La crisis financiera en el Órgano Judicial se ha agravado. La institución declaró emergencia presupuestaria debido a un déficit de 140 millones de bolivianos. Según sus autoridades, esta situación pone en peligro la ya cuestionada independencia judicial y la atención a la población.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que el recorte presupuestario ha impedido la recontratación de personal eventual. Explicó que muchos funcionarios que realizaban notificaciones y recibían trámites no han podido ser reincorporados tras el vencimiento de sus contratos.
En departamentos como Beni y Santa Cruz, el impacto es significativo. Saucedo detalló que en Beni ya no hay personal disponible para la notificación de documentos. En Santa Cruz, donde se requerían 80 funcionarios para atender las plataformas judiciales, solo quedan 15 operando.
Los representantes del TSJ, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM) expresaron su preocupación en una conferencia de prensa. Aseguraron que sin recursos suficientes, el acceso a la justicia será más limitado.
Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura, indicó que sin presupuesto no se pueden implementar reformas ni mejoras en el sistema judicial. Agregó que la emergencia presupuestaria es una prioridad antes de cualquier otro cambio estructural.
La institución también exigió al Ministerio de Economía una asignación presupuestaria justa. Actualmente, el presupuesto del Órgano Judicial representa menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado (PGE). Las autoridades judiciales demandan al menos el 3% para garantizar su funcionamiento.
La crisis presupuestaria también afecta la modernización del sistema judicial. Saucedo informó que la digitalización de los tribunales departamentales de justicia podría retrasarse por la falta de fondos.
El Órgano Judicial ha tomado medidas drásticas para visibilizar su problema. Esta semana, anunció su retiro de la Comisión 898, encargada de hacer seguimiento a la reforma judicial. Argumentó que la comisión no prioriza la crisis financiera de la institución.
Según Saucedo, sin recursos suficientes no se podría hablar de nuevas reformas o la creación de juzgados. Afirmó que el funcionamiento del órgano depende de la contratación de más personal y la mejora de infraestructuras.
