La Derecha Diario Crisis económica: el Gobierno anunció prebendas para organizaciones sindicales
El régimen considera urgente la entrega de obras a estos sectores con la mirada puesta en las elecciones de agosto.
El país atraviesa una crisis económica y escasez de recursos para atender problemáticas urgentes. A pesar de esto el régimen de Luis Arce ha destinado más de 63 millones de bolivianos para la construcción y refacción de sedes sindicales. Esta decisión ha generado críticas desde distintos sectores políticos y sociales, quienes consideran que se trata de una estrategia para asegurar el respaldo de organizaciones afines al Movimiento al Socialismo (MAS).
La revisión de contratos publicada en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) muestra las intensiones del masismo. Los principales beneficiados con estos recursos son organizaciones que forman parte del Pacto de Unidad, un conglomerado de sectores que tradicionalmente ha respaldado al régimen.
La Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia, fue la encargada de canalizar los fondos para estas construcciones. Esto refuerza las sospechas sobre la intencionalidad política de las obras.
El 31 de diciembre se firmó un contrato para la construcción de un centro de capacitación para la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia. Esta obra tiene un costo de más de 3 millones de bolivianos. A este se suman otros proyectos, como la construcción de sedes para la Central Obrera Departamental de La Paz y el Sindicato de Transporte Mixto Germán Busch, entre otras organizaciones.
Para algunos legisladores resulta llamativo que el gobierno destine estos montos en un momento en el que el país enfrenta problemas urgentes. La inversión anunciada recientemente para la construcción de consultorios vecinales en El Alto apenas alcanza los 29 millones de bolivianos, menos de la mitad de lo destinado a las sedes sindicales.
La oposición ha denunciado que esta es una estrategia para comprar la lealtad de dirigentes y evitar fracturas dentro de las organizaciones sociales. El diputado Enrique Urquidi, de Comunidad Ciudadana, afirmó que esta práctica no es nueva y que Evo Morales también la utilizó para asegurar el respaldo de sectores clave. Según Urquidi, la entrega de sedes, así como de otros beneficios, ha convertido a estos grupos en una extensión del oficialismo.
Desde el evismo también surgieron críticas. El diputado Héctor Arce descaradamente admitió que estas construcciones se iniciaron durante la gestión de Morales, pero en ese entonces cumplían una función social. Según el parlamentario ahora solo sirven para dividir a las organizaciones y mantener el control político. Esta postura pone en evidencia que el uso de recursos públicos con fines políticos no es una práctica nueva, sino una estrategia que se ha mantenido y evolucionado con el tiempo.
¿Cuál es la urgencia del masismo?
La senadora Cecilia Requena lamentó que el gobierno argumente falta de recursos para enfrentar problemas ambientales y sociales. Pero destina millones a sectores vinculados con actividades perjudiciales para el país. La parlamentaria denunció que parte de estas organizaciones han sido señaladas por contribuir a la depredación del medioambiente y el avasallamiento de tierras.
Más allá de la construcción de sedes, también se han detectado irregularidades en la adjudicación de contratos. Un caso particular es el de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
En menos de dos años recibió dos adjudicaciones distintas para la construcción de su sede en La Paz. El monto de cada una supera los 9 millones de bolivianos. Hasta la fecha, no se ha explicado por qué se adjudicó nuevamente el proyecto a otra empresa.
Los críticos sostienen que el MAS ha convertido a las organizaciones sociales en estructuras burocráticas al servicio del poder, despojándolas de su función de representación de las bases. La entrega de prebendas y beneficios ha desnaturalizado estos sectores, transformándolos en un mecanismo de control político.
El impacto de estas prácticas trasciende lo económico. La cooptación de dirigentes y la creación de organizaciones paralelas debilitan la participación ciudadana y consolidan un modelo de poder basado en la dependencia de favores estatales. Esta dinámica solo busca perpetuar un sistema en el que el acceso a recursos públicos está condicionado a la lealtad política.
La designación de recursos para sedes sindicales en un contexto de crisis económica y necesidades urgentes pone en entredicho las verdaderas prioridades del gobierno. Estas acciones parecen responder a una estrategia de supervivencia política que busca consolidar el control del MAS sobre sus bases, en detrimento del interés público y del desarrollo del país.
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