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Australia

El gobierno conservador australiano le ganó la pulseada a Facebook: la red social deberá pagar por usar contenido de otras plataformas

Australia logró pasar una ley que impacta negativamente sobre el control mediático que Facebook ejerce en el país. Ahora, el Reino Unido y Canadá analizan implementar la misma legislación en sus territorios.

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Este jueves el Parlamento de Australia aprobó una ley que obliga a las redes sociales a pagar por usar el contenido digital elaborado por medios de comunicación. Páginas como Facebook, Google y Twitter utilizan notas de diferentes diarios para mostrar las noticias en su sección de actualidad; esto lo hacían sin pagar y muchas veces ni siquiera dando los créditos pertinentes.

Google y Twitter y otras empresas de redes sociales aceptaron esta decisión sin mayores inconvenientes, pero Facebook decidió ir a la guerra total contra el gobierno conservador de Scott Morrison por esta ley.

La semana pasada, en retribución por la media sanción al proyecto, la empresa de Mark Zuckerberg bloqueó de su red social las cuentas de todos los medios de comunicación australianos y cuentas gubernamentales, con el objetivo de presionar a Morrison para que vetara la ley.

La abrupta decisión de Facebook tuvo un impacto en varios servicios de emergencia australianos que utilizan la plataforma para informar sobre accidentes o advertir a la población ante la posibilidad de desastres medioambientales. Además, fueron bloqueadas las agencias de salud pública que promueven información confiable sobre COVID-19.

Ocho días después de la medida, Facebook se vio obligado a levantar la suspensión tras recibir duras críticas de todos los arcos políticos por lo ocurrido. Finalmente, la ley fue aprobada y Zuckerberg terminó cediendo ante el gobierno.

El código garantizará que las empresas de medios de comunicación reciban una remuneración justa por el contenido que generan, lo que ayudará a mantener el periodismo de interés público“, dijeron el tesorero Josh Frydenberg y el ministro de Comunicaciones Paul Fletcher en un comunicado conjunto.

Mark Zuckerberg perdió la pulseada contra el gobierno de Scott Morrison.

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En la mesa de negociación, Morrison terminó incluyendo en la ley una cláusula de discreción del Poder Ejecutivo para liberar a las redes sociales de este pago si pueden demostrar una “contribución significativa” a la industria de noticias nacional, algo que por ahora no han hecho con ninguna entrada, según el gobierno.

Sin embargo, esto abre la puerta a que un futuro Primer Ministro de izquierda pueda otorgarle esta concesión a Facebook, algo que sin dudas el gigante tecnológico tendrá en cuenta a la hora de apoyar financiera y mediáticamente en las próximas elecciones del 2022.

A pesar de esta concesión, Morrison logró propinarle un duro golpe financiero al poderío de Facebook, que desde hace varios años viene ejerciendo su dominio sobre la opinión pública en todo el mundo de manera indisputada, mostrando solamente las noticias que quiere mostrar, censurando las voces que quiere censurar, y interfiriendo en elecciones en favor de los candidatos que quiere apoyar.

Este es tan solo el primer paso, los parlamentarios del Reino Unido y Canadá ya anunciaron que empezarán a tratar una versión de esta ley en sus países, que después podría ser replicada en todo Europa.

Zuckerberg además teme que estas ideas lleguen al Congreso de Estados Unidos. A pesar de tener mayoría demócrata (que defiende sus intereses en el país), el año que viene hay elecciones legislativas, donde se espera que los republicanos puedan recuperar el control del Senado, y esto sería el puntapié para que se legisle un proyecto así, en un país donde podría causar un verdadero dolor de cabeza a las finanzas de la empresa.

Ex primer ministro Malcolm Turnbull y actual premier Scott Morrison en el Parlamento, los dos cerebros del gobierno conservador que decidieron abrir una guerra contra la hegemonía de las empresas de redes sociales.

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Australia

Melbourne no permitirá a los australianos trabajar si no están vacunados

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1,25 millones de trabajadores australianos deberán vacunarse antes del 15 de octubre o perder su empleo.

Daniel Andrews, el primer ministro del Estado de Victoria, epicentro de las medidas totalitarias en Australia, anunció este jueves que ningún empleado podrá seguir concurriendo a su trabajo si no está vacunado, sean del sector público o privado.

La fecha límite para darse la vacuna es el 15 de octubre, ese día serán despedidos todas las personas que no tengan ninguna dosis. Luego, el 26 de noviembre, serán echados todos los que no tengan el esquema de vacunación completo.

Actualmente la ciudad de Melbourne, capital de Victoria, está sumida en una cuarentena total, donde las personas no pueden salir a más de 5 cuadras de su domicilio, el transporte público está reservado solamente para personal esencial y el Ejército controla las calles. Aún así, están teniendo picos de contagios.

Andrews dijo que la obligatoriedad de vacunas para trabajadores es “de importancia crítica” para garantizar que los casos no abrumen al sistema hospitalario. “Simplemente no les haré eso a nuestras enfermeras, a nuestros médicos, a todos nuestros equipos de profesionales de la salud dedicados”.

“No se lo haré a los pacientes que no tienen COVID-19 que deberían poder esperar que, si tienen un ataque cardíaco, puedan recibir la atención que necesitan y si están involucrados en un terrible accidente de tránsito, que pueden recibir la atención que necesitan”.

El mandato no abarcará a quienes trabajen desde su casa, pero en total son 1,25 millones de personas que actualmente están trabajando en oficina o en planta y deberán vacunarse.

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Australia

Dictadura Sanitaria en Australia: ¿Qué está pasando en la cuarentena más brutal del mundo?

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¿No tenés barbijo? Preso. ¿Protestas pacíficamente contra la cuarentena? Preso. ¿No te vacunaste y queres ir a trabajar? Preso. Australia ha descendido en un Estado policial donde el coronavirus ha pasado a un segundo plano y lo único que importa es refinar el poder de control estatal.

La policía antidisturbios dispara balas de goma contra manifestantes. Los perros rescatados son sacrificados para evitar que los voluntarios viajen a recogerlos. Toques de queda nocturnos y una hora de ejercicio al día. Límites de salida de cinco cuadras. Soldados patrullando los suburbios para hacer cumplir la cuarentena. Personas arrestadas por andar sin barbijo. Campos de concentración para los que dan positivo.

Esta es la “nueva normalidad” de Australia, uno de los países más liberales del mundo hasta este año.Totalitarismo”, dice Tucker Carlson. “Australia ha perdido su mente”, argumenta Ben Shapiro. “Si invadimos Australia seremos recibidos como libertadores“, ironiza Jack Posobiec. “Por qué seguimos manteniendo relaciones diplomáticas con este país”, se pregunta Ron DeSantis.

¿Covid-19 realmente ha convertido una de las democracias más antiguas del mundo en una dictadura de salud distópica? Nos adentraremos en un país que se ha convertido en tiempo récord en una dictadura, no porque haya habido un golpe de Estado o una rotura del orden constitucional, si no porque el gobierno democráticamente electo ha decidido descender en el autoritarismo absoluto.

Primero, entendamos mejor la crisis actual. Australia ha sido víctima tanto de su éxito como de su fracaso en la lucha contra el virus chino. Australia ha tenido solamente 1.290 muertes por Covid desde que empezó la pandemia. Con una población de 26 millones de personas, esto quiere decir que hubo tan solo 5 muertes cada 100.000 personas. Claramente, no existe tal cosa como una crisis sanitaria en Australia.

Sin embargo, las autoridades argumentan que han logrado mantener estos números tan bajos debido a las estrictas medidas sanitarias que implementaron, con total desprecio de los derechos humanos y las libertades civiles de sus ciudadanos. Pero para los gobernantes de Australia, el fin sin dudas justifica los medios.

El aplanamiento de la curva fue tan exitoso a principios de la pandemia, que impulsó la transición a la estrategia de “Covid cero”. El gobierno australiano actualmente está en manos del Partido Liberal, del derechista Scott Morrison. A pesar de su constante argumentación en favor del respeto de las libertades individuales, Morrison se dejó guiar por las encuestas y por un relato construido por los medios, y con el objetivo puesto en el “Covid cero”, le dio todo el poder a los gobiernos regionales para que sometan a la población a dictaduras sanitarias.

En teoría, Morrison no ha sido responsable más que de cerrar las fronteras nacionales desde marzo del 2020. Pero su gobierno ha avalado las peores atrocidades ejecutadas por los mandatarios locales, e incluso ha movilizado al Ejército Nacional para que apliquen las restricciones decretadas por los gobernadores.

El centro de esta distopia es el Estado de Victoria, donde se ubica Melbourne, la segunda ciudad más importante del país. Mientras en otras partes del país el Covid es cosa del pasado, incluso habiendo abierto los cines, teatros y estadios de fútbol, en Melbourne están viviendo una realidad que solo se ha visto en China.

Hace dos meses que Melbourne está bajo cuarentena total. La gente no puede ir a trabajar excepto profesional esencial, las líneas de transporte público están controladas estrictamente por el Ejército para que no se suba nadie que no sea esencial. Los policías hacen visitas diarias a las personas para confirmar que no estén violando la cuarentena, y la ciudad se ha convertido en un pueblo fantasma. Todo esto mientras un 70% de la población ya está vacunada.

Aún así, Melbourne informó este jueves 1.438 casos nuevos de Covid, el número más alto desde que empezó la pandemia. ¿Cómo puede ser que semejante cuarentena no frene la transmisión del virus? En Argentina se habló mucho de que los casos subían a pesar de la cuarentena extrema porque la Policía apenas si controlaba y la gente no respetaba las medidas autoritarias del gobierno. Pero esto no está pasando en Australia, donde se calcula que el grado de cumplimiento de la cuarentena es del 98%.

Claramente la vacuna no inmuniza contra la variante Delta. Pero más allá de eso, la moraleja de esta historia es que la cuarentena no sirve para lograr el objetivo de “Covid cero”. Las personas recluidas no desarrollan sus sistemas inmunológicos, y la inmunización de rebaño queda anulada completamente.

Marchas en contra y una población de ovejas

Si bien hay marchas en contra de la cuarentena prácticamente todos los días, con una Policía brutal que golpea y arresta a los manifestantes, que son luego imputados como terroristas por estar en una “emergencia sanitaria”, la gran mayoría de la población apoya estas medidas restrictivas.

A pesar de toda la locura estatal, Australia sigue siendo una democracia, y si realmente hubiera una mayoría absoluta en el Estado de Victoria que se oponga a estas restricciones, no habría manera de frenarla. Pero no la hay.

Varias elecciones estatales entre 2020 y 2021 han dado cómodamente la reelección a candidatos con propuestas de actuar con todavía más dureza contra el Covid. En Victoria, donde gobierna el Partido Laborista de izquierda, las encuestas sugieren solo una pequeña caída en el apoyo, no lo suficiente desbancar a la administración, mientras el consenso del oficialismo y de la oposición es que la cuarentena es buena.

La realidad es que, a pesar de tener un altísimo índice de libertad, Australia simplemente no posee ni nunca poseyó una veta libertaria tan fuerte como hay en, por ejemplo, Estados Unidos. A pesar de todas las bromas sobre haber sido una “nación de convictos”, los australianos siempre han sido mucho más estatistas y en deuda con la autoridad que los estadounidenses.

El síndrome de Fauci – que en Argentina conocemos como el síndrome Pedro Cahn – también es fuerte en Australia: los expertos en salud y los burócratas han obtenido una fama, poder e influencia sin precedentes, y continúan siendo uno de los principales impulsores de las restricciones más ridículas. El sector de científicos y becarios que cada vez depende directa o indirectamente más de los contribuyentes ha sido bien cuidado durante la pandemia, y ellos han cumplido su parte recorriendo los medios y hablando en favor de un Estado totalitario que evite todos los contagios.

Es solo una minoría de australianos que están desesperados por el aislamiento, los encierros, las restricciones de viaje y la desaparición de sus medios de vida. Las industrias de servicios, en particular la hotelería, han sido las más afectadas por los cierres forzosos y otras restricciones, y se argumenta que si no fuera por las ayudas estatales, colapsaía completamente. 

El grifo abierto del dinero federal ha permitido a los gobiernos estatales, en su mayoría en manos de la oposición de izquierda, llegar a los extremos; en cualquier caso, la circunscripción de los pequeños distritos de derecha es la que más está sufriendo. Pero la economía continúa avanzando, mientras la impresora de dinero en Canberra produce decenas de miles de millones para sostener la casa de papel.

Los “casos aislados” de brutalidad policial en Australia

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Australia

Dictadura en Australia: Nueva Ley de Seguridad le otorga acceso a todas las cuentas de redes sociales a la Policía

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Para censurar las críticas a la gestión de la pandemia, el gobierno aprobó de manera exprés una ley que le permite a la Policía intervenir cualquier usuario en línea del país, incluso publicando contenido en su nombre.

El gobierno australiano ha aprobado de manera fugaz un proyecto de ley en el Parlamento en tan solo 24 horas, que faculta a la Policía a exigirle los datos personales de los usuarios de cualquier empresa que opere en Internet, de personas sospechadas de estar cometiendo un crimen.

Si bien uno puede pensar que el objetivo de esta ley es reducir la inseguridad y facilitar las investigaciones policiales, la medida tiene como máximo objetivo censurar el contenido en redes sociales que “divulgue información falsa” sobre la pandemia, algo que está tipificado como un delito en Australia.

A través de esta nueva ley, la Policía podrá modificar o eliminar datos, tomar el control de las cuentas de las redes sociales y recopilar la actividad de la red en la medida en que lo consideren necesario para continuar con sus investigaciones. 

Estos nuevos poderes policiales fueron vendidos como una “necesidad” para “ponerse al día” en la capacidad de luchar contra el crimen en línea, pero el objetivo represivo de la libertad de expresión en Internet es claro.

La senadora Lidia Thorpe llamó al proyecto de ley un “abuso de poder cibernético”, y aseguró que es el único país del primer mundo con una ley así. “El proyecto de ley no identifica ni explica por qué estos poderes son necesarios y nuestros aliados en los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda no otorgan estos derechos a las fuerzas del orden, escribió en una publicación de su blog.

Titulado “Proyecto de Ley 2021 de Enmienda de la Legislación de Vigilancia (Identificar y Desarticular)“, la legislación otorga a la policía el poder de obtener tres nuevas órdenes:  

  1. Órdenes de interrupción de datos: esto permite a la policía modificar o eliminar por completo los datos en línea de un “sospechoso”; 
  2. Órdenes de limitación de actividad en la red: la policía puede obtener información almacenada en las computadoras de un sospechoso, junto con las redes sociales del sospechoso y los usuarios vinculados al individuo;  
  3. Órdenes de toma de posesión de cuenta: la policía puede tomar el control de las redes sociales y las cuentas en línea de un sospechoso.

Para obtener estas órdenes judiciales, no es necesario que la policía busque la autoridad de un juez. En cambio, la policía simplemente tiene que solicitarlos al Tribunal Administrativo de Apelaciones, un órgano de revisión dentro del gobierno que revisa de forma independiente las decisiones tomadas por los funcionarios. Esto hará que sea mucho más fácil obtener órdenes judiciales para la recopilación o modificación de datos sin justificación ante un juez. 

La ley fue impulsada por el gobierno del conservador Scott Morrison, quien desde que comenzó la pandemia ha implementado medidas de extrema izquierda autoritaria. Lamentablemente para estas medidas no hay oposición en Australia, ya que los laboristas, el partido de oposición, también apoyaron este proyecto de ley, afirmando.

El proyecto de ley entrará en vigor una vez que haya recibido el Asentimiento Real, generalmente entre 5 y 10 días hábiles después de su aprobación. Estará en vigor durante cinco años, después de lo cual se realizará una revisión. 

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