El Coys, en descubierto y bajo apriete gremial: el escándalo que desnuda a Passerini
El director del COyS, Santiago Pinsiroli denunció aprietes por parte del intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y el escándalo por presuntas irregularidades continúa en aumento.
Tras 14 allanamientos, el presidente del ente denunció que el intendente le pidió pagar horas extras cuestionadas, de las que solo unas 500 de 4.500 se justificaban.
El escándalo judicial en el Coys escala y ya golpea de lleno a la gestión de Daniel Passerini. El presidente del ente, Santiago Pinsiroli, acusó al intendente de haberle pedido que autorizara el pago de horas extras que considera irregulares y que él mismo ya había denunciado ante la Justicia. Lo hizo después de los 14 allanamientos ordenados el miércoles por el fiscal Anticorrupción Matías Bornancini.
"El intendente me llamó y me dijo que tenía que pagar esas horas, armar un operativo especial para pagarlas", sostuvo Pinsiroli, quien aseguró que se negó a firmar y que volvió a discutir con Passerini el viernes anterior. Reconoció que no recibió un pedido explícito de renuncia, aunque su continuidad quedó en duda, y dijo sentirse abandonado: "Estoy solo. Vivo en un infierno".
El funcionario relató además que, antes de la visita del papa León XIV, representantes sindicales presionaron con afectar los servicios urbanos y que funcionarios del Ejecutivo municipal les habrían prometido pagar las horas cuestionadas después del operativo. Aclaró que el trabajo de cuatro días durante la visita fue bien hecho. Pero denunció un intento de usarlo como argumento para liquidar las horas extras de octubre: "Quieren pagar esa plata con otro nombre".
El director del COyS, Santiago Pinsiroli, junto al intendente de Córdoba, Daniel Passerini.
Horas extras del Coys: los números que destapó la auditoría
La estructura del organismo ronda los 1.600 empleados y el 92% de su presupuesto corresponde a personal. Al revisar los sueldos, Pinsiroli detectó que alrededor de 100 trabajadores percibían remuneraciones extraordinariamente elevadas, algo que, aclaró, no representa a la mayoría. Según su versión, los principales beneficiarios eran trabajadores cercanos a la conducción del Surrbac, que tenía capacidad de decisión sobre el reparto de las horas extraordinarias.
El convenio aplicable fija un máximo de 30 horas extras mensuales y 200 anuales por trabajador, pero se detectaron casos de 250 horas en un solo mes o mil en el año. Desde el 1 de octubre se exige solicitar cada hora con documentación respaldatoria, y el resultado fue contundente: se reconocieron unas 500 horas justificadas frente a aproximadamente 4.500 que se pretendían liquidar. El monto cuestionado asciende, según Pinsiroli, a 155 millones de pesos.
Los relojes móviles de marcación funcionan en 13 cajas de barrido de unos 22 trabajadores cada una, y los registros para verificar las horas podían demorar entre dos y tres semanas. Pinsiroli afirmó que unos 80 empleados administrativos responden al sindicato, lo que complicaba el acceso a la documentación. "El sindicato tiene poder de fuego y ese poder viene de hace años", denunció, y habló también de complicidad de gente del Ejecutivo, sin dar nombres.
Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBaC)
Un ente en descubierto y una Córdoba capital abandonada
La situación financiera es otro frente abierto: "El COyS es una bomba que no llega a pagar los sueldos. Está en descubierto todo el tiempo", afirmó Pinsiroli. Denunció que se adelantan fondos de aportes sindicales a principios de mes, o incluso antes, mientras hay dificultades para cumplir con proveedores y organismos recaudadores, y atribuyó esos adelantos a presiones gremiales.
Los aprietes también llegaron a lo personal: Pinsiroli confirmó mensajes intimidatorios por Instagram y amenazas que motivaron una custodia policial permanente, y habló de su preocupación por su familia. Los allanamientos alcanzaron dependencias del organismo, sedes del Surrbac y ocho domicilios de gerentes vinculados al sindicato. Agradeció el respaldo de la oposición y lamentó el silencio del oficialismo: "Nadie sale a hablar por mí".
Mientras tanto, el servicio no mejora: "Cada vez la ciudad es más rehén, cada vez está más sucia y cada vez se gasta más", sostuvo el funcionario. El cuadro que dibujan estas declaraciones, que la Justicia deberá confirmar, es el de un gremio con capacidad de apriete, un gasto que se disparó y una gestión que, según su propio presidente del ente, no lo respaldó ni controló a tiempo. La responsabilidad individual de cada involucrado, en tanto, deberá determinarla la Justicia.