La Legislatura de la provincia de Córdoba tratará en la sesión del próximo miércoles la cobertura del Juzgado Electoral con competencia en los comicios de 2027 y la reforma procesal para adaptar el sistema local a la normativa penal juvenil nacional. El bloque del Partido Justicialista impulsará la aprobación del pliego enviado por el Poder Ejecutivo para nombrar al exsecretario legislativo Guillermo Arias en reemplazo de la magistrada saliente Marta Vidal. La propuesta legislativa cuenta con la adhesión de sectores de la oposición provincial, mientras que la bancada del Frente Cívico manifestó formalmente su rechazo a la designación.
El legislador provincial Walter Nostrala, representante del Frente Cívico, fundamentó la postura contraria de su espacio al señalar reparos sobre la transparencia institucional del procedimiento de selección administrativa. Asimismo, Nostrala añadió cuestionamientos vinculados a la trayectoria partidaria del postulante propuesto para fiscalizar los comicios provinciales. El parlamentario opositor expresó: “Pedimos con tiempo que el Consejo de la Magistratura transparente las entrevistas de los postulantes a juez electoral, transmitiéndolas en vivo para que se pueda seguir esa instancia. Se negaron”.
Por su parte, el jefe de bancada del oficialismo, Miguel Torres, rechazó las objeciones planteadas por la oposición señalando que el concurso representó un proceso serio y transparente donde el postulante obtuvo el primer lugar en el orden de mérito. El representante parlamentario destacó que el candidato cuenta con la capacitación indispensable para la función asignada. En tanto, el legislador provincial Alfredo Nigro, de la Unión Cívica Radical, le pidió a Arias que “honre la magistratura como confiamos que lo va a hacer en un rol tan importante para la institucionalidad de Córdoba”.
Legislatura de Córdoba
Tratamiento del Régimen Penal Juvenil provincial
El plenario de las comisiones parlamentarias emitirá despacho para adecuar la Ley 11.035 al esquema nacional que establece la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años. El proyecto regula la intervención de los organismos jurisdiccionales y delimita las atribuciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en el territorio. La legisladora provincial Brenda Austin, representante de la Unión Cívica Radical, consideró que la propuesta resulta razonable al incorporar estándares de la Convención de los Derechos del Niño y jurisprudencia judicial.
No obstante, Brenda Austin remarcó que la aplicación efectiva del marco normativo requerirá recursos territoriales específicos e infraestructura en los centros asistenciales. La legisladora radical advirtió sobre la importancia de garantizar programas de inserción laboral junto a mecanismos de supervisión para evitar el fracaso del sistema procesal. Por su lado, el legislador provincial Oscar Agost Carreño, perteneciente al PRO, recordó la presentación de una iniciativa propia formulada en mayo de este año que busca unificarse con el texto oficial.
Asimismo, Oscar Agost Carreño propuso incorporar plazos determinados para dictar la ejecución penal e instrumentar informes con datos estadísticos anuales dirigidos a la Legislatura. Desde la bancada oficialista, el legislador provincial Juan Manuel Llamosas confirmó la existencia de consensos avanzados surgidos del trabajo técnico realizado en la mesa interinstitucional. Las autoridades parlamentarias prevén consolidar el texto definitivo durante el debate en comisiones previo a la votación en el recinto.
