Las recientes inundaciones en Bolivia han dejado un saldo trágico de 30 personas fallecidas, cinco desaparecidas y más de 126.000 familias afectadas, según informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.
Esta situación es un reflejo de la incompetencia del gobierno central y de las alcaldías, que han fallado sistemáticamente en la prevención de desastres naturales.
A pesar de que las inundaciones y sequías son fenómenos recurrentes en el país, las autoridades continúan actuando de manera improvisada y reactiva en lugar de implementar políticas sostenibles y de largo plazo.
Una respuesta tardía e insuficiente: el reflejo de un Estado fallido
Aunque el gobierno ha destinado más de Bs1,2 millones en ayuda humanitaria y ha movilizado a 2.845 efectivos en operaciones de rescate, estas acciones son insuficientes frente a la magnitud de la tragedia.
Se trata de medidas tardías que solo buscan apaciguar la indignación popular sin abordar el problema de raíz. El Estado boliviano, bajo el liderazgo de Arce y el MAS, se ha convertido en una máquina de improvisación, reaccionando ante las crisis con parches temporales en lugar de prevenirlas con una visión de futuro.
