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Ya se sienten los efectos negativos del control de precios: Telecom frena inversión millonaria

El control de precios de Alberto Fernández sobre el mercado de telecomunicaciones ya se hizo sentir. Telecom anunció que por esta medida deberá frena una millonaria inversión por 600 millones de dólares y el servicio quedará comprometido.

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El pasado viernes, Alberto Fernandez declaró servicios públicos a la telefonía móvil, el internet, y el cable a través de un DNU, y congeló los precios hasta el 31 de diciembre de este año.


Esta decisión, si bien permitirá el acceso con tarifas subsidiadas y a precios bajísimos a cientos de miles de argentinos afectados por la pandemia a los servicios de telecomunicaciones, dejará a las empresas del sector en una situación de gravedad sin precedentes.
Roberto Nobile, dueño de Fibertel y Cablevisión y CEO de Telecom, comunicó que debido a esta medida, deberán frenar una inversión de 600 millones de dólares que iban a ser destinados a una mejora del servicio, de la infraestructura, y a el camino a la transformación digital. 

“En el año nos impactó la devaluación: el 70% de las inversiones en dólares y los salarios crecieron 42%, lo mismo que aumentaron nuestros ingresos en medio de un proceso inflacionario. Nunca nos dijeron que no podíamos aumentar, y cayó este DNU, que cambia las reglas del juego. El precio es la variable más importante que tiene las compañías para administrar sus flujos de fondos y estimar el repago de las inversiones. Sin esa variable las inversiones no son posibles. Esto cambia radicalmente la dinámica de la industria”.

Nobile explicó que la industria de telecomunicaciones tiene muchísimo potencial para crecer y ponerse a la par de Estados Unidos y Europa, siempre y cuando sea el mercado quien tenga el control sobre los precios de los servicios, y de esta forma poder proyectar inversiones.
Las inversiones, además de ser utilizadas para mejorar las instalaciones y bajar los precios en el largo plazo, sirven para los mantenimientos necesarios que evitan cortes de servicios prolongados. De esta manera, si bien los argentinos verán una reducción de la tarifa, a la larga pagarán un precio mucho más caro: un servicio de mala calidad, con desarrollo estancado y precarizado.

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El CEO contó que se venían dando charlas con el Gobierno y que en marzo habrían acordado retrotraer algunos precios, y se planteó un esquema en el que desde septiembre se podrían empezar a realizar aumentos, con la visión de que la cuarentena iba a ser cosa del pasado y la economía se iba a poner en marcha otra vez. 

“Todo este tiempo no hubo cortes y planes con productos mínimos e inclusivos para que la gente siga con servicio aunque no paguen. Tenemos 600.000 clientes en situación: puede comunicarse aún en situación de vulnerabilidad”, afirmó Nobile.

Los servicios de telecomunicaciones, a pesar de tener enormes fallas a lo largo de todo el país, están bajo el mayor desafío de su historia, con la población entera trabajando y estudiando de manera online desde sus casas, la interrupción del servicio puede generar daños laborales y de aprendizaje irreparables. Ahora, deberán seguir haciéndolo sin margenes.

Nobile se mostró indignado por el accionar del Gobierno, el cual catalogó de incomprensible. Alegó que su administración logró soportar el impacto de la pandemia y la crisis económica sin mayores costos sobre los usuarios. Aseguró que es imposible desarrollar las telecomunicaciones si el Estado insiste en obstaculizar la libre disposición de los precios.

Roberto Nobile, CEO de Telecom.

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Recientemente, algunos partidarios del oficialismo anunciaron su apoyo al presidente Fernández por la decisión que tomó con las telecomunicaciones. Personalidades como Ofelia Fernández o Martín Insaurralde aseguran, sin temor a equivocarse, que este tipo de medidas se desarrollan en todas partes del mundo.

En efecto, tanto el Presidente como otros miembros del oficialismo destacaron el caso de muchos países europeos, incluso el de Estados Unidos, y sostuvieron que allí los servicios «son de interés público«, pero la realidad dice otra cosa muy distinta.

El Gobierno se confundió «servicios públicos esenciales» con «servicios esenciales«. Esta última es una categoría ampliamente utilizada en todo el mundo, que reconoce que el acceso a internet o a la telefonía móvil es un derecho y que ningún Estado o empresa puede impedírtelo, pero de ninguna manera implica controlar su precio o intervenir en su mercado. Mientras que la categoría de «servicio público esencial», la decretada por Alberto Fernández, preveé la regulación del mercado y el control directo del Estado por sobre el mismo.

La Embajada de Finlandia en nuestro país encontró conveniente explicar cómo funciona el servicio de telecomunicaciones en su jurisdicción. Aseguraron que, si bien hay un interés público en ese tipo de servicios, el Estado no solo no regula los precios, sino que fomenta la competencia a partir del libre juego en el mercado.

El Estado de Finlandia, así como otros Estados en el mundo, garantizan este tipo de servicios de forma tal que ninguna empresa tiene el poder de negarse a proveer a sus clientes (no tienen derecho de admisión), pero tienen toda la libertad para fijar sus precios.

«Hay que mirar el mundo: en Europa no hay regulación de precios. Sí tratan como servicios públicos es por una cuestión de accesibilidad a los más vulnerables, como pasa en Finlandia y el resto de Europa, por ejemplo. Lo mismo pasa en EEUU. Pero nadie regula precios”, sentenció el CEO de Telecom.

El kirchnerismo insiste en cometer errores del pasado, no aprendiendo de lo ocurrido en años anteriores, cuando congelaron por años los servicios de agua, luz, y electricidad, frenando la inversión, y trasladando un impacto a la gente al momento de descongelarlos.

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Tras realizar el pago presupuestario y a pesar de la marcha, el Gobierno de Milei considera que la discusión por las universidades “está saldada”

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En la conferencia de presa, Manuel Adorni, portavoz del presidente, afirmó que no hay ninguna intención de cerrar las universidades. Además, calificó como “tren fantasma” a los dirigentes que anunciaron su participación en la movilización.

Manuel Adorni, portavoz presidencial, afirmó este martes en su conferencia de prensa diaria que la disputa en torno al presupuesto asignado a las universidades «está saldada y transferida«, y que para el gobierno de Javier Milei es un tema terminado.

«La cuestión presupuestaria de las universidades y de los hospitales universitarios no solo está solventada, sino también transferida«, expresó durante una rueda de prensa. Además, agregó: «La presencia de diversas organizaciones políticas ha convertido esto en una marcha con tintes políticos«.

En esta misma línea, el funcionario mencionó la posible participación en la protesta de figuras como Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Martín Lousteau y Juan Grabois, entre otros. «Es casi como un tren fantasma», afirmó Adorni, pero diferenció este acompañamiento del reclamo que puedan tener los estudiantes y señaló que el gobierno nacional es “super respetuosos de la expresión que tengan los jóvenes”.

«Pocos espacios respetan a los estudiantes tanto como nosotros. Es legítimo cualquier reclamo que planteen en busca de una mejor educación», enfatizó.

La semana pasada, el Ministerio de Capital Humano anunció que había llegado a un acuerdo con las autoridades universitarias para actualizar el presupuesto en dos etapas: una ya entregada en marzo del 70% y otra prevista para mayo, también del 70%. Sin embargo, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, señaló que la propuesta del Gobierno «no resuelve nada«.

«Una vez resuelta la cuestión presupuestaria, consideramos que no había motivo para continuar fomentando una marcha de este tipo por parte de aquellos que definen políticas universitarias. Creemos que su objetivo principal no es garantizar la calidad educativa y asegurarse de que los estudiantes salgan de la universidad siendo mejores académicamente de lo que eran al ingresar«, argumentó Adorni.

Según el vocero presidencial, la movilización no es motivo de preocupación para el Gobierno. «Estamos atentos y receptivos a todos los reclamos, y estamos al tanto de lo que sucede en todos los ámbitos. Sin embargo, cuando el reclamo tiene una causa específica y esa causa se resuelve, entendemos que algunos dirigentes, al perder el motivo original de la marcha, deberían desalentar su continuación, ya que carecería de sentido. Por supuesto, seguimos vigilantes de los acontecimientos y de cualquier reclamo legítimo que pueda surgir«, señaló.

En otro momento de la conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario reiteró la importancia de realizar auditorías en el gasto del presupuesto universitario. «Es lo que los argentinos merecen, tanto en este ámbito como en otros«, afirmó. También destacó la necesidad de discutir el acceso a la universidad gratuita para estudiantes extranjeros.

El costo de que un extranjero venga a estudiar a una universidad pública a la Argentina lo pagamos nosotros. Vos, yo y el alumno que está al lado del alumno extranjero. Son temas que hay que atender, debatir, y no nos parece que sea una discusión que no deba darse”, expresó.

Durante la marcha del día de hoy, se defendió todo tipo de cosas menos la educación. Hubo presencia de la CGT, la izquierda, de dirigentes kirchneristas, y del aparato radical de las universidades, entre otros.

Resulta extraño que los «estudiantes universitarios» hayan recibido alegremente a Sergio Massa, responsable del ajuste de más de 50 mil millones de pesos del presupuesto educativo en sus años de gestión, y quien logró casi un 300% de inflación en 2023, destruyendo por completo el valor real del dinero destinado a la educación. ¿Y que hicieron los «estudiantes universitarios» durante esos años? Nada.

Cosas como esas demuestran que poco les importó y les importa la educación a esos «estudiantes universitarios», y lo único que terminaron haciendo fue servir a los intereses de los políticos opositores al Gobierno de Milei.

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El kirchnerismo copó la marcha universitaria del radicalismo y Massa, Kicillof y la CGT se llevaron el foco del día

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La UCR perdió protagonismo en una marcha en la que el foco estuvo puesto en los dirigentes kirchneristas que tienen reclamos contra Milei por fuera de las universidades.

En medio de las negociaciones por la suba del presupuesto universitario, que el anterior gobierno kirchnerista dejó congelado desde 2022, las universidades públicas, fogoneadas por sus líderes radicales, emprendieron este martes una masiva marcha a Plaza de Mayo.

Sin embargo, lejos de ser una movilización de mayoría estudiantil, y ante la confirmación del gobierno de Javier Milei que se aprobaron y se realizaron todos los pagos para los gastos de funcionamiento, la marcha terminó siendo copada por el kirchnerismo.

El exministro Sergio Massa, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a todo su Gabinete; las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y hasta la CGT se adueñaron completamente de la marcha, dejando en ridículo a los radicales.

El primero en aparecer fue Massa, quien a pesar de su defensa de la universidad pública, se recibió de grande de la Universidad de Belgrano (UB), y lo que es peor, durante su gestión fue el responsable de congelar el presupuesto y dejarlo sin aumentos por 18 meses.

El gobierno de Milei se dispuso a terminar con el ciclo de congelamiento de presupuestos, y es por eso que, este viernes el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Gallego (h.), anunció la aprobación de un pago de 22 mil millones de pesos para las universidades públicas y para los hospitales universitarios como el Clínicas.

A su vez, el lunes, el día antes de la marcha, el Ministerio de Capital Humano publicó todos los resúmenes de pagos y las facturas para confirmar que se había hecho el desembolso de 11 mil millones para las universidades y otros 11 mil millones para los hospitales estudiantiles.

También estuvo en la marcha Axel Kicillof junto a Verónica Magario, la vicegobernadora. Por último, Cristina Kirchner se asomó por el balcón del Instituto Patria y saludó a los manifestantes, que para esa hora era ciento por ciento militantes kirchneristas

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¿En qué gastan las universidades? Miles de millones se destinan a cursos, materias y carreras de género

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En medio de la polémica por el presupuesto de las universidades, estudiantes revelan un entramado multimillonario de gastos en cuestiones de género en todas las facultades públicas del país.

Este 23 de abril, las universidades nacionales convocaron a una masiva marcha para que el Gobierno Nacional les actualice el presupuesto educativo, a pesar de que el Ministerio de Capital Humano confirmó este mismo viernes que ya fue aprobado, con aumentos del 170% para los gastos operativos (como la luz o salarios docentes) y una suba del 70% adicional para hospitales universitarios.

Sin embargo, la idea de la Marcha Federal Universitaria ya se convirtió en una bandera de resistencia contra el gobierno de Javier Milei de la UCR, del kirchnerismo y del Frente de Izquierda, por lo que la convocatoria se mantiene, aunque carezca de sentido.

En este contexto, los estudiantes indignados con la utilización política de ciertos sectores, han estado investigando en qué gastan las universidades y por qué dicen no tener plata para pagar la factura de luz o por qué no actualizan los salarios docentes hace 2 años.

En un primer análisis, se enfocaron en analizar todos los gastos en cuestiones de género, un porcentaje del presupuesto que se podría recortar íntegramente sin perder calidad educativa. Por el contrario, aumentaría de calidad.

El mayor nivel de gastos está en las carreras de género que lanzó cada universidad nacional. Se destacan por lo absurdo un doctorado y una maestría en Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y una especialización en Intervenciones Transdiciplinarias en Violencia de Género de la Facultad de Psicología de la UBA.

En la Universidad de La Plata, por ejemplo, se destinan millones del presupuesto para una especialización en Educación en Géneros y Sexualidades de la Facultad de Humanidades, o en una especialización en Perspectiva Feminista y de Derechos Humanos, en la Facultad de Trabajo Social.

Otras universidades que destinan recursos públicos en doctorados, maestrías o especializaciones de género son la Universidad Nacional de Córdoba, la de Cuyo, la de Lomás de Zamora, la de Rosario, la de Lanús, la de Salta, la de San Luis, la de San Martín, la de Tres de Febrero, la de Tucumán, la del Comahue, la de José C. Paz, la de Luján e incluso la Universidad de Defensa Nacional.

Pero esto no termina acá. La locura continúa. En un análisis más riguroso, se encontró que las universidades gastan millones en organismos internos enfocados en implementas políticas de género. Plata hay, pero está mal administrada.

La UBA, que apagó las luces de sus facultades porque dicen que no pueden pagar sueldos, gastan millones en una Comisión de Género para la Facultad de Agronomía, una Unidad de Género para Diseño y Urbanismo, un Espacio de Atención para Discriminación de Género en Económicas, un Programa de Igualdad de Género en Exactas, una Secretaría de Género en la Facultad de Ciencias Sociales, un Programa de Violencia de Género en Veterinaria y un Programa de Género y Derecho en la Facultad de Derecho.

Hay más, en la Facultad de Medicina, que cortó la luz hace una semana porque dice que no tiene plata para pagar la factura de electricidad, gasta millones en un Departamento de Género y Abordaje Inclusivo. Esto incluye salarios de los empleados asignados al departamento, además de docentes y personal educativo.

Pero esto no se limita a la UBA, la UNC tiene hasta una Prosecretaría de Género en la Facultad de Psicología, y una «Escuela Itinerante de Género» en la Facultad de Ciencias Médicas. Lo mismo la Universidad del Litoral, con un Programa de Género en la Facultad de Ciencias Jurídicas.

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