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Economía

A 21 años de la crisis de 2001: La dramática salida de la Convertibilidad y el golpe institucional contra Cavallo y De la Rúa

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Hace dos décadas Argentina enfrentaba un proceso de crisis económica e institucional que desembocó en la salida de la Convertibilidad, la pesificación forzosa de los ahorros y la ruptura del orden económico de los 90. El hecho reintrodujo las políticas que hoy en día siguen provocando inflación y estancamiento.

Un 21 de diciembre de 2001 se produjo la caída del Gobierno del entonces presidente Fernando De la Rúa, luego de la renuncia forzada del ministro de Economía Domingo Cavallo dos días antes.

Se produjo un golpe institucional contra el Gobierno de De la Rúa apoyado por el duhaldismo y el alfonsinismo, y marcó un antes y un después en la política económica del país. Se marcó el fin de un orden económico moderno, sostenido sobre la base del Consenso de Washington, para dar paso al retorno de las viejas y obsoletas recetas dirigistas de la década de 1940. 

Dos décadas después Argentina está nuevamente en una crisis, y con un esquema económico y monetario diametralmente opuesto al que había en 2001. La reforma económica del año 2002 fue el puntapié inicial para la reintroducción del problema inflacionario en el país, la vuelta de las distorsiones de los precios de las tarifas, la vuelta del proteccionismo y el retorno de las retenciones a la exportación.

Las reformas socialistas de 12 años kirchneristas, la inacción de 4 años de Macri y estos tres últimos años de “neokirchnerismo” generaron las mismas catástrofes que la mala salida de la Convertibilidad.

La crisis financiera de 2001

Argentina había entrado en un período de recesión desde julio de 1998, una situación que comenzó por una detención súbita de capitales a países emergentes luego del default ruso, y se profundizó a partir de las condiciones internacionales adversas y la marcada devaluación del Real en Brasil.

El sistema de tipo de cambio fijo con el dólar impedía realizar ajustes sobre el cociente de precios relativos entre bienes exportables y bienes no transables, por lo que los shocks internacionales tuvieron un impacto recesivo. En aquél entonces, el gobierno argentino debería haber implementado un plan para la salida del “1 a 1”, que permita mayor flexibilidad para afrontar la crisis, pero no lo hizo.

Por lo que empezó como una recesión terminó por convertirse en una crisis financiera propiamente dicha, que marcaba sus primeros indicios entre octubre y noviembre del año 2000 a través de importantes retiros de depósitos del sistema bancario.

Se trataba de una corrida contra los bancos locales que habían mantenido grandes posiciones en títulos provinciales, los cuáles corrían el riesgo de transformarse en “activos basura” sin retorno. Y sin los debidos retornos, los bancos no perdieron las condiciones de liquidez como para afrontar el retiro de los ahorristas. 

El programa “Blindaje” aprobado en noviembre del 2000 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pretendía poner fin a la corrida bancaria, con el organismo actuando como prestamista de última instancia en el país.

Sin embargo, el Gobierno de Fernando De la Rúa no cumplió con las metas fiscales pautadas para el primer trimestre del 2001. Este escenario provocó una corrida bancaria tres veces superior a la anterior en marzo de 2001, y fue la primera en determinar una crisis financiera abierta.

A partir del mes de julio, las salidas de depósitos contra los bancos se masificaron y no dieron tregua casi ningún mes hasta diciembre, lo cuál en un contexto de tipo de cambio fijo provocó una profunda contracción económica.

En esa situación, el ministro de Economía José Luis Machinea, un economista radical con participación en la hiperinflación del gobierno de Alfonsín, es expulsado del equipo económico. En su lugar fue nombrado el liberal Ricardo López Murphy, quien duró tan solo 15 días en el cargo, luego de que presentara un plan de ajuste fiscal que De La Rúa no se animó a aplicar.

El 20 de marzo de 2001 asume Domingo Cavallo, el “padre de la Convertibilidad”, en un intento desesperado de De La Rúa por poner una figura con respaldo tanto empresarial como político para hacer el ajuste necesario.

Cavallo hasta ese momento era el político con mayor imagen positiva del país, y muchos hablaban de lo cerca que estaba de ser presidente en las eventuales elecciones de 2003 si se mantenía al margen de este caos.

Ya como ministro, Cavallo buscó la negociación de un paquete definitivo con el FMI para terminar así con la corrida bancaria de una vez por todas. El “Megacanje” y la “Ley de déficit cero” buscaron concretar una reestructuración exitosa con el FMI, pero el Fondo mantuvo posiciones volátiles entre las direcciones de Horst Köhler y Anne Krueger, y no facilitó un acuerdo en absoluto. 

En consecuencia y sin más alternativa, para diciembre Cavallo decretó el famoso “Corralito” por el cuál se limitaba el retiro de efectivo de los bancos hasta 250 dólares por semana. Esta medida buscaba ganar tiempo hasta el 15 de enero, momento en el cual se esperaba terminar el acuerdo con el FMI y normalizar el sistema financiero.

Es importante aclarar que el “Corralito” no implicó ni la devaluación, ni la confiscación de depósitos ni la pesificación asimétrica, todo esto aconteció un año después en el denominado “Corralón”, con Eduardo Duhalde como Presidente y Jorge Remes Lenicov como ministro de Economía.

La salida de la Convertibilidad y sus efectos

El 19 de diciembre Cavallo renuncia como ministro de Economía, y más tarde el 21 de diciembre Fernando De la Rúa abandona la presidencia. Su sucesor, Adolfo Rodríguez Saá, decidió decretar el default de la deuda externa, derrumbando así todos los esfuerzos realizados en 2001.

Más tarde, y presionado por grupos con poder de lobby, el presidente interino Eduardo Duhalde decretó el fin de la Convertibilidad el 6 de enero de 2002, al mismo tiempo en que se producía una pesificación forzosa y asimétrica de los depósitos bancarios, lo que se dio a conocer como el “Corralón”.

Se salió del “1 a 1”, y el Gobierno devolvió los depósitos en dólares que había acorralado en pesos, a razón de 3,08 pesos por dólar (número que salió de hacer $1,40 por dólar depositado más la inflación minorista que hubo en el período más una tasa de interés anual del 4%), destruyendo así los ahorros de los argentinos.

Esta acción no solo destruyó los ahorros de los depositantes en dólares, sino que socavó el poder adquisitivo de todos los salarios y jubilaciones a raíz de una violenta devaluación que superó el 300%.

En 2002, la economía mostró importantes dicotomías. Por un lado, se experimentó una álgida recuperación del sector externo y, por otro, se produjo una violenta contracción de la demanda interna a partir de la caída de los salarios y las jubilaciones.

La actividad económica tocó un piso en marzo de 2002, pero esto solo fue explicado por el aumento del saldo exportador tras la brutal devaluación. La demanda interna tocó fondo en septiembre de 2002 y se derrumbó un 9% desde el mes de diciembre de 2001.

Evolución de la demanda interna de la economía argentina, entre 1997 y 2003.

La tasa de pobreza con la medición de ese entonces, la EPH puntual del INDEC con la canasta de 1985, evidenció el caos social provocado por la salida desprolija y violenta de la Convertibilidad. La pobreza pasó del 38% en octubre de 2001 a más del 54% en 2002, y  con los valores de la EPH actual, la pobreza aumentó del 45,6% en 2001 al 65,5% después de la salida de la Convertibilidad.

La fuerte contracción de la demanda interna estranguló el tejido social del país. Aunque la recesión encontró un piso natural en 2002, gran parte de la misma fue explicada por el sector externo superavitario y el auge del turismo, y no por una recuperación en el consumo de los argentinos.

Incluso en la actualidad, el retorno a las políticas inflacionarias tras la salida de la Convertibilidad determinó un nivel salarial que sigue incluso por debajo del que había en 2001. Las consecuencias de abandonar las reglas de juego basadas en la estabilidad siguen causando estragos hoy en día.

El proceso inflacionario nacido en 2002 no pudo ser solventado por los sucesivos Gobiernos y sus distintos programas monetarios y fiscales, siendo así cómo se reintrodujo el nivel de desorganización económica que imperaba antes de las reformas de los ’90

Economía

El gobierno derechista de Grecia acelera el programa de privatizaciones: Avanza la venta del aeropuerto de Atenas

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Se contrató la asesoría de Bank of America, JP Morgan Stanley y el Deutsche Bank para la privatización aeroportuaria más importante del país. La operación podría significar una acreencia valuada en hasta 1.000 millones de euros.

El Gobierno de Kyriakos Mitsotakis anunció la contratación de la asesoría del Bank of America, JP Morgan Stanley y el Deutsche Bank para poder valuar la participación accionaria del 30% del Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos (también conocido como aeropuerto de Atenas). 

La valuación constituye el paso previo indispensable para la privatización del aeropuerto más importante del país. Con la venta de la participación del 30% de la institución, el Estado griego se desprendería de sus tenencias para dar paso a la iniciativa privada.

La reapertura de la economía y la fuerte reactivación de la actividad económica son factores que despiertan el apetito inversor en Grecia. El aeropuerto de Atenas registró un alza del 7,7% en la cantidad de vuelos realizados durante el año 2022, y se consolidó como uno de los 40 aeropuertos europeos que logró superar la cantidad de pasajeros transportados con respecto al 2019.

Se estima que cerca del 40% del paquete accionario del aeropuerto ya está en manos de AviAlliance, una firma internacional gestora de aeropuertos con sede en Düsseldorf, y comúnmente conocida por adquirir participaciones en aeropuertos privatizados en todo el mundo. Hasta ahora, existe un acuerdo tentativo para elevar la participación de AviAlliance hasta el 50%.

El Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helénica (HRADF) estima que la primera oferta pública para la venta del aeropuerto podría llevarse a cabo en el primer semestre de 2023. La asesoría de las firmas financieras contratadas sugiere que la venta del 30% del paquete accionario del aeropuerto le significaría una acreencia al Estado griego de entre 800 y hasta 1.000 millones de euros.

Los ingresos por privatizaciones son comúnmente utilizados para cancelar pagos por única vez, como por ejemplo los vencimientos del capital de la deuda externa. La disciplina fiscal de Grecia permitió la exitosa cancelación de la totalidad de la deuda con el FMI en abril del año pasado, así como una sustancial reducción del stock bruto con otros acreedores.

Solamente en lo que va de la gestión del Gobierno de la derecha griega, el stock total de la deuda pública se redujo en 8 puntos porcentuales del PBI, principalmente por el ordenamiento fiscal y los ingresos de las privatizaciones. 

El déficit fiscal consolidado de Grecia volvió a reducirse en el tercer trimestre del año pasado y representó el 2,08% del PBI. Se acumuló un ajuste de casi 10,5 puntos del producto desde el primer trimestre de 2021. El mayor ordenamiento de las finanzas públicas permite trazar un sendero previsible para las empresas y los inversores internacionales en Grecia. 

Con el programa económico del ministro Mitsotakis, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un ajuste del gasto público por el 4,22% del PBI para 2023, y el arribo de un superávit primario equivalente al 0,88% del producto. 

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El Gobierno de Larreta en CABA se ajustará a las dudosas metas de inflación que anunció Massa

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El Jefe de Gobierno porteño acordó un aumento salarial anual del 60% para el gremio de municipales, en línea con la meta inflacionaria del Presupuesto 2023 formulado por Massa. Se trata de la primera jurisdicción que formalmente se ajusta al programa del Gobierno nacional. 

Aunque las metas de inflación plasmadas por el Presupuesto 2023 son ampliamente desprestigiadas por la mayoría de las proyecciones privadas, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta se perfiló como un aliado del ministro Sergio Massa para convalidar la meta del 60% con aumentos compatibles.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires negoció un acuerdo salarial con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), por el cual se determinó un ajuste salarial del 60% para la totalidad del año, aunque se incluyeron cláusulas de actualización trimestral y bonos adicionales.  

La Capital Federal es el primer distrito del país en ajustarse fielmente a la dudosa meta que pretende arribar Massa para fin de año, ya que incluso encuentra una fuerte reticencia en muchos Gobernadores oficialistas. Las medidas tendrán un impacto directo sobre 62.000 trabajadores.

El Plan Massa persigue los mismos lineamientos que los programas heterodoxos típicos del siglo XX argentino, entre ellos el control de los precios y los salarios para compatibilizarlos dentro de un determinado rango fijado como meta (en este caso del 60% anual). 

Pero pese a los controles del programa Precios Justos, se estima que los precios minoristas habrían aumentado entre un 5% y un 6% durante el mes de enero, por encima del 4% compatible con la meta anual. Solamente en la primera quincena del mes el INDEC admitió que los precios se dispararon hasta un 7%. 

La inflación no solo superó los parámetros del plan en su primer mes de aplicación para 2023, sino que además promete llegar a duplicar la meta oficial del ministro Massa en diciembre de 2023. La firma JP Morgan proyecta una inflación superior al 115%, y el sondeo de expectativas REM del Banco Central estima una cifra cercana al 100%

Se espera que los acuerdos salariales desplegados por Larreta sean completamente irrisorios en la práctica, por lo que habrá de hacer uso de las cláusulas de actualización trimestral para adecuar los salarios muy por encima de las pretensiones de Massa. 

El mismo sindicato Sutecba había suscripto a un aumento salarial del orden del 50% en enero de 2022, pero mediante las actualizaciones trimestrales el aumento efectivamente concretado ascendió al 97% (en línea con la inflación del 94,8%). Con las expectativas desancladas, ni los salarios ni los precios serán capaces de cumplir la meta del Presupuesto

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Massa anunció medidas para el campo en respuesta la sequía, pero se niega a bajar retenciones o desdoblar el tipo de cambio

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El ministro de Economía anunció una serie de medidas para abaratar el crédito a los productores y brindar mayores incentivos fiscales, pero se mantienen inalteradas las retenciones y los controles cambiarios. 

El equipo del ministro de Economía Sergio Massa anunció una serie de medidas para aminorar los efectos de la dramática sequía que azota al campo desde diciembre del año pasado, pero el paquete ofrecido por el oficialismo tuvo gusto a poco y no resolvió los problemas del sector.

Para el Gobierno, en un contexto de fuertes controles cambiarios la sequía implica el agravamiento de la “restricción externa” autoimpuesta. Desde el punto de vista del campo, las condiciones naturales adversas se perfilan como una traba más en contra de la producción por sobre el peso de la bota del Estado.

Las medidas más importantes anunciadas por Massa

Se anunció un sistema de asistencia por $5.000 millones, coordinado directamente desde las Provincias y las municipalidades para que las distintas jurisdicciones emprendan asistencia directa a los productores.

Se determinó la suspensión del pago del anticipo del impuesto a las Ganancias para los productores afectados por la sequía, y la AFIP suspenderá los juicios de ejecución fiscal, así como los embargos a cuentas corrientes, sobre todos los productores que hayan tenido dificultades por la sequía.

La operación de venta forzosa de hacienda, como lo que ocurrió con el dólar soja en el último trimestre de 2022, no será contabilizada en el cómputo del impuesto a las Ganancias (esto en la práctica funciona como una deducción especial).

El Banco Nación, una entidad históricamente asociada al crédito hipotecario, anunció la flexibilización de los requisitos para otorgar nuevas líneas de crédito, y amplió la masa de recursos destinados a esta partida. Se otorgarán créditos con una tasa de interés rebaja en 15 puntos porcentuales (siendo este diferencial el monto del subsidio), y los fondos disponibles a estos propósitos ascienden hasta los $50.000 millones que pondrá el banco estatal.

Por su parte, el Banco Central anunció la eliminación del recargo sobre la tasa de interés para los productores que acceden al crédito, pero que se encontraban fuertemente limitados por haber participado del dólar soja.

Las medidas que el Gobierno se negó a hacer

El equipo de Massa no anunció ningún tipo de modificación sobre el esquema de las retenciones. La soja seguirá pagando un recargo de hasta el 33% sobre el valor FOB de exportación, el trigo y el maíz 12%, y el girasol un 7%. Estas tasas son una de las principales trabas para el desarrollo del sector agropecuario.

El Gobierno también anunció su frontal negativa para producir modificaciones al esquema cambiario, ni nuevos tipos de cambio diferenciales ni desdoblamiento ni mucho menos la unificación cambiaria.

La alternativa del desdoblamiento fue ampliamente recomendada como una medida transitoria, no sólo por economistas opositores como Domingo Cavallo sino también por algunos oficialistas como Sergio Chouza. De hecho, el equipo del viceministro Gabriel Rubinstein era partidario de la medida, pero Massa descartó la posibilidad por presión política de la coalición oficialista.

Los controles cambiarios impiden que el productor agropecuario pueda percibir el precio internacional por sus productos. La participación del Estado en la renta agrícola representa el 70% en promedio, y las medidas extraordinarias por la sequía no la disminuyen.

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