La Derecha Diario Órgano judicial advirtió que la falta de recursos amenaza la independencia judicial
La institución de justicia señalo que ya no cuenta con presupuesto necesario para continuar funcionando.
La crisis financiera en el Órgano Judicial se ha agravado. La institución declaró emergencia presupuestaria debido a un déficit de 140 millones de bolivianos. Según sus autoridades, esta situación pone en peligro la ya cuestionada independencia judicial y la atención a la población.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que el recorte presupuestario ha impedido la recontratación de personal eventual. Explicó que muchos funcionarios que realizaban notificaciones y recibían trámites no han podido ser reincorporados tras el vencimiento de sus contratos.
En departamentos como Beni y Santa Cruz, el impacto es significativo. Saucedo detalló que en Beni ya no hay personal disponible para la notificación de documentos. En Santa Cruz, donde se requerían 80 funcionarios para atender las plataformas judiciales, solo quedan 15 operando.
Los representantes del TSJ, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM) expresaron su preocupación en una conferencia de prensa. Aseguraron que sin recursos suficientes, el acceso a la justicia será más limitado.
Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura, indicó que sin presupuesto no se pueden implementar reformas ni mejoras en el sistema judicial. Agregó que la emergencia presupuestaria es una prioridad antes de cualquier otro cambio estructural.
La institución también exigió al Ministerio de Economía una asignación presupuestaria justa. Actualmente, el presupuesto del Órgano Judicial representa menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado (PGE). Las autoridades judiciales demandan al menos el 3% para garantizar su funcionamiento.
La crisis presupuestaria también afecta la modernización del sistema judicial. Saucedo informó que la digitalización de los tribunales departamentales de justicia podría retrasarse por la falta de fondos.
El Órgano Judicial ha tomado medidas drásticas para visibilizar su problema. Esta semana, anunció su retiro de la Comisión 898, encargada de hacer seguimiento a la reforma judicial. Argumentó que la comisión no prioriza la crisis financiera de la institución.
Según Saucedo, sin recursos suficientes no se podría hablar de nuevas reformas o la creación de juzgados. Afirmó que el funcionamiento del órgano depende de la contratación de más personal y la mejora de infraestructuras.
Las filas en los tribunales han aumentado por la reducción de personal. Litigantes denuncian demoras en sus procesos judiciales debido a la falta de funcionarios encargados de la atención al público.
¿La situación no se resolvió a principios de año?
A principios de año, el Órgano Judicial ya enfrentaba una crisis similar. Recibió un presupuesto insuficiente y acumulaba un déficit de 149 millones de bolivianos. La iliquidez afectó la atención en juzgados y tribunales de todo el país.
La falta de recursos también ha frenado la creación de nuevos juzgados para poder atender a la población. Varias regiones requieren más jueces y tribunales.
Sin presupuesto, estos proyectos quedan suspendidos. Esto perjudica el acceso a la justicia para miles de ciudadanos.
Desde 2022, organismos internacionales han advertido sobre la crisis judicial en Bolivia. La ONU señaló que el sistema de justicia está "lejos de la gente" y requiere cambios urgentes. Sin los recursos necesarios, las reformas necesarias para tender a la población son inviables.
El Gobierno no ha dado respuestas concretas a las demandas del Órgano Judicial. Hasta el momento, no se han realizado incrementos presupuestarios.
Las autoridades judiciales insisten en la urgencia del tema. Advirtieron a las autoridades del régimen que sin presupuesto, el colapso del sistema es inminente.
La crisis también afecta la recaudación de ingresos propios del Órgano Judicial. Al no contar con personal suficiente, se han reducido los trámites que generan recursos. Esto agrava la situación financiera.
El Órgano Judicial insiste en que sin garantías presupuestarias, no puede garantizar la independencia judicial. Solicita una reunión urgente con Luis Arce para buscar soluciones inmediatas.
Las autoridades judiciales esperan que el Gobierno masista atienda sus demandas. Advierten que, de no recibir una respuesta oportuna, la situación podría empeorar en los próximos meses. La falta de acción refleja la crisis económica que atraviesa el país.
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