La fiscal Jorgelina Gómez resolvió postergar la tercera entrevista psicológica al sacerdote, después de que sus abogados denunciaran hostigamiento y presentaran un certificado médico.
La tercera entrevista psicológica pericial al cura Nicola, prevista para este jueves 10 de septiembre, quedó suspendida por disposición de la fiscal Jorgelina Gómez. La medida se resolvió a partir de una presentación de los defensores del religioso, en el marco de la causa por presuntos abusos sexuales cometidos en el jardín de infantes parroquial Niño Dios, de Villa Carlos Paz.
El pedido de la defensa, a cargo de los abogados Joaquín Martínez Paz y Eliseo D. Videla, se sustentó en lo ocurrido el lunes pasado, cuando Nicola concurrió a Tribunales II para la segunda de las pericias programadas. A la salida del edificio, madres de las presuntas víctimas lo increparon en las escaleras y cronistas le consultaron si se consideraba inocente; el sacerdote evitó pronunciarse sobre el fondo del expediente y remitió cualquier declaración a sus abogados.
Según el decreto firmado por Gómez, la defensa atribuyó a esa secuencia un cuadro de "estrés e hipervigilancia" que, sostuvieron, comprometería la disponibilidad psíquica necesaria para afrontar la evaluación pericial, y respaldó ese planteo con un certificado médico.
La resolución judicial reconoció a la fiscalía la responsabilidad de velar por la regularidad del proceso y de garantizar condiciones adecuadas de tranquilidad y seguridad tanto para las partes como para los profesionales que intervienen en la pericia. Con ese argumento, Gómez consideró prudente suspender el encuentro hasta reunir mayores precisiones sobre la aptitud psicofísica del sacerdote.
La fiscal exigió además a la defensa que presente un informe médico actualizado sobre el estado de salud de Nicola, un paso clave para definir una nueva fecha para la entrevista pendiente. El texto oficial también dejó constancia de otro pedido de la defensa, vinculado con la preservación de filmaciones de cámaras de seguridad.
La decisión se produce en medio de un reclamo creciente de las familias denunciantes, que llevan 17 meses de investigación sin una imputación formal contra el sacerdote. La causa acumula 13 denuncias y seis cámaras Gesell realizadas a menores, y la postergación de las pericias reabre el cuestionamiento de los abogados querellantes sobre los tiempos que lleva el expediente bajo secreto de sumario.
