durante todo el Proceso de Reorganización Nacional, que el verdadero “neoliberalismo”, como se define mediáticamente en estos días, llegara a instalarse en Argentina.

Cuba y Argentina: favores y silencio

Otras relaciones del Proceso que merecen un análisis más riguroso son con la dictadura castrista en Cuba. Las relaciones entre estos dos países siempre se mantuvieron cordiales y la diplomacia nunca se pinchó. Incluso la Cancillería cubana respaldó a la Argentina en los foros internacionales.

En realidad, todo el Movimiento de Países No Alineados fue cómplice de la dictadura militar argentina, tal como lo señala Gabriel Salvia, presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL): “Parece escapar a la memoria de varios funcionarios del gobierno nacional, legisladores, periodistas y activistas de derechos humanos de la Argentina el hecho de que el régimen cubano de Fidel Castro fue un actor decisivo para bloquear la condena a la dictadura militar argentina en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para lo cual operó junto a los países del Movimiento de No Alineados y del extinto Bloque Socialista, evitando la condena internacional promovida por los Estados Unidos de América”.

Castro jamás condenó las desapariciones en Argentina y cuando hablaba del país en los años que gobernó el Proceso, se refería a éste como “el gobierno” y no como “la dictadura“, cosa que sí hacía (y siempre hacía el esfuerzo de remarcarlo) para los regímenes en Chile o en Brasil.

Esta complicidad de Cuba con el Proceso fue recordada recientemente por un sobrino del propio Che Guevara. Martín Guevara es hijo del menor de los hermanos del Che, Juan Martín, y a los 10 años de edad, se exilió con su familia a La Habana, donde pasó buena parte de su vida, hasta 1988, donde se mantuvo como un asesor directo de los Castro.

Su testimonio en este sentido es contundente. Durante su exilio en Cuba, fue testigo directo de la complicidad de Fidel con Videla como pago por los suministros de cereales argentinos a la Unión Soviética, un aporte alimentario que fue más apreciado aún cuando Moscú comenzó a padecer el embargo dictado por Washington tras la invasión de Afganistán.

A Martín Guevara le tomó mucho tiempo poder hacer esta denuncia, pero hoy sabemos la verdad. Recién en el año 2010 publicó un artículo sobre el tema: “Durante muchos años y por razones de lealtad familiar, y quizá cierto adoctrinamiento de izquierda, renuncié a mi derecho a contarlo“.

Una verdad muy difícil de aceptar para quienes ven en La Habana, todavía al día de hoy, un faro que ilumina el comunismo en el continente. Cuba en los 70s demostró en esa conducta que no era más que un satélite soviético, sin el menor margen para diferenciarse. Y Fidel Castro no era más que un lacayo de Moscú, que se mantuvo callado mientras la Junta Militar en Argentina exterminaba a los guerrilleros que sus mismas Fuerzas Armadas habían entrenado y enviado al país sudamericano para propiciar un cambio de régimen.

La dictadura en Cuba ni siquiera movió un dedo cuando dos cubanos en Argentina, vinculados al terrorismo guerrillero, desaparecieron en septiembre del 76. Castro recién recordó la situación varios años después, cuando ya había vuelto la democracia a la Argentina, cuando en 1984 citó a Estela de Carlotto, la referente de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, a La Habana.

Lo curioso es que ni Estela de Carlotto ni la combativa Hebe de Bonafini jamás le reprocharon a los líderes cubanos la complicidad con el Proceso ni en ese viaje ni en las decenas de viajes que hicieron en los años posteriores.

La idea de Horacio Rodríguez Larreta de “dialogar” con todos los sectores políticos está avanzando a pasos agigantados en varias provincias, y ahora le llegó el turno a Tierra del Fuego.

Las elecciones provinciales en Tierra del Fuego se realizarán el próximo 14 de mayo y todos los frentes ya están confirmando sus listas, con varias sorpresas de dirigentes pasándose de un partido a otro.

Tal es el caso de José Luis Álvarez, quien militó en el Partido Justicialista, y promovió la candidatura de la ex gobernadora kirchnerista de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, quien fue desplazada por el actual mandatario radical K, Gustavo Melella, en 2019.

Si bien Álvarez apostó por la gestión justicialista de Bertone, hoy el ex funcionario provincial prefirió cambiar de partido y sumarse a las filas de Cambiemos, espacio que defenderá en las próximas elecciones, identificándose especialmente con Larreta.

El ex peronista fue ministro de Gobierno provincial, y formó parte del entorno intimo de Bertone, entre la gestión de 2015 a 2019, destacando su gestión como parte del gabinete.

A su vez, cabe resaltar que no es la primera vez que sucede este tipo de “salto” de los dirigentes de un espacio a otro. Y en ese sentido, vale destacar otra de las situaciones donde un kirchnerista pegó el portazo en el espacio y se fue directamente al partido opositor, como Paulino Rossi.

Rossi fue el contador del municipio de Río Grande y trabajó con el intendente radical K, Jorge Martin, jefe político del gobernador Gustavo Melella, y uno de los primeros en trabajar desde el radicalismo codo a codo con el kirchnerismo.

Aunque cabe aclarar que si bien Paulino Rossi trabajó para el kirchnerismo, en las elecciones del 2015 ya había ido como candidato a intendente de la ciudad de Río Grande en la alianza Cambiemos.

Ahora, está entregado a Larreta, y se sumó a las filas del PRO, de la mano de Tito Stefani, con la idea de acompañarlo en la formula provincial y aventurarse a una nueva candidatura, ya dentro de Propuesta Republicana.

Uno de los funcionarios más cercanos de Larreta terminó renunciando después de 4 meses de licencia, luego de que se filtraran chats que lo vincularían a la operación judicial que se planificó en Lago Escondido y actos de corrupción con proveedores.

El ministro de Seguridad de Larreta, Marcelo D’Alessandro, finalmente renunció a su cargo este miércoles por la noche, después de meses de licencia luego de que había dado un paso al costado cuando se filtraron chats que lo vinculaban a la operación mediática y judicial que se habría planificado en Lago Escondido.

La licencia de D’Alessandro vencía el 6 de abril, pero el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tuvo que acelerar la definición debido a que el tema de Seguridad es un área sensible para su campaña presidencial, sobre todo, mientras intenta postularse como el candidato que combatirá el narco en Rosario.

Desde ya, Larreta no puede hablar en contra de la corrupción, la inseguridad y los aprietes mafiosos cuando su principal encargado de Seguridad está siendo acusado en la justicia de haber planificado con otros funcionarios, directivos de medios y empresarios una operación contra figuras del Gobierno Nacional, entre otras cosas.

Además del viaje con jueces y directivos de Clarín a Lago Escondido, otros chats que se filtraron parecerían mostrar relaciones corruptas con proveedores de la Ciudad de Buenos Aires y hasta algunos donde les facilitaba vehículos oficiales a jueces federales.

Si bien en los papeles, D’Alessandro renunció por su propia voluntad, se hizo evidente la necesidad de Larreta de soltarle la mano para la campaña de este. El jefe de Gobierno lo despidió con una salva de elogios, incluso diciendo que lo considera para un posible Gabinete Nacional en caso de ser electo.

D’Alessandro comunicó su renuncia a través de un comunicado donde destacó los logros de su gestión, denunció una “operación” en su contra y puso como norte la querella en los tribunales para denunciar que fue víctima de espionaje ilegal.

En 2016 asumí un enorme compromiso con la seguridad de la Ciudad. Hoy, después de siete años, le comuniqué al Jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra.

— Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) March 22, 2023

Algunos de los chats que más lo comprometen. Apareciendo como “MD” en el servicio de mensajería, habla con un tal Marcelo Violante, empresario que maneja Dakota, la concesionaria de las grúas y las playas de estacionamiento de Buenos Aires, hablando de “llevar guita” y “negocios con Larreta”, situaciones que deberían hacerse a través de vías oficiales.

En cuanto a las operaciones judiciales que se le acusa de llevar a cabo, una serie de chats con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, donde hablan de cómo combatir mediáticamente las decisiones de Cristina Kirchner.

“En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le dice Robles, para acto seguido enviarle al ex funcionario porteño un largo texto, con un punteo de argumentos por los que Cristina Kirchner no podría nombrar a Martín Doñate como representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura.

Por otra parte, también hay intercambios de mensajes entre D’Alessandro y Silvia Majdalani, ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), coordinando distintas acciones que parecerian carecer de legalidad. Entre otras cosas, Majdalani, que llama “pendex” al ministro porteño, lo ayuda con una licitación de chalecos y le sugiere “no poner el cuerpito cuando pasan las balas” en la interna del PRO.

El anti-bullrichista Eugenio Burzaco lo reemplaza

Pero su salida tiene un condimento adicional: D’Alessandro será reemplazado con Eugenio Burzaco, un viejo enemigo de Patricia Bullrich, lo cual marca un claro camino para el futuro de Juntos por el Cambio.

Muchos esperaban que la salida del amigo de Larreta permitiría al Gobierno porteño extender lazos con “los halcones”, que están buscando desesperadamente quedarse con la Ciudad, con la candidatura de Jorge Macri respaldada tanto por Mauricio Macri como por Patricia Bullrich.

Pero la llegada de Burzaco pone fin a cualquier aspiración de unión dentro de Juntos. Algunos esperaban que el cargo recaiga en Cristian Ritondo, actual diputado y ex ministro de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de María Eugenia Vidal.

El puesto le hubiera quedado chico al actual líder del PRO en el Congreso que está buscando la gobernación bonaerense, pero hubiera implicado un compromiso de Larreta de designarlo como Ministro de Seguridad Nacional en caso de llegar a la presidencia. Según fuentes consultadas, Carrió intercedió y convenció a Larreta de que Ritondo quedara fuera de su espacio.

Burzaco es un dirigente de vieja data del PRO. En su gestión porteña, Macri lo designó como el primer jefe civil de la Policía metropolitana, luego del escándalo de las escuchas ilegales con Jorge “Fino” Palacios.

Luego, Macri lo designó como funcionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad Nacional cuando llegó a la presidencia. No obstante, su relación con la actual presidente del PRO fue desastrosa.

De hecho, se llegó al punto que Bullrich creó otra secretaría casi con el mismo nombre e idénticas funciones para puentearlo a Burzaco. En su “reemplazo”, colocó a su segundo, el ahora caído en desgracia Gerardo Milman.

Burzaco hace tiempo que tiene una buena relación con Larreta, quien lo respaldó si termina postulándose a intendente de Bariloche. En el sur tiene experiencia en la política: fue, por ejemplo, asesor del entonces gobernador Jorge Sobisch, y principal vínculo con Macri.