Las tres partes querellantes del proceso civil iniciado por el siniestro vial en las Altas Cumbres formalizaron un reclamo indemnizatorio conjunto por $11.776 millones contra el exlegislador Oscar Gonzálezy el Gobierno de la Provincia de Córdoba. El abogado defensor Eduardo Santiago Caeiro informó sobre la cifra del pedido formulado dentro de la causa judicial que investiga la colisión automovilística. El monto total de las exigencias equivale a U$S7,7 millones según la cotización oficial informada al 8 de septiembre dentro de los tribunales de la provincia.
La presentación económica abarca el resarcimiento solicitado por las familias tras el impacto vial acontecido el 29 de octubre de 2022 en Traslasierra. En el incidente falleció Alejandra Bengoa, mientras que las jóvenes Marina Szulewicz y Alexa Miranda sufrieron lesiones físicas graves. La documentación remitida al juzgado omite la identificación individualizada de las 3 demandantes y no desglosa los montos correspondientes a cada pretensión particular dentro de las actuaciones.
La asignación de los valores demandados continuará sujeta al análisis probatorio de la cámara judicial encargada de resolver la responsabilidad patrimonial. Los magistrados evaluarán la documentación técnica suministrada para verificar si corresponde fijar una compensación monetaria definitiva. Asimismo, al importe de $ 11.776 millones exigido por las partes demandantes podrían adicionarse los intereses legales acumulados desde la fecha del choque y los costos del juicio.
La tragedia de Traslasierra ocurrió el 29 de octubre de 2022
Evaluación de las demandas y objeciones defensivas
El abogado defensor Eduardo Caeiro cuestionó los argumentos presentados por la querella y definió la cifra indemnizatoria requerida por las partes como "desproporcionada". La representación técnica del exlegislador anticipó que impugnará los montos solicitados y los parámetros utilizados para cuantificar los perjuicios económicos informados. Por su parte, la inclusión de las autoridades gubernamentales provinciales entre los codemandados responde a la imputación de eventuales responsabilidades patrimoniales sobre los fondos estatales.
El proceso penal ingresó en sus etapas definitivas para esclarecer las implicancias legales del choque y las consecuencias físicas derivadas del hecho. Los jueces intervinientes deberán expedirse de manera separada sobre la sanción penal correspondiente a Oscar González y la cantidad final de los resarcimientos civiles. La definición procesal sobre las demandas económicas dependerá estrictamente de las pericias médicas, contables y mecánicas ratificadas por los peritos oficializados dentro del expediente.
El fuero civil continuará recepcionando las observaciones formuladas por los apoderados legales de las víctimas antes de emitir la resolución correspondiente. El Tribunal mantendrá el análisis de los dictámenes técnicos para fundamentar de manera objetiva cualquier resolución económica aplicable a las partes. De esta forma, el juicio entra en su tramo decisivo para resolver de manera integral los reclamos presentados por los damnificados del choque ocurrido en el 2022.
