La justicia provincial detuvo, ademas, a varias autoridades de instituciones de la construcción por presuntas maniobras fraudulentas y entorpecimiento.
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La fiscalía a cargo de Enrique Gavier ordenó la detención de múltiples autoridades de entidades profesionales de Córdoba tras detectar graves maniobras de entorpecimiento procesal. Esta investigación judicial examina presuntos hechos de defraudación por administración fraudulenta cometidos en el ámbito de la Caja de Previsión de Profesionales de la Construcción. Los operativos policiales incluyeron diversos allanamientos en viviendas particulares y en las sedes de instituciones como el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba.
El decreto emitido por el Ministerio Público Fiscal detalla las medidas restrictivas adoptadas contra cinco personas específicas vinculadas a la administración de los colegios profesionales de la región. Entre los arrestados se encuentra Nicolás Luis Paulín, quien se desempeña formalmente como el presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba. La resolución judicial también ordenó la captura de Inti Manuel Smith debido a conductas obstructivas y por haber salido del territorio provincial sin autorización legal.
La lista de personas con órdenes de detención se completa con Carmen Encarnación Rodríguez, señalada por obstaculizar el expediente desde su función directiva institucional. Asimismo, las autoridades judiciales arrestaron a Luis Adán Calderón por interferir en la causa y brindar un domicilio falso que no correspondía con su residencia real. La medida también alcanzó a Liliana Rosa Scaglia, quien ejerce como vocal suspendida del Directorio de la Caja de Previsión por supuestos contactos indebidos con empleados y profesionales.
Enrique Gavier, fiscal de la causa
Nuevas imputaciones en la causa judicial
El avance de las pesquisas conducidas por el fiscal Enrique Gavier permitió documentar el incumplimiento de las reglas de conducta que se habían impuesto previamente a determinados acusados durante los meses de junio y julio. Debido a estas transgresiones procesales y al riesgo latente sobre el expediente, el magistrado consideró indispensable materializar las detenciones en el marco de las actuaciones sumariales en curso. El interventor judicial de la Caja de Previsión de Profesionales de la Construcción, Pablo Artino, aportó los elementos probatorios necesarios para fundamentar el pedido de captura.
Además de los arrestos concretados, la resolución judicial dispuso formalizar una nueva imputación contra Pablo Antonio Calapiña por el presunto delito de encubrimiento, ordenando su identificación y citación legal. El expediente menciona también a otras figuras relevantes como Gustavo Noé Mícolo y Ana Margarita Ruzycki, además de involucrar al exsecretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, Diego Peralta. Este último funcionario municipal había sido imputado formalmente en el mes de julio y posteriormente solicitó una licencia laboral sin goce de sueldo.
Las medidas adoptadas por la justicia de Córdoba buscan preservar la recolección de pruebas dentro de una investigación que continúa sumando elementos sobre las irregularidades financieras detectadas. Las instituciones profesionales involucradas y los representantes legales de los acusados siguen de cerca el desarrollo de las diligencias procesales dispuestas por la fiscalía interviniente. Mientras tanto, las autoridades judiciales analizan los nuevos documentos incorporados al expediente para esclarecer completamente las responsabilidades administrativas y penales de todos los involucrados.
