La novela del último mercado de pases que vinculó a Julián Álvarez con el Barcelona sigue dando de qué hablar, aunque lejos de las cifras millonarias que suelen acompañar este tipo de operaciones. Este miércoles, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvió sancionar al conjunto catalán con una multa de apenas 602 euros tras una denuncia del Atlético de Madrid por los contactos que habría mantenido con el delantero argentino mientras todavía tenía contrato vigente con el Colchonero.
El conflicto se originó a fines de julio, cuando el club madrileño decidió recurrir al organismo federativo al considerar que el Blaugrana había incumplido las normas que regulan las negociaciones por futbolistas profesionales. En ese momento, el futuro de la Araña era motivo de especulación y su posible salida rumbo al equipo catalán había generado tensión entre las instituciones.
El Colchonero sustentó su presentación en el Reglamento de Competiciones de la RFEF, que establece las condiciones que deben respetarse antes de iniciar conversaciones con un jugador que tiene contrato en vigor. La normativa señala que "el club que desee contratar a un/a futbolista profesional, deberá comunicar por escrito su intención al club en que aquel se halle adscrito antes de iniciar las negociaciones con el/la futbolista".
