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Economía

A 21 años de la crisis de 2001: La dramática salida de la Convertibilidad y el golpe institucional contra Cavallo y De la Rúa

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Hace dos décadas Argentina enfrentaba un proceso de crisis económica e institucional que desembocó en la salida de la Convertibilidad, la pesificación forzosa de los ahorros y la ruptura del orden económico de los 90. El hecho reintrodujo las políticas que hoy en día siguen provocando inflación y estancamiento.

Un 21 de diciembre de 2001 se produjo la caída del Gobierno del entonces presidente Fernando De la Rúa, luego de la renuncia forzada del ministro de Economía Domingo Cavallo dos días antes.

Se produjo un golpe institucional contra el Gobierno de De la Rúa apoyado por el duhaldismo y el alfonsinismo, y marcó un antes y un después en la política económica del país. Se marcó el fin de un orden económico moderno, sostenido sobre la base del Consenso de Washington, para dar paso al retorno de las viejas y obsoletas recetas dirigistas de la década de 1940. 

Dos décadas después Argentina está nuevamente en una crisis, y con un esquema económico y monetario diametralmente opuesto al que había en 2001. La reforma económica del año 2002 fue el puntapié inicial para la reintroducción del problema inflacionario en el país, la vuelta de las distorsiones de los precios de las tarifas, la vuelta del proteccionismo y el retorno de las retenciones a la exportación.

Las reformas socialistas de 12 años kirchneristas, la inacción de 4 años de Macri y estos tres últimos años de “neokirchnerismo” generaron las mismas catástrofes que la mala salida de la Convertibilidad.

La crisis financiera de 2001

Argentina había entrado en un período de recesión desde julio de 1998, una situación que comenzó por una detención súbita de capitales a países emergentes luego del default ruso, y se profundizó a partir de las condiciones internacionales adversas y la marcada devaluación del Real en Brasil.

El sistema de tipo de cambio fijo con el dólar impedía realizar ajustes sobre el cociente de precios relativos entre bienes exportables y bienes no transables, por lo que los shocks internacionales tuvieron un impacto recesivo. En aquél entonces, el gobierno argentino debería haber implementado un plan para la salida del “1 a 1”, que permita mayor flexibilidad para afrontar la crisis, pero no lo hizo.

Por lo que empezó como una recesión terminó por convertirse en una crisis financiera propiamente dicha, que marcaba sus primeros indicios entre octubre y noviembre del año 2000 a través de importantes retiros de depósitos del sistema bancario.

Se trataba de una corrida contra los bancos locales que habían mantenido grandes posiciones en títulos provinciales, los cuáles corrían el riesgo de transformarse en “activos basura” sin retorno. Y sin los debidos retornos, los bancos no perdieron las condiciones de liquidez como para afrontar el retiro de los ahorristas. 

El programa “Blindaje” aprobado en noviembre del 2000 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pretendía poner fin a la corrida bancaria, con el organismo actuando como prestamista de última instancia en el país.

Sin embargo, el Gobierno de Fernando De la Rúa no cumplió con las metas fiscales pautadas para el primer trimestre del 2001. Este escenario provocó una corrida bancaria tres veces superior a la anterior en marzo de 2001, y fue la primera en determinar una crisis financiera abierta.

A partir del mes de julio, las salidas de depósitos contra los bancos se masificaron y no dieron tregua casi ningún mes hasta diciembre, lo cuál en un contexto de tipo de cambio fijo provocó una profunda contracción económica.

En esa situación, el ministro de Economía José Luis Machinea, un economista radical con participación en la hiperinflación del gobierno de Alfonsín, es expulsado del equipo económico. En su lugar fue nombrado el liberal Ricardo López Murphy, quien duró tan solo 15 días en el cargo, luego de que presentara un plan de ajuste fiscal que De La Rúa no se animó a aplicar.

El 20 de marzo de 2001 asume Domingo Cavallo, el “padre de la Convertibilidad”, en un intento desesperado de De La Rúa por poner una figura con respaldo tanto empresarial como político para hacer el ajuste necesario.

Cavallo hasta ese momento era el político con mayor imagen positiva del país, y muchos hablaban de lo cerca que estaba de ser presidente en las eventuales elecciones de 2003 si se mantenía al margen de este caos.

Ya como ministro, Cavallo buscó la negociación de un paquete definitivo con el FMI para terminar así con la corrida bancaria de una vez por todas. El “Megacanje” y la “Ley de déficit cero” buscaron concretar una reestructuración exitosa con el FMI, pero el Fondo mantuvo posiciones volátiles entre las direcciones de Horst Köhler y Anne Krueger, y no facilitó un acuerdo en absoluto. 

En consecuencia y sin más alternativa, para diciembre Cavallo decretó el famoso “Corralito” por el cuál se limitaba el retiro de efectivo de los bancos hasta 250 dólares por semana. Esta medida buscaba ganar tiempo hasta el 15 de enero, momento en el cual se esperaba terminar el acuerdo con el FMI y normalizar el sistema financiero.

Es importante aclarar que el “Corralito” no implicó ni la devaluación, ni la confiscación de depósitos ni la pesificación asimétrica, todo esto aconteció un año después en el denominado “Corralón”, con Eduardo Duhalde como Presidente y Jorge Remes Lenicov como ministro de Economía.

La salida de la Convertibilidad y sus efectos

El 19 de diciembre Cavallo renuncia como ministro de Economía, y más tarde el 21 de diciembre Fernando De la Rúa abandona la presidencia. Su sucesor, Adolfo Rodríguez Saá, decidió decretar el default de la deuda externa, derrumbando así todos los esfuerzos realizados en 2001.

Más tarde, y presionado por grupos con poder de lobby, el presidente interino Eduardo Duhalde decretó el fin de la Convertibilidad el 6 de enero de 2002, al mismo tiempo en que se producía una pesificación forzosa y asimétrica de los depósitos bancarios, lo que se dio a conocer como el “Corralón”.

Se salió del “1 a 1”, y el Gobierno devolvió los depósitos en dólares que había acorralado en pesos, a razón de 3,08 pesos por dólar (número que salió de hacer $1,40 por dólar depositado más la inflación minorista que hubo en el período más una tasa de interés anual del 4%), destruyendo así los ahorros de los argentinos.

Esta acción no solo destruyó los ahorros de los depositantes en dólares, sino que socavó el poder adquisitivo de todos los salarios y jubilaciones a raíz de una violenta devaluación que superó el 300%.

En 2002, la economía mostró importantes dicotomías. Por un lado, se experimentó una álgida recuperación del sector externo y, por otro, se produjo una violenta contracción de la demanda interna a partir de la caída de los salarios y las jubilaciones.

La actividad económica tocó un piso en marzo de 2002, pero esto solo fue explicado por el aumento del saldo exportador tras la brutal devaluación. La demanda interna tocó fondo en septiembre de 2002 y se derrumbó un 9% desde el mes de diciembre de 2001.

Evolución de la demanda interna de la economía argentina, entre 1997 y 2003.

La tasa de pobreza con la medición de ese entonces, la EPH puntual del INDEC con la canasta de 1985, evidenció el caos social provocado por la salida desprolija y violenta de la Convertibilidad. La pobreza pasó del 38% en octubre de 2001 a más del 54% en 2002, y  con los valores de la EPH actual, la pobreza aumentó del 45,6% en 2001 al 65,5% después de la salida de la Convertibilidad.

La fuerte contracción de la demanda interna estranguló el tejido social del país. Aunque la recesión encontró un piso natural en 2002, gran parte de la misma fue explicada por el sector externo superavitario y el auge del turismo, y no por una recuperación en el consumo de los argentinos.

Incluso en la actualidad, el retorno a las políticas inflacionarias tras la salida de la Convertibilidad determinó un nivel salarial que sigue incluso por debajo del que había en 2001. Las consecuencias de abandonar las reglas de juego basadas en la estabilidad siguen causando estragos hoy en día.

El proceso inflacionario nacido en 2002 no pudo ser solventado por los sucesivos Gobiernos y sus distintos programas monetarios y fiscales, siendo así cómo se reintrodujo el nivel de desorganización económica que imperaba antes de las reformas de los ’90

Economía

Emisión cero: El BCRA elimina la emisión endógena generada por los pasivos remunerados y la inflación tiene los días contados

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El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la creación de la "Letra Fiscal de Liquidez" (LeFi) para abordar los desafíos fiscales y consolidar la emisión cero.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), a través de la Comunicación A 8060, ha decidido suspender la operación de pases pasivos a partir del 22 de julio. Esta medida implica que la Letra Fiscal de Liquidez (LeFi) se establecerá como el principal instrumento para gestionar la liquidez en el sistema bancario. La introducción de la LeFi forma parte de un esfuerzo continuo para fortalecer el balance del BCRA y eliminar la emisión monetaria generada de los pasivos remunerados.

El Director del BCRA explicó que esta nueva herramienta estará indexada a la tasa de política monetaria comunicada por el banco central. "Las entidades financieras podrán adquirir la LeFi diariamente y vender total o parcialmente su tenencia al BCRA", afirmó. Además, destacó que este mecanismo asegura una adecuada gestión de la liquidez según las necesidades económicas.

La migración de los pasivos remunerados hacia deuda del Tesoro Nacional, iniciada en mayo con la emisión de Letras a tasa fija por parte del Ministerio de Economía, ahora se completa con la implementación de la LeFi. Este avance representa un paso significativo hacia la eliminación de fuentes de emisión monetaria endógena, que han afectado negativamente la política monetaria y los esfuerzos por controlar la inflación. El Ministerio de Economía señaló que "el costo financiero del excedente de pesos será asumido de ahora en adelante por el Tesoro Nacional".

Para cubrir el costo financiero que pueda surgir, el Ministerio de Economía realizará un depósito en el Banco Central. Este proceso busca minimizar las distorsiones que los pasivos remunerados han causado en la política monetaria y refuerza el compromiso del BCRA de continuar reduciendo estas fuentes de emisión. Según el Directorio del BCRA, "la Letra Fiscal de Liquidez tendrá un plazo máximo de 1 año y solo podrá ser negociada entre las entidades financieras y el BCRA".

Además, el Directorio del Banco Central aseguró que la Letra Fiscal de Liquidez no será considerada para el límite de Financiamiento al Sector Público no Financiero, lo que permitirá una mayor flexibilidad en la gestión de la deuda pública y en la administración de la liquidez del sistema bancario. "Esto refleja el firme compromiso del BCRA de sanear su balance y fortalecer la estabilidad económica", destacaron desde la entidad.

En términos técnicos y operativos, la Comunicación A 8060 detalla que la Letra Fiscal de Liquidez se valorará a su valor técnico y no contará para el límite de financiamiento asignado al sector público no financiero. Las entidades financieras podrán operar diariamente con el BCRA, comprando y vendiendo la Letra Fiscal de Liquidez según sus necesidades de liquidez.

Esta iniciativa del BCRA forma parte de una estrategia más amplia para abordar el problema del déficit fiscal acumulado durante años y la consiguiente necesidad de esterilizar el excedente de pesos emitidos para financiarlo. Con la migración de los pases existentes a instrumentos del Tesoro Nacional, se pretende mejorar la eficacia de la política monetaria y avanzar significativamente en la lucha contra la inflación.

"El objetivo es asegurar que la reducción de los pasivos remunerados se traduzca en una menor presión sobre la política monetaria y en un control más eficiente de la inflación", explicó el Ministerio de Economía. La medida también busca reforzar la confianza en los instrumentos financieros del país y proporcionar un marco más estable para las operaciones bancarias.

Las entidades financieras han acogido con interés esta nueva herramienta y se han adaptado rápidamente a las disposiciones del BCRA. Esto refleja una transición ordenada y controlada, un elemento clave para el éxito de esta política.

Como se destaca en la Comunicación A 8060, la LeFi se convierte en un instrumento esencial para el BCRA en su gestión de liquidez y en sus esfuerzos por sanear su balance de manera sostenible sin impactar negativamente la economía a corto plazo. Esta medida se enmarca dentro de un conjunto más amplio de políticas destinadas a mejorar la estabilidad macroeconómica del país y a fortalecer la capacidad del BCRA para cumplir con sus objetivos.

La transición al uso de la LeFi supone un cambio estructural en la forma en que el BCRA maneja sus pasivos y administra la liquidez, con el objetivo de crear un entorno más previsible y estable para el sistema financiero argentino.


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Qué son los “Puts” del Banco Central: La nueva bomba de emisión monetaria que el Gobierno apunta a desactivar

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El Presidente Milei aseguró que el programa económico pretende ponerle fin a los diversos seguros que ofrece el Banco Central con las entidades financieras, eliminando así una potencial vía de emisión monetaria.

El Gobierno del Presidente Javier Milei volvió a hacer énfasis en el ordenamiento macroeconómico del país, y la adopción de una política monetaria moderna para el Banco Central. Esto implica eliminar todos aquellos desequilibrios y maniobras poco convencionales que habían sido heredadas de la administración anterior.

La desaparición de los pasivos remunerados de la hoja de balance del BCRA supuso un primer gran paso para la normalización de la institución, pero el Gobierno ahora pretende avanzar con la desactivación de los llamados “Puts” que ofrece la autoridad monetaria a diversos bancos.

¿Qué son los Puts y por qué suponen un problema para el Gobierno?

Los Puts son instrumentos que funcionan como un seguro que ofrece el Banco Central con los bancos. Constituyen opciones de venta, que permiten que su poseedor tenga el derecho de vender un activo subyacente a un precio predeterminado y dentro de un período específico. 

En otras palabras, a partir de los Puts el Banco Central se obliga a sí mismo recomprar títulos soberanos del Tesoro emitidos en pesos, siempre y cuando así lo quieran los bancos que adquirieron estos instrumentos.

Los bancos se ven protegidos por eventuales caídas en la paridad de los títulos públicos que pudieran comprar, ya que eventualmente ejercerían el derecho de venderlos automáticamente al Banco Central (sin que este pueda negarse) a un precio previamente fijado, y por estas razones funciona como un seguro.

El principal problema de estos instrumentos es que el BCRA se ve obligado a monetizar cualquier tipo de corrida contra los títulos públicos, si así lo quisieran los bancos. Todas las recompras de títulos públicos ejercidas por el Banco Central sólo pueden efectuarse con más emisión monetaria.

Los bancos poseen actualmente un monto por el equivalente a 20 billones de pesos (cerca de 16.000 millones de dólares al tipo de cambio paralelo) en Puts, por lo que podrían ejercer su derecho para que el BCRA les recomprara títulos públicos (y emitiera pesos para hacerlo) por una cantidad de semejante magnitud. Esto sin lugar a dudas genera una gran presión para el BCRA, y también para las expectativas de inflación futuras.

El Gobierno planteó la necesidad de cerrar esta bomba de emisión monetaria, atenuando así el impacto inflacionario de cualquier eventual corrida contra los títulos públicos que pudieran efectuar los bancos.

Idealmente, los Puts del BCRA fueron diseñados para “incentivar” la compra de títulos públicos, pero en contrapartida generan un potencial riesgo inflacionario para el país, que además los bancos pueden usar maliciosamente para "extorsionar" al Gobierno de turno.

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Toto Caputo envió un adelanto del Presupuesto para fin de año: Eliminación del Impuesto PAIS y una inflación máxima del 140%

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El funcionario presentó al Congreso un adelanto de la proyección de ingresos y gastos para el año 2025, en un contexto de tensiones financieras. En dicha presentación se incluyó la estimación de los principales indicadores económicos para el cierre de este año. Además, se confirmó la eliminación del Impuesto PAIS.

El ministro de Economía, Luis Caputo, remitió un anticipo del Presupuesto 2025 al Congreso de la Nación, acompañado de un mensaje en el que delineó los principales ejes que contendrá el documento, el cual debería ser presentado oficialmente para el 15 de septiembre según lo establece la ley.

Caputo especificó que el texto final será presentado antes de la fecha límite constitucionalmente establecida para septiembre, y destacó cuatro ejes temáticos centrales que guiarán la Ley de Leyes en materia económica. Según el documento, el objetivo principal para el año 2025 será asegurar la estabilidad macroeconómica y continuar con la meta de déficit cero.

El documento detalla que las prioridades de la política presupuestaria para el próximo ejercicio "se enmarcan en 4 grandes ejes que orientan la administración del Gobierno Nacional".

El primer eje se centra en mantener un equilibrio fiscal sostenible, destacando la adopción de “medidas audaces que permitieron avanzar de forma más rápida de lo previsto hacia el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación, la mejora del balance del Banco Central y el fortalecimiento de las reservas internacionales”.

El segundo punto aborda la política social, enfatizando el apoyo directo sin intermediarios, con esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños en los sectores más vulnerables, así como para proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.

El tercer eje se enfoca en la modernización y simplificación del Estado, concentrándose en sus funciones esenciales para no obstaculizar las condiciones necesarias para el desarrollo del sector privado y favorecer la libre empresa.

Por último, se destaca que la inversión y modernización en seguridad y defensa seguirán siendo una prioridad continua. También se presentó un análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional hasta el 31 de mayo de 2024.

En cuanto al tipo de cambio nominal (TCN), el texto de Caputo indica que el tipo de cambio con el dólar se sitúa en $1016,1 (+58,3% interanual), y la inflación proyectada al inicio del proceso de elaboración del presupuesto alcanzaba un 139,7% interanual para diciembre de 2024, resultando en una disminución promedio del tipo de cambio real (TCR) bilateral del -2,3% en el año.

En relación con los impuestos, el gobierno nacional estima un aumento del 54,4% en la recaudación respecto a la proyectada para 2024. No obstante, se destaca que esto implicará "una reducción de 0,45 puntos porcentuales del PIB en comparación con el año anterior."

Asimismo, se proyecta que la presión tributaria disminuirá de 21,61% del PIB en 2024 a 21,16% en 2025. Este ajuste en la carga impositiva total refleja el efecto neto de cambios en el contexto macroeconómico y medidas de política y administración tributaria, destacándose la menor recaudación debido al fin del impuesto PAIS.

Uno de los impuestos que experimentará un significativo crecimiento en 2025 será el Impuesto sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono, con estimaciones de ingresos aumentando un 136,1% respecto a 2024. Este aumento se explica principalmente por las actualizaciones de las sumas fijas para calcular el impuesto y el incremento proyectado en la actividad económica.

En cuanto al financiamiento, el Ministerio de Economía indicó que se mantendrá la estrategia de alargar el perfil de vencimientos de la deuda, con el objetivo de reducir la carga financiera sobre las cuentas del Tesoro.

En cuanto al financiamiento externo, se establece que durante el año 2025, “Argentina mantendrá sus esfuerzos para optimizar su cartera de operaciones con financiamiento internacional acompañando los lineamientos propuestos de prudencia fiscal

A partir del acceso a recursos financieros a tasas bajas y con plazos largos de repago, se implementan programas/proyectos que mejoran sustancialmente el capital físico y humano de nuestro país con una visión de transformación estructural hacia el crecimiento sostenible”, expresa el documento.

Un tema en discusión con las provincias y el sector privado es la inversión en obra pública. "La optimización del Sistema Nacional de Inversiones Públicas será un eje fundamental en el año 2025, en tanto contribuye a alcanzar las metas fiscales estipuladas".

El documento también destaca que el Ejecutivo utilizará "cálculo de las brechas sectoriales de infraestructura como un insumo para la formulación del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2025- 2027"

Finalmente, se menciona que se avanzará en las privatizaciones de empresas públicas y en el ajuste del sector de los trabajadores del Estado, en línea con las medidas adoptadas hasta ahora.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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