Para algunos legisladores resulta llamativo que el gobierno destine estos montos en un momento en el que el país enfrenta problemas urgentes. La inversión anunciada recientemente para la construcción de consultorios vecinales en El Alto apenas alcanza los 29 millones de bolivianos, menos de la mitad de lo destinado a las sedes sindicales.
La oposición ha denunciado que esta es una estrategia para comprar la lealtad de dirigentes y evitar fracturas dentro de las organizaciones sociales. El diputado Enrique Urquidi, de Comunidad Ciudadana, afirmó que esta práctica no es nueva y que Evo Morales también la utilizó para asegurar el respaldo de sectores clave. Según Urquidi, la entrega de sedes, así como de otros beneficios, ha convertido a estos grupos en una extensión del oficialismo.
Desde el evismo también surgieron críticas. El diputado Héctor Arce descaradamente admitió que estas construcciones se iniciaron durante la gestión de Morales, pero en ese entonces cumplían una función social. Según el parlamentario ahora solo sirven para dividir a las organizaciones y mantener el control político. Esta postura pone en evidencia que el uso de recursos públicos con fines políticos no es una práctica nueva, sino una estrategia que se ha mantenido y evolucionado con el tiempo.
